1A La Prensa Panamá, domingo 11 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 11 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15258 Hoy por hoy El traslado de al menos 500 jueces de paz de los municipios al Ministerio de Gobierno es un cambio sensible que solo debe evaluarse con un criterio: si mejora o no la justicia comunitaria. Estas figuras son esenciales en barrios y corregimientos, donde median conflictos cotidianos y evitan que diferencias menores escalen. Por ello, una transición mal ejecutada afecta directamente a los ciudadanos. La aplicación de la Ley 467 ha estado marcada por denuncias de irregularidades: destituciones sin procedimiento, nombramientos sin concurso y la remoción de jueces que habían ganado sus cargos por mérito. Esto vulnera la ley y revive el vacío que sintió la ciudadanía cuando los jueces de paz reemplazaron a los antiguos corregidores. El riesgo se agrava si las casas de paz se politizan. Además, el cambio concentra en el Ejecutivo millones de dólares destinados a estas oficinas, junto con la tentación de control al quedar bajo un miEllas.pa Grandes y con personalidad, así se llevan las joyas 5B Polémica: Ricardo Núñez cae por nocaut técnico 1B Deportes Juzgados de paz, entre destituciones y cuestionamientos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] JUSTICIA COMUNITARIA Se ha denunciado que el proceso ha estado marcado por destituciones sin procedimiento, nombramientos sin concurso y posibles violaciones a la norma. La justicia comunitaria entró en una etapa de incertidumbre tras el traslado de unos 500 jueces de paz desde los municipios al Ministerio de Gobierno, después de la entrada en vigor de la Ley 467 de 2025. El proceso ha estado marcado por denuncias de destituciones sin procedimiento, nombramientos sin concurso y posibles violaciones a la norma, con señalamientos dirigidos a la ministra Dinoska Montalvo. Voces expertas, como la abogada Magaly Castillo, advierten que se ignoraron los mecanismos legales de evaluación y remoción, lo que ha generado desorden institucional y paralización Carrera Administrativa: ¿orden o mayor poder político? Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Una subcomisión de la Comisión de Trabajo de la Asamblea aprobó la metodología para analizar el proyecto de ley 390, que busca derogar la Ley 9 de 1994 y reformar integralmente la Carrera Administrativa, con el objetivo de profesionalizar la gestión del recurso humano del Estado. La iniciativa será evaluada por bloques y abre un periodo de cinco días hábiles para que gremios y organizaciones presenten observaciones. VEA 3A Los gremios podrán presentar observaciones. Archivo Giro al currículo educativo, después de 15 años El Meduca informó que implementará este año un rediseño curricular—el primero en 15 años— que abarcará desde preescolar hasta media. Incluye a 800 mil estudiantes y actualizará 276 asignaturas con tecnología e inteligencia artificial.. VEA 4A Protestas en Irán Rechazo al gobierno y la crisis económica Irán cumplió dos semanas de protestas masivas que han causado más de 50 muertos, alentadas por Reza Pahvalí, hijo del último sha de Persia, que ha animado a los iraníes a seguir manifestándose para doblegar a la República Islámica del ayatolá Ali Jameneí. Las protestas se han extedido a países de la Unión Europea. VEA 6A EFE de funciones en varios corregimientos, en perjuicio de los ciudadanos. El cambio también conlleva el traslado de un presupuesto estimado en 38 millones de dólares al Ministerio de Gobierno, antes distribuido entre los municipios, lo que reabre el debate sobre centralización, control político y uso de fondos públicos. VEA 2A Reconstrución de monumento chino, sin respuesta Tras la demolición del monumento chino, persisten la incertidumbre y el silencio oficial, sin fechas ni explicaciones claras sobre su reconstrucción. VEA 3A Panamá sigue rezagado en la carrera regional por la IED La inversión extranjera directa en Centroamérica y el Caribe muestra un cambio de ciclo: mientras economías como República Dominicana y Costa Rica consolidan su atractivo con la llegada de nuevos proyectos, Panamá enfrenta un rezago marcado por la dependencia de la reinversión de utilidades y una alta volatilidad trimestral, en un entorno regional cada vez más competitivo. Antes de la pandemia, Panamá era el principal destino del capital extranjero en la región. VEA 1B nisterio y no bajo municipios con pluralidad política. Una de las razones para que los jueces de paz fueran designados por los municipios era que ello formaba parte del proceso de descentralización; lo contrario implica una concentración de poder en el Ejecutivo. La reforma no puede convertir a los jueces de paz en fichas partidarias. Si busca ordenar, debe hacerlo con concursos, transparencia y respeto a la ley; de lo contrario, debilitará la justicia más cercana a la gente.
