4A La Prensa Panamá, viernes 2 de enero de 2026 Panorama Tal Cual Rolando Rodríguez B. [email protected] ‘TODOS VUELVEN’. En su columna, Apuntes desde la Esquina, Rubén Blades, hizo algunas reflexiones sobre temas de actualidad, como el espinoso asunto de la destrucción del monumento a la inmigración china; sobre la situación política de Honduras y su relación con el presidente Trump –muy ilustrativo, por cierto– y sobre el año que ahora empieza. Y una de las más interesantes cosas que revela es que planea radicarse en Panamá en, al menos, dos años y que apoyará a Juan Diego y Gabriel Silva y al movimiento Vamos en 2029. A pesar de los nubarrones, aún se puede divisar luz en el firmamento. 2 + 2. El Ministerio de Gobierno empezará a ser el rector de la justicia comunitaria (jueces de paz), en reemplazo de los gobiernos locales. Si la ministra de esa cartera, Dinoska Montalvo, es tan indulgente con la delincuencia política organizada, no será difícil imaginar el manejo que le dará a estos despachos. La lista de candidatos para recibir rebaja de penas y los pretendidos planes para que algunos delincuentes políticos hornearan pan en 2024, nos dice mucho sobre su particular concepto de justicia. Es evidente que el gobierno solo es el vehículo de sus planes muy personales. ¿GEMELOS? Las calles en Panamá siguen siendo trampas de muerte y peligrosos atentados contra los vehículos que circulan por éstas. Los puentes vehiculares también son un riesgo para la vida y, además, actúan como embudos por su mal estado, congestionando más el tránsito en la capital. Las calles secundarias son tan irregulares que ya parecen caminos de penetración y la circulación vehicular es peor cada día. Y encima, calles sin señales. ¿Es que Rafael Sabonge sigue al frente del MOP? MÁS TRANSPARENCIA. En 2026 el gobierno de Mulino tiene previsto hacer inversiones por el orden de los $11 mil millones. Eso significa que solo destinará un 30% del presupuesto del próximo año –que será de casi $35 mil millones– para ese rubro, lo demás, en su gran mayoría, será para pagar la deuda (unos $8 mil millones) y una buena parte en la planilla estatal. Lo que deben decirnos también es cuánto más dinero van a pedir prestado y en qué se gastará; cuánto hay previsto en ahorros por austeridad y dónde se preEl pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuya sede se encuentra en Ancón, está ingrado por nueva magistrados. Archivo El pulso por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia Juan Manuel Díaz [email protected] ÓRGANO JUDICIAL Los magistrados Olmedo Arrocha y Carlos Vásquez se perfilan para suceder a María Eugenia López Arias , en una elección que puede definir el rumbo y las prioridades del Órgano Judicial. Los magistrados Olmedo Arrocha y Carlos Vásquez se perfilan como favoritos para suceder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a la magistrada María Eugenia López Arias, quien concluye dos períodos consecutivos al frente de esta corporación. Arrocha, nombrado magistrado durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela (20142019), ha sido uno de los principales impulsores de la implementación del nuevo Código Procesal Civil, que entró en vigencia el pasado 11 de octubre mediante la Ley 402, y que busca reducir los tiempos de tramitación de los procesos en esa jurisdicción. En ese sentido, Arrocha ha señalado que el principal desafío del nuevo sistema es eliminar el rezago judicial que afecta a los despachos de la jurisdicción civil. La reforma procura agilizar los procesos mediante audiencias orales, en las que el juez mantiene contacto directo con la causa, lo que permitiría mayor celeridad y eficiencia en la resolución de los casos. Vásquez se desempeña en la Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral y preside la Comisión de Reforma y Modernización de esta jurisdicción, con el objetivo de acelerar el trámite de los procesos. Fuentes de la Corte señalaron que la magistrada Ariadne García también habría manifestado interés en ocupar la presidencia del máximo tribunal. García fue designada como magistrada durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024) y forma parte de la Sala Penal, al igual que Maribel Cornejo Batista y López Arias. La elección del nuevo presidente de la Corte estará marcado por la presencia de dos nuevos magistrados: Gisela Agurto Ayala, quien reemplazó en la Sala Tercera al magistrado Cecilio Cedalise, y Carlos Villalobos Jaén, quien asumió en la Sala Civil en reemplazo de Ángela Russo. Ambos fueron designados por José Raúl Mulino el año pasado. De acuerdo con las fuentes consultadas, la magistrada Agurto cuenta con reconocimiento dentro del Pleno de la Corte, al tratarse de una funcionaria de carrera del Órgano Judicial y por haberse desempeñado previamente como magistrada suplente en la Sala Tercera. Con 5 votos basta Más allá de los nombres que se perfilan, la designación del nuevo presidente de la Corte sigue un procedimiento interno claramente definido. El presidente es elegido por el Pleno de los nueve magistrados. El proceso se realiza mediante una sesión formal del Pleno, en la que los magistrados pueden postularse a sí mismos o proponer a otros colegas para el cargo. La elección se define por mayoría simple de votos — es decir, al menos cinco de los nueve magistrados— y el cargo se ejerce por un período de dos años, conforme a lo establecido en el Código Judicial. El presidente de la Corte es la máxima autoridad administrativa y representativa del Órgano Judicial. Entre sus funciones están presidir las sesiones del Pleno, coordinar la agenda