1A La Prensa Panamá, viernes 9 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 9 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15256 Hoy por hoy Casi cuatro años después de que el expediente Odebrecht fuera remitido a juicio, Panamá sigue atrapada en una dilación judicial que ya resulta indescriptible. No se trata de un caso sin pruebas: hay confesiones, acuerdos de pena y admisiones formales de pagos de coimas sistemáticas. El hecho está probado. Lo que no ha ocurrido es la respuesta del sistema. La sucesión interminable de recursos, incidentes y suspensiones ha expuesto una vulnerabilidad alarmante del aparato judicial. La parálisis solo se explica por el abuso del derecho de defensa, convertido en una estrategia para desgastar, retardar y vaciar de contenido el proceso penal. Defenderse no puede equivaler a bloquear indefinidamente la justicia. La credibilidad del sistema, ya golpeada, no resiste más aplazamientos ni decisiones equívocas. Cada suspensión refuerza la percepción de que en Panamá los grandes casos no terminan nunca, aunque en otros países hayan producido condenas. La paradoja es que dos panameños fueron condenados por esas coimas en el extranjero y aquí aún no ha sido posible celebrar el juicio. La justicia tardía no es justicia: es una forma de impunidad. Ellas.pa Luis Tosar: ‘Desde muy joven me llamó la atención Panamá’ 5B Panamá Oeste expone su invicto ante Veraguas 4B Deportes Panorama Fragmentación impide atención integral: Boyd Galindo 4A ADEMÁS Voto cruzado y fin del voto plancha: la propuesta del TE 3A El juegavivo judicial del caso Odebrecht Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA El expediente del caso de las coimas lleva casi nueve años en manos del Órgano Judicial. Van seis aplazamientos. El caso Odebrecht en Panamá continúa sin llegar a juicio pese a haber transcurrido casi nueve años desde que el expediente fue remitido al Órgano Judicial en 2017. Desde entonces, el proceso ha estado marcado por una cadena de recursos legales, incidentes y aplazamientos que han frenado el avance del juicio oral. La Fiscalía Anticorrupción ha debido responder decenas de hábeas corpus, amparos de garantías y solicitudes de nulidad, muchas promovidas por figuras políticas de alto perfil incluidas en el expediente. El juicio ha sido fijado y suspendido en al menos seis ocasiones desde agosto de 2023. Las causas han variado: falta de valoración completa de pruebas, ausencia de asistencias judiciales internacionales, problemas en la notificación de imputados en el extranjero y la imposibilidad de practicar pruebas testimoniales clave solicitadas por la fiscalía. A ello se suma el traslado de varios procesos a la Corte Suprema de Justicia, tras la elección de algunos imputados como diputados del Parlamento Centroamericano. El Órgano Judicial informó que la audiencia del caso Odebrecht está programada para el próximo lunes 12 de enero y será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia. VEA 2A El petróleo venezolano ante el giro de Donald Trump La industria petrolera venezolana podría benficiarse con mayor producción de su oro negro para recuperar la exportación histórica. El regreso de Donald Trump al poder abrió la puerta a acuerdos con Estados Unidos y nuevas inversiones para reorientar el crudo hacia refinerías norteamericanas, en detrimento de otros mercados como el de China. VEA 1B Reyna Katiuska Hernández [email protected] Angustia y esperanza: familias de presos políticos aguardan su liberación VENEZUELA Reyna Katiuka Hernández [email protected] La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la incertidumbre entre familiares de los detenidos por razones políticas, ya que, hasta anoche, solo se había confirmado la liberación de cinco personas de nacionalidad española. La agencia EFE reportó colas de familiares en las afueras de recintos carcelarios como El Helicoide en Caracas. “La desinformación solo aumenta la angustia de las familias que siguen sin reFamiliares de presos políticos esperaban ayer en las afueras del El Helicoide en Caracas. EFE Peso de la carne y merma por cocción: la razón por la que suspendió una licitación millonaria La licitación para el suministro de alimentos a las cárceles de Colón fue suspendida tras un reclamo que cuestiona el peso real de las raciones de carne. Sin embargo, en Panamá, el Estado ya adjudicó un contrato millonario a la misma empresa aplicando el mismo criterio irregular. VEA 3A cibir datos oficiales”, dijo la ONG. VEA 6A Conmemoración El recuerdo y el legado de 1964 El monumento a los mártires del 9 de enero de 1964, en la avenida de los Mártires, recuerda a los estudiantes y civiles que defendieron la soberanía panameña tras el irrespeto al izado de la bandera nacional en la antigua Zona del Canal. Con diversos actos, Panamá conmemora el 62 aniversario de este acontecimiento histórico, que marcó las relaciones con Estados Unidos y fue un antecedente clave para la recuperación del Canal. VEA 2A, 7A Y 8A Anel Asprilla
2A La Prensa Panamá, viernes 9 de enero de 2026 El monumento, ubicado Balboa, está dedicado por el Canal de Panamá a los mártires del 9 de enero de 1964. Anel Asprilla José Alejandro Rodríguez [email protected] Cuatro hechos que no nos contaron del 9 de enero de 1964 HISTORIA Hay muchas cosas que no aprendimos de los mártires del 9 de enero de 1964. Te compartimos cuatro hechos. La bandera que no debía estar ahí La bandera estadounidense se izaba todos los días en la secundaria de Balboa. Hasta que el acuerdo Chiari-Kennedy entre Panamá y Estados Unidos estableció izar ambas banderas en 15 lugares específicos (posteriormente 17), pero excluyó a las escuelas. El 2 de enero, los estudiantes de la secundaria de Balboa volvieron de vacaciones, pero su bandera no estaba. Y ahí empezó todo. Se organizaron y protestaron en su misma escuela. Izaron la bandera ellos mismos y se mantuvieron en el asta, vigilando que nadie se la bajara. Las autoridades de la zona y los directivos les pidieron que la bajaran, pero no hicieron caso. Incluso algunos padres apoyaron a los estudiantes. Una madre zoneíta les advirtió: ¿Qué pasa con ustedes, adultos que creen que lo saben todo? Están creando mala voluntad entre Panamá y Estados Unidos en vez de cortesía y cariño. Aun así, la noticia se amplificó por la radio y los periódicos entre la población panameña. ¿Por qué los institutores? El Instituto Nacional era y sigue siendo una de las secundarias más prestigiosas del país, con profesores de alto nivel, donde la soberanía y el pensamiento crítico eran discutidos en clases. El 8 de enero, tres estudiantes del instituto fueron a la zona a averiguar por qué la bandera estadounidense seguía izada. Las autoridades les confirmaron que era ilegal y que la única razón por la que seguía allí era la protesta. Fueron entonces a hablar con los estudiantes que vigilaban el asta. La novia de uno de los institutores estudiaba en la secundaria de Balboa, lo que ayudó a la comprensión. Les explicaron que no les importaba si ambas banderas estaban izadas; solo querían que la suya estuviera al