2A La Prensa Panamá, domingo 11 de enero de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] Médicos y autoridades de salud recomiendan vacunar a los ni ños. Cortesía ¿Puede un padre negarse a vacunar a su hijo en Panamá? LEGAL ¿Puede un padre negarse a vacunar a su hijo? ¿Y puede el Estado obligarlo? La respuesta a una consulta que la Sociedad Panameña de Pediatría elevó a la Procuraduría de la Administración examina qué dice la ley panameña sobre la vacunación infantil y hasta dónde llegan sus alcances. Geraldine Norte, presidenta de la Sociedad Panameña de Pediatría, solicitó mediante una nota a la Procuraduría, institución a cargo de Grettel Villalaz, que precisara la obligatoriedad de las vacunas, la responsabilidad de los médicos ante una negativa y la aplicación de normas como la Ley de consentimiento informado y la legislación de protección integral de la niñez. Un derecho Desde el inicio, la Procuraduría deja claro que el marco jurídico vigente reconoce la vacunación como un derecho y una obligación, especialmente cuando se trata de niños y poblaciones vulnerables. De acuerdo con la Ley 48 de 2007, la protección contra las enfermedades incluidas en el Esquema Nacional de Inmunizaciones “es un derecho de todas las personas”, con énfasis en menores de edad, embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores. Pero el documento de 10 páginas, va más allá y aterriza el tema en responsabilidades concretas. Dice que las personas que ejercen la patria potestad, tutela o guarda de niños tienen la obligación de cumplir con las indicaciones del Ministerio de Salud en todo lo relativo a la inmunización. ¿Se pueden imponer las vacunas? La consulta también aborda uno de los puntos más sensibles del debate público: ¿puede el Estado imponer la vacunación? La respuesta tiene un matiz. La Procuraduría recuerda que el ministro de Salud puede ordenar acciones de inmunización extraordinarias cuando considere que la salud de la población está en riesgo, y añade que estas medidas pueden ser obligatorias sin necesidad de un instrumento jurídico adicional. Sin embargo, advierte que ese poder no es absoluto. “El Ministerio de Salud es la entidad estatal responsable de velar por la salud pública”, se lee en la opinión de la procuradora, pero añade que esa función debe ejercerse “con absoluto y estricto respeto a la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas”, y siempre de forma proporcional al riesgo sanitario que se enfrente. En el caso específico de los niños, el pronunciamiento introduce un elemento clave para la ciudadanía: la intervención judicial. Si los padres o responsables se oponen a la vacunación y esa negativa pone en riesgo la salud o la vida del menor, el procedimiento no queda en manos exclusivas del personal médico ni de la autoridad administrativa. La ley exige que el caso pase por un juzgado de niñez y adolescencia, que puede autorizar la intervención médica necesaria. El documento lo explica con claridad: ante la ausencia u oposición de los padres, “es requisito obtener la autorización del juzgado competente para la realización del procedimiento requerido o recomendado por el profesional de la salud”. Ese control judicial busca proteger el interés superior del menor y evitar decisiones arbitrarias. Consentimiento informado La Procuraduría de la Administración también aclara el alcance del consentimiento informado, regulado por la Ley 68 de 2003. Como regla general, toda intervención médica requiere el consentimiento libre e informado, pero existen excepciones expresamente previstas, como situaciones de emergencia o riesgo para la salud pública. En esos escenarios, el médico puede actuar para salvaguardar al paciente y luego informar a la autoridad judicial correspondiente. Las sanciones Otro punto relevante para la ciudadanía es el tema de las sanciones. El documento distingue entre particulares y servidores públicos. Aunque la Ley 48 de 2007 tipifica como infracción el incumplimiento del esquema de vacunación o la obstaculización de campañas sanitarias, la Procuraduría precisa que las sanciones administrativas directas solo aplican a servidores públicos, sin perjuicio de eventuales acciones civiles o penales en casos específicos. Los jueces de paz pasaron de estar bajo la administración de los municipios al Ministerio de Gobierno. Archivo Jueces de paz: transición caótica, denuncias y millones de dólares Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] JUSTICIA COMUNITARIA Expertos señalan que la nueva ley establece un procedimiento claro para remover a los jueces en caso de que existan quejas, pero no fue respetado en esta ocasión por el Ministerio de Gobierno. Transcurridos 11 días de entrar en vigor la Ley 467 de abril de 2025, más de 500 jueces de paz dejaron de depender de los municipios y pasaron al Ministerio de Gobierno. La transición, sin embargo, ha generado denuncias de irregularidades y posibles violaciones a la norma, con los señalamientos apuntando a la ministra Dinoska Montalvo. Una de las figuras públicas que ha seguido de cerca el tema de la justicia de paz desde hace años es la abogada y exdirectora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, quien criticó la manera en que se ha manejado la transición. “Los jueces y mediadores que ya estaban en funciones y que fueron seleccionados por concurso mediante la Ley 16 de 2016 se debieron mantener en sus puestos hasta que culminaran sus respectivos periodos”, afirmó. Castillo destacó que la nueva ley contempla un procedimiento claro para remover a los jueces en caso de que existan quejas o denuncias, procedimiento que no se respetó en esta ocasión. “Con la nueva ley, el Ministerio de Gobierno asume la potestad de investigar y sancionar estas conductas a través de una Comisión de Evaluación y Supervisión Disciplinaria. Eso no sucedió y se destituyeron jueces violando los procedimientos establecidos”, señaló. El proceso de escogencia Castillo explicó que la selección de los nuevos jueces comunitarios debía realizarse de manera escalonada y solo en casos específicos: “En los corregimientos donde no exista un juez o mediador comunitario nombrado; en aquellos lugares donde los periodos de los jueces actuales estén por terminar; o donde no se haya efectuado el nombramiento siguiendo el proceso de selección que establecía la anterior Ley 16 de 2016”. Sin embargo, según la abogada, los nombramientos se realizaron sin seguir el proceso que establece la Ley 467 del 2025, generando un desorden institucional. “No hubo una entrega seria y ordenada de las oficinas, por lo que en este momento lo que se vive es un caos en perjuicio de los ciudadanos”, denunció. La jurista advirtió que la falta de planificación y respeto a los procedimientos afecta directamente a la ciudadanía y a la operatividad de los juzgados comunitarios. “Hay corregimientos donde los jueces de paz no se atreven a hacer nada porque están esperando el reemplazo, y esto ha sido una total falta de organización y de respeto a la ley”, señaló. Para Castillo, los cambios en la justicia comunitaria deben hacerse “con transparencia, orden y siempre respetando los procedimientos y las leyes. No se pueden hacer las cosas a la brava y sin respeto a las comunidades”, concluyó, enfatizando la necesidad de una transición ordenada y legalmente respaldada. El relato de un juez El exjuez de paz de Santa Ana, Miguel Palma, relató que la crisis en la justicia comunitaria comenzó el pasado 5 de enero, cuando un abogado llegó a su despacho afirmando que tomaría posesión del cargo. “Le pregunté: ¿a qué se refiere, licenciado? Si usted tiene algo administrativamente que decirme, hágamelo saber, pero no puedo entregarle un despacho sin una legitimación”, recordó Palma. Según afirmó, la única constancia presentada fue una supuesta toma de posesión emitida por el Ministerio de Gobierno. Palma aseguró que desde noviembre intentó comunicarse con la ministra Dinoska Montalvo sin éxito. “Lo único que me dijeron fue que debía enterarme de las cosas por las noticias”, cuestionó. Ante ese escenario, Palma presentó un amparo de garantías