1A La Prensa Panamá, jueves 8 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 8 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15255 Hoy por hoy El presidente José Raúl Mulino firmó la rebaja de pena para varios condenados, entre ellos, la esposa de su ex compañero de Gabinete, Guillermo Ferrufino. Esta decisión, aunque legalmente amparada por su potestad presidencial, plantea serias dudas sobre la ética y la coherencia de su gobierno. Al tomar esta medida, el presidente facilita la impunidad, enviando un mensaje peligroso de que aquellos cercanos al poder pueden evitar las consecuencias de sus actos. En su informe a la Nación del 2 de enero de 2025, Mulino criticó duramente la flexibilidad del sistema judicial, que permite la liberación de criminales y perpetúa la impunidad. Sin embargo, al firmar la rebaja de pena, contradice esas palabras. En lugar de fortalecer la justicia, favorece a sus aliados políticos, lo que incrementa la desconfianza en la imparcialidad del sistema judicial y pone en duda la voluntad del gobierno para aplicar la ley de manera justa para todos. Ellas.pa Carolina Herrera, la elegancia como legado 5B Murillo busca su primer título en el fútbol europeo 4B Deportes Panorama Destinan $18 millones para construir zarzos 3A Opinión El análisis de Julio Linares sobre la crisis de Venezuela 7A Expropiaciones en Venezuela: de 1,000 empresas a 5 millones de hectáreas En 25 años, el régimen chavista ha despojado a miles de propiedades y millones de hectáreas agrícolas. Además, se han expropiado empresas sin una compensación justa, según el Observatorio de Derechos de Propiedad. VEA 1B Mulino concede rebaja de pena en caso de corrupción Yasser Yáñez García [email protected] El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, firmaron ayer los deDECRETO EJECUTIVO El presidente José Raúl Mulino y la ministra Dinoska Montalvo firmaron ayer decretos que rebajan las penas de 475 personas, entre ellas, la esposa del exministro Guillermo Ferrufino. cretos ejecutivos que conceden la rebaja de pena a 475 personas condenadas por diversos delitos. Entre los beneficiados se encuentra la esposa de Guillermo Ferrufino, excompañero de Gabinete del presidente Mulino. Montalvo ha defendido la medida, pero recientemente se difundió una imagen de la ministra con Ferrufino y su esposa en 2016, celebrando su liberación, después de que un tribunal decidiera cambiar su detención por una restricción de salida del país, tras estar detenidos por un caso de corrupción. Entre los beneficiados por Mulino y Montalvo también figura José Antonio Carrizo Mérida, condenado por el delito de estafa agravada en perjuicio de la Corporación La Prensa, lo que causó un perjuicio de $2.5 millones entre los años 2009 y 2016. Capitolio Rubio revela el plan tras la captura de Maduro El secretario de Estado, Marco Rubio (derecha) (derecha) y el secretario de Defensa Pete Hegseth (iaquierda) durante una conferencia de prensa tras una audiencia con los principales líderes del Congreso que se dio a puerta cerrada en el. Rubio presentó un plan en tres etapas para la Venezuela pos Maduro — estabilización, recuperación económica con el petróleo como palanca y transición política—, subrayando que Washington interpreta la crisis como un asunto de seguridad nacional EFE Ereida Prieto-Barreiro [email protected] La adenda 12 al contrato de concesión del Corredor Norte, firmada el 26 de noviembre de 2025, garantiza que los peajes se continuarán cobrando a los usuarios hasta el 15 de marzo de 2058, o hasta que la concesionaria haya recuperado el monto total. Esta extensión del contrato, que originalmente comenzó en 1994, se justifica por la necesidad de generar espacio financiero para el refinanciamiento de la deuda vigente y futuras inversiones, como la rehabilitación de infraestructura y nuevos accesos. A pesar de los miles de millones recaudados por los peajes, el monto exacto que la concesionaria debe recuperar no ha sido especificado. La ampliación de la concesión, que ya tiene el refrendo de la Contraloría General de la República, ha sido cuestionada por algunos sectores de la sociedad, ya que se promueve bajo el argumento de que no se alcanzó el monto total recuperable en el plazo acordado inicialmente. Lasso no escapa al juicio Odebrecht que arranca el lunes El manejo de quemaduras graves, un gran desafío Corredor Norte: tres décadas más de peajes El panameñista Jaime Lasso no podrá evitar el juicio Odebrecht, previsto para el próximo 12 de enero. La Corte Suprema de Justicia desestimó su amparo, por lo que debe presentarse al proceso judicial. VEA 3A La falta de una UCI especializada para quemados en Panamá sigue aumentando la mortalidad, mientras médicos insisten en la necesidad urgente de una infraestructura adecuada para salvar vidas. VEA 6A JUSTICIA SALUD UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A La Prensa Panamá, jueves 8 de enero de 2026 El Concejo de Panamá tiene una nueva junta directiva desde ayer 6 de enero de 2026. Rodolfo Precilla, representante del corregimiento de Caimitillo, asumió la presidencia, mientras que Maritza Villareal, de Río Abajo, es la vicepresidenta. La nueva directiva enfrentará desafíos urgentes, especialmente en lo que respecta a la transparencia en la gestión de los recursos de la descentralización. “Gracias a Dios y a todos los compañeros que me dieron esta oportunidad”, declaró Precilla al asumir el puesto, luego de destacar su compromiso con los 26 corregimientos de la capital. Sin embargo, su discurso, aunque cargado de agradecimientos y promesas de trabajo conjunto, no dio detalles claros sobre las medidas específicas que adoptará para abordar la falta de transparencia que ha caracterizado la gestión de los recursos municipales en los últimos años. Uno de los temas más sensibles durante su mandato será cómo garantizar que los recursos distribuidos entre los corregimientos realmente lleguen a los proyectos comunitarios que los necesitan. Precilla aseguró que trabajará “de la mano” con el alcalde Mayer Mizrachi para asegurar que los proyectos se lleven a cabo de manera efectiva. “Queremos que los proyectos del alcalde no se detengan, que se expliquen y que se realicen de la mejor Rodolfo Precilla toma las riendas del Concejo de Panamá GOBIERNO LOCAL manera”, aseguró Precilla, quien también habló sobre la necesidad de buscar