frente de su escuela. Ese mensaje se transmitió a sus compañeros que estaban organizando la marcha. En enero aún era horario escolar, pero, después de lo ocurrido, ese hecho se convirtió en una de las razones para que el horario escolar cambiara. ¿Quiénes eran los mártires? Hay nombres en la lista de mártires que nos duelen. Ascanio Arosemena, quien recibió un disparo mientras ayudaba a otro estudiante. Rosa Landecho, de 13 años, alcanzada por una bala perdida del ejército estadounidense, en respuesta a un francotirador panameño que disparaba desde el mismo edificio. Maritza Alabarca, una bebé colonense de pocos meses, que murió asfixiada por los gases lacrimógenos, y socorrida por su hermano corriendo por las calles de Colón en búsqueda del hospital. Pero hubo casos más incómodos. El arzobispo de la época, monseñor Marcos Gregrorio McGrath, lo explicó así: «El entierro representó para nosotros un gran problema moral. Algunos de los muertos no tenían nada de patriotas, eran ladrones que murieron mientras robaban, como aquellos que murieron en el edificio Pan American... Yo presidí la misa en la Iglesia Catedral, y tuvimos el problema de que los ataúdes fueron introducidos en la Iglesia sin identificación; tuvimos entonces que aceptar el mal menor, y enterrarlos a todos juntos como patriotas y con honras, sin poder distinguir entre ellos». Pero esto no resta en lo absoluto el gran heroísmo y la valentía de los casi 200 estudiantes, mujeres y hombres, que arriesgaron todo marchando hacia la zona y que nos inspiran hasta hoy. ¿Y los jóvenes de hoy? Se repite con frecuencia que los jóvenes ya no valoran el 9 de enero. El testimonio de Rosemary García de Newball, parte del equipo que restauró la bandera en 2021, cuenta otra cosa: “Cuando estábamos haciendo el trabajo, escuchamos un estruendo en la parte de afuera. Nos preocupaba la reacción al dejar el recinto. Cuando salimos, recibimos una sorpresa: los estudiantes del Instituto Nacional habían hecho una calle de honor mientras cantaban el himno del plantel. Muchos lloraban. Mi equipo y yo vivimos en carne propia el valor de esta bandera y lo que representaba.” Este texto se basa en el libro ‘9 de enero de 1964: lo que no me contaron’ de Wendy Tribaldos y está dedicado a Domingo Cho, lector de La Prensa y participante de la gesta del 9 de enero de 1964. La denuncia fue presentada en 2015. EFE Caso Odebrecht: entre maniobras legales y asistencias judiciales Juan Manuel Díaz [email protected] AUDIENCIA La fiscalía respondió unos 50 recursos de habeas corpus y otros 200 incidentes de distinta índole, orientados a la nulidad del proceso, la exclusión de pruebas y la separación de imputados del expediente. Tras casi cuatro años desde la remisión de su vista fiscal, la investigación del caso Odebrecht ha enfrentado cientos de recursos y maniobras legales que han frenado el proceso y retardado el inicio del juicio. De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la fiscalía respondió al menos unos 50 recursos de habeas corpus y otros 200 incidentes de distinta índole, orientados a la nulidad del proceso, la exclusión de pruebas y la separación de imputados del expediente. Desde 2017, la entonces procuradora general Kenia Porcell instó a la Corte Suprema de Justicia a resolver la multiplicidad de habeas corpus y amparos de garantías constitucionales que se encontraban en trámite y que dilataban el avance de las investigaciones. La denuncia original fue presentada en 2015 por Alvin Weeden (q.e.p.d.). En ese momento, Porcell señaló que el Ministerio Público estaba “jugando su rol contra la corrupción; sin embargo, otras entidades tenían que desempeñar su papel… tenemos que evaluarnos todos como país en la lucha contra la corrupción”. Habeas corpus y amparos El expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, y sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, investigados en este caso, promovieron diversos recursos, entre ellos varios amparos de garantías constitucionales contra la decisión de la fiscalía de formularles cargos. Los hermanos Martinelli Linares admitieron ante un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, haber conspirado para lavar $28 millones procedentes de la constructora brasileña Odebrecht. Tras ser detenidos y acusados, reconocieron haber creado cuentas bancarias y compañías ficticias para recibir sobornos durante el mandato de su padre en Panamá (20092014). Ambos figuraban inicialmente en el auto de llamamiento a juicio emitido el 7 de noviembre de 2022. Sin embargo, tras ser electos como miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en los comicios de 2024, sus casos pasaron a la Corte Suprema de Justicia, debido a la prerrogativa constitucional que establece que los diputados deben ser juzgados por ese tribunal. El expresidente Juan Carlos Varela, quien también figura en el auto de llamamiento a juicio, tampoco estará presente en la audiencia que inicia el próximo lunes, ya que igualmente fue electo como miembro del Parlacen y su caso se encuentra bajo conocimiento de la Corte. A Varela se le acusa de haber utilizado fondos de Odebrecht para su campaña política, aunque él y sus abogados sostienen que los cargos son infundados. La Corte Suprema mantiene además en trámite la apelación de un amparo de garantías fallado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que excluyó del proceso a Aaron Mizrachi Malca. La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo apeló la decisión emitida el 16 de septiembre, mediante la cual se concedió el amparo y se separó a Mizrachi del juicio. Los magistrados del Primer Tribunal Superior, Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro, admitieron la apelación y remitieron el caso al Pleno de la Corte Suprema, que deberá decidir si mantiene o revoca el fallo. En su decisión, los magistrados señalaron que la Fiscalía Especial Anticorrupción incurrió en una “ausencia de especificación sobre modo, tiempo y lugar de la conducta” atribuida a Mizrachi, lo que encuadra en la causal de nulidad prevista en el numeral 4 del artículo 2294 del Código Judicial. El pasado 5 de enero, el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu presentó un amparo de garantías contra la decisión de la jueza Baloisa Marquínez de llamarlo a juicio. Alegó violación del principio de doble juzgamiento, al sostener que los hechos que se le atribuyen ya fueron investigados por el Ministerio Público en una denuncia presentada por el abogado había concluido la valoración de las pruebas. Posteriormente, se señaló una segunda fecha para el 27 de septiembre de 2023, que tampoco se realizó por la misma razón: la valoración probatoria seguía inconclusa. Más adelante, el juicio fue programado para el 15 de julio de 2024, con una fecha alterna el 16 de septiembre del mismo año, pero ninguna de las dos pudo llevarse a cabo debido a la ausencia de diversas asistencias judiciales, entre ellas la notificación de dos imputados en Perú, Gonzalo Eduardo Monteverde y María Isabel Carmona, quienes hasta ese momento permanecían prófugos. Luego, el tribunal