ante la Corte Suce la ley, no lo que su criterio subjetivo le advierte”. Millones en juego En su momento, la presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), Nadine González, dejó claro que nunca estuvo de acuerdo con que la justicia de paz saliera del ámbito municipal. A su juicio, la mala percepción existente a nivel nacional sobre el desempeño de los jueces de paz no obedecía a fallas del modelo, sino a la falta de recursos con la que operaban los municipios y que nunca recibieron para la implementación. La ministra de Gobierno, por su parte, reconoció días atrás en varios medios de comunicación que podría haber resistencia al nuevo proceso, pero afirmó que el cambio busca ordenar y fiscalizar la justicia comunitaria. Además del debate legal, también surge un debate financiero que podría tener implicaciones políticas. La justicia comunitaria ha venido funcionando con un presupuesto estimado de 38 millones de dólares, previamente disperso entre los municipios. Esto implica que ahora ese monto deberá pasar al Ministerio de Gobierno, lo que se traduce en un mayor presupuesto y, a su vez, en nuevos nombramientos, considerando que en cada casa de paz laboran en promedio cuatro o cinco personas. Así lo planteó la ministra el pasado 2 de enero en la Asamblea: “Con el MEF [Ministerio de Economía] se han hecho esas corridas presupuestarias para poder tener una justicia que realmente funcione”, afirmó, al aclarar que se trata de una migración de fondos ya existentes. Los especialistas advierten que estas destituciones y la falta de nombramientos mediante concurso podrían permitir al Ejecutivo colocar a sus allegados al frente de la justicia comunitaria, la instancia más cercana al ciudadano, generando un riesgo de control político sobre el sistema. prema de Justicia. Explicó que su sorpresa fue descubrir que la ley “no faculta a la ministra a nombrar, despedir o desvincular jueces de paz”. Recordó que la Ley 467 establece la existencia de una comisión con procedimientos específicos para esos casos. “Ella está nombrando interinos sin concursos, sin capacitaciones y en lugares donde ya había jueces titulares. Eso viola la ley”, dijo el exjuez, al señalar que en el distrito de Panamá los 24 jueces de paz son de concurso y debieron permanecer en sus puestos. Además, criticó duramente la actuación de la ministra Montalvo: “No sé qué le sucedió con la justicia de paz. Antes era muy activa en redes, casi influencer. Pero aún está a tiempo de corregir: solo tiene que hacer lo que di-
3A La Prensa Panamá, domingo 11 de enero de 2026 Panorama La Defensoría del Pueblo fue una de las entidades que participó en el debate. Cortesía Carrera Administrativa: ¿Qué tan reales serán los cambios? Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ESTADO El diputado Vergara, presidente de la subcomisión que analiza el tema, subrayó que los interesados podrán enviar sus observaciones en un plazo de cinco días hábiles a partir de la convocatoria. Con el fin de reformar la gestión del recurso humano en el Estado, una subcomisión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social aprobó esta semana la metodología para evaluar el proyecto de ley 390, presentado por el Órgano Ejecutivo. La iniciativa propone derogar la Ley 9 de 1994 y renovar por completo el sistema de Carrera Administrativa. El diputado Edwin Vergara, presidente de la subcomisión, explicó que el análisis se realizará por bloques. El primero comprende los artículos del 1 al 33; el segundo, del 34 al 80; el tercero, del 81 al 156; el cuarto, del 157 al 226; y el último, del 227 al 267. Vergara subrayó que los gremios y organizaciones interesadas podrán enviar sus observaciones por escrito en un plazo de cinco días hábiles a partir de la convocatoria. El proyecto apunta a profesionalizar la administración pública mediante un nuevo marco legal que haga más ágil y transparente la gestión del talento humano. Entre sus disposiciones, establece que la carrera administrativa regulará los procesos de nombramiento, ascenso, sanciones, traslados, destituciones, cesantía y jubilación de los servidores públicos que no pertenezcan a otras carreras especiales. La planilla La planilla del Estado panameño, integrada por unos 260,000 funcionarios, representa uno de los mayores compromisos fiscales del país. Según cifras oficiales, el gasto mensual en salarios ronda los 430 millones de dólares, lo que equivale a más de 5,000 millones anuales destinados únicamente al pago de sueldos brutos. Estascifrasreflejanlamagnitud del aparato público. Una de las modificaciones más relevantes es la exigencia de que los funcionarios aprueben dos evaluaciones de desempeño al año para poder aspirar a la estabilidad en la carrera. El articulado define tres modalidades de evaluación: ordinaria, complementaria y extraordinaria. Todas deberán aplicarse mediante sistemas tecnológicos certificados, con el fin de garantizar objetividad e imparcialidad. También se especifica que el ingreso a los cargos de carrera será exclusivamente por concursos basados en mérito y competencias, con el propósito de evitar discrecionalidad en los procesos de selección. Según los datos oficiales, solo el 5% de los funcionarios (13,086 trabajadores, de un total de 260,000) se encuentra en estatus de Carrera Administrativa, lo que limita la realización de evaluaciones. En la sesión del Legislativo participaron representantes de la Federación de Servidores Públicos, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Administrativo y organizaciones de la sociedad civil, quienes expusieron posturas a favor y en contra de la propuesta oficialista. Algunos planteamientos Por ejemplo, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, subrayó que el debate debe abordar la brecha entre las condiciones laborales del sector privado y las del sector público, con el fin de brindar mayor transparencia y certeza jurídica en la gestión estatal. Leblanc también insistió en que la ley incorpore de forma explícita la erradicación del conflicto de intereses como principio rector para reforzar la ética y la confianza ciudadana. En su revisión del primer bloque del proyecto —artículos 1 al 33— cuestionó los requisitos de edad para los cargos de director y subdirector de la Dirección General de Carrera Administrativa, señalando que deben primar la formación y la experiencia. El proyecto también regula el ingreso a la carrera: los funcionarios deberán someterse a concursos regulares de antecedentes, exámenes de oposición, pruebas psicotécnicas y entrevistas registradas. De esta forma, se busca cerrar los espacios de discrecionalidad y fortalecer el principio de meritocracia en la función pública. En cuanto a los cargos de libre nombramiento y remoción, se delimita claramente su alcance. Estos puestos —destinados a tareas de asesoría, asistencia o confianza— quedarán fuera de la nómina regular y dependerán de la relación de confianza con la autoridad nominadora. Panameños participan en las agroferias organizadas por el IMA . Isaac Ortega IMA reactiva Tiendas del Pueblo con venta de arroz desde este 13 de enero ALIMENTOS Yaritza Mojica [email protected] El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que, a partir de este martes 13 de enero, se reactivarán y retomarán operaciones las agroferias, tiendas y distribuidoras a nivel nacional. Productos básicos como arroz, azúcar, frijoles, lentejas, atún, sardinas, vegetales, pastas y legumbres, entre otros, volverán a estar disponibles para los panameños en las denominadas Tiendas del Pueblo. El IMA indicó que el objetivo es ofrecer a la ciudadanía productos de calidad y a bajo costo; por ejemplo, 20 libras de arroz a cinco dólares. Entre las tiendas de mayor demanda se encuentran los Silos de Pan de Azúcar y Frigo de San Antonio, en el distrito de San Miguelito. Mientras tanto, en el corregimiento de San Ana estará habilitada la tienda de Bingos Nacionales. Con respecto a las agroferias, el IMA explicó que el calendario será anunciado a través de los canales oficiales de comunicación de la institución, especialmente en sus redes