4A La Prensa Panamá, miércoles 7 de enero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] LISTA CLINTON. La nueva “presidenta” de Venezuela, Delcy Rodríguez, está en la lista sancionatoria de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde el 25 de septiembre de 2018. En la misma resolución fue incluida Cilia Flores, la exprimera dama encarcelada con Nicolás Maduro. Si lo ocurrido el pasado sábado fue una operación “de aplicación de la ley”, ¿eso se refiere solamente a dos personas y no a todos los cómplices del régimen? FASHION VICTIM. Ni $14,000 ni $900. El vestido verde que utilizó Delcy Rodríguez para su toma de posesión es de la marca italiana Chiara Boni y se puede adquirir por $601 en la tienda en línea Farfetch. En el sitio chiaraboni.com el modelo se agotó, aunque tienen uno muy similar por $525. Si el salario mínimo en Venezuela es de apenas 130 bolívares al mes (es decir, menos de un dólar), ese no es su problema. GAFE.Pareciera que Saúl Méndez trae muy mala suerte. Se fue a Bolivia y, poco después, el ahora expresidente Luis Arce fue detenido por una investigación por presunta malversación. Huyó a Venezuela… y miren lo que pasó. Si sigue con el tour, va a acabar con el socialismo del siglo XXI. DESAIRE. Ayer, en la agenda de la Comisión de Credenciales estaba la “aprobación y votación” (en primer debate) de las reformas a varios artículos del reglamento interno de la Asamblea. Sin embargo, la sesión terminó y el tema no fue tratado. ¿Qué se puede esperar? ¿Algún replanteamiento del significado de la palabra “nada”? RETO. Desde la comodidad de su curul, BoloLa Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Isaac Ortega Comisión de Credenciales aplaza debate del reglamento interno Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL La decisión postergó un debate considerado clave para el funcionamiento legislativo, en medio de expectativas sobre el rumbo que tomarían las reformas internas. La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales suspendió ayer martes 6 de enero la sesión antes de iniciar la discusión del reglamento interno de la Asamblea Nacional, pese a que ese punto figuraba en la agenda oficial del día. La decisión postergó un debate considerado clave para el funcionamiento legislativo, en medio de expectativas sobre el rumbo que tomarían las reformas internas al inicio del período parlamentario. Dentro de la agenda, la Comisión de Credenciales tenía previsto, en los puntos 6 y 7, aprobar y votar las nuevas propuestas correspondientes al primer y segundo bloque de los proyectos de ley que modifican y adicionan artículos al texto único de la Ley 49 de 1984, que adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. No obstante, la sesión se concentró en los primeros cinco puntos del orden del día, relacionados con la ratificación de varios funcionarios. Entre ellos figuraban Luis Guillermo Raven Suárez, como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y Nissim Antebi Chreim, como integrante de la Junta Directiva de la Agencia Panamá Pacífico, en representación de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. De igual forma, la Comisión avaló la ratificación de Zulma Clobeth Guerra Mackenzie como gerente general de la Zona Franca Turística y de Apoyo Logístico Multimodal de Barú. Además, aprobó la metodología y el procedimiento para la consideración, revisión y análisis de las ratificaciones de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, conforme a lo establecido en la Constitución y en el Reglamento Orgánico de la Asamblea Nacional. ¿Sin consenso? Cuando correspondía entrar en los puntos relacionados con el reglamento interno, la diputada y presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, informó a los demás diputados que debía llevar al pleno de la Asamblea la lista de funcionarios ratificados, pero no regresó a la sesión. Ante esta situación, los demás diputados de la comisión optaron por retirarse al pleno legislativo. Consultado al respecto, el diputado de la coalición Vamos, Augusto Palacios, señaló que aún no se puede hablar de consenso, ya que ni siquiera se sentaron previamente a conversar sobre el tema. “Se incluyó en la agenda, pero no se abordó”, afirmó. Para Palacios, este asunto debe abordarse con la seriedad que amerita, al tratarse de una exigencia clave para fortalecer la transparencia y la credibilidad del Órgano Legislativo. Minutos antes, Castañeda había subrayado que el objetivo de la comisión es concluir el primer bloque de reformas para dar paso al segundo y, posteriormente, contar con un texto único que pueda ser llevado al pleno en el menor tiempo posible. La diputada del partido Realizando Metas indicó que entre los ajustes en discusión figuran medidas orientadas a transparentar la administración interna, como establecer que el personal de los diputados no sea de carrera y que su vínculo laboral concluya con el período del parlamentario, así como la implementación de evaluaciones periódicas de desempeño. A su juicio, estas reformas permitirían corregir prácticas