fijó el inicio del juicio para el 12 de noviembre de 2024, pero nuevamente fue suspendido, esta vez por la falta de pruebas testimoniales solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, consistentes en la declaración de ocho testigos colaboradores que aún no han podido ser interrogados por la defensa. Posteriormente, el 20 de enero de 2025, el juicio volvió a suspenderse debido a la ausencia de asistencias judiciales internacionales, específicamente provenientes de Brasil y México. Finalmente, el 7 de noviembre de 2025, el Órgano Judicial suspendió nuevamente la audiencia, lo que constituyó el sexto aplazamiento del juicio, al no haberse logrado completar las diligencias necesarias para garantizar la comparecencia y notificación de todos los imputados. Sidney Sitton, en la que se dictó un sobreseimiento definitivo. Papadimitriu argumenta que ello vulnera el artículo 32 de la Constitución, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Otro amparo fue presentado por el abogado Jaime Lasso, quien administró los fondos de la campaña del expresidente Varela. El 13 de noviembre de 2025, la Corte Suprema no admitió el recurso, en el que Lasso también alegaba doble juzgamiento, señalando que el Ministerio Público ya había investigado y archivado el caso de las donaciones al Partido Panameñista. Suspensiones y ausencia de asistencias judiciales La primera fecha de juicio del caso Odebrecht fue fijada para el 1 de agosto de 2023, pero no se concretó debido a que el tribunal no Transmisión en vivo Juicio Odebrecht La audiencia ordinaria del caso Odebrecht, programada para iniciar el próximo lunes 12 de enero, será transmitida en directo a través del canal de YouTube del Órgano Judicial, informaron las autoridades. La audiencia está prevista para comenzará a las 9:00 a.m. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, viernes 9 de enero de 2026 Panorama Las cárceles del país albergan a más de 20 mil privados de libertad. Archivo Reclamo por licitación en cárceles revela anomalías Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] COMPRA ESTATAL El Estado podría terminar pagando millones de dólares por toneladas de alimentos que nunca llegarán a las bandejas de las personas privadas de libertad. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió la licitación de 33.6 millones de dólares para el suministro de alimentos en los centros penitenciarios de Colón, luego de que el Consorcio C&J Food Services Panamá —uno de los dos participantes— presentara un reclamo contra el informe de la comisión evaluadora. El otro competidor, el Consorcio Panameño de Alimentación Colón, que había obtenido la mayor puntuación y esperaba la adjudicación, deberá ahora aguardar mientras el proceso queda detenido. Pero más allá de la suspensión, los argumentos del reclamo exponen un problema de fondo que podría traducirse en pérdidas millonarias para el Estado panameño. El principal argumento del reclamo señala que la propuesta que encabeza la puntuación —presentada por el Consorcio Panameño de Alimentación Colón— incumple un requisito esencial del Pliego de Cargos: el peso mínimo cocido de las porciones de carne que deben recibir las personas privadas de libertad y el personal custodio. El pliego establece que las raciones de pollo, pescado, res o cerdo para almuerzo y cena deben contener tres onzas de carne magra cocida, una especificación diseñada para garantizar el aporte proteico diario por el que el Estado paga. Sin embargo, C&J Food Services sostiene que el proponente mejor puntuado calculó sus porciones con base en 90 gramos de carne cruda, sin considerar la merma natural que ocurre durante la cocción. En términos técnicos, explican, el rendimiento de la carne cruda a cocida es siempre inferior al 100%, por lo que se requiere un gramaje mayor para cumplir con las tres onzas establecidas en el contrato. Al no ajustar el peso crudo al rendimiento real, la propuesta del Consorcio Panameño de Alimentación Colón —según el reclamo— no alcanzaría la porción mínima exigida una vez servida en los platos. Esto implicaría que el Estado pagaría por una cantidad de proteína superior a la que realmente se entregaría en los centros penitenciarios. Para C&J Food Services, este punto no es un detalle accesorio, sino un incumplimiento sustancial que “desnaturaliza el alcance del servicio contratado” y afecta directamente la calidad nutricional que debe recibir la población penitenciaria. Las consecuencias El reclamo enfatiza además la responsabilidad de la comisión evaluadora —y en particular de la comisionada nutricionista del Ministerio de Gobierno— de verificar el cumplimiento estricto de este parámetro técnico. El consorcio sostiene que la omisión de esta verificación coloca al Estado en desventaja y abre la puerta a lo que consideran una “lesión patrimonial”, pues se pagaría por tres onzas de carne, pero se recibiría menos. La situación, afirman, vulnera los principios de legalidad, igualdad de condiciones y buen uso de fondos públicos establecidos en la Ley 22 de 2006. Uno de los cálculos más llamativos del reclamo es la estimación del impacto económico. Según C&J Food Services Panamá, la diferencia entre lo contratado y lo realmente entregado representaría un perjuicio de cientos de toneladas de carne a lo largo de los 2,191 días de prestación del servicio. Esta cifra, de confirmarse, implicaría un volumen considerable de proteína que el Estado pagaría sin recibir. El consorcio concluye que la propuesta del Consorcio Panameño de Alimentación Colón no cumple con el numeral 11 de los requisitos del Pliego de Cargos ni con la Resolución 579 de 2019, modificada por la 1289 de 2020 del Ministerio de Salud, que regula los estándares mínimos de las raciones. Esta última resolución del Minsa señala que, por ejemplo, para que una pechuga de pollo rinda 30 gramos cocidos, debe pesar al menos 41.1 gramos en crudo. Es decir, que en el caso de una porción de 90 gramos —o tres onzas cocidas— se requerirían aproximadamente 123 gramos de carne cruda. Esto implica un faltante de 33 gramos por porción en el caso del pollo. Lo mismo ocurre con las porciones de carne de res: para obtener 90 gramos cocidos, el Minsa establece que deben pesarse al menos 126 gramos en crudo. Esto significa que faltarían 36 gramos por porción si se toma en cuenta que el consorcio mejor puntuado propone únicamente 90 gramos crudos para todas las carnes. En el reclamo se advierte que aceptar una oferta que no garantice las tres onzas cocidas de carne significaría comprometer recursos públicos y afectar la calidad del servicio penitenciario. El expediente queda ahora en revisión por la DGCP, que deberá determinar si hubo errores en la evaluación y si corresponde retrotraer el proceso. ¿Más millones en riesgo? Resulta que el mismo grupo empresarial —Consorcio Alimentando Panamá, S.A.