sociales, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta para conocer las fechas y sedes de las ferias. Venta de productos cárnicos Recientemente, el director general del IMA, Nilo Murillo, anunció la incorporación de productos cárnicos como carne de cerdo, pollo, res y huevos en las Tiendas del Pueblo, como parte de un nuevo proyecto que busca garantizar el acceso a proteínas esenciales a precios accesibles, directamente del productor al consumidor. El monumento fue demolido el pasado 27 de diciembre. Elysée Fernández Asociación China detalla estado del monumento y cuestiona silencio de la alcaldesa de Arraiján CONTROVERSIA Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Desde que el monumento que conmemoraba más de 150 años de presencia china en Panamá fue derribado sin aviso el 27 de diciembre de 2025 por la Alcaldía de Arraiján, su reconstrucción permanece envuelta en incertidumbre. Pese a que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó su restauración inmediata, no se han definido fechas, lineamientos ni se ha divulgado información pública que permita conocer el verdadero avance del proyecto. ¿Qué ha sucedido? La Prensa conversó con Esteban Cheung, vocero de la Asociación China de Panamá, quien aseguró que el Ejecutivo ha dado señales claras de que el proyecto será reconstruido. “El presidente José Raúl Mulino ha encargado al Ministerio de Cultura la construcción en el mismo lugar”, afirmó, y añadió que la Asociación “está haciendo el contacto con el Ministerio de Cultura” para acompañar el proceso. Cheung destacó que, pese a la tensión inicial, el diálogo con las autoridades nacionales ha sido efectivo. “No nos están chifeando, como se dice en buen panameño, y las conversaciones están siendo muy productivas con el Gobierno”, dijo, en referencia a las reuniones sostenidas con funcionarios encargados del tema. Para el vocero, el compromiso presidencial es clave: “Esa ha sido la promesa del presidente de la República, que el monumento se haga en el mismo sitio”, reiteró. Las críticas No obstante, el portavoz cuestionó la actitud de la alcaldesa de Arraiján, Estefany Peñalba, por su silencio frente a la polémica. “La señora alcaldesa, Estefany Peñalba, es fiel a su estilo, y su estilo es no comunicarse”, expresó Cheung. Añadió que “es sumamente extraño que, siendo alcaldesa, su manejo sea evadir y el silencio”, lo que —a su juicio— ha dificultado obtener una explicación clara sobre las razones detrás de la demolición. De momento, la alcaldesa de Arraiján no se ha pronunciado sobre el caso, pero la entidad municipal aseguró en un comunicado que la decisión se tomó debido a presuntos problemas estructurales y signos de deterioro en el monumento. No obstante, el Sistema Nacional de Protección Civil señaló que, si bien recomendó la restauración de la estructura, nunca instó a su demolición. Asimismo, el Concejo Municipal de Arraiján indicó en un comunicado que no fue consultado sobre la demolición. De manera preliminar, también se conoció que la Autoridad del Canal de Panamá no otorgó el permiso de compatibilidad requerido para realizar esos trabajos en las orillas de la cuenca hídrica del Canal. Las denuncias Tras estos hechos, al menos dos denuncias fueron presentadas contra Peñalba. Una de ellas fue interpuesta por el Movimiento de Abogados Gremialistas, que señala a la alcaldesa por presuntas irregularidades relacionadas con la protección del patrimonio histórico tras la orden que derivó en la demolición de la estructura. La acción legal fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la abogada Edna Ramos, quien solicitó la apertura de una investigación para determinar posibles responsabilidades penales, entre ellas delitos vinculados con la afectación del patrimonio histórico y el abuso de autoridad en el ejercicio de funciones públicas. De igual forma, el abogado John Campos Escudero, del área de Panamá Oeste, presentó una denuncia contra Peñalba y solicitó una investigación penal de oficio por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
4A La Prensa Panamá, domingo 11 de enero de 2026 Panorama Estudiantes dando clases en la escuela primaria María Elena Diaz en Guacuco, Tortí en el distrito de Chepo, provincia de Panamá. Alexander Arosemena. Tras 15 años sin cambios, Meduca actualizará currículo Yaritza Mojica [email protected] SISTEMA EDUCATIVO Según las autoridades, el rediseño curricular constituye una estrategia fundamental para renovar el sistema educativo. Un rediseño del currículo a nivel nacional comenzará a implementarse en el año lectivo 2026, tras 15 años sin que se realizara una actualización educativa de esta magnitud El Ministerio de Educación (Meduca) señaló que este rediseño abarcará desde el nivel preescolar hasta la educación media, impactando a más de 800 mil estudiantes. El currículo educativo presentaba un rezago significativo, ya que la última actualización de la educación básica general se realizó en 1995 y solo fue modificada parcialmente en 2012. Según el Meduca, el rediseño curricular constituye una estrategia fundamental para renovar el sistema educativo, haciéndolo más pertinente y efectivo frente a un mundo en constante cambio. Isis Núñez, directora nacional de Currículo y Tecnología Educativa del Meduca, explicó que el proceso inició en 2025 con un diagnóstico integral de las necesidades del sistema educativo, tomando como base los resultados de pruebas nacionales e internacionales, como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) y ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo), así como los niveles de aprendizaje de los estudiantes, especialmente en lectura, escritura y matemáticas. ¿Qué cambios incluye el rediseño curricular? El Equipo Nacional de Innovación y Actualización Curricular, integrado por docentes de todos los niveles educativos, junto con representantes de la sociedad civil, universidades, el sector productivo, padres de familia y estudiantes, trabajó durante 2025 en la revisión y actualización de 276 asignaturas correspondientes a la educación básica y a todos los bachilleratos de la educación media. Entre los principales cambios curriculares destacan la incorporación de dos nuevas competencias transversales: la competencia socioemocional y la competencia de emprendimiento, con lo cual el currículo nacional pasa de ocho a diez competencias. Con los nuevos anexos, las competencias quedarán establecidas de la siguiente manera: Comunicación Lingüística, Matemática, Digital, Científica y Tecnológica, Personal y Social (aprender a aprender), Ciudadana, Conciencia y Expresión Cultural, Socioemocional y Emprendimiento. Según las autoridades, en el caso de Emprendimiento, la competencia estará orientada a que los estudiantes desarrollen ideas y proyectos productivos, especialmente en los últimos años del bachillerato (décimo, undécimo y duodécimo grados). En cuanto a la competencia socioemocional, se enfocará en el manejo de emociones, la orientación vocacional y la convivencia escolar. Según Núñez, estas competencias se aplicarán en todos los niveles educativos y buscan fortalecer habilidades como la resolución de conflictos, la formación en valores, la autonomía, la creatividad y la capacidad de emprender proyectos productivos. Otro de los cambios relevantes es la integración de la tecnología y la inteligencia artificial en los programas de estudio, así como el fortalecimiento de metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos y los proyectos interdisciplinarios, que permitirán reducir la fragmentación de las asignaturas y promover una formación más integral. En el nivel de preescolar, Núñez destacó que el rediseño incluye la incorporación formal de la educación física desde las edades tempranas, con énfasis en el desarrollo de la motricidad gruesa, un componente que antes no estaba contemplado en el currículo oficial. Asimismo, los contenidos curriculares fueron actualizados para incluir temas como el cuidado del ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en asignaturas del área científica, además de reforzar el enfoque en la solución de problemas