2A La Prensa Panamá, sábado 10 de enero de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohiggini Arcia Jaramillo [email protected] Canciller de la República, Javier Martínez-Acha. Isaac Ortega Actos del 9 de enero: el discurso quedó en manos de un orador del Gobierno HISTORIA Las ceremonias en conmemoración de la Gesta Patriótica del 9 de enero de 1964 —uno de los hitos más relevantes en la defensa de la soberanía panameña— estuvieron este año marcadas por una ausencia inusual: no hubo un orador de fondo proveniente del ámbito académico ni de la sociedad civil. En su lugar, el Gobierno designó al canciller Javier Martínez Acha como responsable del discurso principal, en un giro respecto a la tradición de diversificar las voces en esta fecha. La jornada inició a las 7:00 a.m. en el Jardín de Paz, donde autoridades, familiares y estudiantes participaron en la izada de la bandera a media asta frente a las tumbas de los jóvenes caídos en la gesta. El ambiente, solemne y silencioso, recordó el peso histórico de un episodio que marcó la relación de Panamá con los Estados Unidos y que impulsó el camino hacia la recuperación del Canal. Durante la ceremonia matutina, el ministro para Asuntos del Canal y presidente de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), José Ramón Icaza, destacó la importancia de preservar la memoria histórica. “La juventud debe asumir un rol central en la defensa del país y de nuestra vía interoceánica”, señaló, al subrayar que la soberanía no es un logro estático, sino un proceso que requiere vigilancia constante. Icaza insistió en que el 9 de enero no debe limitarse a una efeméride simbólica. A su juicio, la gesta representa un compromiso vigente con la nación, con la formación cívica de las nuevas generaciones y con la protección del Canal como patrimonio estratégico. Su mensaje apuntó a reforzar la idea de continuidad entre los jóvenes de 1964 y los desafíos geopolíticos actuales. Horas más tarde, la atención se trasladó a la Llama Eterna del Centro de Capacitación Ascanio Arosemena de la ACP, donde tuvo lugar el acto principal. El presidente José Raúl Mulino encabezó la ceremonia con la colocación de una ofrenda floral en honor a los mártires, un gesto que marcó el inicio del homenaje oficial. Poco después, Martínez Acha asumió el rol de orador de fondo. Su discurso se centró en el legado de los estudiantes que enfrentaron la violencia en defensa del pabellón nacional. El canciller recordó que aquel episodio se originó en la “simple pero valiente intención” de izar la bandera panameña en la antigua Zona del Canal, un acto que —dijo— desencadenó una “defensa patriótica de la dignidad” frente a la presencia estadounidense. En su intervención, Martínez Acha aseguró que el 9 de enero sigue siendo una de las fechas más determinantes de la historia del país. “Aquí se encendió la causa principal”, afirmó al dirigirse al público en el mismo sitio donde ocurrieron los enfrentamientos hace 61 años. Su mensaje buscó reforzar la idea de continuidad histórica entre el sacrificio de los jóvenes de 1964 y los retos actuales para la soberanía nacional. Resultó llamativo que el discurso de fondo estuviera a cargo de otra figura del Órgano Ejecutivo, en este caso el canciller. Tradicionalmente, las conmemoraciones del 9 de enero suelen dar espacio a voces académicas, históricas, estudiantiles o de la sociedad civil, en un esfuerzo por aportar diversidad de enfoques y una mirada plural sobre un episodio clave de la memoria nacional. La Nueva Joya tiene capacidad para 5 mil personas. Archivo Licitación de comidas en cárceles: ¿amenaza a las arcas públicas? Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ACTOS PÚBLICOS Actualmente, un solo proveedor suministra alimentos al 80% de la población penitenciaria del país. Ahora, la nueva licitación —que prolongaría su dominio por seis años más— enfrenta un reclamo. Los dos actos públicos que adelanta el Ministerio de Gobierno para contratar el suministro de alimentos en los centros penitenciarios de Colón ($33.6 millones) y Panamá ($209.6 millones) dejan al descubierto dos problemas estructurales: un aparente monopolio y las persistentes deficiencias de las comisiones evaluadoras, situación que ya había sido advertida por el presidente de la República, José Raúl Mulino. En el caso del acto público de Panamá, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, adjudicó la licitación al Consorcio Alimentando Panamá, S.A., sin formular ninguna objeción, pese a que la propuesta presenta una inconsistencia clave: ofrece porciones de 90 gramos de carne cruda, cuando el pliego —respaldado por los criterios del Ministerio de Salud— exige 90 gramos de carne cocida. Esto implica que, al considerar la merma natural