2A La Prensa Panamá, miércoles 31 de diciembre de 2025 El Tribunal Superior de Apelaciones revocó una decisión previa de un juez de garantías y ordenó la detención provisional de César Caicedo, imputado por la presunta comisión del delito de conspiración para el tráfico de drogas. La medida también fue aplicada a Alveiro de Jesús Velasco, Plinson Moreno, Carlos Caicedo y César Caicedo, tras una audiencia celebrada la tarde del martes 30 de diciembre. Según la Fiscalía de Drogas, César Caicedo sería uno de los presuntos líderes de una red criminal dedicada al narcotráfico. La investigación sostiene que Caicedo coordinó reuniones para planificar el transporte de grandes cargamentos de droga, entre ellas un encuentro realizado el 28 de noviembre de 2023 en una residencia de Playa Mar, Vacamonte, donde se habrían organizado envíos que derivaron en el decomiso de 394 kilos y 130 kilos de cocaína en el área de Montelimar, La Chorrera. La fiscalía indicó que la vinculación de Caicedo se estableció mediante vigilancias y seguimientos policiales, que lo sitúan como parte clave de la estructura criminal. En el caso de César y Carlos Caicedo, ambos familiares, se les relaciona con al menos siete eventos de incautación de drogas, mientras que a Velasco se le atribuye una amplia participación en el traslado y transporte de los estupefacientes. El grupo, de acuerdo con la investigación, utilizaba embarcaciones para introducir la droga, la ocultaba en residencias de Arraiján y luego la trasladaba en vehículos modificados para sacarla del país. En contraste, el tribunal mantuvo medidas menos severas de notificación periódica para Fanor Alfonso Shaik, Vidal Bello Ramírez y Rolando Alquiles Ramírez. El caso guarda relación indirecta con Dayra Caicedo, hija de César Caicedo, quien fue secuestrada en febrero de 2025 y apareció con vida un mes después sin que se pagara rescate. Caso de drogas: Tribunal ordena la detención de César Caicedo JUDICIAL Carlos Alvarado, secretario general de la Asamblea, junto a los diputados Jairo Salazar (PRD), José Luis Varela, Jorge Herrera, Francisco Brea (Panameñista), y Luis Duque (Vamos). Isaac Ortega Cinco tareas pendientes de la Asamblea Nacional para 2026 Eliana Morales Gil [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] ÓRGANO LEGISLATIVO Los diputados tienen entre manos nombramientos clave, reducción de planilla y reformas internas que pondrán a prueba el liderazgo, el control político y la credibilidad frente a la ciudadanía vigilante. El calendario cambia, pero varios pendientes siguen intactos en el Palacio Justo Arosemena. Para 2026, la Asamblea Nacional arrastra al menos cinco importantes tareas que pondrán a prueba su capacidad de orden interno, control político y credibilidad ante una ciudadanía que exige transparencia y rendición de cuentas. Nombrar al Defensor del Pueblo La primera tiene fecha marcada. En marzo de 2026 vence el periodo del actual defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, y será el pleno legislativo el que deba designar a su reemplazo, como lo establece la Constitución, que asigna al órgano Legislativo la potestad de nombrar al titular de la Defensoría del Pueblo. La elección volverá a abrir el debate sobre independencia, cuotas políticas y el verdadero alcance del cargo. Nombrar al subcontralor La segunda tarea también deriva de una competencia constitucional directa del Legislativo. El 17 de septiembre de 2025, el pleno leyó la renuncia del subcontralor de la República, Eli Felipe Cabezas, quien dejó el cargo por “motivos personales”. En su carta dirigida al contralor general, Anel Flores, Cabezas recordó que había sido nombrado por la Asamblea mediante resolución en agosto de 2024 y que asumió funciones en enero de 2025. Desde entonces, el puesto permanece vacante y le corresponde nuevamente al pleno nombrar a su sustituto, una decisión clave para el sistema de fiscalización del gasto público. Reducir la planilla La tercera tarea es más incómoda porque toca la casa por dentro: reducir la planilla legislativa. Es una promesa que el presidente de la Asamblea, el diputado panameñista Jorge Herrera, incluyó en su discurso del 1 de julio de 2024, cuando asumió la presidencia del órgano. Los números, sin embargo, cuentan otra historia. En noviembre pasado, de acuerdo con estadísticas de la Contraloría General de la República, la Asamblea tenía a 5,631 funcionarios en planilla. Los cambios al reglamento interno La cuarta tarea pendiente apunta a las reglas del juego. Herreratambiénsecomprometió a impulsar cambios al reglamento interno orgánico de la Asamblea, con el objetivo de reducir privilegios de los diputados y revisar prácticas administrativas que durante años han alimentado críticas ciudadanas. La reforma sigue sin avanzar, pese a que toca temas sensibles como beneficios, uso de recursos y funcionamiento del pleno. César Caicedo es conducido a una audiencia. