3A La Prensa Panamá, domingo 11 de enero de 2026 Panorama La Defensoría del Pueblo fue una de las entidades que participó en el debate. Cortesía Carrera Administrativa: ¿Qué tan reales serán los cambios? Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ESTADO El diputado Vergara, presidente de la subcomisión que analiza el tema, subrayó que los interesados podrán enviar sus observaciones en un plazo de cinco días hábiles a partir de la convocatoria. Con el fin de reformar la gestión del recurso humano en el Estado, una subcomisión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social aprobó esta semana la metodología para evaluar el proyecto de ley 390, presentado por el Órgano Ejecutivo. La iniciativa propone derogar la Ley 9 de 1994 y renovar por completo el sistema de Carrera Administrativa. El diputado Edwin Vergara, presidente de la subcomisión, explicó que el análisis se realizará por bloques. El primero comprende los artículos del 1 al 33; el segundo, del 34 al 80; el tercero, del 81 al 156; el cuarto, del 157 al 226; y el último, del 227 al 267. Vergara subrayó que los gremios y organizaciones interesadas podrán enviar sus observaciones por escrito en un plazo de cinco días hábiles a partir de la convocatoria. El proyecto apunta a profesionalizar la administración pública mediante un nuevo marco legal que haga más ágil y transparente la gestión del talento humano. Entre sus disposiciones, establece que la carrera administrativa regulará los procesos de nombramiento, ascenso, sanciones, traslados, destituciones, cesantía y jubilación de los servidores públicos que no pertenezcan a otras carreras especiales. La planilla La planilla del Estado panameño, integrada por unos 260,000 funcionarios, representa uno de los mayores compromisos fiscales del país. Según cifras oficiales, el gasto mensual en salarios ronda los 430 millones de dólares, lo que equivale a más de 5,000 millones anuales destinados únicamente al pago de sueldos brutos. Estascifrasreflejanlamagnitud del aparato público. Una de las modificaciones más relevantes es la exigencia de que los funcionarios aprueben dos evaluaciones de desempeño al año para poder aspirar a la estabilidad en la carrera. El articulado define tres modalidades de evaluación: ordinaria, complementaria y extraordinaria. Todas deberán aplicarse mediante sistemas tecnológicos certificados, con el fin de garantizar objetividad e imparcialidad. También se especifica que el ingreso a los cargos de carrera será exclusivamente por concursos basados en mérito y competencias, con el propósito de evitar discrecionalidad en los procesos de selección. Según los datos oficiales, solo el 5% de los funcionarios (13,086 trabajadores, de un total de 260,000) se encuentra en estatus de Carrera Administrativa, lo que limita la realización de evaluaciones. En la sesión del Legislativo participaron representantes de la Federación de Servidores Públicos, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Administrativo y organizaciones de la sociedad civil, quienes expusieron posturas a favor y en contra de la propuesta oficialista. Algunos planteamientos Por ejemplo, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, subrayó que el debate debe abordar la brecha entre las condiciones laborales del sector privado y las del sector público, con el fin de brindar mayor transparencia y certeza jurídica en la gestión estatal. Leblanc también insistió en que la ley incorpore de forma explícita la erradicación del conflicto de intereses como principio rector para reforzar la ética y la confianza ciudadana. En su revisión del primer bloque del proyecto —artículos 1 al 33— cuestionó los requisitos de edad para los cargos de director y subdirector de la Dirección General de Carrera Administrativa, señalando que deben primar la formación y la experiencia. El proyecto también regula el ingreso a la carrera: los funcionarios deberán someterse a concursos regulares de antecedentes, exámenes de oposición, pruebas psicotécnicas y entrevistas registradas. De esta forma, se busca cerrar los espacios de discrecionalidad y fortalecer el principio de meritocracia en la función pública. En cuanto a los cargos de libre nombramiento y remoción, se delimita claramente su alcance. Estos puestos —destinados a tareas de asesoría, asistencia o confianza— quedarán fuera de la nómina regular y dependerán de la relación de confianza con la autoridad nominadora. Panameños participan en las agroferias organizadas por el IMA . Isaac Ortega IMA reactiva Tiendas del Pueblo con venta de arroz desde este 13 de enero ALIMENTOS Yaritza Mojica [email protected] El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que, a partir de este martes 13 de enero, se reactivarán y retomarán operaciones las agroferias, tiendas y distribuidoras a nivel nacional. Productos básicos