1A La Prensa Panamá, miércoles 31 de diciembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 31 de diciembre de 2025 - Año 45 - Nº 15247 Hoy por hoy El cierre de 2025 deja un balance incómodo. Hubo avances puntuales, pero las sombras terminaron pesando más que las luces. Se logró destrabar la reforma a la Caja de Seguro Social, un tema postergado durante varias administraciones, y ese solo hecho marca un hito. Sin embargo, el año fue especialmente duro para la educación, con extensos períodos sin clases que profundizaron brechas ya graves y dejaron secuelas difíciles de ignorar. En materia de justicia, el saldo es claramente deficitario. La impunidad volvió a ocupar titulares, con ejemplos elocuentes como el asilo concedido al expresidente Ricardo Martinelli, condenado por corrupción y lavado de dinero, y la falta de consecuencias institucionales frente a fallas reiteradas del sistema. Tampoco hubo voluntad política suficiente, ni del Ejecutivo ni de la Asamblea Nacional, para impulsar reformas profundas que corrigieran esos vacíos. En lo económico, aunque el país cumplió la meta de déficit fiscal del 4% y mantuvo un crecimiento moderado, el llamado chen chén no llegó a la mayoría. Cerca de un millón de panameños sigue buscando empleo, confirmando que el crecimiento no se tradujo en bienestar cotidiano. En medio de ese panorama, la clasificación de Panamá, por segunda vez, al Mundial de fútbol ofreció un respiro colectivo en un año marcado por más sombras que avances. Ellas.pa El tamal: identidad, historia y sabor compartido 11A Los cinco momentos icónicos del fútbol panameño en 2025 10A Deportes Panorama AAUDdará ‘ayuda urgente’a San Miguelito ante crisis de la basura 6A Economía Tocumen: Más controles a pasajeros en tránsito 1B Jueces de paz pasan mañana al Ejecutivo Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] JUSTICIA COMUNITARIA 500 jueces de paz dejarán la órbita municipal y quedarán en manos del Ministerio de Gobierno, tras la entrada en vigencia de la Ley 467 de 2025. A partir de este 1 de enero de 2026, la justicia comunitaria de paz entrará en una nueva etapa institucional. Al menos 500 jueces de paz, que operan en cerca de 700 corregimientos, dejarán de depender de los municipios y pasarán a la órbita administrativa del Ministerio de Gobierno, conforme a la Ley 467 de 2025. La norma derogó el marco vigente desde 2016 y creó una Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria de Paz, con énfasis en la mediación, el diálogo y la restauración del tejido social. El nuevo esquema establece un salario base de 1,000 dólares, exige licenciatura en Derecho e idoneidad expedida por la Corte Suprema de Justicia, y asigna al Ministerio de Gobierno el financiamiento de las Casas de Paz. Históricamente, los jueces enfrentaron carencias de infraestructura, personal y recursos, lo que debilitó el sistema bajo la administración municipal. VEA 6A La agenda que la Asamblea Nacional arrastra hacia 2026 En 2026, la Asamblea Nacional enfrenta una agenda cargada de decisiones clave aún sin resolver: nombramientos constitucionales, reducción de la planilla, reformas internas y control del gasto. Pendientes que pondrán a prueba su capacidad de orden, transparencia y credibilidad ante una ciudadanía cada vez más exigente. VEA 2A Eliana Morales Gil [email protected] La buena noticia de 2025 ¡Cuero! Rumbo al Mundial Como parte de los tradicionales muñecos de Año Viejo 2025, esta representación rompe con la lógica habitual del olvido para celebrar lo que se quiere conservar. Un diablo rojo lleva a los jugadores de la selección de Panamá clasificada al Mundial de junio de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La obra, elaborada con tela, foam y hojas de tallo secas, fue confeccionada por el artista Víctor Álvarez y se exhibe en Chame, a un costado de la vía Interamericana, como la principal noticia positiva de un año 2025 marcado por tensiones, protestas y desempleo. Elysée Fernández Tarifa eléctrica: ajustes para usuarios de mayor consumo Desde el 1 de enero de 2026 entra en vigor un nuevo pliego tarifario eléctrico. La mayoría de los clientes residenciales con consumo de hasta 300 kWh no registrará aumentos. Sin embargo, quienes superen ese nivel o no reciban subsidio enfrentarán ajustes en su factura, tras el vencimiento del Fondo de Estabilización Tarifaria adicional aprobado por el Gobierno para mitigar los costos del segundo semestre de 2025. VEA 1B Reyna Katiuska Hernández [email protected] Ciudad de la Salud: dos adendas elevan el contrato a $523.7 millones Las adendas aprobadas en 2025 incorporaron el nuevo ION y urgencias pediátricas al contrato original, sin licitación pública, beneficiando al consorcio integrado por Constructora Riga Services y CMG. VEA 6A
2A La Prensa Panamá, miércoles 31 de diciembre de 2025 El Tribunal Superior de Apelaciones revocó una decisión previa de un juez de garantías y ordenó la detención provisional de César Caicedo, imputado por la presunta comisión del delito de conspiración para el tráfico de drogas. La medida también fue aplicada a Alveiro de Jesús Velasco, Plinson Moreno, Carlos Caicedo y César Caicedo, tras una audiencia celebrada la tarde del martes 30 de diciembre. Según la Fiscalía de Drogas, César Caicedo sería uno de los presuntos líderes de una red criminal dedicada al narcotráfico. La investigación sostiene que Caicedo coordinó reuniones para planificar el transporte de grandes cargamentos de droga, entre ellas un encuentro realizado el 28 de noviembre de 2023 en una residencia de Playa Mar, Vacamonte, donde se habrían organizado envíos que derivaron en el decomiso de 394 kilos y 130 kilos de cocaína en el área de Montelimar, La Chorrera. La fiscalía indicó que la vinculación de Caicedo se estableció mediante vigilancias y seguimientos policiales, que lo sitúan como parte clave de la estructura criminal. En el caso de César y Carlos Caicedo, ambos familiares, se les relaciona con al menos siete eventos de incautación de drogas, mientras que a Velasco se le atribuye una amplia participación en el traslado y transporte de los estupefacientes. El grupo, de acuerdo con la investigación, utilizaba