7A La Prensa Panamá, miércoles 7 de enero de 2026 Unidos, las evidencias sugieren la continuidad del chavismo, al juramentarse Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, nublando así las posibilidades de una pronta transición hacia un futuro más democrático en el país sudamericano. Adicionalmente, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se llevó a cabo una reunión para tratar la situación de Venezuela, poniendo en evidencia las fragilidades de las relaciones internacionales, incluso entre naciones aliadas, en lo que respecta a la operación militar de Estados Unidos en Caracas. Por otra parte, Nicolás Maduro se declaraba inocente y aún presidente de Venezuela ante una corte neoyorquina, creando una realidad difusa y un futuro todavía más incierto, dado que todas las cosas parecen haber cambiado para que, en esencia, nada realmente cambie. Lo que está en juego Durante su mandato, Hugo Chávez se dedicó a fortalecer relaciones con aliados en la región, proponiendo tratos preferenciales como petróleo a menor precio o financiamiento para exportar el socialismo chavista a América Latina. Algunos de sus aliados fueron Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua. Aunado a esto, la subida del precio del crudo le permitió a Chávez impulsar aún más la expansión de su llamado socialismo del siglo XXI. Eventualmente, las deudas y la ineficiencia de la industria petrolera empeoraron la crisis venezolana, siendo el punto de inflexión la muerte de Chávez y la posterior toma del poder por parte de Nicolás Maduro. La América Latina de la segunda mitad de esta década es muy distinta y mucho más polarizada, no solo políticamente, sino también a nivel social. No obstante, esto no significa que veremos a presidentes ideológicamente afines al régimen chavista actuar abiertamente en contra de quienes apoyan la operación Resolución Absoluta y abogan por la transición del poder a Edmundo González Urrutia. A excepción del presidente colombiano Gustavo Petro, la mayoría de los mandatarios latinoamericanos de izquierda han empleado discurCuando el ruido cotidiano no importa Contaminación acústica Cada diciembre, Panamá revive el debate sobre la pirotecnia. Las campañas para desalentar su uso apelan al bienestar animal, a la salud de niños y personas con hipersensibilidad sensorial, y a la necesidad de celebrar con mayor responsabilidad. El planteamiento, en sí mismo, es válido. No obstante, resulta pertinente preguntarse si esta exigencia puntual de silencio es coherente con la manera en que se tolera el ruido el resto del año. En ciudades como la ciudad de Panamá, el ruido no es una excepción, sino una constante. Construcciones prolongadas en zonas residenciales, remodelaciones sin control horario, motocicletas con escapes alterados, camiones circulando a cualquier hora y el uso indiscriminado de bocinas forman parte del paisaje cotidiano. Este ruido persistente no se distribuye de forma equitativa: afecta de manera directa a comunidades específicas, mientras el resto de la ciudad continúa su rutina sin percibirlo. La ciencia ha demostrado que el impacto más dañino del ruido no es el ocasional, sino el crónico. La exposición continua se asocia con estrés sostenido, alteraciones del sueño, dificultades de concentración y un deterioro progresivo de la salud cardiovascular (Basner et al., 2014). Sin embargo, estas consecuencias rara vez generan campañas públicas, fiscalización constante o debates sostenidos. El ruido cotidiano se normaliza y se asume como un costo inevitable de la vida urbana. Aquí surge una contradicción difícil de ignorar. Regular la pirotecnia uno o dos días al año es una medida visible y de alto impacto simbólico, pero resulta insuficiente si no va acompañada de una política integral de gestión del ruido. Exigir silencio en fechas festivas, mientras se ignoran las fuentes permanentes de contaminación acústica, transmite la idea de que el problema no es el ruido en sí, sino cuándo y quién lo produce. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la contaminación acústica urbana constituye uno de los principales riesgos ambientales para la salud, solo superado por la contaminación del aire (OMS, 2018). A pesar de ello, en la práctica sigue tratándose como una molestia menor, y no como un asunto de salud pública y de derechos ciudadanos. Esta desconexión entre el discurso y la acción alimenta la percepción de injusticia entre quienes viven expuestos al ruido de manera constante. El debate necesario no debería centrarse únicamente en prohibir o permitir la pirotecnia, sino en reconocer el derecho al descanso y a un ambiente acústicamente razonable como un componente esencial de la calidad de vida urbana. Esto implica regular con