7A La Prensa Panamá, jueves 8 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. desempolvado una versión agresiva de su política exterior: el “corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Esta visión no solo reclama “América para los americanos” como una extensión de los lineamientos de la política exterior de America First de la administración Trump, sino que subordina la soberanía de los Estados de la región a los imperativos de seguridad nacional de Estados Unidos, ignorando las normas del Derecho Internacional. Bajo este mismo prisma, potencias como Rusia y China aplicarían una lógica similar en sus respectivas latitudes, como en los casos de Ucrania y Taiwán, respectivamente, sin necesidad de reclamos cruzados entre actores con conductas de facto equivalentes. En este tablero de ajedrez, el Canal vuelve a colocarse en el centro de la tormenta. Durante décadas, nuestra neutralidad — consagrada en los Tratados Torrijos-Carter— fue el escudo que permitió a Panamá navegar las tensiones globales. Sin embargo, en un mundo donde impera la fuerza, la neutralidad es percibida por las potencias como un vacío de poder o, peor aún, como una oportunidad para el adversario. El escenario más sombrío, que el realismo obliga a examinar, es el de una intervención directa. Si la tensión con potencias extrahemisféricas escala, no es descartable que Estados Unidos, invoLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. En España sube la edad de jubilación: ¿y en Panamá? Pensiones A partir del 1 de enero de 2026, en España, la edad ordinaria de jubilación se elevará a 66 años y 10 meses, siempre que el trabajador haya cotizado al menos 38 años y 3 meses. Si cumple con ese requisito, podrá jubilarse a los 65 años. La meta es clara: en 2027 se consolidará el nuevo estándar de retiro a los 67 años para quienes no alcancen ese periodo mínimo de cotización. ¿Y qué hacemos en Panamá? Algunos ya sienten que trabajar más allá de los 60 años es un castigo, mientras otros —más resignados que optimistas— bromean con que la pensión solo la conocerán por Wikipedia. Sin embargo, al comparar las condiciones internacionales, es momento de mirar el panorama con mayor perspectiva y dejar de lado, por un instante, los temas candentes del continente (sí, Trump y Maduro incluidos). España, con una de las tasas de envejecimiento más altas de Europa, avanza hacia un modelo orientado a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Aunque polémico, el aumento en la edad de retiro responde a la presión demográfica, al incremento de la esperanza de vidayalanecesidaddemantenerelequilibriofiscal. Además, la reforma incorpora mecanismos que flexibilizan la jubilación anticipada, con penalizaciones calculadas: entre un 21% y un 3.26% menos en la pensión, dependiendo de cuántos meses se adelante el retiro. También se implementa un sistema dual para el cálculo del monto jubilatorio: los beneficiarios podrán elegir entre computar los últimos 25 años cotizados o 29 años excluyendo los dos peores, lo que permite cierta adaptación a trayectorias laborales irregulares. Este esquema se aplicará de forma gradual hasta 2044. En contraste, en Panamá la edad de jubilación se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, aunque en 2023 el Gobierno propuso elevarla como parte de las reformas a la Caja de Seguro Social. La iniciativa desató resistencias en múltiples sectores, lo que refleja una tensión legítima, pero también una desconexión con las realidades demográficas y financieras globales. No se trata de copiar modelos ajenos, pero sí de comprender que la sostenibilidad del sistema no es una cuestión ideológica, sino matemática. La población envejece, los aportes activos disminuyen y las expectativas aumentan. Ignorar esa ecuación es postergar lo inevitable. Por supuesto, el debate en Panamá tiene su propio contexto: informalidad laboral, bajos salarios, evasión y décadas de mala gestión administrativa. Pero una discusión madura exige mirar más allá del corto plazo y asumir que un retiro digno implica esfuerzos colectivos: desde mejorar la cultura de ahorro previsional hasta diseñar incentivos que permitan extender la vida laboral sin condenar a nadie a trabajar hasta el último aliento. En todo caso, quizá sea prudente que quienes están a punto de estrenar su carné de jubilados vayan buscando el tinte para las barbas blancas y le den una sacudida a su portafolio de trabajo. Porque, seamos sinceros, conelritmoactual,másdeunotendráqueseguiractivo hasta bien entrados los setenta… o hasta que el cuerpo aguante. Venezuela: entre el sofisma geopolítico y la soberanía popular Democracia representativa de gobernantes elegidos