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Un magistrado del Tribunal Electoral La quinta tarea también tiene un componente constitucional claro: nombrar al reemplazo de uno de los magistrados del Tribunal Electoral (TE). En este caso, se debe atender el relevo del magistrado Alfredo Juncá, quien fue electo por el pleno en enero de 2017 y ocupa uno de los tres escaños que la Constitución reserva al Legislativo para ese órgano. LaCartaMagnaylaleyorgánica del Tribunal Electoral establecen que cada poder del Estado nombra a uno de sus magistrados, por lo que la Asamblea deberá abrir el proceso y elegir a la persona que reemplazará a Juncá. Las promesas de Jorge Herrera El diputado Jorge Herrera, del Partido Panameñista, asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el 1 de julio de 2025, tras una votación que reflejó un acuerdo interpartidario para derrotar al oficialismo. Herrera llegó a la principal silla del Palacio Justo Arosemena con los votos del Partido Panameñista, colectivo que preside, y el apoyo de los diputados independientes de Vamos, la bancada Seguimos y algunos diputados de Cambio Democrático. La suma de apoyos le permitió encabezar la junta directiva para el periodo legislativo 2025–2026, con una agenda marcada por promesas de orden interno, reducción de la planilla y revisión de privilegios. Varias de esas ofertas siguen pendientes y hoy forman parte de los desafíos que la Asamblea enfrenta de cara a 2026, bajo la mirada de las mismas bancadas que facilitaron su llegada a la presidencia. El presidente José Raúl Mulino designó a tres nuevos integrantes del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, una instancia relevante en los conflictos por licitaciones y compras estatales. Los nombramientos, oficializados mediante decretos publicados en la Gaceta Oficial 30434 de este martes 30 de diciembre, incluyen a Ricardo Adolfo Landero como magistrado principal, a Zaira Edilma Santamaría Aguilar de Latorraca también como magistrada principal y a Rosa Isabel Recarey Rodríguez como magistrada suplente. Ricardo Landero, quien asumirá como magistrado principal del tribunal hasta el 28 de diciembre de 2028, no es un nombre ajeno al aparato estatal: se desempeñó como viceministro del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en este gobierno, cargo al que renunció en mayo pasado. Sustituirá a Martín Wilson, cuyo período venció el 28 de diciembre de 2023. Mientras que Zaira Santamaría de Latorraca, ejercerá el cargo hasta el 28 de diciembre de 2029. Reemplazará a Luis Murillo, cuyo período en la institución venció el 28 de diciembre de 2024. En el pasado ejerció como directora interina de la Escuela Judicial. En 2010, durante el gobierno de Ricardo Martinelli fue designada como magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia pero fue su designación fue rechazada por la sociedad civil. Es madre de Sherina Michela Latorraca Santamaría, quien enfrentó un proceso judicial por un accidente de tránsito ocurrido en 2003, en el que murió un menor de edad y su madre sufrió graves lesiones. El caso lo conoció la jurisdicción de niñez y adolescencia, que la absolvió, decisión que en su momento generó amplio debate público. Mientras que Rosa Recarey ejercerá como su suplente. Los salarios Los decretos también fijan los salarios de los nuevos integrantes del tribunal. Tanto Landero como Santamaría de Latorraca, designados como magistrados principales, devengarán $4,000 mensuales en salariobase,más$3,000engastos de representación, para un ingreso total de $7,000 al mes. En el caso de la magistrada, su salario asciende a $2,500 mensuales, más $2,000 en gastos de representación, para un total de $4,500. Sobre el Tribunal Administrativo Aunque opera lejos del ruido político cotidiano, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas es un actor silencioso pero determinante. Este tribunal se creó con la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones públicas en Panamá y establece los principios y reglas que rigen los procesos de selección de contratistas y la celebración de contratos con el Estado. Fue concebido para conocer y resolver conflictos relacionados con los procesos administrativos. Actúa como la instancia administrativa especializada en resolver los recursos de impugnación y apelación que presentan los proponentes cuando consideran que hubo irregularidades, omisiones o decisiones erróneas por parte de la entidad contratante. Mulino nombra a los tres magistrados del Tribunal de Contrataciones Públicas ÓRGANO EJECUTIVO Eliana Morales Gil [email protected] FE DE ERRORES En la edición del lunes 29 de diciembre de 2025 en la columna Tal Cual, publicada en la página 4A, sección Panorama, en la glosa identificada como “Ni disimulan” se mencionó por error a Bruno Tamburelli. El nombre correcto es Giacomo Tamburelli.
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