6A La Prensa Panamá, miércoles 31 de diciembre de 2025 Panorama A partir del 1 de enero de 2026, el sistema de justicia comunitaria de paz en Panamá entrará en una nueva etapa institucional con un cambio estructural significativo: al menos 500 jueces de paz que actualmente operan en cerca de 700 corregimientos dejarán de depender administrativamente de los municipios y pasarán a la órbita del Ministerio de Gobierno. La transición se realiza en cumplimiento de la Ley 467 de 2025, promulgada el 24 de abril de ese año, que derogó el marco legal vigente desde 2016 y creó la Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria de Paz. El nuevo modelo busca ir más allá de la resolución de conflictos menores. De acuerdo con la normativa, la justicia comunitaria de paz tiene como objetivo fortalecer la convivencia social desde la base, priorizando el diálogo, la mediación y los mecanismos restaurativos en las comunidades. Para ello, el sistema queda adscrito al Ministerio de Gobierno, que asume la rectoría administrativa, presupuestaria y operativa del modelo. Como parte del proceso de transición, esta semana se realizó una reunión entre el Ministerio de Gobierno y la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), en la que participó la ministra Dinoska Montalvo. El encuentro permitió coordinar los primeros pasos del traslado institucional y abordar las preocupaciones de los gobiernos locales, que durante años administraron el sistema sin contar con recursos suficientes. La Ley 467 introduce cambios relevantes en materia de profesionalización y condiciones laborales. Establece un salario base de 1,000 dólares mensuales para los jueces de paz y exige como requisito mínimo el título de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, además de la idoneidad expedida por la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, el financiamiento de las Casas de Paz y su infraestructura quedará bajo responsabilidad directa del Ministerio de Gobierno, una de las principales demandas históricas del sector. Durante años, los jueces de paz enfrentaron serias limiMás recursos, más control: el giro institucional de la justicia de paz NUEVA LEY taciones materiales y logísticas. La falta de oficinas adecuadas, personal de apoyo, equipos y sistemas de registro afectó la calidad del servicio, debilitó la trazabilidad de los expedientes y redujo los mecanismos de control. Estas carencias contribuyeron a una percepción negativa del sistema, que ahora se intenta revertir con una mayor inversión estatal y una estructura institucional más clara. Sin embargo, la reforma no está exenta de críticas. La presidenta de Amupa, Nadine González, expresó su desacuerdo con que la justicia administrativa haya salido del ámbito municipal. A su juicio, los problemas del sistema no se debían al modelo en sí, sino a la falta crónica de recursos. “Hacíamos lo que podíamos, pero no teníamos cómo”, afirmó, al recordar que nunca se transfirieron fondos específicos a los municipios para cumplir con las exigencias legales. González detalló que la normativa imponía obligaciones difíciles de sostener para los gobiernos locales, como contar con cuatro funcionarios por Casa de Paz, una casa por corregimiento y jueces con formación jurídica, sin respaldo presupuestario. Como ejemplo, citó su distrito en Darién, donde ocho corregimientos eran atendidos por solo dos jueces de paz, reflejo de las limitaciones estructurales del sistema bajo administración municipal. Desde el Ejecutivo, el presidente José Raúl Mulino defendió la reforma al calificar la ley de 2016 como “nefasta” y asegurar que el cambio permitirá corregir prácticas discrecionales que, según él, desvirtuaron la función de la justicia comunitaria. El mandatario sostuvo que la nueva normativa busca devolver orden y control a un sistema mal concebido. En la misma línea, la abogada Magaly Castillo ha señalado que las deficiencias históricas del modelo no obedecían a la falta de idoneidad de los jueces, sino a la ausencia de acompañamiento institucional, supervisión efectiva y condiciones laborales dignas. Con la responsabilidad concentrada en una sola entidad rectora, sostiene, “ya no hay pretextos”. El impacto de la reforma deberá verse en el corto plazo, especialmente en términos de prevención de la violencia y fortalecimiento de la convivencia social. Ciudad de la Salud, Panamá. Elysée Fernández Sin licitación: CSS amplía contrato de Ciudad de la Salud Yaritza Mojica [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CONTRATOS PÚBLICOS La CSS aprobó dos adendas al contrato de Ciudad de la Salud, elevándolo a $523.7 millones, para construir el nuevo Instituto Oncológico Nacional y un cuarto de urgencias pediátricas, sin licitación pública. Dos adendas contractuales aprobadas en 2025 por la Caja de Seguro Social (CSS) elevaron a $523.7 millones el costo total del contrato cedido en 2021 al Consorcio Construcciones Hospitalarias, S.A., integrado por Constructora Riga Services, S.A. y CMG, responsabledeculminarelcomplejo Ciudad de la Salud, en el corregimiento de Ancón. Las adendas contemplan la construcción de dos proyectos sanitarios considerados estratégicos para la atención de pacientes: el nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION), con una inversión de $95 millones, y el nuevo cuarto de urgencias pediátricas, cuyo costo estimado asciende a $8.3 millones. Ambas obras se desarrollarán dentro del mismo complejo hospitalario, bajo la ejecución del consorcio ya contratado. Alex González, presidente del Patronato del ION y asesor del Ministerio de Salud (Minsa), confirmó que la decisión de levantar el nuevo oncológico se adoptó mediante una adenda contractual y no a través de una licitación pública. Según explicó, el Estado optó por este mecanismo tras evaluar los antecedentes de procesos licitatorios fallidos en administraciones anteriores. “Hubo al menos cuatro intentos en gobiernos