2A La Prensa Panamá, sábado 3 de enero de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama El presidente José Raúl Mulino durante su discurso y a su llegada a la Asamblea Nacional. Isaac Ortega Mulino tras 18 meses: ‘Si este Estado no se reforma, fracasaremos’ Eliana Morales Gil [email protected] INFORME A LA NACIÓN En una hora y 22 minutos ante la Asamblea Nacional, el presidente hizo un balance de gestión marcado por el énfasis económico y reiteró su hoja de ruta con reformas educativas y cambios al Estado mediante una constituyente originaria. El presidente José Raúl Mulino inauguró el nuevo período legislativo con un discurso largo —1 hora y 22 minutos—, cargado de frases de alto voltaje político, advertencias directas y una narrativa que busca marcar una ruptura nítida con el gobierno anterior y con buena parte de sus críticos. Desde el arranque, dejó claro que no se trataba de un informe técnico ni conciliador, sino de una pieza política diseñada para fijar territorio. “No venimos a administrar el desorden ni a convivir con él”, dijo al iniciar su intervención ante la Asamblea Nacional. La frase, ya recurrente en su repertorio, funcionó como eje discursivo para presentar lo que describió como un Estado heredado en crisis tras la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024). A partir de allí, Mulino organizó su informe alrededor de cuatro grandes frentes: migración, reputación internacional, economía y seguridad, atravesados todos por un tono de confrontación y control. Uno de los pasajes más contundentes fue el dedicado a la migración irregular por la selva del Darién, a la que calificó como “el campo de concentración del siglo XXI”. Aseguró que ese capítulo está “superado”, tras una reducción del flujo migratorio superior al 98% —y luego mencionada como más del 99%—, y expresó su deseo de que “nunca más se repita este desastre humanitario”. El uso de un lenguaje extremo reforzó la idea de urgencia y legitimó las medidas restrictivas adoptadas, aunque dejó fuera del foco el debate regional y humanitario de largo plazo. En política exterior, Mulino defendió la restitución de la reputación internacional de Panamá, subrayando la salida del país de la lista de jurisdicciones de alto riesgo para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea. Reconoció que aún queda una lista pendiente, pero presentó el resultado como evidencia de una diplomacia eficaz. En ese mismo bloque, aludió al proceso electoral del 28 de julio de 2024 en Venezuela, y defendió el rol de Panamá como “crucial” en la defensa de la democracia regional. Calificó al régimen de Nicolás Maduro como “dictadura brutal” en estado de “descomposición” y albergó esperanzas de que el “el presidente electo”, Edmundo González Urrutia, pueda tomar posesión de su cargo. El Canal de Panamá ocupó un lugar simbólico central. Habló de tensiones diplomáticas superadas y aseguró que la relación con Estados Unidos se recompuso “con pulso y tiempo”. “El Canal siguió, y seguirá siendo panameño”, afirmó, cerrando cualquier lectura externa sobre soberanía. El discurso también tuvo un componente personal marcado. Al responder a las críticas por sus viajes oficiales, dijo: “Aprovecho este discurso para sacarle el morbo a esos viajes”, y recordó su trayectoria en el sector privado: “Les soy honesto: no me hace falta ser presidente de la República para viajar”. Más adelante reforzó su autoimagen con una metáfora identitaria: “Estoy hecho de una madera dura: madera chiricana”, presentándose como un mandatario capaz de resistir golpes y devolverlos. En economía, Mulino desplegó uno de los tramos más extensos del informe. Presentó cifras duras para sustentar su crítica al pasado: 73% de aumento de la deuda pública entre 2019 y 2024, más de 22 mil millones de dólares adicionales y un pago de intereses duplicado. “Nada de eso fue hecho… una verdadera vergüenza nacional”, dijo al referirse a las obras inconclusas. Frente a ese escenario, defendió un ajuste fiscal gradual, la reducción del déficit del Sector Público No Financiero y el mantenimiento del grado de inversión. “Miramos el futuro con optimismo responsable”, afirmó al presentar el presupuesto de 2026, que —según dijo— registra un superávit primario por primera vez en más de una década. La frase que más repitió fue otra: “Empezamos a limpiar la mesa, con trapos limpios”, con la que prometió previsibilidad económica y el fin de “la fiesta de unos pocos que la paga el conjunto de los panameños”. El tono volvió a endurecerse en el capítulo de seguridad. Mulino lanzó una crítica frontal al Órgano Judicial, al que acusó de liberar narcotraficantes, pandilleros y sicarios bajo una “flexibilidad disfrazada de garantismo”. “Esto no es justicia”, afirmó, y pidió que los jueces expliquen públicamente sus decisiones. Fue más allá al señalar que “la ideología jurídica de ver a los delincuentes como víctimas ha sido utilizada como herramienta de organizaciones criminales”. En materia social, defendió los programas asistenciales, pero intentó reencuadrarlos como mecanismos de salida y no de dependencia. Dijo que su objetivo es que dejen de “perpetuar la pobreza” y se conviertan en herramientas de superación personal. En infraestructura