embarcaciones para introducir la droga, la ocultaba en residencias de Arraiján y luego la trasladaba en vehículos modificados para sacarla del país. En contraste, el tribunal mantuvo medidas menos severas de notificación periódica para Fanor Alfonso Shaik, Vidal Bello Ramírez y Rolando Alquiles Ramírez. El caso guarda relación indirecta con Dayra Caicedo, hija de César Caicedo, quien fue secuestrada en febrero de 2025 y apareció con vida un mes después sin que se pagara rescate. Caso de drogas: Tribunal ordena la detención de César Caicedo JUDICIAL Carlos Alvarado, secretario general de la Asamblea, junto a los diputados Jairo Salazar (PRD), José Luis Varela, Jorge Herrera, Francisco Brea (Panameñista), y Luis Duque (Vamos). Isaac Ortega Cinco tareas pendientes de la Asamblea Nacional para 2026 Eliana Morales Gil [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] ÓRGANO LEGISLATIVO Los diputados tienen entre manos nombramientos clave, reducción de planilla y reformas internas que pondrán a prueba el liderazgo, el control político y la credibilidad frente a la ciudadanía vigilante. El calendario cambia, pero varios pendientes siguen intactos en el Palacio Justo Arosemena. Para 2026, la Asamblea Nacional arrastra al menos cinco importantes tareas que pondrán a prueba su capacidad de orden interno, control político y credibilidad ante una ciudadanía que exige transparencia y rendición de cuentas. Nombrar al Defensor del Pueblo La primera tiene fecha marcada. En marzo de 2026 vence el periodo del actual defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, y será el pleno legislativo el que deba designar a su reemplazo, como lo establece la Constitución, que asigna al órgano Legislativo la potestad de nombrar al titular de la Defensoría del Pueblo. La elección volverá a abrir el debate sobre independencia, cuotas políticas y el verdadero alcance del cargo. Nombrar al subcontralor La segunda tarea también deriva de una competencia constitucional directa del Legislativo. El 17 de septiembre de 2025, el pleno leyó la renuncia del subcontralor de la República, Eli Felipe Cabezas, quien dejó el cargo por “motivos personales”. En su carta dirigida al contralor general, Anel Flores, Cabezas recordó que había sido nombrado por la Asamblea mediante resolución en agosto de 2024 y que asumió funciones en enero de 2025. Desde entonces, el puesto permanece vacante y le corresponde nuevamente al pleno nombrar a su sustituto, una decisión clave para el sistema de fiscalización del gasto público. Reducir la planilla La tercera tarea es más incómoda porque toca la casa por dentro: reducir la planilla legislativa. Es una promesa que el presidente de la Asamblea, el diputado panameñista Jorge Herrera, incluyó en su discurso del 1 de julio de 2024, cuando asumió la presidencia del órgano. Los números, sin embargo, cuentan otra historia. En noviembre pasado, de acuerdo con estadísticas de la Contraloría General de la República, la Asamblea tenía a 5,631 funcionarios en planilla. Los cambios al reglamento interno La cuarta tarea pendiente apunta a las reglas del juego. Herreratambiénsecomprometió a impulsar cambios al reglamento interno orgánico de la Asamblea, con el objetivo de reducir privilegios de los diputados y revisar prácticas administrativas que durante años han alimentado críticas ciudadanas. La reforma sigue sin avanzar, pese a que toca temas sensibles como beneficios, uso de recursos y funcionamiento del pleno. César Caicedo es conducido a una audiencia. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Un magistrado del Tribunal Electoral La quinta tarea también tiene un componente constitucional claro: nombrar al reemplazo de uno de los magistrados del Tribunal Electoral (TE). En este caso, se debe atender el relevo del magistrado Alfredo Juncá, quien fue electo por el pleno en enero de 2017 y ocupa uno de los tres escaños que la Constitución reserva al Legislativo para ese órgano. LaCartaMagnaylaleyorgánica del Tribunal Electoral establecen que cada poder del Estado nombra a uno de sus magistrados, por lo que la Asamblea deberá abrir el proceso y elegir a la persona que reemplazará a Juncá. Las promesas de Jorge Herrera El diputado Jorge Herrera, del Partido Panameñista, asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el 1 de julio de 2025, tras una votación que reflejó un acuerdo interpartidario para derrotar al oficialismo. Herrera llegó a la principal silla del Palacio Justo Arosemena con los votos del Partido Panameñista, colectivo que preside, y el apoyo de los diputados independientes de Vamos, la bancada Seguimos y algunos diputados de Cambio Democrático. La suma de apoyos le permitió encabezar la junta directiva para el periodo legislativo 2025–2026, con una agenda marcada por promesas de orden interno, reducción de la planilla y revisión de privilegios. Varias de esas ofertas siguen pendientes y hoy forman parte de los desafíos que la Asamblea enfrenta de cara a 2026, bajo la mirada de las mismas bancadas que facilitaron su llegada a la presidencia. El presidente José Raúl Mulino designó a tres nuevos integrantes del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, una instancia relevante en los conflictos por licitaciones y compras estatales. Los nombramientos, oficializados mediante decretos publicados en la Gaceta Oficial 30434 de este martes 30 de diciembre, incluyen a Ricardo Adolfo Landero como magistrado principal, a Zaira Edilma Santamaría Aguilar de Latorraca también como magistrada principal y a Rosa Isabel Recarey Rodríguez como magistrada suplente. Ricardo Landero, quien asumirá como magistrado principal del tribunal hasta el 28 de diciembre de 2028, no es un nombre ajeno al aparato estatal: se desempeñó como viceministro del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en este gobierno, cargo al que renunció en mayo pasado. Sustituirá a Martín Wilson, cuyo período venció el 28 de diciembre de 2023. Mientras que Zaira Santamaría de Latorraca, ejercerá el cargo hasta el 28 de diciembre de 2029. Reemplazará a Luis Murillo, cuyo período en la institución venció el 28 de diciembre de 2024. En el pasado ejerció como