— obtuvo la licitación para el suministro de alimentos en los centros penitenciarios de Panamá, por 209.6 millones de dólares. En esa adjudicación, el consorcio aplicó el mismo criterio cuestionado en Colón: calculó las porciones sobre la base de 90 gramos de carne cruda, sin tomar en cuenta la merma natural del proceso de cocción. El pliego era claro: las raciones debían contener 90 gramos —o tres onzas— de carne magra cocida. Sin embargo, la propuesta presentada —y aceptada— no garantiza ese peso real en el plato. Con la licitación ya adjudicada, el riesgo es mayor. Si no se corrige la diferencia entre peso crudo y cocido, el Estado podría terminar pagando millones de dólares por toneladas de alimentos que nunca llegarán a las bandejas de las personas privadas de libertad. El consorcio presentó una propuesta por 209.6 millones de dólares, exactamente el precio de referencia fijado por el Ministerio de Gobierno. Este monto incorpora un incremento en la ración diaria, que pasa de 4.60 a 5.50 dólares, en comparación con el contrato aún vigente. La licitación tampoco estuvo exenta de cuestionamientos, ya que potenciales competidores alertaron sobre especificaciones que, a su juicio, otorgaban ventajas al Consorcio Alimentando Panamá. En total, 15 empresas participaron en el proceso de homologación, pero solo se presentó una propuesta final. Comisión Nacional de Reformas Electorales, sesión del 7 de enero de 2026. Captura de pantalla Voto cruzado y fin del voto plancha: la propuesta del TE REFORMA ELECTORAL Eliana Morales Gil [email protected] El Tribunal Electoral (TE) presentó una propuesta para modificar el artículo 424 del Código Electoral, con el propósito de cambiar el sistema de votación en los circuitos plurinominales. La iniciativa, presentada ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) el pasado miércoles, permite que los votantes puedan elegir candidatos de diferentes listas dentro de su circunscripción, sin exceder el número de curules a asignar. Además, propone eliminar la opción de voto plancha, uno de los mecanismos que cada cinco años enciende crudos debates en las elecciones generales. Actualmente, el sistema electoral en Panamá es considerado complejo debido a la fórmula de “cociente”, “medio cociente” y “residuo”, que determina la asignación de curules. El TE asegura que la reforma permitirá una elección más libre. Actualmente, el sistema electoral en Panamá es considerado complejo debido a la fórmula de “cociente”, “medio cociente” y “residuo”, que determina la asignación de curules. El TE asegura que la reforma permitirá una elección más libre. La propuesta elimina el voto plancha, lo que obligaría a los electores a marcar individualmente las casillas correspondientes a sus opciones preferidas, en lugar de elegir todos los candidatos de un partido con una sola marca. En conclusión, la iniciativa del TE tiene dos opciones claras para los votantes: Votar por todos los candidatos de una lista de un solo partido o de una lista de libre postulación, con la opción de marcar con un gancho o cruz en la casilla correspondiente. Votar selectivamente por uno o más candidatos dentro de una o varias listas de los partidos políticos o listas de libre postulación, pero sin exceder el número de curules disponibles en su circunscripción. La historia Ruben Darío González, jefe de la Dirección de Organización Electoral del TE, quien sustentó la propuesta, habló sobre la historia del sistema electoral panameño. Recordó que el mecanismo actual ha estado en vigor desde la Ley 1 de 1916, pero ha sido objeto de críticas debido a la falta de comprensión de los votantes sobre cómo se asignan las curules. A pesar de las modificaciones realizadas a lo largo de los años, dijo, el sistema sigue siendo percibido por muchos como confuso, ya que permite que candidatos con menos votos terminen siendo elegidos debido a los complejos cálculos matemáticos. “Este cambio lleva consigo algunos aspectos fundamentales. Un candidato, un voto. Y darle la posibilidad al elector de escoger a los candidatos que él considera que son los mejores. El sistema actual es un sistema de lista cerrada pero no bloqueada. Es decir, que el elector puede votar por uno, por varios o por todos lo de una oferta de un partido político o de una lista por libre postulación”, sustentó. Las reacciones La propuesta generó reacciones inmediatas de parte de los representantes de algunos sectores que participan en la comisión. José Isabel Blandón, del Partido Panameñista, pidió más discusión antes de avanzar con la propuesta y expresó dudas de fondo sobre sus efectos. Advirtió que la representación proporcional está consagrada en la Constitución para garantizar la presencia de minorías y que, si se elimina el sistema de cociente, medio cociente y residuo para pasar a un modelo donde resultan electos los candidatos con más votos individuales, manteniendo además la posibilidad de votar por todos los candidatos de un mismo partido, se abre la puerta a que una sola fuerza política concentre todas las curules de una circunscripción. A su juicio, ese escenario anularía en la práctica la representación proporcional que el sistema busca proteger. Félix Wing, del Movimiento Otro Camino, coincidió con las advertencias del representante del Partido Panameñista y apeló a la Constitución. Advirtió que la representación proporcional, consagrada en el artículo 147 de la Constitución, da sentido al sistema de cociente, medio cociente y residuo, el cual, afirmó, ha sido alterado durante décadas por los partidos mayoritarios mediante cambios en las reglas de adjudicación de curules que favorecen sus intereses. Explicó que esas modificaciones permiten que los mismos votos se cuenten varias veces, lo que distorsiona el sistema, genera desconfianza ciudadana y vacía de contenido la representación proporcional. A su juicio, eliminar ese esquema no corrige el problema, sino que refuerza las “aplanadoras legislativas” al debilitar la presencia de partidos medianos y minoritarios. Añadió que el voto plancha ya fue examinado por la Corte Suprema de Justicia, que concluyó que no es inconstitucional. Mientras que Yanibel Ábrego, de Cambio Democrático, recordó que su partido impulsó en 2014 un sistema basado en el principio de que la curul debe corresponder al candidato con más votos, una reforma que posteriormente la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional. A partir de esa experiencia, pidió claridad sobre si el Tribunal Electoral ha consultado previamente a la Corte respecto a la nueva redacción del artículo 424. Aunque reiteró que su colectivo respalda la idea de que los ciudadanos puedan elegir libremente a los candidatos con mayor respaldo, advirtió que una reforma sin sustento constitucional repetiría errores del pasado.