soluciones para los terrenos que no pertenecen al municipio, con el fin de facilitar el desarrollo de obras. En lo referente a Panamá Norte, una de las zonas más afectadas por la falta de infraestructura y servicios básicos, Precilla recordó los avances en la construcción de un hospital. “Gracias al trabajo conjunto con el alcalde, se cedió un terreno para este proyecto”, explicó. El caso de nepotismo En diciembre de 2024, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a Precilla al confirmar que tres funcionarios de la junta comunal bajo su cargo eran sus familiares. La Antai había sancionado al representante con una multa equivalente al 50 % de su salario mensual y recomendó la destitución de los tres servidores involucrados. Asimismo, la entidad afirmó que Precilla había incurrido en una violación al Código de Ética de los Servidores Públicos. ¿Cómo funciona la junta directiva del Concejo? El Concejo de Panamá está compuesto por 26 representantes de los corregimientos de la ciudad capital, quienes son elegidos mediante voto popular en las elecciones generales. La elección de la junta directiva, que incluye al presidente y al vicepresidente, se realiza cada seis meses, de acuerdo con el reglamento interno del Concejo. Esta directiva tiene la responsabilidad de coordinar las sesiones y dirigir los debates en las reuniones, además de tomar decisiones clave sobre los proyectos municipales y la asignación de recursos. Solo en octubre pasado, el tránsito vehicular por los corredores alcanzó los 12.4 millones, de los cuales 5.2 millones de vehículos transitaron por el Corredor Norte, la vía con mayor flujo y recaudación del sistema. Archivo Concesión del Corredor Norte prorrogada por 30 años más Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] La adenda firmada el 26 de noviembre de 2025 entre el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y Yessica Goti, de ENA Norte, establece que la concesión se extiende hasta el 15 de marzo de 2058. El cobro de peajes en el Corredor Norte continuará por lo menos por 32 años más, luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) firmara una adenda más (con esta ya son 12) al contrato de concesión acordado en 1994 para la operación, mantenimiento y explotación de esta autopista. La adenda, firmada el 26 de noviembre de 2025 por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y Yessica Goti, en representación de ENA Norte, S.A., señala que la concesión estará vigente hasta el 15 de marzo de 2058 “o hasta que la concesionaria haya obtenido el monto total recuperable, lo que ocurra primero”. Sin embargo, el documento no especifica el monto exacto de recuperación que justificaría la prolongación del contrato. La ampliación de la concesión ya fue refrendada por el contralor Anel Flores el 12 de diciembre de 2025 y promulgada en la Gaceta Oficial número 30437C del 5 de enero de 2026. ENA Norte, S.A. es una sociedad anónima controlada por el Estado, al igual que la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). El presidente de ambas sociedades es, precisamente, el ministro de Obras Públicas. Jessica Goti es la gerente general de ENA. Ampliar la concesión hasta el año 2058 había sido acordada en una reunión de junta directa de ENA y de ENA Norte, celebrada el 28 de agosto de 2025. En dicha reunión se alegó la necesidad de “generar el espacio financiero para el refinanciamiento de la deuda vigente, asegurando el cumplimiento del servicio de esta”. También se invoca el desarrollo de nuevas inversiones, como la rehabilitación de la infraestructura actual, la construcción de nuevos accesos y una eventual ampliación de la autopista. No se especifica ni el monto de la deuda actual ni el presupuesto requerido para las futuras inversiones. La omisión del dato resulta clave, ya que el propio Estado ha reconocido en ocasiones anteriores que la prolongación de las concesiones responde a que no se logró recuperar el monto total recuperable (MTR) dentro del plazo originalmente pactado. Bonos y deuda vigente En octubre pasado, durante una comparecencia ante la Asamblea Nacional, la gerente Goti recordó que ENA Norte emitió bonos por $600 millones en el año 2012, con vencimiento en 2028. Detalló que, a septiembre de 2025, se habían pagado $438 millones, quedando un saldo pendiente de $162 millones. Aunque los corredores han recaudado cientos de millones de dólares en peajes desde su inauguración, a finales de la década del 90, Goti explicó que la deuda sigue vigente porque esos ingresos no solo se destinan al servicio de la deuda, sino también a cubrir los costos de operación y mantenimiento. Hasta noviembre pasado, los corredores Norte, Sur y Este habían generado ingresos por $162.3 millones, superando los $149.4 millones reportados en el mismo período del año anterior. De ese monto, solo el Corredor Norte concentra los mayores ingresos del sistema, con $76.8 millones recaudados, impulsados por una mayor cantidad de accesos y salidas, así como por sus tarifas de peaje, que son más elevadas que en los otros dos. Uno de los puntos más debatidos ha sido la promesa de gratuidad de los corredores, anunciada tras la adquisición estatal de las concesiones en 2010, en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Según Goti, esa posibilidad quedó descartada con la Ley 49 de 2016. “Los peajes están cedidos como garantía de pago de las obligaciones financieras. Por lo tanto, no podemos ponerlos gratis ni disminuirlos”, afirmó la gerente, cuando compareció en la Asamblea, en octubre pasado. También enfatizó que la compra de los corredores, en el gobierno de Martinelli, se financió mediante emisiones de bonos, sin aportes directos del Tesoro. En mayo de 2018, en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), ya se había extendido la concesión del Corredor Sur por 30 años más, hasta 2048, bajo el argumento de que no se había cumplido —ni se estimaba cumplir— el monto total recuperable al término original del contrato, cifra que el banco aumentó a $306.7 millones en 2016. Originalmente, se preveía que los corredores Sur y Norte (hasta su Fase II) pasarían al Estado en 2025 y 2028, respectivamente, escenarios que quedaron sin efecto con las extensiones aprobadas. En ese entonces se indicó que los ingresos por peajes se destinarían a financiar otros proyectos de infraestructura, entre ellos el cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Con la adenda 12, el cobro de peajes en el Corredor Norte queda asegurado por tres décadas más, alejando cualquier expectativa de gratuidad y sin que, hasta ahora, se haya transparentado el monto real que la concesionaria debe recuperar para justificar la prolongación del contrato. En el gobierno de Martinelli, el Estado adquirió los corredores Norte y Sur por $650 millones y $420 millones a las empresas mexicanas Proyectos y Construcciones (Pycsa) e Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), respectivamente. En ese entonces, Martinelli anunció que, una vez cancelada la deuda contraída para la compra de ambas vías, se podría circular gratis, sin pagar peajes. ¿A cuánto asciende exactamente el monto total recuperable que el Estado aún no ha logrado cubrir en el caso de los corredores y por qué esa cifra no fue incluida de manera expresa en la adenda? Son algunas de las preguntas que La Prensa envió a Andrade, a través de su equipo de relaciones públicas. Desde la institución se informó que el ministro se encontraba de gira en Chitré, para participar en la inauguración de una intersección y que posteriormente se ofrecería una respuesta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer miércoles que contempla reunirse con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, tras mantener una llamada telefónica en medio de las tensiones entre ambos Gobiernos por las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado. Trump señaló en su red social Truth Social que fue «un gran honor» hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas Administraciones. El mandatario estadouTrump anuncia que se reunirá con Petro próximamente DIÁLOGO nidense afirmó que agradeció la llamada y el tono de la conversación, y expresó su disposición a reunirse con su homólogo colombiano en un futuro próximo. El presidente norteamericano dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ya trabajan en los arreglos necesarios para concretar el encuentro, que, según precisó, se celebrará en la Casa Blanca, en Washington. Previo a su primera llamada entre críticas y tensiones mutuas, Trump había llegado a calificar a Petro de ser «muy hostil» o de decir que sería el siguiente, en referencia a sus operativos antinarcóticos que desembocaron en la captura de Maduro el fin de semana pasado. El mandatario estadounidense ha dicho del Gobierno de Bogotá que ha sido insuficiente su lucha contra el tráfico de drogas. EFE. WASHINGTON, EUA Rodolfo Precilla, representante de Caimitillo; y Maritza Villareal, representante de Río Abajo. Tomado del Consejo Municipal Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A La Prensa Panamá, jueves 8 de enero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] DESDÉN 1. Esta semana fracasó un intento por reactivar los dos proyectos anticorrupción presentados el año pasado por el procurador Gómez Rudy, los cuales habían sido rechazados por la Comisión de Gobierno de la Asamblea. Para darle oxígeno a ambos proyectos y someterlos a votación en segundo debate, era necesario modificar el orden del día del pleno legislativo. Solo 29 diputados votaron a favor de alterar la agenda, mientras que el resto lo hizo en contra o se abstuvo. ¿Ya ven por qué es importante escoger buenos diputados y gobernantes? DESDÉN 2. Muchos diputados (de varios partidos, especialmente del PRD) desaparecieron del pleno para boicotear la votación sobre la alteración de la agenda. La sesión de ese día comenzó con 63 diputados presentes, pero solo estaban 33 al momento de votar (29 votaron a favor, tres en contra y uno se abstuvo). Lo más inquietante es que algunos de los ausentes o quienes votaron en contra se llenan la boca diciendo que la lucha contra la corrupción es una de sus prioridades. Seguramente están incurriendo en las mismas prácticas que dicen estar combatiendo. CHAMO. Un panameño más podría verse involucrado en el entramado de corrupción atribuido al régimen venezolano. Según la acusación presentada por los fiscales de Nueva York, Nicolás Maduro otorgó pasaportes venezolanos a personajes vinculados al narcotráfico. Esto nos recuerda lo que pasó con Yunya: cuando fue capturado en Madrid, en febrero de 2023, se descubrió que tenía pasaporte y cédula venezolanos. Que nadie se sorprenda si aparecen otros panameños ligados a esta causa. DISTANCIA. Balbina Herrera advirtió que los insultos de Bolota al embajador Kevin Marino Cabrera son una opinión personal y no representan la postura del PRD. De paso, recordó que ella sí tiene visa para ingresar a Estados Unidos. Por cierto, qué pensarán en la embajada sobre la relación de Bolota con lo que ocurre en varios puertos En 2017, Jaime Lasso rindió declaración indagatoria ante la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el caso Odebrecht. Archivo Corte rechaza amparo de Lasso y lo mantiene en el caso Odebrecht Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA La Corte Suprema de Justicia desestimó un amparo presentado por Jaime Lasso, imputado en el caso por blanqueo de capitales, mientras la investigación sobre la campaña de Juan Carlos Varela continúa. A pocos días de la celebración del juicio Odebrecht, la Corte Suprema de Justicia desestimó un amparo de garantías constitucionales interpuesto por Jaime Lasso, uno de los 23 imputados en ese caso por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través del pago de coimas por parte de la empresa brasileña. Lasso intentaba ser excluido del proceso. La defensa de Lasso buscaba que la Corte dejara sin efecto la orden de indagatoria expedida por la Fiscalía Anticorrupción el 1 de septiembre de 2017, alegando supuestas violaciones al debido proceso. Sin embargo, la máxima corporación de justicia, con la ponencia del magistrado Juan Francisco Castillo (suplente de la magistrada María Eugenia López), decidió no acoger el recurso. LosmagistradosdelaCorte argumentaron que el amparo de garantías constitucionales es un recurso destinado a la defensa de los derechos constitucionales, y en este caso no se observa violación de dichos derechos. Previamente, Erasmo Muñoz, abogado de Lasso, había presentado un incidente de nulidad contra la resolución en la que se ordenó la indagatoria de Lasso, pero dicho recurso fue negado por la jueza BaloisaMarquínez. A Lasso, quien fue parte del comité de finanzas del