como arroz, azúcar, frijoles, lentejas, atún, sardinas, vegetales, pastas y legumbres, entre otros, volverán a estar disponibles para los panameños en las denominadas Tiendas del Pueblo. El IMA indicó que el objetivo es ofrecer a la ciudadanía productos de calidad y a bajo costo; por ejemplo, 20 libras de arroz a cinco dólares. Entre las tiendas de mayor demanda se encuentran los Silos de Pan de Azúcar y Frigo de San Antonio, en el distrito de San Miguelito. Mientras tanto, en el corregimiento de San Ana estará habilitada la tienda de Bingos Nacionales. Con respecto a las agroferias, el IMA explicó que el calendario será anunciado a través de los canales oficiales de comunicación de la institución, especialmente en sus redes sociales, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta para conocer las fechas y sedes de las ferias. Venta de productos cárnicos Recientemente, el director general del IMA, Nilo Murillo, anunció la incorporación de productos cárnicos como carne de cerdo, pollo, res y huevos en las Tiendas del Pueblo, como parte de un nuevo proyecto que busca garantizar el acceso a proteínas esenciales a precios accesibles, directamente del productor al consumidor. El monumento fue demolido el pasado 27 de diciembre. Elysée Fernández Asociación China detalla estado del monumento y cuestiona silencio de la alcaldesa de Arraiján CONTROVERSIA Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Desde que el monumento que conmemoraba más de 150 años de presencia china en Panamá fue derribado sin aviso el 27 de diciembre de 2025 por la Alcaldía de Arraiján, su reconstrucción permanece envuelta en incertidumbre. Pese a que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó su restauración inmediata, no se han definido fechas, lineamientos ni se ha divulgado información pública que permita conocer el verdadero avance del proyecto. ¿Qué ha sucedido? La Prensa conversó con Esteban Cheung, vocero de la Asociación China de Panamá, quien aseguró que el Ejecutivo ha dado señales claras de que el proyecto será reconstruido. “El presidente José Raúl Mulino ha encargado al Ministerio de Cultura la construcción en el mismo lugar”, afirmó, y añadió que la Asociación “está haciendo el contacto con el Ministerio de Cultura” para acompañar el proceso. Cheung destacó que, pese a la tensión inicial, el diálogo con las autoridades nacionales ha sido efectivo. “No nos están chifeando, como se dice en buen panameño, y las conversaciones están siendo muy productivas con el Gobierno”, dijo, en referencia a las reuniones sostenidas con funcionarios encargados del tema. Para el vocero, el compromiso presidencial es clave: “Esa ha sido la promesa del presidente de la República, que el monumento se haga en el mismo sitio”, reiteró. Las críticas No obstante, el portavoz cuestionó la actitud de la alcaldesa de Arraiján, Estefany Peñalba, por su silencio frente a la polémica. “La señora alcaldesa, Estefany Peñalba, es fiel a su estilo, y su estilo es no comunicarse”, expresó Cheung. Añadió que “es sumamente extraño que, siendo alcaldesa, su manejo sea evadir y el silencio”, lo que —a su juicio— ha dificultado obtener una explicación clara sobre las razones detrás de la demolición. De momento, la alcaldesa de Arraiján no se ha pronunciado sobre el caso, pero la entidad municipal aseguró en un comunicado que la decisión se tomó debido a presuntos problemas estructurales y signos de deterioro en el monumento. No obstante, el Sistema Nacional de Protección Civil señaló que, si bien recomendó la restauración de la estructura, nunca instó a su demolición. Asimismo, el Concejo Municipal de Arraiján indicó en un comunicado que no fue consultado sobre la demolición. De manera preliminar, también se conoció que la Autoridad del Canal de Panamá no otorgó el permiso de compatibilidad requerido para realizar esos trabajos en las orillas de la cuenca hídrica del Canal. Las denuncias Tras estos hechos, al menos dos denuncias fueron presentadas contra Peñalba. Una de ellas fue interpuesta por el Movimiento de Abogados Gremialistas, que señala a la alcaldesa por presuntas irregularidades relacionadas con la protección del patrimonio histórico tras la orden que derivó en la demolición de la estructura. La acción legal fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la abogada Edna Ramos, quien solicitó la apertura de una investigación para determinar posibles responsabilidades penales, entre ellas delitos vinculados con la afectación del patrimonio histórico y el abuso de autoridad en el ejercicio de funciones públicas. De igual forma, el abogado John Campos Escudero, del área de Panamá Oeste, presentó una denuncia contra Peñalba y solicitó una investigación penal de oficio por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
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