4A La Prensa Panamá, viernes 9 de enero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] APOYO. Popi Varela está a favor de la rebaja de pena de Milena de Ferrufino, porque conoce su “calidad humana” y ha visto cómo el proceso judicial ha afectado su vida familiar y su situación económica. Imaginen lo que debe pensar de los imputados de Odebrecht… Ahora, a gozar los millones. PACES. Por cierto, Popi acompañó ayer al presidente Mulino en una gira de trabajo en Herrera. Si Martinelli y Juan Carlos Varela se han reconciliado, por qué no habrían de hacerlo los demás… PLANCHA. El Tribunal Electoral (TE) propone que, en los circuitos plurinominales, se pueda votar por candidatos de diferentes listas. Adivinen qué va a pasar… Pues lo mismo de siempre: los partidos políticos se van a atrincherar para que esta propuesta no prospere. ¿Para qué la Comisión Nacional de Reformas Electorales se pasa meses, incluso años, trabajando en las modificaciones al Código Electoral, si luego, cuando el proyecto llega a la Asamblea, los partidos hacen lo que les da la gana? Mejor sería que digan desde el principio cuáles son las maleanterías que quieren mantener o reformar, y así nos ahorramos esta imposible sesión de estética que se hace cada cinco años. FARRA. Los diputados Manuel Cohen y Joan Guevara impulsan una propuesta legislativa para obligar a la ATP a entregar un “apoyo económico” a las juntas de carnaval de todo el país. ¿Qué otra extravagancia van a inventar? ¿Un artículo para que cada diputado tenga un carro alegórico o un decreto para hacer un topón con las distintas banEl ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. Elysée Fernández La fragmentación actual impide una atención integral: Boyd Galindo Aleida Samaniego C. [email protected] ENTREVISTA En una entrevista con La Prensa, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que la integración del Minsa y la CSS busca garantizar atención médica eficiente a todos los panameños. En un contexto marcado por presiones financieras y una demanda creciente de atención médica, el sistema de salud panameño enfrenta un momento decisivo: avanzar hacia su unificación. Para el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, este es uno de los objetivos prioritarios de su gestión en 2026. La propuesta busca integrar los servicios del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), una aspiración que ha sido planteada por distintas administraciones durante más de medio siglo, pero que hasta ahora no ha logrado concretarse de manera integral. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Panamá contará en 2024 con 952 instalaciones de salud distribuidas en todo el país, entre ellas 61 hospitales, 295 centros de salud y 596 subcentros y puestos de salud. No obstante, la coexistencia de dos sistemas separados ha generado una fragmentación que limita el acceso efectivo de la población a estas infraestructuras. En la práctica, la abundancia de instalaciones no se traduce necesariamente en atención oportuna y eficiente para todos los ciudadanos. En entrevista con La Prensa, Boyd Galindo explicó que la integración apunta a garantizar que todos los panameños —asegurados o no— puedan recibir atención médica en cualquier instalación del sistema nacional de salud. La meta es eliminar barreras administrativas y geográficas, especialmente en regiones donde la presencia de la CSS es limitada o inexistente, como Darién y las comarcas indígenas. Actualmente, la CSS cuenta con apenas 78 instalaciones propias, lo que obliga a depender de la red del Minsa para cubrir amplias zonas del país. Regiones como Darién, tramos completos entre Santiago y David, y sectores periféricos de Panamá Norte carecen de infraestructura de la CSS, a pesar de albergar a miles de asegurados. En ese sentido, el ministro consideró que resultaría injustificado destinar millones de dólares a nuevas construcciones cuando ya existen centros del Minsa que podrían ser utilizados de forma integrada. La estrategia de unificación comenzará en las provincias de Herrera y Los Santos, donde ambos sistemas cuentan con instalaciones compatibles. Según Boyd Galindo, la región de Azuero fue seleccionada como punto de partida porque ofrece condiciones favorables para implementar el modelo de integración. En esta etapa inicial, algunas instalaciones concentrarán especialidades complementarias, lo que permitiría una atención más eficiente y un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Uno de los aspectos más debatidos de la integración es su impacto financiero, especialmente sobre la CSS. Frente a estas inquietudes, el ministro aseguró que el proceso no requerirá inversiones adicionales significativas, ya que tanto el Minsa como la CSS disponen del personal y los recursos necesarios. El enfoque, subrayó, no es gastar más, sino optimizar lo que ya existe. Sobre el temor a una posible sobrecarga financiera para la CSS, Boyd Galindo aclaró que la integración no implicará que una institución asuma los costos de la otra. Como ejemplo, mencionó el Instituto Oncológico Nacional (ION), donde más del 60% de los pacientes son asegurados. En ese caso, el objetivo ha sido mejorar la gestión y la coordinación para beneficiar directamente al paciente, sin trasladar cargas indebidas entre instituciones. El ministro destacó que la fragmentación actual del sistema dificulta la coordinación de recursos y la provisión de una atención integral. La unificación permitiría consolidar la gestión bajo una estructura organizativa más coherente, optimizando el uso de medicamentos, equipos y personal médico, y garantizando un acceso más equitativo a los servicios de salud en todo el país. Además, reveló que la integración avanza a un ritmo más acelerado de lo previsto, con progresos ya visibles en el área de oncología. Actualmente, el sistema oncológico nacional es gestionado por el ION, y se ejecutan mejoras en diversas instalaciones. La intención es que este modelo se extienda gradualmente a otras especialidades y regiones. Finalmente, Boyd Galindo subrayó que la integración debe ir acompañada de un fortalecimiento del primer nivel de atención. Esto implica la creación y consolidación de puestos de salud en todas las comunidades, de modo que los pacientes puedan ser atendidos cerca de sus hogares. Esta estrategia permitiría reducir la congestión en hospitales y salas de urgencias, especialmente en casos de enfermedades comunes o leves. Aleida Samaniego C. [email protected] Miles de mujeres suelen comprar o alquilar vestidos para el Desfile. Archivo MEF restringe el uso de fondos públicos para el Desfile de las Mil Polleras FONDOS PÚBLICOS El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró ayer el contenido de la Circular MEF-2025-81562, emitida el 5 de diciembre de 2025 en conjunto con la Contraloría General de la República, mediante la cual se restringe toda asignación, uso y desembolso de recursos y fondos públicos destinados a la participación de delegaciones oficiales y entidades públicas del Estado. De acuerdo con el MEF, este lineamiento responde al compromiso del Gobierno Nacional con la contención del gasto público y la adecuada priorización de los recursos, con el objetivo de asegurar beneficios directos para la ciudadanía. La medida aplica a autoridades y funcionarios de los distintos órganos del Estado, incluyendo instituciones descentralizadas y autónomas, empresas públicas e intermediarios financieros. Esta disposición forma parte de la política de austeridad y del uso eficiente de los fondos públicos impulsada por la actual administración. El MEF precisó que la única excepción a esta