directora interina de la Escuela Judicial. En 2010, durante el gobierno de Ricardo Martinelli fue designada como magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia pero fue su designación fue rechazada por la sociedad civil. Es madre de Sherina Michela Latorraca Santamaría, quien enfrentó un proceso judicial por un accidente de tránsito ocurrido en 2003, en el que murió un menor de edad y su madre sufrió graves lesiones. El caso lo conoció la jurisdicción de niñez y adolescencia, que la absolvió, decisión que en su momento generó amplio debate público. Mientras que Rosa Recarey ejercerá como su suplente. Los salarios Los decretos también fijan los salarios de los nuevos integrantes del tribunal. Tanto Landero como Santamaría de Latorraca, designados como magistrados principales, devengarán $4,000 mensuales en salariobase,más$3,000engastos de representación, para un ingreso total de $7,000 al mes. En el caso de la magistrada, su salario asciende a $2,500 mensuales, más $2,000 en gastos de representación, para un total de $4,500. Sobre el Tribunal Administrativo Aunque opera lejos del ruido político cotidiano, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas es un actor silencioso pero determinante. Este tribunal se creó con la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones públicas en Panamá y establece los principios y reglas que rigen los procesos de selección de contratistas y la celebración de contratos con el Estado. Fue concebido para conocer y resolver conflictos relacionados con los procesos administrativos. Actúa como la instancia administrativa especializada en resolver los recursos de impugnación y apelación que presentan los proponentes cuando consideran que hubo irregularidades, omisiones o decisiones erróneas por parte de la entidad contratante. Mulino nombra a los tres magistrados del Tribunal de Contrataciones Públicas ÓRGANO EJECUTIVO Eliana Morales Gil [email protected] FE DE ERRORES En la edición del lunes 29 de diciembre de 2025 en la columna Tal Cual, publicada en la página 4A, sección Panorama, en la glosa identificada como “Ni disimulan” se mencionó por error a Bruno Tamburelli. El nombre correcto es Giacomo Tamburelli.
3A La Prensa Panamá, miércoles 31 de diciembre de 2025
4A La Prensa Panamá, miércoles 31 de diciembre de 2025 Panorama Tal Cual Rolando Rodríguez [email protected] DISCURSO PRESIDENCIAL 1. El 2 de enero, en su discurso ante la Asamblea, el presidente Mulino abordará el tema de la mina de cobre. ¿Nos dirá cómo va a eludir el tema de la moratoria minera? ¿Si habrá concesión o no? Y si no la habrá, ¿convocará una licitación para la explotación del recurso o lo hará a dedo? Y si el proyecto va, ¿Panamá tendrá que pagar por las inversiones que ha hecho First Quantum? Y la pregunta de los millones: ¿cuánto le pagará el Gobierno por extraer los minerales? DISCURSO PRESIDENCIAL 2. ¿Debemos esperar que nos diga quién supervisaría las actividades de la minera? ¿Cómo se le pagará a la minera: en efectivo o con cobre? ¿Cómo se utilizarán los fondos que genere la mina? ¿Se contratará una empresa para monitorear la posibilidad de contaminación? ¿Y cuándo nos darán a conocer el contrato —seguramente ya elaborado y revisado— para la explotación del recurso? ¿Por cuánto tiempo será ese contrato? ¿Tendrá algún papel la Asamblea Nacional en todo esto? ‘GABY MAKAROFF’. El diputado suplente Gabriel Solís mantiene una campaña electoral casi permanente en redes, por lo que parece que buscará la curul en 2029. Como su padre, el excontralor Gerardo Solís, conduce una moto que hizo filmar —por tierra y aire— comparándola con la vida, como Makaroff con su bici en su canción “Tranqui Tronqui”. Sus “profundas” reflexiones, empero, no tienen nada que envidiarle al “borracho de la arbolada”. En las pendientes “trambólicas… hay que saber subir y bajar…”, pero parece que nada ha aprendido del caótico descenso de su padre. ERRORES CONSISTENTES. La propuesta de la alcaldesa Stefany Peñalba de un rediseñado mirador del Canal, donde antes estaba el demolido monumento a la inmigración china, es otro disparate y en nada apacigua la avalancha de críticas en su contra. Es mejor disculparse y reponer el monumento… y luego, salga a dar un paseíto en su lancha municipal, a ver si aclara sus ideas y salLa alcaldesa de Arraiján Stefany Peñalba asumió la responsabilidad de lo ocurrido. Archivo Concejo de Arraiján toma distancia de derribo de monumento Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] DECISIÓN ALCALDICIA La presidenta del organismo político dijo que el hecho tomó por sorpresa tanto a los representantes de corregimiento como a la comunidad de Arraiján. La presidenta del Concejo de Arraiján, Luis Denia Oliver, aseguró que la alcaldesa Stefany Peñalba mantiene su posición de que la demolición del denominado monumento chino se realizó por razones de seguridad, debido a presuntos daños estructurales en la obra. Oliver indicó que conversó telefónicamente con la alcaldesa el mismo día de la sesión del Concejo y que esta le reiteró que esa fue la motivación principal de su decisión. Según la presidenta del Concejo, ni ella ni los demás ediles tenían conocimiento previo de la demolición. Afirmó que el hecho tomó por sorpresa tanto a los representantes de corregimiento como a la comunidad de Arraiján. Ediles sorprendidos “Fue una sorpresa para nosotros, como lo fue para todos”, sostuvo, al señalar que desconocían por completo lo ocurrido hasta que el monumento ya había sido derribado. Oliver explicó que solicitó directamente a la alcaldesa una explicación sobre lo sucedido y le expresó su interés en que diera la cara públicamente. Sin embargo, relató que Peñalba le reiteró que actuó exclusivamente por consideraciones de seguridad, derivadas del estado estructural de la obra, y que esa fue la razón que la llevó a ordenar la demolición. Durante la sesión del Concejo de Arraiján, la alcaldesa no estuvo presente. Oliver confirmó que únicamente un ingeniero remitió una nota de excusa, mientras que otros funcionarios que debían asistir no se presentaron. Dijo desconocer las razones de estas ausencias y aseguró que no recibió ninguna explicación