Partido Panameñista, se le acusa de haber recibido fondos de Odebrecht, los cuales fueron entregados a la campaña política del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), quien también figura en este proceso. Sin embargo, debido a su condición de miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), será procesado por la Corte Suprema de Justicia. La defensa de Lasso ha reiterado que el Ministerio Público ya investigó sus movimientos financieros entre los años 2008-2009, tras un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y que dicho proceso fue cerrado porque se demostró que los fondos recibidos de Odebrecht, a través de la Fundación Don James, fueron declarados ante el Tribunal Electoral como “donaciones”. Esos fondos se recibieron para la campaña de Varela, quien en 2019 fue elegido vicepresidente en una nómina encabezada por Ricardo Martinelli (20092014), quien se encuentra asilado en Colombia, pero ya fue notificado del juicio que debe iniciar el próximo lunes 12 de enero. Según la investigación del Ministerio Público, los pagos de Odebrecht a la campañadeVarelallegaronalaFundación Don James a través de las sociedades V-Tech y Poseidón Enterprises, todas vinculadas a Lasso. El juicio Odebrecht ha sido pospuesto en seis ocasiones por diversos motivos, entre ellos la ausencia de una serie de asistencias judiciales solicitadas a las autoridades brasileñas sobre la participación de directivos de Odebrecht en el esquema de corrupción montado para la obtención de contratos de obras de infraestructura. La empresa Odebrecht tampoco ha cancelado una multa de $220 millones acordada tras su aceptación de haber entregado coimas a funcionarios panameños para obtener contratos de obras de infraestructura. La empresa alega haberse quedado sin fondos, lo que le impide hacer frente al pago de la multa, pese a las reiteradas órdenes de los jueces de cumplimiento para que cancele la totalidad de la multa impuesta. Yaritza Mojica [email protected] En las regiones de difícil acceso los alumnos deben sortear ríos y montañas para llegar a sus escuelas. Alexander Arosemena Destinan $18 millones para construir zarzos en la comarca Ngäbe Buglé EDUCACIÓN Un total de 50 zarzos se construirán en la comarca Ngäbe Buglé, como parte de un programa del Ministerio de Obras Públicas (MOP), orientadoamejorarlaconectividad y la seguridad en comunidades de difícil acceso. El plan fue presentado el pasado 6 de enero de 2026 en el Consejo de Gabinete. Esta iniciativa responde a un problema histórico que afecta a la comarca, donde anualmente residentes, estudiantes y docentes se ven obligados a cruzar ríos y quebradas sin infraestructura adecuada, exponiéndose a crecidas repentinas que han cobrado varias vidas. Según el informe “Educación Mortal: Crisis Sistemática de Ahogamientos Infantiles en la Comarca Ngäbe-Buglé”, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fudespa) y Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE), en los últimos 25 años entre 55 y 70 personas, en su mayoría niños, han muerto ahogados al intentar cruzar ríos y quebradas para asistir a la escuela. En 2025, el informe indicó que cuatro niñas fallecieron al intentar cruzar los ríos, lo que volvió a poner en evidencia los peligros a los que se enfrentan los habitantes de la comarca durante la temporada de lluvias. Uno de los casos más trágicos ocurrió a finales de octubre de 2025, cuando dos niñas del Centro de Educación Básica General Cascabel perdieron la vida al intentar cruzar un río crecido en una comunidad ubicada entre los sectores de Lajita y Cascabel, a unos seis kilómetros de la carretera principal, en la región de Nedrini, comarca Ngäbe-Buglé. Este incidente subrayó nuevamente los riesgos extremos a los que se enfrentan las poblaciones rurales durante los períodos de intensas lluvias. En respuesta a esta situación, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, anunció que la construcción de los 50 zarzos forma parte de un plan más amplio que contempla la construcción de 100 estructuras en la comarca Ngäbe-Buglé. El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar pasos seguros hacia escuelas, centros de salud y comunidades, que en muchos casos quedan incomunicadas cuando los caudales de los ríos aumentan. El ministro Andrade también detalló que la inversión para la construcción de estas estructuras es de 18 millones 189 mil dólares. Subrayó que varios de estos proyectos se llevarán a cabo en áreas donde se han registrado tragedias debido a crecidas de ríos, como la comunidad donde fallecieron las dos menores en octubre de 2025. La construcción de los 50 zarzos tendrá una longitud total aproximada de 2,750 metros lineales y beneficiará directamente a más de 17 mil estudiantes de 43 centros educativos, además de generar alrededor de 500 empleos directos durante su ejecución. En un informe del MOP, se detalló que 12 de estos pasos serán construidos en los distritos de Ñurúm y Müna; 9 en Kankintú, Jirondai y Santa Catalina; mientras que 29 estaránubicadosenlosdistritos de Mironó, Besikó y Nole Duima. El director de Estudios y Diseños, Edwin Lewis, explicó que el proyecto será financiado parcialmente con fondos provenientes del excedente de la venta de cobre, como lo anunció previamente el Órgano Ejecutivo. Según Lewis, el costo promedio de cada estructura es de 6,600 dólares por metro lineal, y estos zarzos permitirán ofrecer cruces seguros en zonas que durante la temporada lluviosa registran crecidas súbitas y peligrosas, poniendo en riesgo la vida de niños y adultos que transitan diariamente por estos sectores. Este programa tiene como objetivo principal garantizar el acceso seguro a escuelas y comunidades rurales, reducir los riesgos durante la época de lluvias y mejorar las condiciones de vida de miles de habitantes de la comarca Ngäbe-Buglé. Se informó también que en 2024 se construyeron 15 zarzos en la región comarcal, los cuales se suman a los 50 puentes actualmente en ejecución. La longitud de estas estructuras varía entre 25 y 110 metros, dependiendo del cauce de ríos y quebradas, algunos con caudales fuertes. La segunda fase del programa contempla la construcción de otros 50 puentes de este tipo, que beneficiarán a estudiantes de al menos 57 centros educativos adicionales, asegurando así la continuidad de este proceso que busca garantizar la seguridad y