2A La Prensa Panamá, viernes 9 de enero de 2026 El monumento, ubicado Balboa, está dedicado por el Canal de Panamá a los mártires del 9 de enero de 1964. Anel Asprilla José Alejandro Rodríguez [email protected] Cuatro hechos que no nos contaron del 9 de enero de 1964 HISTORIA Hay muchas cosas que no aprendimos de los mártires del 9 de enero de 1964. Te compartimos cuatro hechos. La bandera que no debía estar ahí La bandera estadounidense se izaba todos los días en la secundaria de Balboa. Hasta que el acuerdo Chiari-Kennedy entre Panamá y Estados Unidos estableció izar ambas banderas en 15 lugares específicos (posteriormente 17), pero excluyó a las escuelas. El 2 de enero, los estudiantes de la secundaria de Balboa volvieron de vacaciones, pero su bandera no estaba. Y ahí empezó todo. Se organizaron y protestaron en su misma escuela. Izaron la bandera ellos mismos y se mantuvieron en el asta, vigilando que nadie se la bajara. Las autoridades de la zona y los directivos les pidieron que la bajaran, pero no hicieron caso. Incluso algunos padres apoyaron a los estudiantes. Una madre zoneíta les advirtió: ¿Qué pasa con ustedes, adultos que creen que lo saben todo? Están creando mala voluntad entre Panamá y Estados Unidos en vez de cortesía y cariño. Aun así, la noticia se amplificó por la radio y los periódicos entre la población panameña. ¿Por qué los institutores? El Instituto Nacional era y sigue siendo una de las secundarias más prestigiosas del país, con profesores de alto nivel, donde la soberanía y el pensamiento crítico eran discutidos en clases. El 8 de enero, tres estudiantes del instituto fueron a la zona a averiguar por qué la bandera estadounidense seguía izada. Las autoridades les confirmaron que era ilegal y que la única razón por la que seguía allí era la protesta. Fueron entonces a hablar con los estudiantes que vigilaban el asta. La novia de uno de los institutores estudiaba en la secundaria de Balboa, lo que ayudó a la comprensión. Les explicaron que no les importaba si ambas banderas estaban izadas; solo querían que la suya estuviera al frente de su escuela. Ese mensaje se transmitió a sus compañeros que estaban organizando la marcha. En enero aún era horario escolar, pero, después de lo ocurrido, ese hecho se convirtió en una de las razones para que el horario escolar cambiara. ¿Quiénes eran los mártires? Hay nombres en la lista de mártires que nos duelen. Ascanio Arosemena, quien recibió un disparo mientras ayudaba a otro estudiante. Rosa Landecho, de 13 años, alcanzada por una bala perdida del ejército estadounidense, en respuesta a un francotirador panameño que disparaba desde el mismo edificio. Maritza Alabarca, una bebé colonense de pocos meses, que murió asfixiada por los gases lacrimógenos, y socorrida por su hermano corriendo por las calles de Colón en búsqueda del hospital. Pero hubo casos más incómodos. El arzobispo de la época, monseñor Marcos Gregrorio McGrath, lo explicó así: «El entierro representó para nosotros un gran problema moral. Algunos de los muertos no tenían nada de patriotas, eran ladrones que murieron mientras robaban, como aquellos que murieron en el edificio Pan American... Yo presidí la misa en la Iglesia Catedral, y tuvimos el problema de que los ataúdes fueron introducidos en la Iglesia sin identificación; tuvimos entonces que aceptar el mal menor, y enterrarlos a todos juntos como patriotas y con honras, sin poder distinguir entre ellos». Pero esto no resta en lo absoluto el gran heroísmo y la valentía de los casi 200 estudiantes, mujeres y hombres, que arriesgaron todo marchando hacia la zona y que nos inspiran hasta hoy. ¿Y los jóvenes de hoy? Se repite con frecuencia que los jóvenes ya no valoran el 9 de enero. El testimonio de Rosemary García de Newball, parte del equipo que restauró la bandera en 2021, cuenta otra cosa: “Cuando estábamos haciendo el trabajo, escuchamos un estruendo en la parte de afuera. Nos preocupaba la reacción al dejar el recinto. Cuando salimos, recibimos una sorpresa: los estudiantes del Instituto Nacional habían hecho una calle de honor mientras cantaban el himno del plantel. Muchos lloraban. Mi equipo y yo vivimos en carne propia el valor de esta bandera y lo que representaba.” Este texto se basa en el libro ‘9 de enero de 1964: lo que no me contaron’ de Wendy Tribaldos y está dedicado a Domingo Cho, lector de La Prensa y participante de la gesta del 9 de enero de 1964. La denuncia fue presentada en 2015. EFE Caso Odebrecht: entre maniobras legales y asistencias judiciales Juan Manuel Díaz [email protected] AUDIENCIA La fiscalía respondió unos 50 recursos de habeas corpus y otros 200 incidentes de distinta índole, orientados a la nulidad del proceso, la exclusión de pruebas y la separación de imputados del expediente. Tras casi cuatro años desde la remisión de su vista fiscal, la investigación del caso Odebrecht ha enfrentado cientos de recursos y maniobras legales que han frenado el proceso y retardado el inicio del juicio. De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la fiscalía respondió al menos unos 50 recursos de habeas corpus y otros 200 incidentes de distinta índole, orientados a la nulidad del proceso, la exclusión de pruebas y la separación de imputados del expediente. Desde 2017, la entonces procuradora general Kenia Porcell instó a la Corte Suprema de Justicia a resolver la multiplicidad de habeas corpus y amparos de garantías constitucionales que se encontraban en trámite y que dilataban el avance de las investigaciones. La denuncia original fue