el mismo rigor tanto los ruidos festivos como los estructurales, establecer controles efectivos y asumir que el silencio no puede ser una concesión ocasional. Celebrar el silencio un día al año puede aliviar conciencias, pero no resuelve el problema de fondo. Mientras el ruido cotidiano siga siendo invisible para la política pública, el derecho al bienestar continuará dependiendo del lugar donde se viva y no de una norma aplicada con equidad. El elefante se sienta donde quiera Estados Unidos El pasado 2 de diciembre, en su discurso presidencial con motivo del aniversario número 250 de la Doctrina Monroe, Trump destacó la vigencia plena de esta doctrina mediante la inclusión del denominado Corolario Trump, en el cual afirma el derecho de Estados Unidos a intervenir en cualquier lugar del continente americano que considere necesario, bajo el argumento de protegerlo de amenazas externas. De este modo, la violación de la soberanía de los Estados latinoamericanos se presenta como un mal necesario o como el precio a pagar para garantizar una supuesta independencia frente al resto del mundo. El Corolario Trump pretende reivindicar el liderazgo estadounidense en el hemisferio occidental mediante enunciados hegemónicos, como la idea de que la soberanía hemisférica está vinculada a la capacidad del pueblo estadounidense de controlar su destino en la región. Esto incluye el control del Canal de Panamá y de las rutas marítimas, la lucha contra las drogas, el narcoterrorismo y la migración irregular, así como la revisión y reconfiguración del comercio bajo la lógica de America First. Los acontecimientos recientes en Venezuela, con la invasión y captura de Nicolás Maduro, no responden a un acto de solidaridad en defensa de los principios democráticos vulnerados en ese país. Por el contrario, constituyen el retorno explícito de una interpretación dura de la Doctrina Monroe, como se desprende de las declaraciones del propio Trump el sábado 3 de enero: — “Vamos a administrar Venezuela. Ellos nos arrebataron nuestro petróleo y pensaron que no haríamos nada al respecto”. — “María Corina Machado no cuenta con el apoyo ni el respeto necesarios para gobernar su país. Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”. Ahora resulta más comprensible que el actual presidente estadounidense haya recibido el respaldo mayoritario de los votantes de su país y que continúe contando con la admiración y el apoyo sumiso de su enJoaquín González J. Gatopardismo bolivariano Venezuela Pocas cosas han sido tan devastadoras para un país como lo ha sido el chavismo para Venezuela, al convertir a la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo en una dictadura socialista. Según la Real Academia Española de la Lengua, una dictadura se define como un régimen político que, por la fuerza o la violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. El chavismo se encargó de legitimar su causa en nombre de la tan coreada justicia social, una causa que se intensificaba cada vez más debido a los errores políticos y económicos cometidos por el expresidente Carlos Andrés Pérez, durante cuyo gobierno se produjo el Caracazo. Los golpes de Estado fallidos contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez le dieron el protagonismo necesario a Hugo Chávez para ir alimentando la narrativa sobre la necesidad de cambiar el sistema de alternancia del poder político entre los partidos que controlaban Venezuela y reemplazarlo por un gobierno más “allegado” al pueblo. Con el proyecto político de Chávez, el Movimiento Quinta República propuso un discurso meramente anticorrupción, adornado con populismo y con la propuesta de cambiar la Constitución de 1961 para poner en marcha lo que se convertiría en la Revolución Bolivariana. Esa misma revolución, inicialmente acogida de manera legítima por los venezolanos que creyeron en el discurso anticorrupción de Hugo Chávez, evolucionó hasta convertirse en una de las crisis humanitarias y migratorias más grandes del continente. Hoy, tras la operación militar Resolución Absoluta por parte de los Estados sos más diplomáticos para referirse a las acciones de Estados Unidos, configurando un panorama en el que se observa que gran parte de las naciones de las Américas entiende lo que está en juego para lograr una verdadera estabilización de la situación en Venezuela. Con los anuncios de transición, la toma de posesión de Delcy Rodríguez, el control norteamericano y la ambigüedad jurídica que rodea a Nicolás Maduro, parece evidente que el núcleo del poder chavista sigue intacto, ya que ninguno de los acontecimientos ocurridos desde el 3 de enero de 2026 representa una fragmentación real del chavismo ni un desarme de sus bases como proyecto político. El