y el pensamiento crítico. Núñezaclaróqueelrediseño curricular busca actualizar los programas de estudio sin eliminar asignaturas. Capacitación docente obligatoria La directora nacional de Currículo y Tecnología Educativa explicó que, como parte del proceso de implementación, el Meduca capacitará primero a los directores de los centros educativos, del 19 al 23 de enero, y posteriormente a los docentes, del 2 al 13 de febrero, mediante jornadas presenciales a nivel nacional. Estas capacitaciones abordarán la implementación del nuevo currículo, la transversalidad de las competencias, el uso de la inteligencia artificial en la planificación didáctica y la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. Según Núñez, ya se han inscrito cerca de 20 mil docentes en el portal educativo del ministerio, y el objetivo es capacitar a más de 50 mil educadores del sistema oficial en las 16 regiones educativas del país. El nuevo currículo comenzará a aplicarse a partir de marzo de 2026 y se publicará oficialmente en el portal del Meduca. La funcionaria destacó que este rediseño busca garantizar una formación integral, pertinente y actualizada, que prepare a los estudiantes para una inserción exitosa en el mundo laboral y en la sociedad actual. Rediseño curricular debe responder a una visión país Antonio Castillo, especialista en educación y excoordinador del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme), sostuvo que la incorporación de nuevas competencias en el rediseño curricular solo será pertinente si parte de un análisis profundo y crítico del currículo vigente y responde a las necesidades reales de los estudiantes, del entorno escolar y de la sociedad panameña. El experto explicó que todo proceso de actualización curricular debe identificar brechas, contenidos obsoletos y desconexiones con la realidad territorial y nacional, además de garantizar una participación democrática y representativa de los distintos actores educativos, con el fin de legitimar los cambios y asegurar su pertinenciaculturalysocial. Castillo subrayó que el rediseño curricular debe alinearse con una visión país clara, orientada a promover cohesión social, sostenibilidad, equidad y desarrollo económico y cultural. En ese marco, las competencias de aprendizaje deben integrar no solo saberes académicos, sino también habilidades socioemocionales, pensamiento crítico y una adecuada contextualización cultural, acorde con los desafíos actuales. En cuanto a la capacitación docente propuesta por el Meduca, advirtió que limitarla al período de verano podría resultar insuficiente si no se acompaña de recursos adecuados, materiales pertinentes y estructuras de apoyo permanentes que garanticen una implementación efectiva del nuevo currículo. Asimismo, señaló la necesidad de contar con sistemas de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto real de los cambios, recoger evidencias y realizar ajustes progresivos, evitando reformas rígidas desconectadas de la práctica educativa. Sin estos mecanismos, existe el riesgo de que la capacitación se reduzca a un simple traslado de información. Finalmente, Castillo enfatizó que un rediseño curricular efectivo debe articularse con políticas públicas coherentes, contar con financiamiento y respaldo institucional sostenido, y ser flexible ante la diversidad de contextos escolares. Advirtió que estos procesos suelen fracasar cuando se limitan a cambios técnicos, sin transformar las prácticas pedagógicas ni fortalecer el rol del docente como líder educativo. Estudiantes, padres de familia y docentes del Centro Educativo Básico General Nele Kantule exigen ayuda a las autoridades del Ministerio de Educación por el mal estado de la escuela. Cortesía Durante el año lectivo 2025 más de 800 mil estudiantes fueron matriculados Isaac Ortega
5A La Prensa Panamá, domingo 11 de enero de 2026 Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud. Elysée Fernández Integración entre el Minsa y la CSS iniciará en Azuero Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, detalló a La Prensa su plan para unificar los servicios de salud. En medio de desafíos financieros y una creciente demanda de atención médica, el sistema de salud de Panamá se encuentra en un momento crucial: lograr su unificación. Una de las principales metas del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, para este año es avanzar en la integración de los servicios de salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) Esta iniciativa, que ha sido propuesta por diversas autoridades del sector durante más de 50 años, busca consolidar un sistema de atención más accesible y eficiente. En este contexto, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de la Contraloría General de la República indican que, para 2024, Panamá contaba con 952 instalaciones de salud en todo el país, entre ellas (61 hospitales), (295 centros de salud), (596 subcentros y puestos de salud). Sin embargo, la falta de integración entre el Minsa y la CSS ha provocado que, aunque las infraestructuras sean numerosas, no todos los panameños puedan acceder a ellas de manera eficiente. En una entrevista con La Prensa, Boyd Galindo explicó que el objetivo principal de la integración es garantizar que todos los panameños, asegurados o no, puedan recibir atención médica en cualquiera de las instituciones del sistema de salud nacional. Esta medida tiene como propósito eliminar las barreras geográficas y administrativas, especialmente en regiones donde el acceso a los servicios del Seguro Social es limitado, como en Darién y las comarcas. En ese sentido, la CSS cuenta actualmente con solo 78 instalaciones, lo que obliga a complementar los servicios con la infraestructura del Minsa en amplias zonas del país. Regiones como Darién, tramos completos entre Santiago y David, y áreas periféricas de Panamá Norte no cuentan con instalaciones de la CSS, pese a que en esas zonas viven miles de asegurados. “Sería injusto invertir millones en nuevas construcciones cuando ya existen centros del Minsa disponibles”, coincidió Boyd Galindo, alineándose con lo planteado por otras autoridades del sector que trabajan en el tema de la unificación. La estrategia de unificación comenzará en las provincias de Los Santos y Herrera, donde ya existen instalaciones compatibles de ambos sistemas. Según el ministro, Azuero fue elegido como punto de inicio porque se han identificado infraestructuras adecuadas para implementar la integración de los servicios de salud. “La idea es que algunas instalaciones ofrezcan especialidades complementarias, lo que permitirá una atención médica más eficiente y accesible para la población”, señaló Boyd Galindo. ¿Y el impacto financiero? Uno de los puntos más debatidos sobre la integración es su impacto financiero en la CSS. En respuesta, el ministro aseguró que el proceso no requerirá inversiones adicionales significativas, ya que ambas instituciones cuentan con los recursos y el personal necesario. “El objetivo es optimizar lo que ya existe, no generar nuevos gastos”, destacó. Sobre las preocupaciones de una posible sobrecarga para la CSS, Boyd Galindo aclaró que la integración no implicará que una institución cargue con los costos de la otra. Como ejemplo, citó el caso del Instituto Oncológico Nacional (ION), donde más del 60% de los pacientes son asegurados. “Lo que buscamos es una mejor administración para beneficiar al paciente”, puntualizó. El ministro destacó que la unificación del sistema de salud es un objetivo clave de su administración debido a los múltiples beneficios que ofrece tanto para los pacientes como para la eficiencia del sistema en general. “Actualmente, nos enfrentamos a una fragmentación que dificulta la coordinación de recursos y la provisión de atención integral”, explicó Boyd Galindo. Según el ministro, la integración permitirá consolidar la gestión de los servicios de salud bajo una estructura organizativa única, lo que optimizará el uso de recursos como medicamentos, equipos y personal. Esto, a su vez, garantizará un acceso equitativo y eficiente a los servicios médicos en todo el país.
