3A La Prensa Panamá, miércoles 7 de enero de 2026 Panorama Una residencia ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, que presuntamente era utilizada como depósito de drogas, fue allanada por la Policía Nacional, donde se decomisaron 159 kilos de cocaína. Durante una operación de vigilancia y seguimiento, las autoridades intervinieron el inmueble, en el que además incautaron varias armas de fuego y aprehendieron a una mujer de 41 años, quien se encontraba en el lugar al momento del operativo. Según las investigaciones preliminares, la droga habría llegado por vía marítima hasta las inmediaciones de los manglares de Juan Díaz, desde donde fue trasladada a la residencia para su custodia, antes de ser enviada fuera del país. Durante las diligencias, la Fiscalía y la Policía también decomisaron un vehículo que presuntamente era utilizado para el transporte de la sustancia ilícita. Las autoridades mantienen operativos para dar con el resto de la red criminal vinculada a la introducción Una casa en Juan Díaz era usada como depósito de cocaína NARCOTRÁFICO y distribución de la droga. En 2025, las autoridades decomisaron alrededor de 100 toneladas de sustancias ilícitas en operativos realizados en distintos puntos del país. La mayor parte de la droga fue interceptada en lanchas rápidas procedentes de Colombia y en contenedores en tránsito por los puertos del Pacífico y el Atlántico. Para el concurso se registraron 20,184 postulaciones de docentes a nivel nacional. Cortesía Anomalías sacuden el concurso docente 2026 Yaritza Mojica [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] NOMBRAMIENTOS El Meduca detectó documentos alterados, récords policivos con firmas repetidas y códigos QR inválidos en el concurso docente 2026; más de un centenar de casos estaría bajo revisión y algunos expedientes serían remitidos al Ministerio Público. El Ministerio de Educación (Meduca) se encuentra en plena ejecución de la fase de determinación de elegibles del Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores 2026, un proceso clave para la selección de docentes que ocuparán las vacantes del sistema educativo oficial el próximo año escolar. Durante esta etapa, la entidad ha detectado anomalías en la presentación de documentos, lo que ha obligado a reforzar los mecanismos de revisión y a reprogramar los tiempos inicialmente previstos. Para el concurso se registraron 20,184 postulaciones a nivel nacional. De ese total, hasta el momento, más de 19,000 aspirantes se mantienen en condición de elegibles, aunque la evaluación no ha concluido. El objetivo final es seleccionar a los docentes que ocuparán las 3,234 vacantes publicadas al inicio del proceso. Jaime Castillo, asesor legal del despacho superior del Meduca, explicó que esta fase es determinante, ya que permitirá definir quiénes cumplen realmente con los requisitos establecidos para ser considerados en el nombramiento. Durante la revisión preliminar, el equipo técnico identificó irregularidades y anomalías en la documentación presentada, entre ellas documentos alterados, información incompleta, espacios en blanco y archivos exigidos por la norma que no fueron adjuntados, lo que ha hecho necesaria una verificación más exhaustiva de cada expediente. El proceso de selección se rige por el Decreto Ejecutivo N° 56 de octubre de 2025, que establece los requisitos y procedimientos para el nombramiento de docentes en el país. Según las autoridades, el cumplimiento estricto de esta normativa es fundamental para garantizar que los nombramientos se realicen con base en méritos y no mediante designaciones discrecionales. La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó públicamente la detección de anomalías y señaló que una de las situaciones más preocupantes se ha dado en los récords policivos, algunos de los cuales habrían sido firmados por la misma persona y presentaban códigos QR inválidos. En estos casos, advirtió, los aspirantes quedan automáticamente fuera del concurso y sus expedientes serán remitidos al Ministerio Público, debido a las consecuencias legales que conlleva la presentación de documentación falsa. De acuerdo con Meduca, una parte importante de las irregularidades estaría relacionada también con certificaciones de salud física y mental. Ante este escenario, el Meduca ha tenido que triplicar el esfuerzo de revisión para asegurar que la lista final de elegibles esté integrada únicamente por aspirantes que cumplan de manera real con los requisitos. Aunque el cronograma inicial contemplaba concluir el proceso en diciembre, las anomalías detectadas obligaron a reprogramar los tiempos, con el compromiso institucional de culminar la selección antes del inicio del año escolar. Como parte de las medidas adoptadas, el