chavismo, tal como ocurrió tras la muerte de Hugo Chávez, parece haber mutado y consolidado un sistema de supervivencia del poder, aun cuando quien lo encabeza ya no sea su fundador. En otras palabras, esta serie de eventos no parece haber logrado que se respete la voluntad de quienes realmente importan: los ciudadanos venezolanos, y no los miembros del Consejo de Seguridad, los aliados del chavismo o los propios integrantes del aparato de poder del régimen. A este punto, Venezuela no es únicamente una crisis nacional, sino un espejo de la fragilidad y de los riesgos que enfrentan las democracias latinoamericanas, especialmente aquellas debilitadas por la creencia en una suerte de providencia política y por la concentración del poder en uno o en unos pocos individuos. Al final del día, cuando el poder se encuentra sobrerrepresentado en una figura o en una élite, termina imponiéndose sobre las libertades individuales. En conclusión, hoy la comunidad de las Américas se enfrenta a la decisión de optar, como naciones, por un cambio real o por la simple contención del caos, pues la historia ha demostrado que las salidas a medias solo generan mayor sufrimiento y miseria para los pueblos y fortalecen aún más a las élites autoritarias. EL AUTOR es profesional del área de sistemas y educación. EL AUTOR es internacionalista. EL AUTOR es pintor y escritor Roberto Armuelles Contreras torno político y del andamiaje gubernamental, de una manera inquietantemente similar a la que, hasta hace poco, practicaba Maduro en su feudo venezolano. Este comportamiento ególatra y prepotente se refleja también en el documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, aprobado en noviembre de 2025, donde Trump aparece como una figura casi providencial que inaugura “una nueva edad de oro” y se presenta como “presidente de la paz”, capaz de garantizar “una paz sin precedentes” gracias a su talento negociador. En dicho documento se fusionan, sin pudor, la seguridad nacional y el culto a la personalidad, una característica más propia de regímenes autoritarios que de democracias consolidadas. En síntesis, este documento permite observar con claridad el manual de operaciones de Estados Unidos hacia América Latina y su autoproclamado rol como paladín de la justicia y baluarte de la democracia, mientras proclama la paz a través de la fuerza cuando afirma: “La fuerza es el mejor elemento disuasorio. Los países u otros actores suficientemente disuadidos de amenazar los intereses estadounidenses no servirán de nada”. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025 no debe leerse únicamente como un plan militar o diplomático. Es, ante todo, un proyecto discursivo que busca reconfigurar el orden internacional mediante narrativas de identidad y amenaza. Más que una estrategia de seguridad en sentido clásico, representa un intento de reafirmar la hegemonía estadounidense a través de significados intimidatorios que condicionan la política internacional y obligan a todos —especialmente a los panameños— a poner las barbas en remojo, mientras intentamos adivinar dónde quiere sentarse el elefante. Históricamente, Estados Unidos ha considerado a América Latina como su patio trasero. Desde los inicios de esa nación, la Doctrina Monroe fue una política intervencionista que, amparada en el lema “América para los americanos”, fue establecida por el presidente James Monroe en 1823 como fundamento ideológico para delimitar la esfera de influencia estadounidense en la región. Esta doctrina sirvió para justificar la intervención en Centroamérica y el Caribe, así como para impulsar la expansión territorial hacia el oeste, con la anexión de Texas y la guerra con México. Por su parte, el Destino Manifiesto fue otra justificación ideológica, acuñada por John O’Sullivan en 1845, que amplió el alcance de la Doctrina Monroe al sostener que los estadounidenses estaban destinados por Dios a expandirse por todo el continente americano. Bajo el pretexto de llevar libertad y progreso por mandato divino, esta visión derivó en anexiones y dominio por la fuerza sobre territorios vecinos, aprovechando sus recursos en favor de Estados Unidos. Esta conducta imperialista, practicada durante décadas por Estados Unidos, parecía haber sido atenuada con el paso del tiempo en América Latina, en virtud de la diplomacia moderna y del reconocimiento internacional del derecho de los pueblos a definir su propio destino. No obstante, tras largos años de relativo desinterés por la región, Estados Unidos ha vuelto a poner el foco en América Latina, esta vez bajo la figura del presidente Donald Trump, pero con intenciones que evocan viejas prácticas del pasado. Luis Credidío Opinión
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