6A La Prensa Panamá, domingo 11 de enero de 2026 Imagen de archivo del Complejo Refinador de petróleo de Amuay, en Paraguaná, estado Falcón, Venezuela. EFE Petroleras estiman invertir $100 mil millones en Venezuela Reyna Katiuska Hernández [email protected] PLAN INDUSTRIAL Aunque Trump ofreció garantías, grandes petroleras estadounidenses se mostraron cautelosas y condicionaron su regreso a Venezuela a cambios legales, políticos y a la reestructuración de la deuda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las compañías petroleras estadounidenses y otras internacionales invertirán al menos 100,000 millones de dólares en Venezuela para reactivar la industria energética del país, a cambio de garantías y protección del Gobierno estadounidense. El anuncio fue realizado desde la Casa Blanca tras una mesa redonda con ejecutivos de las principales empresas del sector energético, entre ellas Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y la española Repsol. Trump subrayó que se trata de capital privado y no de fondos públicos. “Van a invertir su dinero, no el de nuestro Gobierno. No lo necesitan, pero sí necesitan nuestra protección”, afirmó el mandatario, quien aseguró que Washington ofrecerá “seguridad gubernamental” a largo plazo a las compañías que decidan operar en Venezuela. Pese al respaldo político anunciado por Trump, los principales actores de la industria petrolera estadounidense se mostraron cautelosos. El consejero delegado de ExxonMobil, Darren Woods, señaló que su empresa necesita ver “cambios significativos” en el entorno legal y comercial del país antes de considerar una inversión. “Si analizamos las estructuras y marcos legales vigentes hoy en Venezuela, resulta imposible invertir. Se requieren cambios profundos en el sistema legal y en las reglas comerciales”, sostuvo Woods, aunque dijo confiar en que la actual cooperación entre Washington y el Gobierno venezolano pueda generar esas transformaciones. En la misma línea, Ryan Lance, CEO de ConocoPhillips, afirmó que cualquier regreso de la compañía al país pasa por una reestructuración de la deuda soberana venezolana, necesaria para financiar una inyección masiva de capital en la industria energética. ConocoPhillips mantiene uno de los mayores reclamos contra el Estado venezolano por la expropiación de sus activos en 2007, con una deuda que asciende a unos 12,000 millones de dólares. Trump se mostró reacio a abordar los reclamos históricos: “Vamos a partir de una situación pareja. No vamos a fijarnos en lo que la gente perdió en el pasado, porque eso ocurrió con otro presidente”, afirmó. Una postura distinta expresó Repsol. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, dijo a Trump que la petrolera española ya opera en Venezuela —donde es responsable de cerca de la mitad de la generación eléctrica— y está preparada para “invertir con fuerza”. Repsol planea triplicar su producción de crudo en el país hasta unos 135,000 barriles diarios en los próximos tres años. “Hoy producimos 45,000 barriles diarios y estamos listos para triplicar esa cifra. Gracias por abrir la puerta a una Venezuela mejor”, señaló Imaz durante el encuentro. Actualmente, Chevron es la única petrolera estadounidense que mantiene operaciones en Venezuela, bajo una licencia especial otorgada por el Departamento del Tesoro. Sus empresas mixtas con Pdvsa aportan cerca del 27% de la producción nacional, unos 242,000 barriles diarios. Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, con unos 303,000 millones de barriles, concentrados principalmente en la Faja del Orinoco, donde se requiere tecnología avanzada y grandes inversiones para explotar crudo extrapesado. Trump también afirmó que su Administración asumirá el control de las ventas de petróleo venezolano y aseguró que China y Rusia podrán comprar el crudo “que necesiten”, defendiendo que, de no hacerlo Washington, Moscú y Pekín habrían tomado el control primero. El anuncio se produce en medio de una transición política en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Trump afirmó que Rodríguez “parece ser, por ahora, una aliada” de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que Washington ha diseñado un proceso en tres fases: estabilización, recuperación y normalización económica. “La meta es que el dinero vuelva a beneficiar a la gente y no a nuestros adversarios”, afirmó. Trump adelantó además que recibirá en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado la próxima semana para discutir su posible rol en el futuro político del país. Con información de EFE. Los manifestantes participan en una protesta contra el gobierno iraní en Frankfurt, Alemania. EFE Irán incomunicado mientras Pahvalí alienta a manifestantes tras dos semanas de protestas MANIFESTACIONES EFE.REDACCIÓN INTERNACIONAL Irán cumple dos semanas de protestas masivas que han causado más de 50 muertos, alentadas por Reza Pahvalí, hijo del último sha de Persia, que ha animado a los iraníes a seguir manifestándose este fin de semana e iniciar una huelga general para doblegar a la República Islámica del ayatolá Ali Jameneí, mientras el país lleva casi 48 horas sin acceso a internet ni telefonía internacional. “Nuestro objetivo ya no es simplemente salir a las calles; el objetivo es prepararnos para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos”, dijo en redes sociales Pahlaví, que vive en el exilio desde que la revolución islámica encabezada por Ali Jameneí derrocara a su padre en 1979. En un mensaje en farsi publicado en su cuenta de X con un vídeo, Pahlaví volvió a pedir a los iraníes que salgan a manifestarse este fin de semana, a las 18.00 hora local (14:30 GMT) del sábado y hoy domingo, con banderas, imágenes y símbolos nacionales. También aseguró que se prepara para “volver a la patria” para, en el “momento de la victoria de nuestra revolución”, poder “estar al lado” de la “gran nación de Irán”. A los habitantes de esa nación se dirigió también este sábado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. “Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán”, escribió escuetamente Rubio en su cuenta de X. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha venido advirtiendo de una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes, que en principio se quejaban por la mala situación económica del país, aunque luego extendieron las quejas hacia el líder supremo y la República Islámica. El Ejército se prepara ante el ‘complot’ de EUA Por su parte, el Ejército de Irán aseguró este sábado que enfrentará seriamente cualquier “complot” auspiciado por Estados Unidos para incitar a la inestabilidad y perturbar la seguridad de la República Islámica. En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, el Ejército instó a la población a “mantenerse alerta” y frustrar los “complots hostiles que buscan incitar la inestabilidad y los Daños externos del Instituto Venezolano. EFE Misil cayó en el instituto científico de Venezuela ATAQUE EFE. CARACAS, VENEZUELA Una semana después de la operación militar estadounidense sobre Caracas y distintas zonas vecinas, en el principal instituto científico de Venezuela, que alberga el que fue uno de los primeros reactores nucleares de América Latina, los destrozos aún no han sido cuantificados, mientras continúan las labores de limpieza y remoción de escombros, incluso de piezas de los misiles, según constató EFE. Ventanales rotos, techos caídos y huecos en paredes, además de instalaciones completamente destruidas, son algunos de los daños que, de acuerdo a autoridades, dejaron dos misiles que cayeron en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) en medio de los ataques durante los que fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Las actividades en el lugar, que se reiniciarían el pasado 5 de enero después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, han sido postergadas para el próximo 19. Junto con las afectaciones materiales, varios científicos de IVIC, encabezados por su director, Alberto Quintero, lamentan también lo que consideran un daño moral y un golpe contra la ciencia y la tecnología del país. Quintero, viceministro de Aplicación del Conocimiento Científico, dijo a EFE que hubo daños en la red eléctrica, lo que afectó la distribución del servicio a al menos la mitad de los 24 centros de investigación del IVIC -donde trabajan casi 1,800 personas- y el sistema de bombeo de agua. El Centro de Matemática del IVIC, donde se ubica también la Universidad Nacional de las Ciencias, quedó destruido. Además, señaló Quintero, resultaron afectados el Centro de Física y el de Química, donde, explicó, se procesan análisis “necesarios para la explotación y la refinación” de petróleo, cuya industria representa el principal motor económico del país suramericano. En ese sentido, el funcionario advirtió que la medición de los daños no solo incluye la infraestructura -que describió como “bastante considerable”-, sino también su “repercusión en las actividades del país”. disturbios” en el país. El Ejército de Irán añadió que el “agresivo” y “perverso” Gobierno de Estados Unidos ha urdido conspiraciones para recuperar su dominio sobre el pueblo iraní, y defendió que Washington se ha unido al “régimen sionista criminal”, en alusión a Israel, y a “grupos terroristas” para perturbar la seguridad de la República Islámica de Irán. Decenas de muertos y cientos de detenidos Las protestas, que comenzaron comerciantes del Gran Bazar de Teherán el 28 de diciembre y se han ido extendiendo a más de cien ciudades, acumulan decenas de muertos, según denuncian oenegés opositoras radicadas en el extranjero. La ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo (Noruega), notificó el viernes que son al menos 51 los muertos desde el 28 de diciembre. Por su parte, la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, habla de al menos 65 muertos y 2,311 detenidos. Simpatizantes del Consejo Nacional de Resistencia de Irán asisten a una manifestación en Plaza Schuman, Bruselas. EFE
7A La Prensa Panamá, domingo 11 de enero de 2026 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Inversión extranjera directa mueve el mapa regional República Dominicana y Costa Rica consolidan su atractivo con nuevos proyectos, mientras Panamá depende de la reinversión de utilidades y muestra alta volatilidad trimestral. La competencia regional por atraer inversión extranjera directa se intensifica, mientras Panamá busca recuperar terreno frente a economías como República Dominicana y Costa Rica, que avanzan con nuevos proyectos productivos. Katiuska Hernández Alex E. Hernández V. [email protected] Especial para La Prensa Cada vez más los países de Centroamérica y el Caribe intensifican sus estrategias para captar inversión extranjera directa (IED), conscientes de que estos flujos se han convertido en uno de los principales motores para la generación de empleo, la transferencia de tecnología y el crecimiento económico. En un contexto internacional marcado por tasas de interés elevadas, ajustes financieros y la reconfiguración de las cadenas globales de valor, la región muestra un comportamiento desigual, con países que consolidan su atractivo y otros que enfrentan una pérdida sostenida de competitividad. Antes de la pandemia, Panamá lideraba claramente la captación de IED en la región. En 2018 el país recibió 4,750 millones de dólares y en 2019 otros 3,895 millones, cifras que lo posicionaban como el principal destino de capital extranjero en Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, ese liderazgo se debilitó tras la crisis sanitaria y, desde entonces, el país ha sido desplazado por economías que han logrado sostener o incluso ampliar su flujo de inversiones. La evolución más marcada se observa en República Dominicana, que en 2025 consolidó su posición como uno de los principales receptores de inversión extranjera directa en la región. El imán dominicano Al tercer trimestre del año, el país acumuló flujos cercanos a los 4,000 millones de dólares, con un desempeño particularmente fuerte en el primer semestre, cuando captó 2,892.8 millones de dólares, un aumento interanual de 15.3%, según datos del Banco Central dominicano. Las autoridades proyectan que el cierre de 2025 se ubique en torno a los 4,800 millones de dólares, de confirmarse la tendencia observada hasta septiembre. El capital extranjero en República Dominicana se concentró principalmente en turismo, zonas francas, manufactura y energías renovables. Costa Rica, aunque con un crecimiento más moderado, mantiene una posición sólida. Al tercer trimestre de 2025, el país acumuló 3,533 millones de dólares en flujos de inversión extranjera directa, un incremento de 4.5% frente al mismo periodo de 2024. La manufactura concentró más del 80% de la inversión recibida, con 2,856 millones de dólares, destacando los dispositivos médicos, semiconductores y otros segmentos vinculados a la economía del conocimiento. Guatemala también mostró una evolución positiva. En el primer semestre de 2025 captó 867.3 millones de dólares en inversión extranjera directa, un crecimiento interanual de 11%. Solo entre enero y marzo se registraron 476.1 millones, un aumento de 17% frente al mismo periodo de 2024. Las proyecciones oficiales apuntan a un cierre anual superior a los 1,865 millones de dólares, con expectativas de alcanzar los 2,050 millones en 2026. En Nicaragua, el comportamiento fue menos dinámico. Durante el primer semestre de 2025, la IED alcanzó 1,427.9 millones de dólares, lo que representó una caída de 15.