pasados que no prosperaron. Eran proyectos con precios de referencia superiores a los $400 millones, que terminaron anulados por impugnaciones y retrasos”, señaló González. En ese contexto, la CSS consideró que la adenda representaba una alternativa legal más ágil y costo-efectiva, al permitir que la empresa a cargo de Ciudad de la Salud ampliara el complejo sin iniciar un nuevo proceso de licitación, el cual podría extenderse por varios años. González indicó que la propuesta fue elaborada de manera conjunta por la CSS y el ION, incluyendo el diseño del nuevo edificio, y posteriormente aprobada tanto por el Patronato del ION como por la Junta Directiva de la CSS. Esa aprobación permitió autorizar el uso de los fondos y emitir la orden de proceder. El nuevo edificio del ION busca atender una demanda histórica del sistema de salud público, marcada por el hacinamiento y la limitación de espacios para la atención de pacientes oncológicos. De acuerdo con las autoridades, la ampliación permitirá mejorar la capacidad instalada y ofrecer condiciones más adecuadas para tratamientos especializados. Una adenda para urgencias pediátricas La segunda adenda corresponde a la construcción del cuarto de urgencias pediátricas en Ciudad de la Salud, una infraestructura que no fue contemplada en el diseño original del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad. La obra surge ante la necesidad de contar con un área especializada para la atención inmediata de niños y adolescentes en situaciones críticas. El nuevo edificio tendrá una superficie de 1,605 metros cuadrados, distribuidos en dos niveles. Incluirá cinco consultorios de urgencias pediátricas, una sala de observación con 14 camas, áreas de rehidratación, inhaloterapia y aislamiento, además de farmacia, flebotomía, espacios de docencia, oficinas administrativas y áreas de descanso para el personal médico. También contará con ascensores y salas de espera adecuadas para los familiares. Según un comunicado de la CSS, el proyecto tendrá un período de ejecución estimado de entre 12 y 18 meses y permitirá ampliar la cobertura de especialistas pediátricos las 24 horas del día, optimizandolarespuestaanteemergenciasyreduciendolostiempos de atención. En su primer año de operación, el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad registró más de 54 mil atenciones de urgencias. Actualmente, la atención de los pacientes pediátricos se realiza en carpas temporales, donde se llevan a cabo el registro, el triaje y la espera, antes de que los menores sean trasladados al interior del hospital. El nuevo cuarto de urgencias beneficiará a 193,973 pacientes y contará con planta baja y dos pisos, con áreas diferenciadas para distintos niveles de atención. Una empresa con amplio historial de contratos La Constructora Riga Services, S.A. registra un amplio historial de contratos con el Estado en distintas administraciones. Durante el gobierno de Juan Carlos Varela ejecutó el contrato del estadio de Aguadulce; en la administración de Laurentino Cortizo asumió el contrato cedido para Ciudad de la Salud; y actualmente, bajo el gobierno de José Raúl Mulino, desarrolla tanto el nuevo edificio del ION como la mejora integral del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh). De acuerdo con información publicada en su página web, la empresa reporta más de 40 proyectos institucionales, que incluyen obras deportivas, hospitalarias e institucionales. Hasta 2023, acumulaba contratos por un monto aproximado de $800 millones. Enelámbitodeportivo,obtuvo 17 contratos, entre ellos los estadios Mariano Rivera y Rommel Fernández Gutiérrez, además de complejos y villas deportivas. En el sector hospitalario figuran alrededor de 14 proyectos, incluyendo Ciudad de la Salud, la policlínica de San Antonio en San Miguelito, el Instituto de Salud de los Trabajadores, hospitales, ULAPS y centros materno-infantiles. También ejecutó obras institucionales como mercados, escuelas, juntas comunales y sedes regionales. Este medio consultó a la CSS sobre las razones para otorgar dos proyectos de gran envergadura mediante adendas directas al consorcio. La institución respondió que, en los próximos días, la Secretaría de Metas sostendrá reuniones con las autoridades correspondientes para abordar específicamente el proyecto del nuevo edificio del ION. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) intervendrá de forma urgente para enfrentar la crisis de la basura en el distrito de San Miguelito, anunció la tarde de ayer martes 30 de diciembre el presidente de la República, José Raúl Mulino. En su cuenta de X, el mandatario dijo que San Miguelito vive una crisis de aseo que puede derivar en una situación sanitaria crítica. Mulino adelantó que el AAUD intervendrá de forma urgente en la crisis de la basura en San Miguelito SERVICIO PÚBLICO Gobierno dispondrá de fondos extraordinarios que serán descentralizados, tal como se ha realizado con otros municipios, tras el pedido de la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, al secretario de Metas, José Ramón Icaza, quien coordinará las acciones a tomar. A inicios de semana, se informó que las autoridades de San Miguelito estaban a la espera de que la Contraloría General de la República refrende los tres contratos de las empresas que se encargarían de la recolección de la basura, de forma temporal, a partir del próximo 19 de enero de 2026, una vez culmine la concesión con Revisalud. Diciembre es el mes con mayor generación de residuos, especialmente durante los días de celebraciones, apertura de regalos y cenas navideñas. En los últimos días, las montañas de basura, que obstruyen calles y veredas por la deficiente recolección, mantienen preocupada a la población ante un posible brote de enfermedades. Henry Cárdenas [email protected] Hasta hoy los jueces de paz dependerán de los gobiernos locales. Archivo
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