del proceso de cocción, el contratista entregaría una cantidad inferior a la requerida. En el caso de esta licitación, nuevamente el Consorcio Alimentando Panamá —ahora bajo el nombre de Consorcio Panameño de Alimentación Colón— obtuvo la mejor calificación, pero no se le adjudicó debido a un reclamo presentado por otro competidor: el Consorcio C&J Food Services Panamá. Este reclamo se basa precisamente en la irregularidad antes mencionada. Es decir, sostiene que el Consorcio Panameño de Alimentación Colón incumple el pliego de cargos porque entregaría una cantidad de carne inferior a la requerida por el Estado. Para C&J Food Services, este punto no es un detalle accesorio, sino un incumplimiento sustancial que “desnaturaliza el alcance del servicio contratado” y afecta directamente la calidad nutricional que debe recibir la población penitenciaria. El control De hecho, el Consorcio Alimentando Panamá, S.A. actualmente suministra alimentos a casi el 80% de la población penitenciaria, ya que mantiene contratos en Panamá, Colón y también en Bocas del Toro. Por ello, el Estado le ha pagado más de $300 millones desde 2012 hasta la fecha, consolidando así su posición dominante en este servicio. Hasta finales de 2024, el sistema penitenciario del país tenía una población de 23,423 personas privadas de libertad. La provincia de Panamá se consolida como el núcleo principal del sistema, albergando a 15,748 reclusos, lo que representa aproximadamente el 67.2% de la población penitenciaria total. Esta región cuenta con instalaciones de gran magnitud, destacando el Centro Penitenciario La Nueva Joya, con 5,549 internos, y La Joyita, con 4,760, siendo estos los recintos con mayor densidad de custodia en la República. Además, la provincia gestiona el principal centro femenino del país, el Cecilia O. de Chiari, con 766 mujeres. Por su parte, la provincia de Colón registra una población de 2,550 privados de libertad, lo que equivale al 10.9% del total nacional. La gran mayoría de estos individuos se encuentran recluidos en el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza, que reporta 2,439 hombres, mientras que el Centro Femenino de Colón atiende a 111 mujeres. Al sumar los datos de Panamá y Colón, se evidencia que el 78.1% de todos los detenidos del país se concentran en estas dos prolegalidad, igualdad de condiciones y buen uso de fondos públicos establecidos en la Ley 22 de 2006. Precisamente, el presidente de la República, José Raúl Mulino, cuestionó el rol de las comisiones evaluadoras en los actos públicos: “Hay gente eternamente viviendo allí y vean ustedes el desastre que son las contrataciones en términos generales”, afirmó, al atribuir parte de las deficiencias del sistema a la forma en que operan estas instancias. En las licitaciones de Panamá y Colón, unas cinco personas integran la comisión evaluadora, entre ellas contadores, abogados, administradores de empresas y una nutricionista. Esta última profesional, Lisette Navarro, labora en el Ministerio de Gobierno, pero llama la atención que no se haya percatado de la irregularidad en el peso de las porciones de carne para las raciones de comida. El papel de los miembros de las comisiones evaluadoras adquiere relevancia si se toma en cuenta que sus decisiones inciden directamente en la adjudicación de contratos por montos millonarios cada año. Este es uno de ellos. Este medio realizó las respectivas consultas a la ministra de Gobierno, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes enviados por La Prensa. Quien sí respondió fue el asesor presidencial y exministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, quien en 2012 adjudicó por primera vez el contrato para proveer alimentos a las personas privadas de libertad al Consorcio Alimentando Panamá. El asesor dijo que desconocía el pliego de cargos y las propuestas, por lo que no podía emitir una opinión. Aun así, se le solicitó que transmitiera el mensaje a la ministra de Gobierno, a lo que respondió: “con mucho gusto”. Queda por ver si realmente lo hará, especialmente cuando las arcas del Estado podrían estar en riesgo. vincias. A esto hay que agregar que Bocas del Toro alberga aproximadamente a otros 800 reclusos. Comisión bajo la lupa En medio de esta polémica, está la comisión evaluadora, la cual pasó por alto las presuntas anomalías en cuanto al peso de los alimentos que recibirán las personas privadas de libertad. El consorcio que presenta el reclamo sostiene que la omisión de esta verificación coloca al Estado en desventaja y abre la puerta a lo que consideran una “lesión patrimonial”, pues se pagaría por tres onzas de carne, pero se recibiría menos. La situación, afirman, vulnera los principios de
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