8A La Prensa Panamá, miércoles 31 de diciembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. to, pero la confianza, ese activo intangible esencial en su negocio, es mucho más difícil de recuperar que un pago gubernamental. Firmas como Deloitte aún conservan cierta credibilidad técnica. Sus análisis influyen en políticas públicas, regulan mercados y moldean decisiones económicas de alto impacto. Cuando un gigante de este calibre entrega un trabajo plagado de errores básicos, queda al descubierto una falla estructural denunciada desde hace años. La IA puede ser una herramienta poderosa para procesar datos y sintetizar documentos, pero su uso exige verificación rigurosa, trazabilidad metodológica y responsabilidad profesional. En Panamá, automatizar el negocio de justificar privatizaciones, externalizaciones y licitaciones con dinero público no puede delegarse a algoritmos sin que la memoria institucional de los servidores públicos lo note. Este episodio reabre un debate urgente: los gobiernos que externalizan análisis complejos en consultoras privadas deben exigir estándares más altos, no más bajos. La velocidad que promete la tecnología es tentadora, pero no puede sustituir el rigor del pensamiento crítico. El informe australiano demostró que una máquina puede redactar con fluidez, pero no discernir entre verdad y mentira. Esa tarea sigue siendo humana. ¿Cuántos informes de la unificación en salud en Panamá circulan ya sin escrutinio, legitimando decisiones contramayoritarias que afectan las finanzas de la Caja de Seguro Social? Las implicaciones van más allá de un Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Una visita inoportuna a Taiwán Política exterior to a China. La nueva doctrina Monroe implica para Panamá una nueva sumisión y directriz. Pareciera que los diputados siguieron instrucciones de Estados Unidos y de su embajador en Panamá. Si a este viaje de los diputados a la provincia de Taiwán sumamos la destrucción del monumento sobre la presencia de China en Panamá, el establecimiento de tres bases militares y la aceptación por el gobierno panameño de que el Canal es un recurso estratégico estadounidense, estamos, sin exagerar, ante la mayor regresión en la historia nacional desde el Tratado Hay– Bunau-Varilla de 1903. Ser títeres de Estados Unidos es un suicidio económico. Estamos renunciando a sostener relaciones económicas provechosas —no condicionadas políticamente— con China, la primera economía del mundo en términos de paridad de poder de compra; líder en 66 de las 74 tecnologías críticas; principal usuario de la Zona Libre de Colón; segundo usuario del Canal de Panamá; segundo socio comercial del país y primer socio comercial de Suramérica. Nos perdemos de emergentes cadenas de producción y suministro, con sus infraestructuras de transporte, energéticas y digitales, aislándonos de las principales rutas comerciales del futuro, en las que participa no solo China, sino todo el Sur Global. Vale destacar que hasta ahora China no ha intervenido nunca en los asuntos internos de Panamá. Solo Estados Unidos cree tener la autoridad para darnos órdenes. La oficina de Taiwán que quieren establecer en Panamá los diputados es para China un atentado al principio de una sola China, reconocido en la Organización de las Naciones Unidas desde 1971, con la Resolución 2758 de la Asamblea General, y por más de 180 naciones indiRichard Morales Cuando la inteligencia artificial expone las consultoras Verificación y trazabilidad El escándalo que salpicó a la consultora Deloitte en Australia, tras descubrirse que un informe oficial de más de doscientas páginas, elaborado con ayuda de inteligencia artificial (IA), contenía citas falsas y datos inventados, no fue un simple error técnico. Fue la evidencia de un problema sistémico. La firma devolvió parte del dinero cobrado al Estado, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. El caso expuso las grietas de un modelo que durante décadas vendió precisión y credibilidad como bandera para legitimar acciones gubernamentales, pero que ahora tropieza ante herramientas capaces de generar con la misma facilidad información y ficción convincente. El problema no es la inteligencia artificial. El verdadero riesgo surge cuando quienes deberían garantizar calidad y veracidad usan la tecnología