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque el país cerró 2024 con 3,039.9 millones de dólares en inversión extrancer trimestre mostró una desaceleración, con apenas 110.9 millones de dólares, y una limitada entrada de nuevas empresas. El Salvador, por su parte, registró fuertes oscilaciones. Durante el segundo trimestre de 2025, la IED mostró un crecimiento interanual, pero en el tercer trimestre se reportó una caída de 172.3 millones de dólares. Dos modelos A diferencia de Panamá, donde la inversión extranjera directa se ha sostenido principalmente por la reinversión de utilidades de empresas ya establecidas, en buena parte de la región el crecimiento de la IED lo impulsa nuevos proyectos. Costa Rica y República Dominicana destacan por la llegada de empresas que se instalan desde cero, en particular bajo el régimen de zonas francas, lo que amplía la base productiva y genera nuevos empleos. En Costa Rica, más de la mitad de los nuevos proyectos captados en 2025 corresponden a empresas que ingresan por primera vez al país, muchas de ellas vinculadas a manufactura avanzada y servicios tecnológicos. En República Dominicana, el dinamismo de las zonas francas y el turismo ha permitido atraer capital fresco, especialmente en sectores industriales y energéticos. En Panamá, el tercer trimestre de 2025 registró un repunte de $676.4 millones, pero el resultado contrastó con el segundo trimestre, que cerró con un saldo neto negativo de $887.1 millones por la fuerte salida de capitales. La volatilidad trimestral dejó como resultado un ajuste superior a los 1,500 millones de dólares entre el segundo y tercer trimestre de 2025. Entre enero y septiembre, el balance acumulado de la IED en Panamá se ubicó en apenas 315.3 millones de dólares, muy por debajo de los niveles registrados por República Dominicana y Costa Rica en el mismo periodo. CAPITAL EXTRANJERO jera directa, equivalente al 15.4% de su PIB, los datos más recientes reflejan una desaceleración en la entrada de nuevos capitales. Panamá figuró como el principal país de origen de la IED en Nicaragua durante el primer semestre de 2025, con 247 millones de dólares, equivalente al 30.2% del total, seguido por Estados Unidos y Barbados. Honduras presentó un desempeño mixto. En el primer semestre de 2025, la IED alcanzó 500.4 millones de dólares, impulsada principalmente por la reinversión de utilidades en finanzas, seguros y manufactura maquiladora. Sin embargo, el terUna de mis primeras lecciones Ventana Fiscal Adolfo J. Campos Barranco economí[email protected] gio de participar como profesional externo en los equipos redactores de varias leyes y reglamentos tributarios, comprendí aún más la naturaleza jurídica del propio Impuesto de Timbre (IT), su evolución histórica y el porqué de tan simpática frase. El IT es un tributo nacional que puede pasar desapercibido en las operaciones comerciales. Ha perdido terreno en nuestro ordenamiento jurídico frente a los impuestos indirectos como el ITBMS, quizás por lo bajo de su tasa, su antigüedad y su costo administrativo en relación con lo que representa en la recaudación. El IT grava la expedición de un documento como tal, en el que conste un acto jurídico, contrato u obligación, que contenga una cantidad o valor expresado en él superior a 10 balboas, que se trate de un negocio sujeto a la jurisdicción en Panamá y por cada 100 balboas o fracción de ciento. ¿Y cuál es la tasa? Deberá estamparse, por máquina franqueadora o mediante declaración jurada de timbres, por valor de 10 centavos, en todos los cheques y demás documentos negociables que no tengan otro impuesto, y en aquellos documentos en que conste un acto jurídico, contrato u obligación con las características ya mencionadas. El contribuyente del IT es aquella persona, sin distinción de su tipo, que expide el documento. Con la promulgación de la Ley 8 de 2010 se eliminó la impresión del papel sellado y notarial. No obstante, de acuerdo con el Código Fiscal (CF), en los casos en que se establezca la necesidad de satisfacer el IT por medio de papel sellado notarial, se usará papel simple, de tamaño legal 8½ x 13, de 20 libras, habilitando cada hoja de dos caras mediante estampado por máquina franqueadora o por declaración jurada por la suma de ocho balboas. El texto impreso debe ajustarse a lo indicado en el artículo 962-A del CF. Algunas certificaciones oficiales deben estamparse por máquina franqueadora o mediante declaración jurada, y con diferentes tarifas, tales como los certificados de idoneidad, certificados del Registro Civil y cartas de naturaleza provisional o definitiva. Una norma importante a revisar es el artículo 973 del CF. Este establece cuándo no se causa el IT sobre la expedición de ciertos tipos de documentos, siendo una notable excepción aquella que trata sobre los actos jurídicos, contratos u obligaciones que deban documentarse y que, a su vez, estén ya gravados con el ITBMS; por lo tanto, no debe causarse el IT. Este es el fundamento legal de aquella importante lección. Cápsula fiscal También con la Ley 8 de 2010 se estableció que no existe la obligación de satisfacer el IT en los recibos de dinero, ni en las facturas de venta de bienes y servicios, tanto al por mayor como al por menor. Esta norma fue reglamentada por el Decreto Ejecutivo 539 de 2011. El autor es abogado especializado en materia tributaria. Una de las primeras lecciones que aprendí fue cuando un colega contador me dijo: “recuerda siempre que todo lo que lleva ITBMS, no lleva timbre”. Ya adentrado en la práctica, el estudio e incluso el haber tenido el privileEMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 263 260 255 250 245 240 235 225 220 215 210 205 200 195 190 89.79 252.13 Elevación sobre el nivel del mar en pies
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