formal al respecto. La presidenta del Concejo también señaló que, hasta el momento, no se ha producido una comunicación directa de la alcaldesa ante el pleno del Concejo para explicar su decisión. Añadió que, dado que Peñalba ha manifestado que asume la responsabilidad de lo ocurrido, considera poco probable que comparezca ante los representantes de corregimiento para rendir cuentas sobre el caso. Consultada sobre las versiones que apuntan a la existencia de un “chivo expiatorio” o de intereses ocultos detrás de la demolición, Oliver evitó hacer afirmaciones. Reconoció que la alcaldesa mantiene un plan estratégico de recuperación de áreas de servidumbre, pero dijo no tener certeza de si la demolición del monumento estuvo vinculada a ese plan o si respondió únicamente a razones de seguridad, por lo que afirmó no contar con elementos suficientes para sacar conclusiones. Denuncias y aclaraciones Al menos dos denuncias han sido presentadas hasta el momento contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, a raíz de la demolición del monumento chino ubicado en el mirador del Puente de las Américas. Una de las acciones legales fue interpuesta por el Movimiento de Abogados Gremialistas, que cuestiona presuntas irregularidades vinculadas a la protección del patrimonio histórico, luego de la orden que derivó en la remoción de la estructura. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la abogada Edna Ramos, quien solicitó la apertura de una investigación para determinar posibles responsabilidades penales. Entre los delitos señalados figuran la afectación al patrimonio histórico y el abuso de autoridad en el ejercicio de funciones públicas. A esta acción se sumó una segunda denuncia presentada por el abogado John Campos Escudero, del área de Panamá Oeste, quien pidió una investigación penal de oficio por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. Paralelamente, tras la demolición del monumento, diversas entidades del Estado se deslindaron de la decisión adoptada por la Alcaldía de Arraiján. El Ministerio de Obras Públicas, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) aseguraron no haber participado ni en la orden ni en la ejecución de la demolición. Este último precisó que su intervención se limitó a una evaluación técnica previa, en la que recomendó la restauración del monumento y no su demolición, al considerar que existían alternativas para mitigar los riesgos estructurales, lo que ha reavivado el debate sobre la falta de coordinación interinstitucional en un caso que ya trascendió el ámbito municipal. El monumento en el mirador de Las Américas fue demolido el pasado 27 de diciembre, lo que generó malestar en la comunidad china y en buena parte del país. Juan Manuel Díaz [email protected] Corte no admite amparo a Bernardo Meneses y mantiene detención provisional JUDICIAL La Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías presentado por la defensa de Bernardo Meneses contra la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, que mantuvo la medida de detención provisional dentro del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. A través del edicto No. 1703, fijado en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, se informó de la decisión adoptada bajo la ponencia del magistrado Eugenio Urrutia Parrilla (suplente del magistrado Carlos Vásquez) y con el voto favorable del resto de los magistrados, mediante la cual se resolvió no admitir el recurso presentado por el abogado Ángel Álvarez. El amparo buscaba que la Corte revisara la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones que confirmó la detención provisional de Meneses en la causa por presunto enriquecimiento injustificado. En una audiencia celebrada el pasado 17 de julio, los magistrados Greta Marchosky, Gustavo De Gracia y Yiles Pittí consideraron que la medida aplicada por la jueza de garantías el 8 de junio era la más idónea para mantener al imputado vinculado al proceso. La decisión se fundamentó en que la Fiscalía logró aportar evidencias que vinculan a Meneses con la presunta comisión del delito durante el período en que ocupó el cargo de director del Ifarhu. Además, los magistrados señalaron que Meneses no atendió requerimientos de los bancos General, Caja de Ahorros y Global Bank para explicar movimientos de fondos realizados a través de sus cuentas. Por su parte, la defensa alegó que en la cuenta personal de Meneses se manejaron fondos relacionados con actividades políticas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), correspondientes a la juventud de ese colectivo. El pasado 23 de diciembre, el juez de garantías Manuel Lezcano rechazó una solicitud para sustituir la detención provisional por una medida menos severa, al considerar que la defensa no aportó elementos nuevos que justificaran el cambio. El juez recalcó que Meneses está imputado por una conducta grave cometida en el ejercicio de funciones públicas, que pudo afectar fondos estatales destinados a programas sociales. Meneses mantiene además abiertas otras dos investigaciones por la presunta comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales, ambos relacionados con el manejo de auxilios económicos otorgados por el Ifarhu. El Ministerio Público sostiene que Meneses concedió auxilios económicos sin sustento a personas que no los requerían e, incluso, con alto poder adquisitivo, vulnerando el espíritu de los programas destinados a apoyar a personas con necesidades económicas. La Fiscalía Anticorrupción ha imputado cargos a 22 personas, a quienes acusa de haber obtenido auxilios económicos del Ifarhu sin la debida justificación y en incumplimiento de los reglamentos de esa entidad. Según la investigación, Bernardo Meneses vulneró el espíritu de los programas del Ifarhu destinados a apoyar a personas con necesidades económicas. Además, las pesquisas revelaron que Meneses recibió en sus cuentas bancarias fondos de terceros, luego de haber otorgado auxilios económicos a un grupo determinado de beneficiarios. La Fiscalía Anticorrupción también ha solicitado nuevas audiencias para imputar a otras personas que presuntamente fueron beneficiadas con auxilios económicos, pese a no calificar para recibirlos por contar con un alto poder adquisitivo. va lo poquito que le queda de su carrera política. OPORTUNISMO. También en redes sociales le han caído a la Cancillería y al alcalde Mayer Mizrachi quienes, con lindas palabras, se solidarizan con la comunidad china, pero proponen construir el monumento en otro sitio. Es decir, quizás no estén de acuerdo en la forma en que se ejecutó la destrucción, pero sí en que no puede estar más en uno de los extremos del Canal de Panamá. ¿Se puede ser más hipócrita? Bernardo Meneses Archivo