y transporte, el presidente repitió una fórmula narrativa: obra heredada, obra destrabada, obra terminada. Citó puentes, intercambiadores, avances del Metro Línea 3, el túnel bajo el Canal y anunció licitaciones para el Teleférico de San Miguelito. Sobre el Cuarto Puente, afirmó que alcanza un 30% de avance, y remató: “estaba en el papel, pero no se le había puesto ni una carretillada de concreto”. En cuanto al tren, optó por la cautela técnica y prometió estudios rigurosos antes de elevarlo a política de Estado. El tema minero fue uno de los más esperados. Mulino intentó fijar una línea roja mientras empujó una salida operativa. Justificó la exportación del material rocoso y del concentrado como una medida ambiental y financiera, insistiendo: “Esta medida no significa la apertura o reactivación de la mina”. Argumentó que la permanencia de ese material representa un riesgo ambiental y dijo haber instruido a varios ministerios para actuar bajo criterios técnicos, ambientales y legales. También mencionó que el país recibió cerca de 30 millones de dólares, que serán destinados a temas sociales. En educación, el diagnóstico fue directo: “La educación panameña no está a la altura”. Criticó la vigencia de la Ley 47 de 1946, “parchada” durante casi 80 años, y anunció una nueva legislación. Prometió un proceso participativo, pero dejó una condición política clara: el debate debe darse fuera de huelgas y tranques. Hacia el cierre, Mulino elevó la apuesta política. Defendió la reducción del tamaño del Estado, reformas a la Ley de Contrataciones Públicas y un proceso constituyente originario para una nueva Constitución. “Si este Estado no se reforma, fracasaremos”, advirtió. Mencionó la campaña de alfabetización constitucional, con más de 300 charlas, coordinada por Miguel Antonio Bernal, y prometió mantenerla en 2026. El discurso cerró sin abandonar el tono confrontativo. Aseguró que “los supuestos profetas de la transparencia” terminaron como conspiradores contra la democracia, sin precisar nombres. “Los valores se ejercen, no se declaman”, manifestó. Más allá de los anuncios, el informe dejó un mensaje político claro: Mulino busca imponer el ritmo, el marco y los términos del debate. Menos “bochinche”, más decisiones ejecutivas. El pulso con la Asamblea, la oposición y otros poderes del Estado apenas comienza. El diputado Roberto Zúñiga, coordinador de la bancada independiente Vamos, afirmó que la corrupción podría haber costado alrededor de $45 mil millones a Panamá en los últimos 35 años, una estimación que hizo pública durante una entrevista realizada en el marco de la alianza informativa entre La Prensa y Radio Red a propósito de la instalación del nuevo período de la Asamblea Nacional el 2 de enero de 2026. Zúñiga explicó que ese cálculo parte de una estimación ampliamente citada en estudios internacionales, según la cual aproximadamente el 5% de los presupuestos estatales se pierde anualmente por prácticas corruptas. Aplicando ese porcentaje al gasto público desde el retorno a la democracia en 1989 hasta la fecha, se llega a la cifra de cerca de $45 mil millones en recursos públicos malversados o desperdiciados por corrupción. El diputado planteó este dato como una llamada de atención sobre la magnitud del problema, y lo vinculó con debates actuales sobre la justicia, la impunidad y los mecanismos de combate a la corrupción desde la propia Asamblea. Recordó que, a finales del año pasado, el gobierno del presidente José Raúl Mulino, a través del Ministerio de Gobierno, tramitó rebajas de penas a un grupo de personas condenadas por delitos relacionados con corrupción, lo que, a su juicio, envía “un mal mensaje al país” y complica la lucha contra estos actos. Otro de los temas que Zúñiga destacó como clave para enfrentar la corrupZúñiga: en 35 años la corrupción habría costado al país unos $35 mil millones ción es la transparencia patrimonial de los funcionarios públicos. Señaló que en Panamá las declaraciones juradas de bienes no son públicas, lo que limita la capacidad ciudadana y de los medios para vigilar posibles enriquecimientos injustificados. En ese sentido, recordó que promovió un proyecto de ley que obliga a la Contraloría a publicar en un sitio web las declaraciones de bienes de los servidores públicos. Aunque el proyecto está en segundo debate en la Asamblea, enfrenta oposición y dificultades para avanzar, ya que algunos diputados han mostrado resistencia a incluirlo en la agenda legislativa. Zúñiga también abordó prácticas que, en su opinión, fomentan espacios de corrupción dentro de instituciones públicas como consulados y notarías. Propuso que los cónsules tengan un salario fijo en lugar de depender de los excedentes generados en sus gestiones, un sistema que actualmente, dijo, puede incentivar prácticas indebidas. Asimismo, criticó la forma en que se designan los notarios públicos, quienes no forman parte de una carrera profesional ni acceden al cargo por concurso, sino por designación del Ejecutivo, lo que, según él, abre espacios para irregularidades. Eliana Morales Gil [email protected] Rolando Rodríguez, Roberto Zúñiga y Álvaro Alvarado, durante la entrevista. LP
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