institucional, representar a la Corte ante los demás órganos del Estado y supervisar la gestión administrativa del sistema judicial. Además, el presidente también preside una de las salas de la Corte, participando activamente en la función jurisdiccional, lo que le permite combinar la conducción institucional con la toma de decisiones judiciales en casos concretos. El Pleno de la Corte está integrado por nueve magistrados, entre ellos Miriam Yadira Cheng Rosas y María Cristina Chen Stanziola, y presenta una mayoría femenina de seis integrantes en la composición actual del máximo tribunal. Una administración controversial Durante la administración de María Eugenia López, la Corte Suprema de Justicia estuvo en el centro de la polémica debido a varias decisiones, entre ellas la aprobación de un fondo de jubilación que permitía a los magistrados retirarse con el 100% de su salario. Sin embargo, tras la presión ciudadana, el Pleno de la Corte decidió suspender el Decreto N.° 407 del 18 de julio de 2024, que daba sustento a esta medida. Previamente, el 8 de enero de 2024, los magistrados aprobaron un ajuste salarial de $4,000, elevando sus ingresos mensuales a $14,000, lo que luego fue señalado como antecedente del cuestionado plan de retiro. López también recibió críticas tras la intención de alquilar un vehículo blindado para su movilización, luego de que el 31 de enero de 2025 una bala impactara uno de los ventanales de su despacho. El hecho dio origen a una investigación del Ministerio Público para determinar si se trató de un atentado o de una bala perdida. Posteriormente, el Órgano Judicial gestionó el alquiler del vehículo blindado. Entre los aspectos positivos de la gestión de López se cuentan la implementación del Código Procesal Civil, el incremento del presupuesto operativo del Órgano Judicial, la construcción de nuevos juzgados en áreas remotas y los avances en la carrera judicial. Cifras oficiales del Órgano Judicial indican que en los últimos cinco años se gestionaron 821,000 casos, de los cuales 763,000 fueron resueltos, lo que representa un 93% de descongestión procesal y una reducción del 30% del rezago judicial. Entre 2021 y 2025, la Corte Suprema atendió 26,631 nuevos procesos, prácticamente resueltos en su totalidad. Juan Manuel Díaz [email protected] Caso FCC y Odebrecht: tribunal desestima recursos de Pepe Suárez y Mauricio Cort JUSTICIA El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales desestimó dos recursos de nulidad presentados por el exministro de Obras Públicas (MOP) Federico Suárez y el abogado Mauricio Cort, dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión del delito de peculado, relacionado con proyectos de reordenamiento vial asignados a las empresas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Odebrecht. Mediante los edictos n.° 1,381 y 1,297, la jueza primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, decidió negar los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de Suárez y Cort. En ambas resoluciones, el juzgado concluyó que no se han vulnerado las disposiciones contenidas en los artículos 1,946, 1,947, 1,948 y 1,950 del Código Judicial, que establecen los requisitos para la declaratoria de nulidad dentro de un proceso penal. Suárez y Cort figuran entre los procesados por el delito de peculado, en relación con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados a la construcción de los tramos 1 y 2 del Corredor Vía Brasil, así como al proyecto de reordenamiento vial del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá. Las investigaciones vinculadas al Corredor Vía Brasil, tramos 1 y 2, se iniciaron el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato suscrito entre FCC y el MOP en julio de 2011 existió un sobreprecio de $41.7 millones, equivalente al 19.3% del valor contractual. El precio final del proyecto, impulsado durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, ascendió a $216.3 millones, cuando el monto razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones. En tanto, el proyecto de preservación del Casco Antiguo, adjudicado a Odebrecht por casi $255.5 millones, presenta un presunto sobreprecio de $51.5 millones, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Estas causas han enfrentado múltiples incidentes procesales, lo que ha provocado la paralización de diligencias durante varios meses. Además, se solicitaron asistencias judiciales internacionales que prolongaron aún más las pesquisas. En uno de los episodios, un tribunal superior desestimó las declaraciones de varios exdirectivos de FCC, obtenidas mediante asistencia judicial a España, al considerar que la jueza no era competente para admitirlas, dado que el expediente se encontraba pendiente de un recurso de acumulación que debía resolverse en otro despacho judicial. Varios abogados defensores solicitaron la acumulación de todos los procesos relacionados, petición que fue rechazada en primera instancia, pero apelada ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. vén esos ahorros. NUEVA LEGISLATURA.Hoy se instala una vez más la Asamblea Nacional, con un discurso –muy esperado, por cierto– del presidente de la República. No hay ninguna duda de que la alianza política que puso a Jorge Herrera en la presidencia de la Asamblea está haciendo agua desde hace meses. No ha habido avances en las promesas que hizo a sus colegas independientes. Se pasó de vivo, pero a un costo muy alto y hoy, probablemente, seremos testigos de cómo la alianza –y las promesas que hizo– le quedaron grande a Herrera.
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