para ahorrar dinero y reemplazar talento humano especializado. El informe de Deloitte incluyó referencias académicas inexistentes, sentencias judiciales inventadas y fuentes imposibles de rastrear. La consultora corrigió el documento, admitió el uso de IA y reembolsó parte del contracontrato fallido. Si los Estados subcontratan decisiones estratégicas y estas se alimentan de contenido generado por algoritmos sin supervisión, la calidad de las políticas públicas queda a merced de la probabilidad, no del análisis. La precisión deja de ser una obligación y se convierte en una apuesta. Y eso es un lujo que la sociedad no puede permitirse. El caso Deloitte debería servir de advertencia. La inteligencia artificial ya forma parte del ecosistema del conocimiento, pero su integración exige transparencia, controles estrictos y una cultura que priorice la verificación sobre la apariencia de eficiencia. No basta con corregir un documento o devolver dinero. Hay que revisar los procesos, fortalecer la supervisión y asumir que la confianza no se recupera con un simple parche. En Panamá, ¿quién verificó que la unificación en salud, en el actual contexto de estanflación, no aumentará la deserción de trabajadores formales hacia contratos por servicio profesional, en detrimento de la recaudación para las pensiones del Seguro Social? En un mundo donde los textos se producen más rápido de lo que pueden verificarse, la ética profesional se erige como el último bastión frente a la ilusión de precisión que venden las máquinas. El valor del conocimiento no está en escribir mucho ni en escribir rápido. Está en analizar con rigor, en prever consecuencias y, sobre todo, en no confundir productividad con credibilidad. Opinión EL AUTOR es médico sub especialista. EL AUTOR es excandidato a la vicepresidencia de la República, profesor y economista político. vidualmente. Esto incluye a Estados Unidos y, desde 2017, a Panamá. Casi el mundo entero —el 99.52% de la población mundial— ha reconocido a Taiwán como una provincia de China. Los diputados sometieron nuestra economía a imperativos geopolíticos ajenos a nuestro interés nacional, porque ahora es Washington quien decide con quién puede hacer negocios Panamá. ¿Qué posibilidades tiene un pequeño país, cuyo desarrollo depende de diversificar su economía para industrializarse, cuando Estados Unidos va a estar filtrando con quién puede o no tener relaciones? Y, sobre todo, si vetan a las economías más prometedoras, como China. Vivimos en un mundo multipolar. Estados Unidos ya no es, ni será, un imperio global. Pero si los diputados se prestan para hacer el trabajo sucio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nos colocan en riesgo de un conflicto donde el único que va a sufrir es Panamá. Los que terminarán con una economía desechada, atrasada y aislada seremos nosotros, no ellos. Ya lo dijo su estratega histórico Henry Kissinger: ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es fatal. Debemos ser un país libre, que pueda ser amigo tanto de Estados Unidos como de China, y de todo aquel que quiera establecer relaciones con nosotros sin imposiciones, y convertirnos en una economía diversificada e interconectada con el mundo entero. Un auténtico puente del mundo, no solo un apéndice imperial, que trate con todos porque no depende de ninguno ni atenta contra ninguno. Son tiempos de un renovado y violento intervencionismo de Estados Unidos. A pesar de una larga historia de intervención en nuestro país, podríamos pensar que esa experiencia nos haría más conscientes del peligro de su intromisión, pero el gobierno panameño, así como la Asamblea Nacional, lo apoyan. Hace unos días se dio a conocer un documento de Estados Unidos, en el que se actualiza la doctrina Monroe de dominio continental, para reducir nuevamente a Latinoamérica a su patio trasero y restar —o eliminar— los vínculos con la República Popular China. Ya se ha desplegado un repertorio de medidas intervencionistas en la región: desde posibles invasiones, sanciones, bloqueos, chantaje con aranceles, asesinatos extrajudiciales en altamar, golpes de Estado, intervencionismo electoral y varios métodos de provocación, como lo fue la reciente visita de los diputados panameños a Taiwán. Como recordarán, los diputados regresaron de aquel viaje con la noticia