4A La Prensa Panamá, sábado 10 de enero de 2026 Panorama Primero fue el nombramiento de su abogado como procurador general de la Nación. Así empezó el presidente José Raúl Mulino a meter sus manos en la justicia. Luego le dio un salvoconducto para ir a su asilo al lavador de dinero Ricardo Martinelli. Luego, en abril del año pasado, bajo su administración, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena por blanqueo de capitales impuesta a Valentín Martínez Vásquez –hermano del canciller Javier Martínez Acha– por el caso New Business. También, bajo la administración de Mulino, y en ese mismo caso, Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, así como Gonzalo Gómez Wong, en el proceso por blanqueo de capitales relacionados con la compra de Editora Panamáamérica, la misma Sala Penal de la Corte Suprema absolvió a los mencionados. Alegaron que se cometieron errores y todo el mundo para su casa. La cosa no terminó ahí. En septiembre del año pasado, un juez, en el caso de las indemnizaciones de Diablos Rojos, absolvió a 185 imputados, entre ellos, Jorge ‘Ricky’ Fábrega y Ventura Vega, tras concluir que no existían pruebas de una estructura criminal para defraudar al Estado y que las irregularidades detectadas en el programa de compensación fueron fallas administrativas. Y qué “coincidencia”: Fábrega, asesor del presidente Mulino, y Vega, secretario general de la Contraloría. Evidentemente, se trata de un patrón de casos judiciales que también tiene asidero en los nombramientos que Mulino ha hecho en la Corte Suprema. Destaca por sí solo el de Carlos Ernesto Villalobos Jaén, quien fue un subalterno de Mulino en una de las firmas en la que el hoy presidente de la República fue socio. El gobernante había prometido previamente que los nuevos magistrados “no serán compañeritos míos ni jugadores de dominó conmigo ni tomadores de tragos conmigo”. Nada decía sobre subalternos, evidentemente. ¿Dudas de qué Mulino no tiene las manos metidas en la justicia? Veamos dos casos más y una ñapa. En diciembre de 2025, la Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral de la Corte Suprema declaró legal la destitución de la hoy exfiscal Zuleyka Moore que ordenó el entonces procurador general de la Nación, Javier Caraballo. Moore instruyó el expediente por presunto peculado en la compra de radares Selex, fabricados por una filial de Finmeccanica, en la que resultó vinculado el exministro de Seguridad Pública y actual presidente de la República, José Raúl Mulino. El mensaje fue claro: Nadie se mete conmigo sin que haya consecuencias. Así piensa y actúa el resentido de Mulino. Curiosamente, la ponente del caso contra Moore es hoy la nueva presidenta del Órgano Judicial, la magistrada María Cristina Chen. Mientras que Caraballo –el que destituyó a Moore– es ahora embajador de Panamá en Austria. Palo para la que fastidia, premio para el que se somete. Mulino aprendió bien de los militares que combatió. El otro caso es el de Mario Martinelli, hermano del cobarde que goza de los $19 millones que no entrega a la justicia tras ser multado en el caso New Business. Mario Martinelli había confesado sus delitos a cambio de indulgencia. Había sido acusado de causar una lesión al patrimonio del Estado que sobrepasó los $12 millones, pero solo devolvería poco más de $3 millones. Entonces vino el milagro: el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó a finales de diciembre pasado su condena, negociada en 40 meses de prisión. El tribunal declaró la nulidad parcial del proceso denominado “granos” del hoy fenecido Programa de Ayuda Nacional (PAN). ¿Devolverá los milloncitos que confesó haberse cogido del Estado? Esto, por más maquillaje legal que se le haga, apesta a burla e impunidad. Y ahora, la ñapa: Mulino acaba de hacerle una rebaja de pena a Milena Vallarino, pareja del ladrón del exministro Guillermo Ferrufino, ambos condenados por enriquecimiento injustificado, o sea, por ladrones de plata del Estado. Y la cerecita fue que también concedió rebaja de pena a otro ladrón, cuñado de su ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. Se trata de José ‘Chepi’ Carrizo, condenado por estafa agravada contra La Prensa, tras robarse –junto con una cómplice– más de $2.5 millones. El amor de Mulino por todos estos ladrones es un patrón que resulta muy claro para mí, tanto como que la impunidad ha vuelto a su viejo y lustroso esplendor. Y acostumbrémonos, pues por ahí veremos más sorpresas, porque despojar del cargo a la fiscal anticorrupción a cargo del caso Odebrecht deja en evidencia el vergonzoso sometimiento de la justicia al poder Ejecutivo. Así que, señor Mulino, no nos venga con discursos de moralidad y justicia. Sus acciones son una vergüenza para su profesión y para el cargo que ostenta. ¡Ud., señor Mulino, es un perfecto hipócrita! Sábado Picante Rolando Rodríguez B. [email protected] Miguel Batista, alcalde de Pedasí y presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá. Eliana Morales ‘El político soy yo y no he necesitado ningún diputado’: Miguel Batista Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] GOBIERNOS LOCALES El alcalde de Pedasí afirmó que distritos como el suyo generan actividad económica sin recibir un retorno justo y defendió que, con mayor autonomía y consulta, las obras serían más eficientes. En medio de las críticas por la llamada “descentralización paralela” y la reciente asignación de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el alcalde de Pedasí y presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, Miguel Batista, sostiene que el problema no es la distribución de recursos, sino la desigualdad histórica que enfrentan los municipios. En entrevista con La Prensa, afirmó que distritos como el suyo generan actividad económica sin recibir un retorno justo y defendió que, con mayor autonomía y consulta ciudadana, las obras serían más eficientes y tendrían un verdadero impacto local. “No somos un país 100% descentralizado”, advirtió, al señalar que muchos distritos con fuerte potencial económico no reciben beneficios proporcionales