5A La Prensa Panamá, miércoles 31 de diciembre de 2025
6A La Prensa Panamá, miércoles 31 de diciembre de 2025 Panorama A partir del 1 de enero de 2026, el sistema de justicia comunitaria de paz en Panamá entrará en una nueva etapa institucional con un cambio estructural significativo: al menos 500 jueces de paz que actualmente operan en cerca de 700 corregimientos dejarán de depender administrativamente de los municipios y pasarán a la órbita del Ministerio de Gobierno. La transición se realiza en cumplimiento de la Ley 467 de 2025, promulgada el 24 de abril de ese año, que derogó el marco legal vigente desde 2016 y creó la Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria de Paz. El nuevo modelo busca ir más allá de la resolución de conflictos menores. De acuerdo con la normativa, la justicia comunitaria de paz tiene como objetivo fortalecer la convivencia social desde la base, priorizando el diálogo, la mediación y los mecanismos restaurativos en las comunidades. Para ello, el sistema queda adscrito al Ministerio de Gobierno, que asume la rectoría administrativa, presupuestaria y operativa del modelo. Como parte del proceso de transición, esta semana se realizó una reunión entre el Ministerio de Gobierno y la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), en la que participó la ministra Dinoska Montalvo. El encuentro permitió coordinar los primeros pasos del traslado institucional y abordar las preocupaciones de los gobiernos locales, que durante años administraron el sistema sin contar con recursos suficientes. La Ley 467 introduce cambios relevantes en materia de profesionalización y condiciones laborales. Establece un salario base de 1,000 dólares mensuales para los jueces de paz y exige como requisito mínimo el título de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, además de la idoneidad expedida por la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, el financiamiento de las Casas de Paz y su infraestructura quedará bajo responsabilidad directa del Ministerio de Gobierno, una de las principales demandas históricas del sector. Durante años, los jueces de paz enfrentaron serias limiMás recursos, más control: el giro institucional de la justicia de paz NUEVA LEY taciones materiales y logísticas. La falta de oficinas adecuadas, personal de apoyo, equipos y sistemas de registro afectó la calidad del servicio, debilitó la trazabilidad de los expedientes y redujo los mecanismos de control. Estas carencias contribuyeron a una percepción negativa del sistema, que ahora se intenta revertir con una mayor inversión estatal y una estructura institucional más clara. Sin embargo, la reforma no está exenta de críticas. La presidenta de Amupa, Nadine González, expresó su desacuerdo con que la justicia administrativa haya salido del ámbito municipal. A su juicio, los problemas del sistema no se debían al modelo en sí, sino a la falta crónica de recursos. “Hacíamos lo que podíamos, pero no teníamos cómo”, afirmó, al recordar que nunca se transfirieron fondos específicos a los municipios para cumplir con las exigencias legales. González detalló que la normativa imponía obligaciones difíciles de sostener para los gobiernos locales, como contar con cuatro funcionarios por Casa de Paz, una casa por corregimiento y jueces con formación jurídica, sin respaldo presupuestario. Como ejemplo, citó su distrito en Darién, donde ocho corregimientos eran atendidos por solo dos jueces de paz, reflejo de las limitaciones estructurales del sistema bajo administración municipal. Desde el Ejecutivo, el presidente José Raúl Mulino defendió la reforma al calificar la ley de 2016 como “nefasta” y asegurar que el cambio permitirá corregir prácticas discrecionales que, según él, desvirtuaron la función de la justicia comunitaria. El mandatario sostuvo que la nueva normativa busca devolver orden y control a un sistema mal concebido. En la misma línea, la abogada Magaly Castillo ha señalado que las deficiencias históricas del modelo no obedecían a la falta de idoneidad de los jueces, sino a la ausencia de acompañamiento institucional, supervisión efectiva y condiciones laborales dignas. Con la responsabilidad concentrada en una sola entidad rectora, sostiene, “ya no hay pretextos”. El impacto de la reforma deberá verse en el corto plazo, especialmente en términos de prevención de la violencia y fortalecimiento de la convivencia social. Ciudad de la Salud, Panamá. Elysée Fernández Sin licitación: CSS amplía contrato de Ciudad de la Salud Yaritza Mojica [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CONTRATOS PÚBLICOS La CSS aprobó dos adendas al contrato de Ciudad de la Salud, elevándolo a $523.7 millones, para construir el nuevo Instituto Oncológico Nacional y un cuarto de urgencias pediátricas, sin licitación pública. Dos adendas contractuales aprobadas en 2025 por la Caja de Seguro Social (CSS) elevaron a $523.7 millones el costo total del contrato cedido en 2021 al Consorcio Construcciones Hospitalarias, S.A., integrado por Constructora Riga Services, S.A. y CMG, responsabledeculminarelcomplejo Ciudad de la Salud, en el corregimiento de Ancón. Las adendas contemplan la construcción de dos proyectos sanitarios considerados estratégicos para la atención de pacientes: el nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION), con una inversión de $95 millones, y el nuevo cuarto de urgencias pediátricas, cuyo costo estimado asciende a $8.3 millones. Ambas obras se desarrollarán dentro del mismo complejo hospitalario, bajo la ejecución del consorcio ya contratado. Alex González, presidente del Patronato del