de una oficina de negocios con Taiwán en Panamá. Es llamativo que la oficina no sea necesaria para realizar tales actividades y no requiriera de un viaje —como admitió el presidente José Raúl Mulino—, ni mucho menos uno por diputados que no tienen esas competencias. Dados los antecedentes en otros países como Lituania, no sería más que un foco de hostigamienJosé González Rivera Retroexcavadoras contra la historia Atropello La demolición del Monumento a la Amistad Chino-Panameña, ubicado en un sitio de inmenso valor simbólico —el Mirador del Puente de las Américas, sobre el Canal de Panamá—, ejecutada por la administración de la alcaldesa Stefany Peñalba el pasado 27 de diciembre de 2025, no es un simple incidente erróneo de gestión urbana; es una bofetada a la historia, un atropello al debido proceso y una violación flagrante de compromisos internacionales. Se pretendió justificar como una medida de “seguridad”, para terminar siendo un acto de arbitrariedad que hiere profundamente la fibra social de nuestro país y deja al descubierto una preocupante falta de respeto por la pluralidad cultural de la nación. Es fundamental aclarar una confusión malintencionada y peligrosa: este monumento no fue erigido para “extranjeros” ni para la complacencia de otros Estados. Fue construido para salvaguardar en la memoria colectiva la llegada y el aporte invaluable de la comunidad china que emigró a Panamá hace más de 170 años. Estos hombres y mujeres, y sus descendientes, son parte integral de la panameñidad. Por ello, su destrucción genera un doloroso sentimiento de discriminación, enviando un mensaje de exclusión a miles de ciudadanos panameños de ascendencia china, cuya historia ha sido tratada como escombro. El primer y más grave atropello nace de la violación a la Constitución Política. La alcaldesa ignoró el artículo 17, que impone al Estado el deber de proteger la honra de los nacionales, y el artículo 81, que establece que el patrimonio histórico es un tesoro cultural del pueblo bajo custodia estatal. Al demoler este símbolo, se vulneró el derecho de una comunidad al respeto de su identidad y el deber del funcionario de proteger los bienes que narran nuestra historia. Este irrespeto se extiende al ámbito internacional. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías, al haber sido adoptada por la Asamblea General —de la cual Panamá forma parte—, representa un compromiso político y moral de los Estados miembros para proteger los derechos de las minorías en sus territorios, y obliga al Estado a salvaguardar la identidad nacional, étnica y cultural de sus grupos. Al actuar de forma unilateral y destructiva, la administración municipal falló en su responsabilidad de proteger los derechos culturales de un grupo humano que es pilar del tejido social panameño. En el plano administrativo, la ejecución constituyó una violación grave al debido proceso. Según la Ley 38 de 2000, un acto de esta magnitud requería transparencia, notificaciones y el derecho a la consulta ciudadana. Sin embargo, se optó por la opacidad de un sábado por la noche, ignorando incluso la oferta de la comunidad para rehabilitar el monumento con fondos privados. Finalmente, esta cadena de irregularidades desemboca en la responsabilidad penal. El Código Penal, en su artículo 232, tipifica los delitos contra el Patrimonio Histórico, castigando con prisión de cinco a siete años a quien destruya objetos de valor cultural. A ello se suma el evidente abuso de autoridad (artículo 355), derivado del ejercicio arbitrario de la función pública. La cultura y la historia de los panameños descendientes de chinos no se borran con una retroexcavadora. Políticamente, el costo es una nación indignada ante la intolerancia. Corresponde ahora al Ministerio Público y a las demás autoridades competentes actuar con firmeza y prontitud para determinar las responsabilidades de este acto, que ha dejado una mancha de intolerancia y autoritarismo en la administración pública municipal de Arraiján, y demostrar que el respeto a nuestra identidad nacional, pluriétnica y multicultural, no está sujeto al capricho de ningún servidor público. EL AUTOR es abogado y docente universitario. James Bernard Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B.
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