Meduca estableció un nuevo período de reclamos, que se desarrollará del 6 al 8 de enero, con el propósito de garantizar la transparencia, legalidad y equidad del concurso. Según las autoridades, se han identificado más de un centenar de posibles anomalías, aunque no se ha divulgado una cifra exacta debido a que la evaluación sigue en curso. Una vez concluida esta etapa y confirmada la falta de autenticidad de los documentos, la entidad elaborará los informes correspondientes y comunicará oficialmente los resultados. Desde el sector magisterial, el dirigente Armando Espinosa, de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), cuestionó la forma en que el Meduca ha manejado la información sobre las “supuestas anomalías” y pidió a la institución precisar qué docentes están involucrados y qué documentos presentan irregularidades. Espinosa comparó esta situación con denuncias realizadas al inicio de la actual administración, como el caso de presuntos “muertos que cobraban”, sobre el cual —según afirmó— nunca se aclararon responsabilidades ni resultados de las investigaciones. El dirigente explicó que el Decreto Ejecutivo 56 incorporó nuevos requisitos al concurso docente, entre ellos la presentación anticipada del récord policivo, el certificado de salud física emitido por un médico general o especialista y el certificado de salud mental expedido por un psiquiatra. A su juicio, estos documentos no deberían exigirse en la fase de aspiración, sino únicamente a los docentes ya seleccionados que vayan a ejercer funciones en un centro educativo. Espinosa sostuvo que esta decisión generó complicaciones administrativas, obligando al Meduca a contratar personal adicional para revisar miles de documentos cargados de manera digital en la plataforma Provel (Procesos de Vacantes en Línea), lo que provocó la extensión del cronograma. Según indicó, este escenario había sido advertido previamente por los gremios magisteriales. También cuestionó cómo la institución asegura detectar documentos falsos cuando se trata de archivos escaneados y cargados de forma virtual, y señaló que la única manera de verificar su autenticidad es mediante la confrontación con los documentos originales. A su criterio, la información divulgada por el Meduca debe ser aclarada y debidamente sustentada. Finalmente, Espinosa afirmó que el exceso de requisitos ha incidido en una disminución de la participación en el concurso. Detalló que este año participaron alrededor de 19,000 aspirantes, una cifra inferior a la de concursos anteriores, cuando se registraron más de 27,000 docentes. Reiteró que los certificados de salud y los antecedentes legales deben solicitarse solo a quienes ya han sido seleccionados. “El Meduca se enredó pidiendo documentación innecesaria y ahora enfrenta retrasos que pudo evitar”, concluyó. Una serie de cambios y rotaciones se han dado en la últimas horas dentro del Ministerio Público (MP), entre las que se incluyen a la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, que instruyó el expediente del caso Odebrecht, cuyo juicio debe iniciar el próximo lunes 12 de enero. Todavía no se ha definido a qué despacho será asignada Morcillo, pero La Prensa conoció que sí participará en el juicio de los sobornos de Odebrecht. También será trasladada la fiscal Tania Sterling, quien se encontraba en la Fiscalía Superior de Veraguas. Recientemente, Sterling reabrió las investigaciones por la desaparición del sacerdote colombiano Héctor Gallego, atribuida a la dictadura militar. Sterling, quien casualmente fue parte del equipo de fiscales que abrió la investigación del caso Odebrecht, fue enviada inicialmente como fiscal a la provincia de Colón, luego a Veraguas y ahora estará en la provincia de Herrera. En tanto, la fiscal Patricia Herrera, quien estaba a cargo de la Fiscalía Regional de Morcillo sale de la fiscalía anticorrupción, pero participará en el juicio de Odebrecht MINISTERIO PÚBLICO Panamá Oeste, ahora será fiscal anticorrupción y Gladys Moran será trasladada de la Fiscalía Regional de Herrera a la de Los Santos. Julio Vergara, que se encontraba en la Fiscalía Superior de Bocas del Toro, ahora se desempeñará como fiscal en la provincia de Chiriquí. Las rotaciones también alcanzaron al fiscal anticorrupción de descarga Edwin Juárez, que fue enviado a la fiscalía especializada de homicidios en la provincia de Colón. Por su parte Daira Botello, que se encontraba en la Secretaría de Control y Fiscalización, ahora estará a cargo de la fiscalía de Panamá Oeste. Con anterioridad Botello se había desempeñado como fiscal de adolescentes. Juan Manuel Díaz [email protected] Ruth Morcillo. Archivo La Policía encontró 159 kilos de cocaína.. Cortesía
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