ION y asesor del Ministerio de Salud (Minsa), confirmó que la decisión de levantar el nuevo oncológico se adoptó mediante una adenda contractual y no a través de una licitación pública. Según explicó, el Estado optó por este mecanismo tras evaluar los antecedentes de procesos licitatorios fallidos en administraciones anteriores. “Hubo al menos cuatro intentos en gobiernos pasados que no prosperaron. Eran proyectos con precios de referencia superiores a los $400 millones, que terminaron anulados por impugnaciones y retrasos”, señaló González. En ese contexto, la CSS consideró que la adenda representaba una alternativa legal más ágil y costo-efectiva, al permitir que la empresa a cargo de Ciudad de la Salud ampliara el complejo sin iniciar un nuevo proceso de licitación, el cual podría extenderse por varios años. González indicó que la propuesta fue elaborada de manera conjunta por la CSS y el ION, incluyendo el diseño del nuevo edificio, y posteriormente aprobada tanto por el Patronato del ION como por la Junta Directiva de la CSS. Esa aprobación permitió autorizar el uso de los fondos y emitir la orden de proceder. El nuevo edificio del ION busca atender una demanda histórica del sistema de salud público, marcada por el hacinamiento y la limitación de espacios para la atención de pacientes oncológicos. De acuerdo con las autoridades, la ampliación permitirá mejorar la capacidad instalada y ofrecer condiciones más adecuadas para tratamientos especializados. Una adenda para urgencias pediátricas La segunda adenda corresponde a la construcción del cuarto de urgencias pediátricas en Ciudad de la Salud, una infraestructura que no fue contemplada en el diseño original del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad. La obra surge ante la necesidad de contar con un área especializada para la atención inmediata de niños y adolescentes en situaciones críticas. El nuevo edificio tendrá una superficie de 1,605 metros cuadrados, distribuidos en dos niveles. Incluirá cinco consultorios de urgencias pediátricas, una sala de observación con 14 camas, áreas de rehidratación, inhaloterapia y aislamiento, además de farmacia, flebotomía, espacios de docencia, oficinas administrativas y áreas de descanso para el personal médico. También contará con ascensores y salas de espera adecuadas para los familiares. Según un comunicado de la CSS, el proyecto tendrá un período de ejecución estimado de entre 12 y 18 meses y permitirá ampliar la cobertura de especialistas pediátricos las 24 horas del día, optimizandolarespuestaanteemergenciasyreduciendolostiempos de atención. En su primer año de operación, el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad registró más de 54 mil atenciones de urgencias. Actualmente, la atención de los pacientes pediátricos se realiza en carpas temporales, donde se llevan a cabo el registro, el triaje y la espera, antes de que los menores sean trasladados al interior del hospital. El nuevo cuarto de urgencias beneficiará a 193,973 pacientes y contará con planta baja y dos pisos, con áreas diferenciadas para distintos niveles de atención. Una empresa con amplio historial de contratos La Constructora Riga Services, S.A. registra un amplio historial de contratos con el Estado en distintas administraciones. Durante el gobierno de Juan Carlos Varela ejecutó el contrato del estadio de Aguadulce; en la administración de Laurentino Cortizo asumió el contrato cedido para Ciudad de la Salud; y actualmente, bajo el gobierno de José Raúl Mulino, desarrolla tanto el nuevo edificio del ION como la mejora integral del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh). De acuerdo con información publicada en su página web, la empresa reporta más de 40 proyectos institucionales, que incluyen obras deportivas, hospitalarias e institucionales. Hasta 2023, acumulaba contratos por un monto aproximado de $800 millones. Enelámbitodeportivo,obtuvo 17 contratos, entre ellos los estadios Mariano Rivera y Rommel Fernández Gutiérrez, además de complejos y villas deportivas. En el sector hospitalario figuran alrededor de 14 proyectos, incluyendo Ciudad de la Salud, la policlínica de San Antonio en San Miguelito, el Instituto de Salud de los Trabajadores, hospitales, ULAPS y centros materno-infantiles. También ejecutó obras institucionales como mercados, escuelas, juntas comunales y sedes regionales. Este medio consultó a la CSS sobre las razones para otorgar dos proyectos de gran envergadura mediante adendas directas al consorcio. La institución respondió que, en los próximos días, la Secretaría de Metas sostendrá reuniones con las autoridades correspondientes para abordar específicamente el proyecto del nuevo edificio del ION. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) intervendrá de forma urgente para enfrentar la crisis de la basura en el distrito de San Miguelito, anunció la tarde de ayer martes 30 de diciembre el presidente de la República, José Raúl Mulino. En su cuenta de X, el mandatario dijo que San Miguelito vive una crisis de aseo que puede derivar en una situación sanitaria crítica. Mulino adelantó que el AAUD intervendrá de forma urgente en la crisis de la basura en San Miguelito SERVICIO PÚBLICO Gobierno dispondrá de fondos extraordinarios que serán descentralizados, tal como se ha realizado con otros municipios, tras el pedido de la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, al secretario de Metas, José Ramón Icaza, quien coordinará las acciones a tomar. A inicios de semana, se informó que las autoridades de San Miguelito estaban a la espera de que la Contraloría General de la República refrende los tres contratos de las empresas que se encargarían de la recolección de la basura, de forma temporal, a partir del próximo 19 de enero de 2026, una vez culmine la concesión con Revisalud. Diciembre es el mes con mayor generación de residuos, especialmente durante los días de celebraciones, apertura de regalos y cenas navideñas. En los últimos días, las montañas de basura, que obstruyen calles y veredas por la deficiente recolección, mantienen preocupada a la población ante un posible brote de enfermedades. Henry Cárdenas [email protected] Hasta hoy los jueces de paz dependerán de los gobiernos locales. Archivo
