5A La Prensa Panamá, domingo 4 de enero de 2026 Panorama Escuela primaria Maria Elena Diaz en Guacuco, Tortí en el distrito de Chepo. Alexander Arosemena Sistema educativo, bajo revisión tras anuncio del Ejecutivo Yaritza Mojica [email protected] LEY DE EDUCACIÓN El presidente José Raúl Mulino anunció un diálogo nacional para redactar una nueva ley de educación que sustituya la Ley 47 de 1946, con participación social, modernización del sistema y un cambio estructural prioritario para el país. El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció durante su discurso ante la Asamblea Nacional que, durante este año, se abrirá un diálogo nacional con miras a la redacción de una nueva ley de educación que sustituya la Ley 47 de 1946, vigente desde hace casi ocho décadas. Según explicó el mandatario, el objetivo central es actualizar el marco legal que rige la educación, a fin de mejorar la calidad del aprendizaje, optimizar los procesos administrativos, enfrentar los problemas del sector con mayor eficiencia y administrar de mejor manera los recursos públicos destinados a la educación. Según Mulino el sistema educativo actual no responde a las realidades ni a los retos del contexto global, lo que —a su juicio— limita la generación de igualdad de oportunidades para los estudiantes. “La educación panameña no está a la altura de las circunstancias de este nuevo mundo. Está desactualizada”, afirmó. Adelantó que el proceso comenzará con una fase participativa, en la que se escuchará a todos los sectores vinculados al sistema educativo, incluidos docentes, estudiantes, padres de familia y otros actores sociales. Subrayó que este intercambio de ideas debe darse en espacios de diálogo y análisis, y no mediante protestas o paralizaciones. “A partir de esas propuestas, empezaremos a trabajar en un borrador de una ley que responda a las exigencias de un mundo dinámico, de un país que avanza y de una juventud que necesita herramientas reales para tener éxito en la vida”, dijo. Manifestó su aspiración de que la nueva legislación educativa se convierta en uno de los principales legados de su administración, sentando bases firmes para el desarrollo del país. El anuncio marca el inicio de un proceso que podría significar uno de los cambios estructurales más importantes en el sistema educativo panameño desde la promulgación de la Ley 47 de 1946. La última modificación a la Ley Orgánica de Educación (Ley 47) se dio a través de la Ley 34 del 6 de julio de 1995, que modificó, derogó y adicionó artículos para modernizar el sistema educativo. Esta reforma estableció bases para la Evaluación Nacional de la Calidad Educativa (Sinece), reestructuró aspectos del Ministerio de Educación (Meduca) y de las universidades, y creó nuevas carreras técnicas intermedias, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la educación panameña. Sin embargo, en 1997 se registra una huelga nacional en desacuerdo a las modificaciones y con el cambio de gobierno en 1999, las modificaciones quedaron abandonadas. Por su parte, el diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, se refirió a los anuncios recientes sobre una posible reforma educativa, subrayando su respeto a la separación de poderes entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo. Bloise explicó que, desde que asumió la presidencia de la comisión, se ha venido trabajando en modificaciones puntuales a la Ley Orgánica de Educación, con el objetivo de presentar durante este año una reforma educativa de mayor alcance. Indicó que estos esfuerzos se han desarrollado desde el ámbito legislativo, de manera independiente. En tanto, Humberto Montero, dirigente del sector magisterial, reiteró que la Ley 47, Orgánica de Educación, vigente desde 1946, fue creada para reorganizar y fortalecer el sistema educativo panameño y que, aunque se trata de una normativa antigua, ha sido modificada a lo largo de los años para responder a nuevas realidades. Señaló que su objetivo central siempre ha sido garantizar la educación como un derecho humano fundamental e integral. Montero indicó que los problemas estructurales del sistema educativo no se deben al incumplimiento del magisterio, sino a la falta de ejecución de los lineamientos establecidos en la propia ley por parte de los distintos gobiernos. Añadió que muchas disposiciones han quedado solo en el papel, pese a estar claramente definidas en la normativa vigente. Con respecto a la posibilidad de impulsar cambios a la Ley de Educación mediante un proceso de participación de todos los sectores, con el fin de construir una normativa más robusta, recordó experiencias previas, como el Compromiso Nacional por la Educación (Ley 59 de 2018) y otras reformas recientes, en las que las propuestas del sector educativo no fueron tomadas en cuenta, pese a los amplios procesos de consulta. Olmedo Arrocha, María Cristina Chen y Maribel Cornejo. Cortesía de la Corte Suprema de Justicia Así fue la votación que llevó a María Cristina Chen a la presidencia de la CSJ JUSTICIA Eliana Morales Gil [email protected] El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió el viernes 2 de enero a María Cristina Chen Stanziola como presidenta del máximo tribunal, tras una jornada marcada por divisiones internas, un receso sin acuerdo y una segunda votación decisiva. La sesión, iniciada a las 3:30 p.m., evidenció la falta de consenso en una primera ronda en la que ningún aspirante alcanzó la mayoría absoluta exigida por la ley. En esa votación inicial, Chen Stanziola obtuvo tres respaldos, mientras que Carlos Vásquez, Olmedo Arrocha y la entonces presidenta María Eugenia López sumaron dos votos cada uno. Pese a encabezar la preferencia, Chen no resultó electa debido a que el artículo 74 del Código Judicial exige al menos cinco votos de los nueve magistrados. Ante ese escenario, el Pleno decretó un receso a las 6:00 p.m., sin definición sobre la presidencia. Olmedo Arrocha depuso sus aspiraciones La elección se resolvió en una segunda ronda, cuando Olmedo Arrocha retiró su candidatura y decidió apoyar a Chen Stanziola, movimiento que reconfiguró las alianzas internas. Con ese respaldo, la magistrada alcanzó siete votos, frente a uno para Vásquez y uno para López, resultado que cerró el proceso y le otorgó la presidencia para el próximo bienio. Chen Stanziola fue juramentada por la magistrada Miriam Yadira Cheng Rosas y, posteriormente, juramentó a Olmedo Arrocha como vicepresidente de la Corte y presidente de la Sala Civil. Además de presidir el Pleno, asumirá la dirección de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y la Sala Cuarta de Negocios Generales, así como la representación institucional del Órgano Judicial. En la misma sesión, Maribel Cornejo asumió la presidencia de la Sala Penal. El Pleno también formalizó la incorporación de los magistrados Gisela Agurto y Carlos Villalobos, juramentados horas antes por el presidente José Raúl Mulino. Agurto destacó la necesidad de fortalecer la capacitación del personal judicial, mientras que Villalobos subrayó la importancia de modernizar el sistema para hacerlo más eficiente y accesible. La nueva etapa de la Corte se inicia en medio de cuestionamientos públicos por decisiones recientes, como la aprobación de un fondo de jubilación con el 100% del salario y un ajuste salarial de $4,000 que elevó los ingresos mensuales de los magistrados a $14,000, medidas que fueron parcialmente revertidas tras la presión ciudadana. Pese a ello, el Órgano Judicial sostiene que ha logrado una descongestión procesal del 93% y una reducción significativa del rezago en los últimos cinco años.
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