5A La Prensa Panamá, miércoles 7 de enero de 2026 Panorama Las palabras queimportan Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal [email protected] Antes de sumergirse en la avalancha de interpretaciones sobre el presente y el futuro de Venezuela, conviene prestar atención a su materia prima: las palabras. Es una de las pocas ventajas de la era Trump 2.0: se dice en voz alta lo que antes, por pudor, se disimulaba con pretextos y eufemismos. En la rueda de prensa tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la palabra petróleo se mencionó 26 veces; drogas, bandas y narcotráfico, 14 veces; democracia, ninguna. Ese mismo énfasis se mantuvo en las declaraciones posteriores del mandatario estadounidense y del secretario de Estado, Marco Rubio. No se habló de elecciones ni de derechos humanos, sino de la defensa del interés nacional de Estados Unidos en Venezuela. Mientras Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo en Estados Unidos, su antigua vicepresidenta, Delcy Rodríguez —tan ilegítima como él—, es hoy la presidenta juramentada de Venezuela bajo tutela estadounidense. No hay cambio de régimen ni retorno a la democracia: hay continuidad del madurismo, sin Maduro. Lo ocurrido en Venezuela es la expresión más cruda de la lógica que Washington ha desempolvado en su Estrategia de Seguridad Nacional: la Doctrina Monroe. Aquí, una vez más, hay que atender a las palabras y a sus significados. “América —el continente— para los americanos —los estadounidenses—”. El Departamento de Estado publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Este es nuestro hemisferio y el presidente no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”. Trump no solo revive la doctrina dos siglos después: la personaliza. La bautizó como doctrina Donroe, una fusión entre su nombre y el apellido del expresidente Monroe. Si en el siglo XIX fue una advertencia contra la intervención europea en América, hoy apunta a expulsar a China, Rusia, Irán y sus aliados de los recursos y activos considerados estratégicos para la seguridad nacional estadounidense. Las palabras vuelven a encender las alarmas cuando Trump hace alusión al petróleo venezolano como algo que “les pertenece” y que les fue “robado”. La inquietante retórica recuerda a la utilizada con el Canal de Panamá. Se han lanzado expresiones y sentado precedentes con repercusiones preocupantes a escala global. ¿La operación militar de Estados Unidos abre la puerta para que China invada Taiwán? ¿Legitima la invasión rusa a Ucrania? Sin respeto alguno al derecho internacional, el mundo queda expuesto al apetito de las potencias. Pero el desprecio por la legalidad no se quedó en la geopolítica. También apareció en las palabras utilizadas por Donald Trump para referirse a la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. “No tiene el apoyo ni el respeto de su país”, sentenció. La afirmación ignora el resultado de las elecciones de julio de 2024, en las que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó con más del 70% de los votos. Es claro que, con el aparato militar y represivo intactos, ni González Urrutia ni Machado pueden asumir hoy el poder en Venezuela. Pero una cosa es reconocer esa realidad y otra muy distinta deslegitimar a la líder más popular de la oposición. Más allá de las razones que hayan motivado el notorio desplante, aquí hay algo que queda claro: el criterio para Estados Unidos no es quién representa la voluntad popular de los venezolanos, sino quién resulta funcional a sus intereses. Y esa persona es hoy Delcy Rodríguez. Como suele ocurrir ante el vacío de poder que deja un dictador, lo más difícil comienza ahora. En la guerra por la supervivencia de un régimen autoritario, con múltiples centros de poder operando en paralelo, en un país repleto de actores armados y estructuras criminales, nada puede ser descartado. La apuesta de Estados Unidos con Delcy Rodríguez es frágil y carece de legitimidad dentro y fuera de Venezuela. En esta ausencia de certezas, lo único que quedan son las palabras. Volvamos entonces a ellas. Nicolás Maduro se declaró inocente. Aseguró ser el presidente de Venezuela y haber sido secuestrado. Consideraciones legales aparte, gobernante legítimo no es. Quienes han estado secuestrados por décadas son los venezolanos, víctimas de una dictadura que ha robado sus recursos, su libertad y su futuro. Maduro —y las otras figuras que concentran el poder del régimen— son responsables de una realidad trágica que permanece invariable. De allí el temor y la ausencia de manifestaciones dentro de Venezuela. No es el fin de la dictadura chavista ni siquiera el principio del fin. Esta columna termina sin conclusión, a la espera de que algún día sea el pueblo venezolano quien la escriba. Sus palabras, opiniones y vivencias son las que verdaderamente importan. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Devuelven a primer debate proyecto contra reelección de rectores EDUCACIÓN SUPERIOR Con 27 votos a favor y 20 en contra, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó una propuesta presentada por el diputado del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, para devolver a primer debate el proyecto de Ley 83, iniciativa que propone instaurar el principio de no reelección inmediata en las universidades públicas del país. La decisión se adoptó tras un breve intercambio de argumentos en el hemiciclo, donde los promotores de la moción, entre ellos Camacho, alegaron la necesidad de revisar el contenido del proyecto, mientras que sus detractores cuestionaron el retroceso legislativo y el impacto de un nuevo aplazamiento en la discusión de reformas al sistema universitario. El diputado de Vamos y presidente de la Comisión de Educación, Jorge Bloise, calificó como una injusticia que el documento fuera devuelto a la comisión, luego de haber sido analizado durante varias semanas con actores clave, como los rectores de distintas universidades. La iniciativa legislativa, presentada por el diputado del partido Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño Alvarado, buscaba limitar la permanencia consecutiva de los rectores en el cargo, con el objetivo de fortalecer la alternancia y garantizar un proceso democrático en la vida académica del país. De acuerdo con la propuesta, el rector sería electo por el período que establece el régimen orgánico de cada universidad, pero no podría aspirar de forma inmediata a la reelección para un segundo mandato consecutivo.
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