mejorar la conectividad en la comarca. colonenses... FAKE. En un “comunicado oficial”, RM desmiente estar convocando a reuniones y jornadas de capacitación electoral, como se ha difundido en varios grupos de WhatsApp. El partido sostiene que no hay nadie “autorizado” para organizar este tipo de actividades. Si el responsable de ese colectivo se encuentra en vacaciones permanentes fuera del país, ¿quién está autorizado para decir que no hay nadie autorizado? Duke: que la Corte esté comprometida Eliana Morales Gil [email protected] La agenda anticorrupción fue central en la Asamblea ayer. Luis Duke, diputado de Vamos, instó a la nueva presidenta de la Corte, María Cristina Chen, a comprometerse con el juicio de Odebrecht. Subrayó la importancia de realizarlo con transparencia y consecuencias reales. Duke destacó el trabajo anticorrupción de su bancada, con más de 20 proyectos, y pidió priorizar leyes para combatir la impunidad y fortalecer el sistema judicial.
4A La Prensa Panamá, jueves 8 de enero de 2026
5A La Prensa Panamá, jueves 8 de enero de 2026 Desde 2007, la mejor solución
6A La Prensa Panamá, jueves 8 de enero de 2026 Panorama Un juez de garantías ordenó la detención preventiva de José Guillermo Salazar, implicado en un esquema de falsificación de documentos en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI), para la emisión y tramitación de créditos fiscales. Salazar fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por agentes policiales cuando intentaba salir del país, pero, al mantener un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, fue aprehendido y llevado a las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial. El imputado mantiene cinco expedientes relacionados con la creación de documentos falsos de la DGI, con los cuales se obtenían créditos fiscales a favor de empresas fantasmas. Según las investigaciones de la fiscalía, los documentos falsos ocasionaron fuertes pérdidas económicas a Cae otro implicado en la red de falsificación de créditos fiscales en perjuicio de la DGI JUSTICIA dos empresas aseguradoras que servían de respaldo para la obtención de los beneficios fiscales. La actual administración de la DGI habría informado sobre irregularidades en créditos fiscales, relacionadas con la creación de documentos fraudulentos y la investigación de exfuncionarios por delitos como peculado, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. Estos casos involucran la autorización de créditos a empresas sin que tuvieran los requisitos necesarios. Por este caso ya se ordenó la detención del empresario Javier De Jesús Díaz, Stanley Leonard Brayan y Katiuska Escobar. Estas personas fueron aprehendidas en operativos desarrollados en un apartamento del PH Windrose, ubicado frente a la iglesia San Francisco de la Caleta, en Coco del Mar y en Panamá Oeste. Según las investigaciones, uno de los imputados fingió ser abogado para realizar gestiones ante la DGI para tramitar los créditos fiscales. Médicos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias denuncian que la falta de una UCI para quemados aumenta la mortalidad. Archivo Urgente creación de una UCI especializada para quemados Aleida Samaniego C. [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] SALUD La falta de una UCI especializada en quemados en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid aumenta la mortalidad. La CSS trabaja en una nueva unidad en la Ciudad de la Salud. La mayoría de los pacientes quemados que llegan a la unidad de cuidados intensivos (UCI) fallecen porque no existe una sala especializada que cumpla con los requisitos mínimos, advierten cirujanos plásticos e intensivistas del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), donde esta situación se mantiene sin solución desde hace más de ocho años. Cirujanos plásticos, intensivistas y otros profesionales de la salud del hospital, a lo largo de varias administraciones, han alertado sobre la gravedad del problema, señalando que la falta de una UCI especializada para quemados graves provoca que los pacientes ingresen en condiciones críticas y se expongan a infecciones severas y múltiples complicaciones, lo que incrementa significativamente la mortalidad. Según los galenos, todo paciente “gran quemado” — aquel que presenta más del 20% de superficie corporal afectada— debe ser manejado en una UCI de quemados graves, que es diferente a las demás UCI del hospital. En estas unidades especializadas, los intensivistas son responsables del manejo clínico, mientras que los cirujanos plásticos llevan a los pacientes al quirófano cada dos días para realizar la curación de las heridas. El personal médico ha documentado que la atención de pacientes con quemaduras requiere aislamiento, control estricto de infecciones, equipos especializados y cuidados continuos, condiciones que actualmente no se garantizan en el hospital. Esta carencia hace que incluso lesiones que podrían tratarse con éxito en un entorno adecuado terminen desarrollando complicaciones graves y potencialmente mortales. Asimismo, recuerdan que desde 2018 han observado con preocupación que muchos pacientes fallecen por infecciones mientras permanecen en UCI no preparadas para quemados, una situación que consideran urgente de corregir para reducir la mortalidad y mejorar los resultados clínicos. Situación actual de la atención Frente a esta situación, la CSS ha asegurado que los pacientes con quemaduras graves reciben atención dentro de las UCI existentes en el hospital, cumpliendo con los estándares de cuidado disponibles. No obstante, la institución reconoce que existen factores que han limitado la apertura de una UCI exclusiva para quemados. Entre estos factores, la CSS destaca la baja incidencia de casos graves de quemaduras en el país, lo que dificulta justificar la existencia de una unidad especializada permanente. Además, la concentración de casos en hospitales de referencia, como el Hospital Santo Tomás, se plantea como una estrategia para optimizar recursos y garantizar un manejo integral y especializado, práctica que también se aplica en otros países con baja frecuencia de pacientes quemados. Otro desafío es el recurso humano especializado, ya que la atención de pacientes quemados requiere cirujanos plásticos, intensivistas, enfermeras y terapeutas con formación específica. Aunque la CSS cuenta con profesionales