7A La Prensa Panamá, miércoles 31 de diciembre de 2025 A.V./1248051
8A La Prensa Panamá, miércoles 31 de diciembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. controversia se intensificó en un contexto geopolítico sensible, marcado por referencias a tensiones recientes vinculadas al Canal de Panamá y la competencia entre Estados Unidos y China. En Panamá, la protección del patrimonio cultural se sustenta en el artículo 81 de la Constitución, que reconoce la cultura nacional como el conjunto de manifestaciones artísticas, filosóficas y científicas creadas en el país, y asigna al Estado la responsabilidad de promoverla y resguardarla. La Ley 14 de 1982 establece directrices para la conservación del patrimonio histórico y define competencias del Ministerio de Cultura. Sin embargo, para bienes no declarados formalmente como patrimonio histórico nacional, no existe una protección automática estricta que impida intervenciones. Las alcaldías, como autoridades locales, tienen competencias en materia de seguridad pública, ordenamiento territorial y obras municipales. En la práctica, si una estructura presenta un riesgo inminente, la autoridad local puede ordenar su demolición bajo criterios de seguridad, sin requerir una declaratoria patrimonial previa. Esto no implica que la acción sea ideal o exenta de controversia: la ausencia de declaratoria no elimina el valor simbólico o cultural, ni sustituye la necesidad de coordinación con el Ministerio de Cultura. La alcaldía defendió la legalidad de la demolición, alegando que el terreno es de propiedad municipal y que no requería autorización del Ministerio de Obras Públicas, entidad que negó haber participado. No Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Educación en Panamá: ¿Un año de logros o fracasos? Equidad educativa informe de Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE) reveló que el 41% de los colegios evaluados no pudo iniciar clases en marzo por deficiencias graves, mientras que el 59% comenzó con problemas significativos. El estudio documentó que el 44% de las escuelas presenta baños deteriorados y espacios inadecuados, afectando a más de 70,000 estudiantes en todo el país. Si bien el Meduca reporta avances en la reducción de escuelas rancho —de 521 a 478— y de aulas rancho —de 1,733 a 1,608—, los rezagos siguen siendo enormes. De las 1,089 escuelas contempladas en el programa de mantenimiento para 2025, solo 173 han concluido las obras. La ministra Molinar reconoció públicamente: “No podemos pedir que 3,000 escuelas estén listas en seis meses, cuando hemos acumulado más de 10 años de retrasos”. Esta realidad evidencia una desigualdad sistémica que niega a parte de la población el derecho a una educación digna y segura. La tragedia en la comarca Ngäbe-Buglé, donde dos niñas de cinco y ocho años murieron ahogadas en octubre, nos confronta con una realidad que no puede normalizarse. Según el informe Educación mortal: crisis sistemática, de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUDESPA) y JUxlaE, entre 55 y 70 estudiantes han perdido la vida por ahogamiento al cruzar ríos para asistir a clases en las últimas dos décadas. El río Cricamola, en el distrito de Kankintú, es el punto más crítico. El sistema Yunier Reyes Bellido Lecciones del caso del monumento a la comunidad china en Panamá Patrimonio cultural La reciente demolición del monumento dedicado a la comunidad china en Panamá, ubicado en el mirador del Puente de las Américas, ha desatado un amplio debate. La estructura fue derribada la noche del 27 de diciembre, por instrucciones de la Alcaldía de Arraiján, que justificó la medida por el avanzado deterioro del monumento, el cual —según el municipio— representaba un riesgo para visitantes y turistas. La ejecución nocturna, en pleno periodo festivo, generó cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento y la ausencia de comunicación previa. El Ejecutivo calificó la demolición como “imperdonable” y dispuso la reconstrucción del monumento en su ubicación original, subrayando su valor simbólico para una comunidad significativa por su presencia histórica y aportes al país. La comunidad china, junto con su asociación y la embajada, criticó la falta de consulta, la negativa municipal a considerar propuestas de restauración y la decisión de actuar sin aviso previo, solicitando que el monumento sea reconstruido en el mismo lugar. El caso revela tensiones entre la obligación estatal de proteger el patrimonio cultural y la necesidad de garantizar la seguridad pública ante estructuras deterioradas. Aunque el monumento no estaba formalmente reconocido como patrimonio nacional bajo la Ley 14 de 1982, su demolición expuso vacíos procedimentales, responsabilidades difusas en el mantenimiento y la ausencia de protocolos claros para intervenir bienes simbólicos no declarados. La obstante, la falta de diálogo con la comunidad china —que había denunciado el deterioro y ofrecido financiar la restauración— evidenció la ausencia de mecanismos de consulta y de evaluación pública de alternativas. Esta situación contrasta con estándares internacionales, como la Convención de la Unesco de 1972 —ratificada por Panamá en 1978—, que promueve la preservación preventiva y la participación comunitaria. Dado el valor simbólico del sitio, resultaba razonable otorgar una protección patrimonial provisional, pues el deterioro por negligencia no justifica decisiones unilaterales sin agotar opciones menos drásticas. Una comparación regional muestra marcos más robustos. En México, la ley federal centraliza decisiones en el INAH y privilegia la restauración; en Argentina, la demolición por negligencia puede judicializarse; en Brasil, el sistema de tombamento penaliza el deterioro intencional; en Perú, se exigen autorizaciones y estudios de impacto patrimonial; y en Chile y Colombia operan consejos nacionales con protocolos técnicos obligatorios. Todos priorizan la seguridad, pero incorporan evaluaciones independientes, consulta comunitaria y control centralizado. La demolición del monumento a la comunidad china evidencia