presentada en 2015 por Alvin Weeden (q.e.p.d.). En ese momento, Porcell señaló que el Ministerio Público estaba “jugando su rol contra la corrupción; sin embargo, otras entidades tenían que desempeñar su papel… tenemos que evaluarnos todos como país en la lucha contra la corrupción”. Habeas corpus y amparos El expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, y sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, investigados en este caso, promovieron diversos recursos, entre ellos varios amparos de garantías constitucionales contra la decisión de la fiscalía de formularles cargos. Los hermanos Martinelli Linares admitieron ante un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, haber conspirado para lavar $28 millones procedentes de la constructora brasileña Odebrecht. Tras ser detenidos y acusados, reconocieron haber creado cuentas bancarias y compañías ficticias para recibir sobornos durante el mandato de su padre en Panamá (20092014). Ambos figuraban inicialmente en el auto de llamamiento a juicio emitido el 7 de noviembre de 2022. Sin embargo, tras ser electos como miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en los comicios de 2024, sus casos pasaron a la Corte Suprema de Justicia, debido a la prerrogativa constitucional que establece que los diputados deben ser juzgados por ese tribunal. El expresidente Juan Carlos Varela, quien también figura en el auto de llamamiento a juicio, tampoco estará presente en la audiencia que inicia el próximo lunes, ya que igualmente fue electo como miembro del Parlacen y su caso se encuentra bajo conocimiento de la Corte. A Varela se le acusa de haber utilizado fondos de Odebrecht para su campaña política, aunque él y sus abogados sostienen que los cargos son infundados. La Corte Suprema mantiene además en trámite la apelación de un amparo de garantías fallado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que excluyó del proceso a Aaron Mizrachi Malca. La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo apeló la decisión emitida el 16 de septiembre, mediante la cual se concedió el amparo y se separó a Mizrachi del juicio. Los magistrados del Primer Tribunal Superior, Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro, admitieron la apelación y remitieron el caso al Pleno de la Corte Suprema, que deberá decidir si mantiene o revoca el fallo. En su decisión, los magistrados señalaron que la Fiscalía Especial Anticorrupción incurrió en una “ausencia de especificación sobre modo, tiempo y lugar de la conducta” atribuida a Mizrachi, lo que encuadra en la causal de nulidad prevista en el numeral 4 del artículo 2294 del Código Judicial. El pasado 5 de enero, el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu presentó un amparo de garantías contra la decisión de la jueza Baloisa Marquínez de llamarlo a juicio. Alegó violación del principio de doble juzgamiento, al sostener que los hechos que se le atribuyen ya fueron investigados por el Ministerio Público en una denuncia presentada por el abogado había concluido la valoración de las pruebas. Posteriormente, se señaló una segunda fecha para el 27 de septiembre de 2023, que tampoco se realizó por la misma razón: la valoración probatoria seguía inconclusa. Más adelante, el juicio fue programado para el 15 de julio de 2024, con una fecha alterna el 16 de septiembre del mismo año, pero ninguna de las dos pudo llevarse a cabo debido a la ausencia de diversas asistencias judiciales, entre ellas la notificación de dos imputados en Perú, Gonzalo Eduardo Monteverde y María Isabel Carmona, quienes hasta ese momento permanecían prófugos. Luego, el tribunal fijó el inicio del juicio para el 12 de noviembre de 2024, pero nuevamente fue suspendido, esta vez por la falta de pruebas testimoniales solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, consistentes en la declaración de ocho testigos colaboradores que aún no han podido ser interrogados por la defensa. Posteriormente, el 20 de enero de 2025, el juicio volvió a suspenderse debido a la ausencia de asistencias judiciales internacionales, específicamente provenientes de Brasil y México. Finalmente, el 7 de noviembre de 2025, el Órgano Judicial suspendió nuevamente la audiencia, lo que constituyó el sexto aplazamiento del juicio, al no haberse logrado completar las diligencias necesarias para garantizar la comparecencia y notificación de todos los imputados. Sidney Sitton, en la que se dictó un sobreseimiento definitivo. Papadimitriu argumenta que ello vulnera el artículo 32 de la Constitución, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Otro amparo fue presentado por el abogado Jaime Lasso, quien administró los fondos de la campaña del expresidente Varela. El 13 de noviembre de 2025, la Corte Suprema no admitió el recurso, en el que Lasso también alegaba doble juzgamiento, señalando que el Ministerio Público ya había investigado y archivado el caso de las donaciones al Partido Panameñista. Suspensiones y ausencia de asistencias judiciales La primera fecha de juicio del caso Odebrecht fue fijada para el 1 de agosto de 2023, pero no se concretó debido a que el tribunal no Transmisión en vivo Juicio Odebrecht La audiencia ordinaria del caso Odebrecht, programada para iniciar el próximo lunes 12 de enero, será transmitida en directo a través del canal de YouTube del Órgano Judicial, informaron las autoridades. La audiencia está prevista para comenzará a las 9:00 a.m. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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