restricción corresponde a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), conforme a lo dispuesto en la Ley 116 de 10 de diciembre de 2013, relacionada con la organización y celebración del Día del Desfile de las Mil Polleras. La entidad explicó que estas disposiciones buscan garantizar una gestión responsable de las finanzas públicas, en un contexto de disciplina fiscal y control del gasto estatal. También el contralor general de la República, Anel Flores, ha reiterado que los funcionarios que quieran usar vestidos tradicionales en el Desfile de Las Mil Polleras no pueden echar mano de fondos públicos. cadas? AJUSTE. El diputado José Pérez Barboni presentó un anteproyecto para rebajar de 12 a 10 años la edad de responsabilidad penal de los adolescentes. Muy bien. Deberían aprovechar para también modificar las prerrogativas (juicio especial, prueba idónea, plazos de investigación…) de aquellos diputados que enfrentan procesos penales. Quejas por cobro adelantado de tarifa de basura La empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), concesionaria del servicio de recolección y gestión de residuos en el distrito de San Miguelito hasta el próximo domingo 18 de enero de 2026, enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de los moradores debido al manejo del cobro adelantado de la tasa de aseo correspondiente al mes de enero. Residentes del distrito de San Miguelito denuncian un incremento en la factura mensual de la tasa de aseo correspondiente a diciembre, cuyo plazo máximo de pago vence el 17 de enero, lo que ha generado inconformidad entre los usuarios. El aumento se reflejó en la factura de energía eléctrica gestionada por la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA), encargada desde agosto de 2023 de incluir en su recibo el cobro de la tasa de aseo del distrito. Este mecanismo está autorizado por la Ley 51 de 2010, que permite incorporar dicho cobro en el recibo de luz. Según la queja de los residentes, en el recibo correspondiente a diciembre se registró un incremento aproximado del 60% en la tarifa de aseo. Por ejemplo, en una residencia donde usualmente se pagaban $6.60 mensuales, la última factura de 2025 reflejó un aumento de $4.14, para un total de $10.74. SAN MIGUELITO Yaritza Mojica [email protected] Basura en San Miguelito en diciembre pasado. Archivo
5A La Prensa Panamá, viernes 9 de enero de 2026
6A La Prensa Panamá, viernes 9 de enero de 2026 La líder opositora María Corina Machado aseguró que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, es “absolutamente temporal” e insistió en que su país está en un proceso hacia la “transición”. Machado, en una entrevista el miércoles con el medio venezolano La Patilla, afirmó que la Administración de Rodríguez, quien juró al cargo el lunes por orden el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es “absolutamente temporal”. “Y el objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible”, añadió Machado. El pasado lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que elpaíssuramericano“recupere su salud”. En una entrevista con la cadena NBC News, el mandatario dibujó una transición de Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país. Machado: el gobierno de Delcy es ‘absolutamente temporal’ Familiares de los presos políticos se abrazan a las afueras del centro penitenciario Rodeo I ayer, en Caracas, Venezuela. EFE Parlamento venezolano anuncia liberación de detenidos políticos EFE. CARACAS, VENEZUELA El chavismo anunció la liberación de un grupo de presos, incluidos ciudadanos españoles, como gesto unilateral tras la captura de Nicolás Maduro y en medio de presiones internacionales. El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la “liberación” de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un “gesto unilateral” para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” del país. Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que “este proceso de excarcelación” está “ocurriendo desde este mismo momento” y agradeció al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. También al Reino de Catar y “especialmente” a las instituciones del Estado, que -añadió- “atendieron al llamado” de la presidenta encargada de Venezuela, quien ocupa el cargo tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. “Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, afirmó Rodríguez, en una comparecencia ante la prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Este anuncio se da cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y la presión por parte de varias ONG y líderes opositores para la liberación de los presos políticos. Según el último boletín de la ONG Foro Penal, en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno de Venezuela es que están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles. En tanto, familiares de los presos políticos dijeron que esperan que las liberaciones sean “masivas” porque, argumentaron, “todos” estos detenidos presentan condiciones de salud, tanto físicas como mentales, que deben ser atendidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó que Venezuela ha liberado a cinco ciudadanos españoles, uno de ellos una ciudadana con doble nacionalidad. Sin precisar el número de liberados, fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que el proceso se haría ayer mismo. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el surinamés Albert Ramdin, calificó como una “buena noticia” los anuncios de liberaciones de detenidos y expresó su expectativa de que beneficien a “todas las personas detenidas injustamente”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir ayer en que cree que el Gobierno cubano “está muy cerca” de caer, pero evitó amenazar con una intervención directa durante una entrevista en un programa de radio de corte conservador. Trump afirmó que creía en la posibilidad de una pronta salida del Gobierno de Miguel Díaz-Canel cuando el comentarista conservador Hugh Hewitt le preguntó sobre el tema en una entrevista. Sin embargo, el mandatario no hizo alusión a una posible intervención en el terreno al asegurar que “no se puede ejercer mucha presión” y dijo que el posible cambio de Gobierno estaría vinculado a que La Habana está perdiendo el respaldo económico de Venezuela, luego de que Estados Unidos capturara al presidente, Nicolas Maduro, y avanzara esta semana acuerdos políticos y económicos con el Gobierno interino de Caracas. Aunque Trump evitó hablar de operaciones en Cuba, resaltó durante la entrevista que la política de presión de su Administración sobre La Habana continuará. Trump dice que el régimen cubano está a punto de caer Gustavo Petro y Donald Trump. EFE VENEZUELA Gustavo Petro temía que Estados Unidos hiciera lo mismo en su país El presidente de Colombia, Gustavo Petro, temía una posible acción militar de Estados Unidos tras duras amenazas del presidente Donald Trump, en un contexto marcado por la operación estadounidense que culminó con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro. Trump acusó a Petro de fabricar cocaína para enviarla a