tensiones entre seguridad pública y preservación cultural, agravadas por la falta de transparencia y diálogo. Convertir esta crisis en oportunidad exige fortalecer la legislación mediante declaratorias provisionales, consultas obligatorias, incentivos al mantenimiento preventivo y mayor rendición de cuentas. El patrimonio no es solo un objeto material: es un vínculo vivo con la historia, cuya protección fortalece la cohesión social y las relaciones internacionales en una nación diversa como Panamá. Opinión EL AUTOR es abogado, docente y doctor en Derecho. EL AUTOR es egresado del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (2022). educativo debe garantizar no solo el acceso a la educación, sino también la seguridad de quienes buscan formarse. Este escenario exige un llamado urgente a las autoridades educativas. Para 2026, el Meduca tendrá un presupuesto asignado de 3,745.7 millones de dólares, aunque el director de Planificación, Dillian Staine, advirtió que “ese dinero no existe en su totalidad”, porque está basado en supuestos económicos y no en flujo de caja disponible. Del monto, 2,140 millones corresponden a funcionamiento y 1,605 millones a inversión, incluyendo 361 millones para 83 proyectos de infraestructura educativa. El informe de FUDESPA y JUxlaE estima que se requieren entre 42 y 63 millones de dólares para construir puentes seguros y mejorar el acceso escolar en Kankintú. También es imperativo fortalecer el rol de los docentes. Los maestros no son meros transmisores de contenidos: son guías, mentores y modelos para las nuevas generaciones. La educación panameña requiere docentes comprometidos y sensibles, convencidos de que su labor trasciende el aula y transforma la sociedad. El Meduca reporta que más de 35,000 docentes del sector oficial han sido capacitados en áreas tecnológicas, pedagógicas y socioemocionales, una inversión que debe reflejarse en mejores resultados educativos. ¿Puede el próximo año marcar un renacimiento para la educación panameña? ¿Una educación verdaderamente equitativa, donde las vidas de los estudiantes estén protegidas y existan oportunidades reales para construir un mejor futuro? Si la educación avanza con compromiso, inversión efectiva y justicia social, Panamá también avanza. Discutir el estado del sistema educativo panameño al concluir cada año escolar constituye un ejercicio esencial de reflexión y análisis. El año 2025 registró ciertos avances, pero también expuso profundas dificultades, que revelan que la educación sigue enfrentando obstáculos estructurales. ¿Estamos avanzando como país o seguimos rezagados en esta materia fundamental? Un tema recurrente es el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), concebido como una segunda oportunidad para estudiantes que reprobaron asignaturas. El Meduca oficializó que los alumnos de premedia y media que reprueben hasta tres materias deberán participar obligatoriamente en este programa, cuyas inscripciones se realizarán del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026. Como reconoció el director general de Educación, Edwin Gordón: “Ha sido un año muy difícil. La educación ha venido muy golpeada…, con la pandemia, huelgas, y este año no pudimos escapar de las mismas”.¿Las cifras de reprobación reflejan circunstancias familiares adversas, falta de compromiso estudiantil o debilidades en los métodos de enseñanza? Panamá no funciona igual para todos, y la educación no es la excepción. El año escolar 2025 inició con 980,225 estudiantes y 51,616 docentes en más de 3,100 centros educativos oficiales, pero las deficiencias estructurales quedaron al descubierto. Un La demolición del monumento chino expuso vacíos legales y tensiones entre seguridad y patrimonio, obligando a replantear cómo Panamá protege bienes simbólicos y gestiona su diversidad cultural. Tomás Cristóbal Alonso El balance educativo de 2025 expone avances limitados, profundas desigualdades estructurales y una deuda pendiente con la seguridad, la infraestructura escolar y la equidad territorial. Tumbar las máscaras Patrimonio Las máscaras son una tradición milenaria en la cultura china, servían para comunicarse con los dioses y recibir sus bendiciones. Los griegos nos dejaron, por su parte, una palabra teatral que requiere el uso de una máscara: hipócrita. La cultura, menos mal, no deja cabos sueltos, y nos enfrenta, otra vez, a la desintegración de los valores cívicos de la sociedad panameña. Para terminar el año, una alcaldesa, con revocatoria de mandato a la que nadie hizo caso, tumba el monumento que recordaba la participación china en la construcción del Canal y la amistad entre ambos países, una tragedia que desde hace por lo menos ocho meses rondaba las redes. Basta hacer una simple búsqueda. No hubo manifestaciones, nadie se encadenó al monumento y apenas hubo comentarios en la noticia, de los cuales destaco uno, preciso en su diagnóstico: «Espero que no (lo tumben), sería estúpido. Pero últimamente pasan muchas estupideces aquí». Este hecho tumba las máscaras de todos. Mientras no sea una acción que dé taquilla, no interesa. Ahora todos se indignan y se echan las manos a la cabeza, desde los responsables del mantenimiento del monumento hasta periodistas y políticos, pasando por el presidente y su ministra de cultura, pero hace ocho meses, por lo menos, no interesaba más que como una noticia sobre la que opinar: ahora todos somos deudos de la tragedia. Es verdad: «últimamente pasan muchas estupideces aquí». La palabra del año en esta columna es, de nuevo, «pendejidad», la habilidad de hacerse el pendejo cuando conviene, sobre todo ante situaciones reiteradas y conocidas por todos desde hace tiempo. A la cabeza van políticos y periodistas de todo color y pelaje. Para el año que viene, insistiremos con «pedagogía», que consiste en diagnóstico, pronóstico y solución, aunque nadie escuche. Ante el show, que el 2026 nos halle más críticos que nunca, y que por fin renunciemos a las máscaras hipócritas que la realidad tumba con tanto acierto. Feliz año. EL AUTOR es escritor. Pedro Crenes Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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