a lo que aportan. El caso de Pedasí fue su punto de partida. Batista recordó que, pese al crecimiento turístico y al auge inmobiliario, durante años el distrito apenas recibía 375 mil dólares de inversión. “Para cinco corregimientos, 55 kilómetros de playa y dos áreas protegidas, eso no alcanzaba para nada”, explicó. Añadió que impuestos clave, como el hotelero o los cobros por ingreso a Isla Iguana, van directamente al Tesoro Nacional y no permanecen en la comunidad que sostiene la actividad turística. Fondos adicionalesSegún el alcalde, solo en 2025 Isla Iguana recibió más de 20 mil visitantes. “Entre 10 dólares por extranjero y cuatro por nacionales, más el 10% del impuesto hotelero, todo eso se va al MEF. Nada queda en el distrito”, denunció. Para él, esta desconexión entre recaudación y beneficio local es la raíz del debate sobre la suficiencia de los fondos municipales. Sobre las críticas a los desembolsos extraordinarios del MEF, Batista confirmó que su municipio recibió alrededor de 700 mil balboas, destinados principalmente a resolver problemas urgentes de agua y mejorar caminos de producción. “Es más rápido actuar desde el municipio”, aseguró. Adelantó que varias licitaciones están en marcha para atender necesidades pendientes. El alcalde también defendió el uso de esos fondos para el funcionamiento municipal, especialmente ante el crecimiento institucional de Pedasí. “Cuando inicié, solo teníamoscuatrovehículos;hoytenemos 12, incluidos equipos pesados. Todo eso requiere mantenimiento”, dijo. Consultado sobre la posible intermediación política, fue directo: “El político soy yo. No necesité a ningún diputado”. Sin embargo, reconoció que espera apoyo del diputado de su área porque “hay mucho que hacer y Pedasí tiene potencial para beneficiar incluso a distritos vecinos”. Con tres periodos en la alcaldía y una militancia constante en Cambio Democrático, Batista administra un presupuesto anual de 600 mil balboas más un subsidio estatal de 156 mil. “Somos el quinto municipio con menor subsidio del país”, afirmó. A pesar de ello, sostiene que Pedasí ha logrado crecer en infraestructura gracias al uso eficiente de los recursos propios, aunque admite que las limitaciones siguen siendo significativas. Deuda con municipios Sobre la deuda del impuesto de bien inmueble (IBI), calculada en más de 500 millones en los últimos años, Batista opinó que la discusión debe centrarse en permitir que este impuesto quede en los distritos que lo generan. “El municipio no debe ser solidario entre municipios. Quien debe ser solidario es el gobierno central”, afirmó. Recalcó que esos fondos deberían reforzar los equipos técnicos locales, esenciales para preparar proyectos y mejorar la gestión. Consultado sobre el trato del gobierno hacia los municipios, Batista considera que existe un ambiente de transición. “Creo que el presidente José Raúl Mulino entiende la labor de alcaldes y representantes”, dijo. También destacó la intención del Ejecutivo de revisar la ley de descentralización y el impuesto de bien inmueble. Descentrazación paralela En el tema más polémico —los llamados fondos de la “descentralización paralela”— Batista se desmarcó del concepto. “Eso no existe. En ese momento el gobierno creó el fondo PDIS (Programa de Descentralización e Inversión Social). A mi municipio le dieron 50 mil balboas”, explicó. Afirmó que rindió los informes correspondientes y defendió la necesidad de eliminar el estigma que pesa sobre los gobiernos locales. “La presunción de inocencia debe respetarse”, dijo respecto a los procesos judiciales contra otros alcaldes y ediles. Para Batista, la descentralización no solo debe mantenerse, sino fortalecerse. Argumentó que gran parte de las obras que llegan a las comunidades provienen de los municipios y juntas comunales, no del gobierno central. “El gobierno local es la puerta más cercana al ciudadano”, sostuvo. Su llamado final fue a la participación ciudadana: “La consulta es el mecanismo que no tiene ninguna otra institución” Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ¿Podrá el nuevo manual corregir años de mal manejo? En medio de las crecientes críticas por la asignación, el manejo y el uso discrecional de millones de dólares, la Contraloría General de la República inició esta semana una serie de capacitaciones, en coordinación con la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), para orientar a las autoridades locales en la aplicación del nuevo Manual de Uso y Manejo de Fondos y Bienes Públicos. El documento, oficializado en la Gaceta Oficial del 10 de diciembre de 2025, establece los lineamientos que deben seguir los gobiernos locales en materia de administración financiera y control de recursos. Estas jornadas forman parte de una estrategia más amplia para elevar los estándares de fiscalización en todos los niveles del gobierno, especialmente en aquellos donde históricamente se han registrado debilidades administrativas. Como se recordará, los municipios y juntas comunales han permanecido en el centro de la tormenta pública por la llamada “descentralización paralela”, el mecanismo mediante el cual se canalizaron más de 300 millones de dólares de forma discrecional y sin controles efectivos durante el gobierno pasado (2019-2024), beneficiando en gran medida a autoridades locales del Partido Revolucionario Democrático. Ahora, bajo la nueva administración, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha distribuido 11.5 millones de dólares entre los municipios, una asignación que vuelve a encender las alertas al recaer mayoritariamente en gobiernos locales afines al partido oficialista Realizando Metas. Entre los casos más visibles figuran los municipios de Chame y San Carlos. Para la presidenta de Amupa, Nadine González, el nuevo manual representa un paso decisivo en la modernización de la gestión local. Aseguró que la fiscalización y la rendición de cuentas son pilares esenciales para garantizar que los recursos lleguen a las comunidades y se traduzcan en servicios eficientes.
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