históricas que han inflado la estructura administrativa de la Asamblea y han afectado la credibilidad de los funcionarios de carrera. “Si queremos poner orden, tenemos que empezar por el reglamento interno”, afirmó, al reiterar que las responsabilidades deben quedar claramente definidas para diputados, jefes inmediatos y personal administrativo. Castañeda figura entre los cinco diputados con las planillas más altas de la Asamblea Nacional. La lista la encabeza el diputado Benicio Robinson, cuyo despacho registra un gasto mensual de $261,225 en salarios, seguido por Marcos Castillero, con $225,282, y Jaime Vargas, con $164,120; los tres, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Más abajo aparece Crispiano Adames, también del PRD, con $122,825, y en quinto lugar Castañeda, con una planilla que asciende a $120,675 mensuales. Aleida Samaniego C. [email protected] Primera farmacia de cannabis medicinal abre en Panamá en fase inicial con CBD FARMACOLOGÍA Panamá ha dado un paso significativo en la regulación del cannabis medicinal al abrir la primera farmacia especializada en la venta de productos derivados de esta planta. Esto ha sido posible luego de la sanción de la Ley No. 242, la cual regula el uso médico y terapéutico del cannabis y sus derivados. Esta ley fue aprobada en octubre de 2021, y, a enero de 2026, han transcurrido cuatro años y tres meses desde su entrada en vigor. El director nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), Uriel Pérez, confirmó la apertura de esta farmacia, que se enfocará exclusivamente en la venta de productos relacionados con el cannabis medicinal. Sin embargo, destacó que, por el momento, solo se comercializarán productos que contengan CBD (cannabidiol), un compuesto natural derivado de la planta de cáñamo o marihuana, y únicamente bajo prescripción médica. Desde el 2018, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) reconoció el CBD como un medicamento real. Enestaprimerafase,cualquier persona podrá adquirir con receta en mano productos con CBD, siempre que estén dentro del marco regulado por el Minsa. No será necesario estar inscrito en un registro médico. El compuesto THC más adelante No obstante, las autoridades aclararon que los productos que contengan THC (tetrahidrocannabinol), una sustancia sujeta a controles más estrictos por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, serán introducidos en una segunda etapa. El Minsa adelantó que, cuando los medicamentos con THC ingresen oficialmente al mercado, estos serán clasificados como productos medicinales controlados. Su dispensación requerirá prescripción médica y estará limitada a pacientes registrados en el programa de cannabis medicinal. El THC es el principal compuesto psicoactivo del cannabis. Este actúa sobre el sistema endocannabinoide del cuerpo, específicamente en los receptores del cerebro, provocando cambios en el estado de ánimo, la percepción, la memoria y la coordinación motora. El registro de los pacientes es un componente clave de la regulación, ya que permitirá identificar a los usuarios, dar seguimiento terapéutico y evitar el desvío de productos. Sin este registro, los pacientes quedarían en un limbo legal: las farmacias no podrían despachar los productos, y los médicos no podrían formalizar las prescripciones, aunque el producto llegue al país. El registro será gestionado por la Dirección General de Salud del Minsa. Las autoridades de salud subrayaron que el objetivo principal de esta medida es ampliar las opciones terapéuticas para pacientes con condiciones médicas específicas, sin descuidar los controles sanitarios y regulatorios necesarios para garantizar un uso seguro. Panamá otorgó licencias a siete empresas para operar en el sector del cannabis medicinal. Estas empresas están autorizadas para cultivar cannabis, producir extractos y distribuir productos como aceites y otros tratamientos que contienen cannabinoides. Estas licencias están bajo estricta supervisión del gobierno, con el fin de garantizar que los productos sean utilizados exclusivamente con fines médicos y terapéuticos. En este contexto, la apertura de la primera farmacia especializada marca el inicio de una nueva etapa para el sistema de salud panameño, en la que el cannabis medicinal comienza a integrarse de manera ‘formal y regulada a las alternativas de tratamiento. El avance, aunque gradual, refleja cómo las autoridades buscan equilibrar el acceso terapéutico con la supervisión estricta, sentando las bases para una implementación responsable que priorice la seguridad del paciente y el cumplimiento de la normativa vigente. ta dedicó varios epítetos al presidente Donald Trump. Lo llamó “pirata”, “cacique”, “verdugo”, “sociópata”... Ante la andanada de insultos, el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera respondió a Salazar con una escueta frase en Instagram: “¿Nos vemos en Miami?”. Debemos entender que, sorprendentemente, Bolota tiene visa de ingreso a Estados Unidos. Tal vez lo dejen entrar, pero no salir.
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