dentro de un sistema transparente y democrático. Esa defensa de la democracia se ejercería a través de mecanismos que desarrollarían acciones solidarias cuando esta fuera resquebrajada o quebrantada en algunos de sus miembros. Bajo este contexto, ¿cómo podemos descifrar lo que hoy sucede en Venezuela? En primer lugar, estamos claros en que Venezuela es una dictadura que viola los derechos humanos, cuyos gobernantes, en especial Nicolás Maduro, tuvieron todas las posibilidades otorgadas por miembros de la comunidad internacional para dejar el poder. Esto justificó que la potencia más poderosa del mundo interviniera militarmente y, por medio de una operación muy quirúrgica —si es que no hubo complicidad dentro de las huestes chavistas—, atrapara a Maduro y a su esposa, quienes hoy están detenidos en Nueva York ante fuertes acusaciones criminales de todo tipo. ¿Es el interés de Estados Unidos que Venezuela recupere el camino democrático? No lo parece. El presidente Trump, quien calificó a María Corina Machado como una mujer muy “gentil”, afirmó que ella no tiene el apoyo del pueblo venezolano. A Edmundo González Urrutia, el legítimo presidente de Venezuela cuyas actas de triunfo están resguardadas en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá, ni siquiera lo ha mencionado. El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo que el presidente Trump debe buscarse mejores asesores ante su afirmación de que Estados Unidos administrará Venezuela por un tiempo, agregando Mulino que él no es el dueño de ese país. Mientras tanto, el embajador de Panamá ante la ONU rechazó cualquier transición en Venezuela que incluyaal“madurismo”. A pesar de la injustificable invasión a Panamá, ocasionada y promovida por los desatinos de Manuel Antonio Noriega, el entonces presidente George Bush dio como razones de esta intervención armada la restauración de la democracia panameña, el cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, la protección de los intereses y ciudadanos estadounidenses en Panamá y la aprehensión de Manuel Antonio Noriega por delitos de narcotráfico. Tomó el poder, en aquel entonces, Guillermo Endara, quien había ganado abrumadoramente las elecciones de mayo de 1989. En el caso de Venezuela, la estructura militar e institucional del régimen chavista permanece activa e intacta. El presidente Trump no solo ha descalificado a MaJulio Ernesto Linares Franco El ocaso de las normas: Panamá en la era de la fuerza Derecho internacional El sistema internacional de posguerra, construido bajo el liderazgo de los Estados Unidos (Bretton Woods, Dumbarton Oaks), ha entrado en una fase de desmantelamiento. La reconfiguración del orden mundial que presenciamos en este 2026 no es una transición ordenada, sino un retorno brutal al realismo político. En este nuevo escenario, el multilateralismo que alguna vez prometió igualdad jurídica entre naciones ha sido reemplazado por una anarquía en la que la validez de un tratado depende exclusivamente de la capacidad militar de quien lo firma. Ante el ocaso de las normas en el sistema internacional, el riesgo de una intervención en el Canal se convierte en una posibilidad real. Para Panamá, este cambio de paradigma es alarmante. Estamos transitando de un mundo regido por el derecho a otro dominado por esferas de influencia. Bajo esta lógica, Washington parece haber cando la protección de una infraestructura crítica para su seguridad, decida tomar el control físico del Canal por la fuerza. En una era de desprecio por el derecho internacional, el argumento de la “necesidad estratégica” podría aplastar la soberanía panameña en cuestión de horas. Panamádebecomprenderquesumayor activo es también su mayor vulnerabilidad. La defensa de nuestra soberanía en 2026 exige una diplomacia de extrema sofisticación, capaz de gestionar la relación con Washington sin alienar a otros socios, aun sabiendo que, en la práctica, el margen de maniobra se estrecha peligrosamente. El desafío para la clase política es evitar que Panamá se convierta en un peón sacrificable en la pugna de las grandes potencias por el control del comercio global y por su valor geopolítico como choke point. Lo preocupante es la percepción de complacencia ante una aparente calma que da falsamente la impresión de que las exigencias y presiones de Washington han cesado o disminuido en intensidad, y de que la eventual “toma del Canal” y su periferia ha sido zanjada con controvertidos arreglos bilaterales de “botas” sobre el terreno, entre otros. Este error de cálculo político-estratégico requiere una inmediata rectificación ante la realidad cambiante. Ante el ocaso de las normas en el sistema internacional, el