calificados, su número no es suficiente para destinar un equipo exclusivo a una unidad especializada. Riesgo y consecuencias A pesar de estas explicaciones, los médicos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid insisten en que la falta de infraestructura y recursos pone en riesgo la vida de los pacientes y limita la capacidad de ofrecer un tratamiento seguro y efectivo. “La creación de una unidad especializada no solo permitiría un mejor manejo clínico, sino que también reduciría la mortalidad y las complicaciones derivadas de la atención en espacios que no cumplen con los estándares requeridos”, explicaron los galenos. La situación plantea un dilema entre la optimización de recursos y la necesidad de atención especializada para un grupo vulnerable de pacientes, cuyos casos, aunque pocos en número, requieren condiciones técnicas y humanas que actualmente no se pueden garantizar en el complejo hospitalario. Mientras tanto, los médicos continúan atendiendo a los pacientes quemados en las UCI existentes, conscientes de que la falta de infraestructura sigue siendo un riesgo significativo. Proyecto de UCI especializada en quemados La CSS manifestó que existe un proyecto en desarrollo para habilitar una UCI especializada en quemados en la Ciudad de la Salud, como parte de una estrategia proactiva para fortalecer su capacidad de respuesta y garantizar la mejor atención a los asegurados. Según la institución, se están adecuando activamente las instalaciones y organizando la atención administrativa y clínica, así como identificando y capacitando al personal necesario para la apertura de la unidad. La CSS reconoce que contar con una unidad propia permitirá una respuesta más rápida, continuidad en el cuidado, mejor integración con otros servicios de la institución, como rehabilitación y cirugía plástica, y la posibilidad de formación especializada dentro de la institución. La creación de esta UCI especializada permitirá ofrecer un tratamiento seguro, continuo y de alta calidad, evitando que pacientes con quemaduras graves sean atendidos en entornos que no cumplen con las condiciones requeridas. Especialistas coinciden en que, aunque la frecuencia de casos de quemaduras graves sea relativamente baja, cada paciente requiere atención inmediata y adecuada, ya que las complicaciones pueden ser mortales. La falta de unidades especializadas significa que cada caso representa un riesgo para la vida y un desafío para los equipos médicos, que deben improvisar cuidados en condiciones limitadas. Mientras la unidad se habilita, los médicos continúan trabajando bajo presión, conscientes de que la capacidad de respuesta actual no es suficiente para garantizar la seguridad de todos los pacientes. La expectativa es que, una vez inaugurada, la UCI especializada transforme el manejo de las quemaduras graves en Panamá, reduciendo la mortalidad y mejorando la calidad de vida de quienes sobreviven a estos incidentes. La exfiscal Anilú Batista asumió el cargo de secretaria general de la Procuraduría General de la Nación (PGN), en reemplazo de Jorge Luis De La Torre. Batista, quien hasta ahora ejercía como subsecretaria, asume el cargo en medio de una serie de cambios y rotaciones de fiscales. La PGN no ha informado cuándo o por qué ocurrieron estos cambios, pero Batista ya figura en el sitio ministeriopublico.gob.pa como secretaria general. Ni rastro de De La Torre, aunque su nombre sí aparece todavía en la planilla de la institución, como secretario general. Durante la administración de Javier Caraballo como procurador general (periodo que terminó el 31 de diciembre de 2025), Batista se desempeñó como fiscal anticorrupción y manejó investigaciones como el cobro de la multa a la empresa Odebrecht y las pesquisas por supuestas irregularidades en el manejo de la plataforma del vale digital, programa social creado durante la pandemia de la coAnilú Batista es la nueva secretaria general del Ministerio Público ROTACIONES vid-19. A principios de esta semana se conoció una serie de rotaciones y traslados de fiscales superiores a diferentes despacho, en lo que se asume como un reordenamiento de las capacidades para la gestión investigativa en algunas áreas. Entre estas se conoció el traslado de la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, aunque no se especificó el nuevo despacho al que sería enviada. Sin embargo, se informó que Morcillo seguirá a cargo del caso Odebrecht, cuyo juicio inicia el próximo lunes 12 de enero. En tanto, la fiscal Patricia Herrera, quien estaba a cargo de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, ahora será fiscal anticorrupción. Gladys Morán, que se encontraba a cargo de la Fiscalía Regional de Herrera, fue enviada a la provincia de Los Santos. Julio Vergara pasará de la Fiscalía Superior de Bocas del Toro a la de Chiriquí. Las rotaciones también alcanzaron al fiscal anticorrupción de descarga Edwin Juarez, que fue enviado a la fiscalía especializada de homicidios en la provincia de Colón. Juan Manuel Díaz [email protected] Anilú Batista. Alexander Arosemena
7A La Prensa Panamá, jueves 8 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. desempolvado una versión agresiva de su política exterior: el “corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Esta visión no solo reclama “América para los americanos” como una extensión de los lineamientos de la política exterior de America First de la administración Trump, sino que subordina la soberanía de los Estados de la región a los imperativos de seguridad nacional de Estados Unidos, ignorando las normas del Derecho Internacional. Bajo este mismo prisma, potencias como Rusia y China aplicarían una lógica similar en sus respectivas latitudes, como en los casos de Ucrania y Taiwán, respectivamente, sin necesidad de reclamos cruzados entre actores con conductas de facto equivalentes. En este tablero de ajedrez, el Canal vuelve a colocarse en el centro de la tormenta. Durante décadas, nuestra neutralidad — consagrada en los Tratados Torrijos-Carter— fue el escudo que permitió a Panamá navegar las tensiones globales. Sin embargo, en un mundo donde impera la fuerza, la neutralidad es percibida por las potencias como un vacío de poder o, peor aún, como una oportunidad para el adversario. El escenario más sombrío, que el realismo obliga a examinar, es el de una intervención directa. Si