Estados Unidos y afirmó que una intervención militar contra Colombia “sonaba bien”. Las declaraciones provocaron una reacción inmediata del mandatario colombiano, quien llamó a la población a movilizarse en defensa de la soberanía nacional, difundió mensajes de indignación en redes sociales y afirmó sentirse “en peligro”. Según The New York Times, una llamada telefónica entre ambos mandatarios logró desescalar la crisis y reducir temporalmente la tensión bilateral. Durante esa llamada, hecha por Petro, este explicó las acciones de su país contra el narcotráfico. Los mandatarios acordaron una reunión la próxima semana en la Casa Blanca. La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo que espera tener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para definir la fecha y la agenda del encuentro, en medio de un clima diplomático tenso. Un bloqueo simbólico de nueva acción en Venezuela El Senado estadounidense aprobó una resolución conjunta que busca bloquear nuevas e hipotéticas incursiones militares del Gobierno de Donald Trump en Venezuela y que contó con el apoyo de cinco republicanos. La medida, eminentemente simbólica, se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra, ya que cinco senadores del partido de Trump, que cuenta con una escueta mayoría en el hemiciclo, se unieron a la bancada demócrata. Aunque la aprobación en el Senado supone un primer paso significativo, para ser vinculante debería ser aprobada también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y ser firmada después por el propio Trump, que de seguro la vetaría. “Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que votaron junto con los demócratas en un intento de arrebatarnos la facultad de luchar y defender a EE.UU. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían ser elegidos para ningún cargo público jamás”, escribió Trump en su red Truth Social.
7A La Prensa Panamá, viernes 9 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. bios políticos y sociales. El país atravesó una dictadura militar que limitó las libertades fundamentales, seguida de gobiernos democráticos que han logrado avances significativos, pero que también han enfrentado desafíos persistentes, particularmente en materia de justicia y rendición de cuentas La corrupción y la impunidad han sido problemas recurrentes que han debilitado las instituciones, erosionado la confianza ciudadana y afectado la calidad de vida de los panameños. Estos desafíos subrayan la necesidad de aprender de los errores del pasado y de fortalecer un sistema institucional que garantice que la ley y la justicia sean iguales para todos. Panamá enfrenta hoy un momento histórico de gran relevancia: el proceso de alfabetización cívica vinculado a la elaboración de una nueva Constitución. Se trata de una invitación a formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con el bienestar común. Es una oportunidad para reflexionar sobre la estructura del Estado, corregir conflictos de interés, crear incentivos adecuados y participar activamente en la construcción de un país más justo y equitativo. El 9 de enero nos recuerda que la soberanía y la dignidad nacional no se sostienen únicamente con símbolos, banderas o monumentos. Requieren ciudadanos activos, conscientes de su Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Cuando nadie puede atribuirse el ‘se los dije’ Venezuela Durante meses —especialmente en las semanas previas al desenlace venezolano— analistas, columnistas y centros de pensamiento repitieron un mismo libreto: la salida de Nicolás Maduro ocurriría por una renuncia negociada, quizá acompañada por su cúpula, abriendo paso a una transición encabezada por el ganador electoral, Edmundo González Urrutia. No era una hipótesis marginal: era el escenario trabajado y defendido desde Washington hasta Madrid. Nada de eso ocurrió. Maduro no renunció públicamente. No hubo pacto visible. El ganador de las elecciones no asumió el poder. Y, en un giro que descolocó incluso a los observadores más escépticos, Delcy Rodríguez emergió como presidenta encargada. Un desenlace que casi nadie anticipó y que, por su propia naturaleza, no permite a ningún analista decirhonestamente“selosdije”. Este no es un simple error de pronóstico. Es algo más profundo. El problema no fue la información, sino el marco Los analistas no carecían de datos. Había presión internacional, sanciones, aislamiento diplomático, resultados electorales que cuestionaban la legitimidad del poder y un desgaste evidente del liderazgo personal de Nicolás Maduro. Todo eso estaba sobre la mesa. El error estuvo en asumir que el poder se comporta de forma lineal. Durante años, el análisis sobre Venezuela giró alrededor de cuatro salidas “clásicas”: renuncia pactada, quiebre militar, colapso económico o intervención externa. Incluso cuando se discrepaba sobre cuál era más probable, todos compartían el mismo tablero mental. El desenlace reciente, en cambio, no estaba en ese tablero. No fue una transición, fue un repliegue Lo ocurrido no se parece a una transición democrática ni a un golpe tradicional. Es algo distinto: un repliegue controlado del poder. Maduro sale del centro sin caer formalmente. El núcleo del sistema se preserva. El liderazgo se despersonaliza para protegerse. Y la figura que asume no representa ni ruptura ni continuidad electoral, sino funcionalidad política: administrar el choque, contener presiones y ganar tiempo. Este tipo de movimiento es propio de sistemas autoritarios maduros, pero rara vez aparece en los modelos de predicción, que buscan momentos de quiebre visibles. El poder real, en cambio, suele optar por mutar sin romperse. Por qué nadie puede capitalizarlo Algunos dirán que “advirtieron presión”; otros, que “hablaron de fracturas” o que “no descartaron salidas no convencionales”. Todo eso puede ser cierto, pero es insuficiente. Nadie anticipó un escenario en el que el presidente no renuncia ni es reemplazado formalmente, el ganador electoral no asume y el sistema se reorganiza internamente bajo una figura no electa, pero institucionalmente funcional. Por eso este desenlace no tiene autores reclamando crédito. No porque falte ego, sino porque el evento derrotó a la predicción. Epílogo La lección es incómoda: se subestimó la plasticidad del autoritarismo. La política real, especialmente en regímenes cerrados, no responde a manuales. Responde a la supervivencia. Y cuando el poder decide no caer, puede reinventarse sin avisar. Arbitrariedad criminal Vacunación infantil Todas estas enfermedades tienen un impacto horroroso en nuestro país, que muchos no reconocen precisamente porque por años se han prevenido con las vacunas y la vacunación. No necesitan nuestros hijos un experimento sin método ni ética para complacer a una banda de individuos que sigue una ideología política basada en rencores y teorías de confabulación. Hoy más que nunca, los padres buscan guías claras basadas en evidencia científica, cuando les cuesta mucho más entender cómo un organismo de salud, otrora guía de políticas preocupadas por mantener la salud, hace