riesgo de una intervención en el Canal se convierte en una realidad potencial del uso de la fuerza bruta. Opinión EL AUTOR es estratega en tecnología, innovación y transformación digital. EL AUTOR es analista de relaciones internacionales y seguridad internacional. EL AUTOR es abogado. Gabriel J. Perea ría Corina Machado como líder, sino que, a través del secretario de Estado, según dijo, ha tenido contacto con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del actual e ilegítimo gobierno chavista, quien asume el poder antelacaídadeMaduro.Conellacoordinarían las acciones para establecer y recuperar, a través de una transición, a las mejores empresas petroleras del mundo para el beneficio de los venezolanos. En este momento no sabemos si lo afirmado por el presidente de los Estados Unidos cumpliría con la “Venezuela libre… protegida por la mano de Dios, hasta el final”, a la que se refirió en su primer mensaje María Corina Machado, o si se trata de una estrategia para que, antes de incluir a los verdaderos representantes del pueblo venezolano según el resultado en las urnas, se desmantele el chavismo para entonces reconocer la soberanía popular venezolana. Pareciera que quienes ganaron legítimamente tendrán que esperar su turno hasta que Estados Unidos y la corrupta dictadura se pongan de acuerdo para dejarlos gobernar. Por supuesto que Venezuela, hoy sin Maduro, está mejor que ayer, al menos anímicamente. Pero el hambre de terminar de tragársela, o las ganas de comérsela, ponen en peligro la esperanza democrática. Al día de hoy no se conoce una hoja de ruta que, además, involucre a las fuerzas vivas del país en su totalidad, incluyendo al frente opositor que ganó las elecciones en 2024. Sorprende también la decisión de limitar la transición a quienes han destruido Venezuela durante 26 años, bajo lo que Delcy Rodríguez califica como una “agenda conjunta de cooperación” con Estados Unidos. En conclusión, una transición en Venezuela sin Edmundo González Urrutia ni María Corina Machado es preocupante. El primero es el presidente legítimo y lasegunda,premioNobeldelaPaz,quien le cedió al primero su caudal político para que ganara la presidencia. Peor aún cuando el secretario de Estado ha dicho que, aunque María Corina es fantástica, la mayoría de la oposición venezolana se fue del país. Pareciera que el interés mercantilista de controlar el petróleo —el sofisma geopolítico— supera la necesidad democrática que Venezuela pide a gritos: la soberanía popular. Ojalá me equivoque. Violar la soberanía popular significa desconocer el principio de autodeterminación de los pueblos, principio que implica ejercer el derecho inalienable de adoptar la forma de gobierno que más le convenga a sus intereses. El ejercicio de ese derecho se lleva a cabo a través de elecciones democráticas y transparentes. Lamentablemente, se dan casos en los que una dictadura desconoce ese principio de autodeterminación, violando o desestimando la soberanía popular. Esta situación se consagra cuando el poder del Estado ya no deriva ni emana del pueblo, sino de quienes detentan el poder público, sin más legitimidad que la otorgada ilícitamente por la fuerza de la represión. Hay algo más: la privación a los habitantes de un Estado, es decir, al pueblo, del mínimo de derechos que se le debe reconocer por su simple condición humana, entrando en la flagrante violación de los derechos humanos, cuyo desconocimiento disminuye la condición de ciudadano a la de un mero objeto sumiso y sometido. Desafortunadamente, la soberanía de los países de América Latina, a través del tiempo, ha sido vulnerada y minimizada por actos cometidos no necesariamente por un tercer Estado, sino por los propios nacionales de esos Estados. Dictadores y dictadorzuelos sin Dios ni ley que, posiblemente en los últimos 125 años, han causado más daño en nuestros países que el realizado por la agresión extranjera. Es entonces cuando debemos definir los tipos de intervención, sobre todo la militar, entre la que ejerce un Estado o grupo de Estados para obtener algún beneficio, o aquella realizada para que el principio de autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos vuelvan a resplandecer en el Estado intervenido. Y es en virtud de todo lo anterior por lo que la Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, instituyó en 2001 la Carta Democrática, para fortalecer el principiodelademocraciarepresentativa, mediante la cual se debe proteger a los gobiernos que representan a los Estados y, por ende, a los ciudadanos, por tratarse Ernesto Cerrud Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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