la tensión con potencias extrahemisféricas escala, no es descartable que Estados Unidos, invoLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. En España sube la edad de jubilación: ¿y en Panamá? Pensiones A partir del 1 de enero de 2026, en España, la edad ordinaria de jubilación se elevará a 66 años y 10 meses, siempre que el trabajador haya cotizado al menos 38 años y 3 meses. Si cumple con ese requisito, podrá jubilarse a los 65 años. La meta es clara: en 2027 se consolidará el nuevo estándar de retiro a los 67 años para quienes no alcancen ese periodo mínimo de cotización. ¿Y qué hacemos en Panamá? Algunos ya sienten que trabajar más allá de los 60 años es un castigo, mientras otros —más resignados que optimistas— bromean con que la pensión solo la conocerán por Wikipedia. Sin embargo, al comparar las condiciones internacionales, es momento de mirar el panorama con mayor perspectiva y dejar de lado, por un instante, los temas candentes del continente (sí, Trump y Maduro incluidos). España, con una de las tasas de envejecimiento más altas de Europa, avanza hacia un modelo orientado a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Aunque polémico, el aumento en la edad de retiro responde a la presión demográfica, al incremento de la esperanza de vidayalanecesidaddemantenerelequilibriofiscal. Además, la reforma incorpora mecanismos que flexibilizan la jubilación anticipada, con penalizaciones calculadas: entre un 21% y un 3.26% menos en la pensión, dependiendo de cuántos meses se adelante el retiro. También se implementa un sistema dual para el cálculo del monto jubilatorio: los beneficiarios podrán elegir entre computar los últimos 25 años cotizados o 29 años excluyendo los dos peores, lo que permite cierta adaptación a trayectorias laborales irregulares. Este esquema se aplicará de forma gradual hasta 2044. En contraste, en Panamá la edad de jubilación se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, aunque en 2023 el Gobierno propuso elevarla como parte de las reformas a la Caja de Seguro Social. La iniciativa desató resistencias en múltiples sectores, lo que refleja una tensión legítima, pero también una desconexión con las realidades demográficas y financieras globales. No se trata de copiar modelos ajenos, pero sí de comprender que la sostenibilidad del sistema no es una cuestión ideológica, sino matemática. La población envejece, los aportes activos disminuyen y las expectativas aumentan. Ignorar esa ecuación es postergar lo inevitable. Por supuesto, el debate en Panamá tiene su propio contexto: informalidad laboral, bajos salarios, evasión y décadas de mala gestión administrativa. Pero una discusión madura exige mirar más allá del corto plazo y asumir que un retiro digno implica esfuerzos colectivos: desde mejorar la cultura de ahorro previsional hasta diseñar incentivos que permitan extender la vida laboral sin condenar a nadie a trabajar hasta el último aliento. En todo caso, quizá sea prudente que quienes están a punto de estrenar su carné de jubilados vayan buscando el tinte para las barbas blancas y le den una sacudida a su portafolio de trabajo. Porque, seamos sinceros, conelritmoactual,másdeunotendráqueseguiractivo hasta bien entrados los setenta… o hasta que el cuerpo aguante. Venezuela: entre el sofisma geopolítico y la soberanía popular Democracia representativa de gobernantes elegidos dentro de un sistema transparente y democrático. Esa defensa de la democracia se ejercería a través de mecanismos que desarrollarían acciones solidarias cuando esta fuera resquebrajada o quebrantada en algunos de sus miembros. Bajo este contexto, ¿cómo podemos descifrar lo que hoy sucede en Venezuela? En primer lugar, estamos claros en que Venezuela es una dictadura que viola los derechos humanos, cuyos gobernantes, en especial Nicolás Maduro, tuvieron todas las posibilidades otorgadas por miembros de la comunidad internacional para dejar el poder. Esto justificó que la potencia más poderosa del mundo interviniera militarmente y, por medio de una operación muy quirúrgica —si es que no hubo complicidad dentro de las huestes chavistas—, atrapara a Maduro y a su esposa, quienes hoy están detenidos en Nueva York ante fuertes acusaciones criminales de todo tipo. ¿Es el interés de Estados Unidos que Venezuela recupere el camino democrático? No lo parece. El presidente Trump, quien calificó a María Corina Machado como una mujer muy “gentil”, afirmó que ella no tiene el apoyo del pueblo venezolano. A Edmundo González Urrutia, el legítimo presidente de Venezuela cuyas actas de triunfo están resguardadas en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá, ni siquiera lo ha mencionado. El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo que el presidente Trump debe buscarse mejores asesores ante su afirmación de que Estados Unidos administrará Venezuela por un tiempo, agregando Mulino que él no es el dueño de ese país. Mientras tanto, el embajador de Panamá ante la ONU rechazó cualquier transición en Venezuela que incluyaal“madurismo”. A pesar de la injustificable invasión a Panamá, ocasionada y promovida por los desatinos de Manuel Antonio Noriega, el entonces presidente George Bush dio como razones de esta intervención armada la restauración de la democracia panameña, el cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, la protección de los intereses y ciudadanos estadounidenses en Panamá y la aprehensión de Manuel Antonio Noriega por delitos de narcotráfico. Tomó el poder, en aquel entonces, Guillermo Endara, quien había ganado abrumadoramente las elecciones de mayo de 1989. En el caso de Venezuela, la estructura militar e institucional del régimen chavista permanece activa e intacta. El presidente Trump no solo ha descalificado a MaJulio Ernesto Linares Franco El ocaso de las normas: Panamá en la era de la fuerza Derecho internacional El sistema internacional de posguerra, construido bajo el liderazgo de los Estados Unidos (Bretton Woods, Dumbarton Oaks), ha entrado en una fase de desmantelamiento. La reconfiguración del orden mundial que presenciamos en este 2026 no es una transición ordenada, sino un retorno brutal al realismo político. En este nuevo escenario, el multilateralismo que alguna vez prometió igualdad jurídica entre naciones ha sido reemplazado por una anarquía en la que la validez de un tratado depende