recomendaciones diametralmente opuestas a lo que se ha venido haciendo por años. Solo ayer, una mamá de primera vez, con su bebé de dos meses de edad —edad en la que comienzo a vacunar a los niños con algunas de estas vacunas—, con el rostro marcado por la preocupación y la incertidumbre, me dijo que en TikTok, todos los días y a toda hora, personas sin formación médica —eso no lo sabía ella— anunciaban con toda clase de estilos contra las vacunas mencionadas. Los tiempos actuales son inciertos y precarios. En las calles lo vemos todos los días. Hemos permitido que la mentira supere la verdad, que la opinión personal sobrepase la evidencia científica, que la fuerza se imponga a la razón. Esto hay que detenerlo. En el Pedro Ernesto Vargas 9 de enero: memoria histórica y compromiso ciudadano Soberanía Cada 9 de enero, Panamá recuerda un episodio crucial de su historia contemporánea. En 1964, un grupo de estudiantes panameños izó la bandera nacional en la entonces Balboa High School, ubicada en la antigua Zona del Canal. Este acto cívico, sencillo en apariencia pero cargado de significado, buscaba afirmar la soberanía y la dignidad nacional en un territorio aún marcado por la presencia estadounidense. La acción de aquellos jóvenes, motivada por el deseo de que la bandera panameña fuera reconocida y respetada, desató una revuelta que se convirtió en símbolo de resistencia y orgullo patrio, dejando una profunda huella en la conciencia colectiva del país. Lo ocurrido aquel día no fue solo un conflicto estudiantil; fue la manifestación de un sentimiento nacional que reclamaba respeto, identidad y justicia. La valentía de esos estudiantes, dispuestos a enfrentar la adversidad por el reconocimiento de la bandera y, con ello, de la soberanía nacional, marcó un antes y un después en la historia de Panamá. Sus acciones trascendieron el ámbito escolar y se convirtieron en un recordatorio de que la defensa de la identidad y la dignidad exige compromiso y determinación. Han pasado 62 años desde aquel momento, y la historia de Panamá ha estado marcada por profundos campapel en la sociedad, dispuestos a defender un sistema que funcione para todos. La verdadera independencia no se construye solo con gestos patrióticos, sino con acciones concretas que promuevan la justicia, combatan la corrupción y reduzcan la impunidad. Cada generación tiene la responsabilidad de preservar y fortalecer estos valores para que no se diluyan frente a la indiferencia o la injusticia. Recordar aquel día histórico no es solo un acto de memoria; es un llamado a la acción. Luchar contra la corrupción, exigir rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y consolidar una democracia efectiva son desafíos que nos conciernen a todos. La historia del 9 de enero nos convoca a ser protagonistas de un presente activo, donde la ciudadanía deje de ser espectadora y se convierta en motor de cambio. La libertad, la prosperidad y la justicia que anhelamos solo pueden alcanzarse si cada ciudadano asume un papel activo y responsable en la construcción del país. Los estudiantes de 1964 nos enseñaron que la dignidad se defiende con convicción y valentía. Hoy, esa lección sigue vigente como una invitación a reflexionar sobre el país que deseamos construir: una nación libre de corrupción e impunidad. Alcanzar ese ideal exige compromiso ciudadano, vigilancia cívica y disposición a informarnos y participar en los cambios necesarios, incluida la construcción de una nueva Constitución, para que los valores de justicia, igualdad y libertad por los que ellos lucharon se consoliden en la sociedad que todos aspiramos a construir. Opinión EL AUTOR es biólogo. LA AUTORA es arquitecta, EL AUTOR es médico. Juan Posada López campo de la medicina, el resultado será catastrófico para todos, para nosotros, y estaremos diezmando poblaciones con la misma eficacia de otras formas cruentas de acabar con la vida. Las autoridades de salud han permitido a delincuentes utilizar las redes para divulgar todo lo que se les ocurra, todo para lo cual les pagan o hacen negocios, todo lo que ellos no harían con sus hijos pero que nada les importa divulgar mientras dañe a otros. Las autoridades de salud tienen que imponer normas urgentemente. Hacer daño en uso de la libertad de opinión no tiene por qué estar inmunizado contra penas y castigos, particularmente cuando el alcance es tremendamente costoso en vidas y propiedades y hoy, frente a un riesgo real de enfermedad y muerte, con recomendaciones salvajes contra la salud, como las que las sociedades de pediatría denunciamos. El hijo suyo tiene que crecer y desarrollarse sano. Como lo señala la Academia Americana de Pediatría, su pediatra, serio y responsable, que ha buscado y mantenido la confianza que usted desea de un profesionalismo exigente, es quien le puede guiar. Todavía hoy es fácil reconocer una recomendación que no es la recomendación que se ha dado por muchos años. Más tarde, si no actuamos ahora, lo que hoy se dice será incuestionable y quienes son responsables de estas nuevas recomendaciones irresponsables no estarán para reclamarles ni condenarles. Las decisiones informadas las encuentran ustedes, los padres, en los pediatras y médicos que han estado a su lado siempre, para ver crecer sanos y felices a sus hijos. Mi deber primero es advertir sobre riesgos de salud para los niños y, por ende, para la población general. Esta semana, como si fuera poco todo gesto irresponsable previo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el ministerio de Salud de Estados Unidos, publicó nuevas recomendaciones sobre las vacunaciones de los niños. Su influencia global todavía existe y las madres y familias en todo el globo reciben información y recomendaciones como esta, que no solo confunden, sino que ponen en peligro la salud de sus hijos, la confianza en los pediatras y médicos que basamos nuestra práctica en evidencia probada y la tranquilidad de toda la sociedad. Las nuevas recomendaciones sobre las vacunaciones en los niños se resumen en no vacunar a los niños contra influenza, rotavirus, virus respiratorio sincicial, enfermedades contra el meningococo, una bacteria que produce meningitis, hepatitis A y hepatitis B. La eficacia y seguridad de estas vacunas, así como las mejores edades para iniciar la vacunación, han sido los elementos juiciosos de recomendarlas por muchos años y han logrado disminuir significativamente las muertes evitables de niños en todas partes del mundo, así como las secuelas incapacitantes y los daños que cambian sus vidas, su desarrollo y crecimiento para siempre. A más de seis décadas del 9 de enero de 1964, Panamá enfrenta el reto de transformar la memoria histórica en ciudadanía activa, justicia efectiva y compromiso real con la soberanía democrática. Argelis Gaudiano Las nuevas recomendaciones sobre vacunación infantil emitidas por Estados Unidos generan confusión global y ponen en riesgo la salud de los niños y la confianza en la medicina basada en evidencia. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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