exclusivamente de la capacidad militar de quien lo firma. Ante el ocaso de las normas en el sistema internacional, el riesgo de una intervención en el Canal se convierte en una posibilidad real. Para Panamá, este cambio de paradigma es alarmante. Estamos transitando de un mundo regido por el derecho a otro dominado por esferas de influencia. Bajo esta lógica, Washington parece haber cando la protección de una infraestructura crítica para su seguridad, decida tomar el control físico del Canal por la fuerza. En una era de desprecio por el derecho internacional, el argumento de la “necesidad estratégica” podría aplastar la soberanía panameña en cuestión de horas. Panamádebecomprenderquesumayor activo es también su mayor vulnerabilidad. La defensa de nuestra soberanía en 2026 exige una diplomacia de extrema sofisticación, capaz de gestionar la relación con Washington sin alienar a otros socios, aun sabiendo que, en la práctica, el margen de maniobra se estrecha peligrosamente. El desafío para la clase política es evitar que Panamá se convierta en un peón sacrificable en la pugna de las grandes potencias por el control del comercio global y por su valor geopolítico como choke point. Lo preocupante es la percepción de complacencia ante una aparente calma que da falsamente la impresión de que las exigencias y presiones de Washington han cesado o disminuido en intensidad, y de que la eventual “toma del Canal” y su periferia ha sido zanjada con controvertidos arreglos bilaterales de “botas” sobre el terreno, entre otros. Este error de cálculo político-estratégico requiere una inmediata rectificación ante la realidad cambiante. Ante el ocaso de las normas en el sistema internacional, el riesgo de una intervención en el Canal se convierte en una realidad potencial del uso de la fuerza bruta. Opinión EL AUTOR es estratega en tecnología, innovación y transformación digital. EL AUTOR es analista de relaciones internacionales y seguridad internacional. EL AUTOR es abogado. Gabriel J. Perea ría Corina Machado como líder, sino que, a través del secretario de Estado, según dijo, ha tenido contacto con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del actual e ilegítimo gobierno chavista, quien asume el poder antelacaídadeMaduro.Conellacoordinarían las acciones para establecer y recuperar, a través de una transición, a las mejores empresas petroleras del mundo para el beneficio de los venezolanos. En este momento no sabemos si lo afirmado por el presidente de los Estados Unidos cumpliría con la “Venezuela libre… protegida por la mano de Dios, hasta el final”, a la que se refirió en su primer mensaje María Corina Machado, o si se trata de una estrategia para que, antes de incluir a los verdaderos representantes del pueblo venezolano según el resultado en las urnas, se desmantele el chavismo para entonces reconocer la soberanía popular venezolana. Pareciera que quienes ganaron legítimamente tendrán que esperar su turno hasta que Estados Unidos y la corrupta dictadura se pongan de acuerdo para dejarlos gobernar. Por supuesto que Venezuela, hoy sin Maduro, está mejor que ayer, al menos anímicamente. Pero el hambre de terminar de tragársela, o las ganas de comérsela, ponen en peligro la esperanza democrática. Al día de hoy no se conoce una hoja de ruta que, además, involucre a las fuerzas vivas del país en su totalidad, incluyendo al frente opositor que ganó las elecciones en 2024. Sorprende también la decisión de limitar la transición a quienes han destruido Venezuela durante 26 años, bajo lo que Delcy Rodríguez califica como una “agenda conjunta de cooperación” con Estados Unidos. En conclusión, una transición en Venezuela sin Edmundo González Urrutia ni María Corina Machado es preocupante. El primero es el presidente legítimo y lasegunda,premioNobeldelaPaz,quien le cedió al primero su caudal político para que ganara la presidencia. Peor aún cuando el secretario de Estado ha dicho que, aunque María Corina es fantástica, la mayoría de la oposición venezolana se fue del país. Pareciera que el interés mercantilista de controlar el petróleo —el sofisma geopolítico— supera la necesidad democrática que Venezuela pide a gritos: la soberanía popular. Ojalá me equivoque. Violar la soberanía popular significa desconocer el principio de autodeterminación de los pueblos, principio que implica ejercer el derecho inalienable de adoptar la forma de gobierno que más le convenga a sus intereses. El ejercicio de ese derecho se lleva a cabo a través de elecciones democráticas y transparentes. Lamentablemente, se dan casos en los que una dictadura desconoce ese principio de autodeterminación, violando o desestimando la soberanía popular. Esta situación se consagra cuando el poder del Estado ya no deriva ni emana del pueblo, sino de quienes detentan el poder público, sin más legitimidad que la otorgada ilícitamente por la fuerza de la represión. Hay algo más: la privación a los habitantes de un Estado, es decir, al pueblo, del mínimo de derechos que se le debe reconocer por su simple condición humana, entrando en la flagrante violación de los derechos humanos, cuyo desconocimiento disminuye la condición de ciudadano a la de un mero objeto sumiso y sometido. Desafortunadamente, la soberanía de los países de América Latina, a través del tiempo, ha sido vulnerada y minimizada por actos cometidos no necesariamente por un tercer Estado, sino por los propios nacionales de esos Estados. Dictadores y dictadorzuelos sin Dios ni ley que, posiblemente en los últimos 125 años, han causado más daño en nuestros países que el realizado por la agresión extranjera. Es entonces cuando debemos definir los tipos de intervención, sobre todo la militar, entre la que ejerce un Estado o grupo de Estados para obtener algún beneficio, o aquella realizada para que el principio de autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos vuelvan a resplandecer en el Estado intervenido. Y es en virtud de todo lo anterior por lo que la Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, instituyó en 2001 la Carta Democrática, para fortalecer el principiodelademocraciarepresentativa, mediante la cual se debe proteger a los gobiernos que representan a los Estados y, por ende, a los ciudadanos, por tratarse Ernesto Cerrud Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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