4A La Prensa Panamá, lunes 29 de diciembre de 2025 Panorama Tal Cual Rolando Rodríguez B. [email protected] A BUEN ENTENDEDOR... En la lista de candidatos de rebaja de pena figura José Antonio Carrizo Mérida, solo dos años y cuatro meses después de quedar en firme una sentencia de siete años de prisión por estafa agravada. Para entender el alcance de la estafa –en este caso, de la justicia– hay que destacar que el estafador condenado es cuñado del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, el también amigo incondicional de Hombres de Blanco, Corp. ¿Ahora vamos entendiendo? NI DISIMULAN. Con razón cuando subió este gobierno el año pasado, todos los fugados de la justicia corrieron a entregarse, incluidos el propio Ferrufino y hasta el desaparecido Bruno Tamburreli y Bosco Vallarino. Poco después, vinieron los permisos para hornear pan o la libertad para otros. Y ahora rebaja de penas. ¿Hace falta explicar más? METIDA DE PATA. La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, ordenó demoler el mirador chino ubicado en el extremo oeste del Puente de Las Américas, luego de buscar –desde hace meses– eliminar esta concesión a 20 años que tiene la comunidad china para conmemorar la inmigración china al país. Si la alcaldesa cree que así borran más de 150 años de historia, se equivoca. Olvida que, en nuestra cultura, el mafá es tan panameño como el buñuelo de maíz nuevo o que la sopa de wanton ya es tan autóctona como el sancocho. ¿Qué será lo próximo? ¿Cambiarle el nombre de Arraiján por “At Right Hand”? AÑO DEL CABALLO. Si la acción de Peñalba fue para complacer a terceros, le recordamos algo de esa historia que pretende borrar. Ese monumento se construyó cuando Panamá mantenía relaciones diplomáticas con Taiwán, no con China continental. Ahora el presidente tratará de reparar el daño causado ordenando construir un nuevo mirador. Parece que el año nuevo chino 2026 le llegó antes a esta alcaldesa, pues los caballos le han pasado por encima haciendo añicos su altanería. ARROGANCIA. Por cierto, Mulino calificó la demolición del monumento como un acto de irracionalidad y En las áreas de difícil acceso los niños tiene que sortear innumerables peligros para llegar a la escuela. Alexander Arosemena La comarca Ngäbe Buglé sigue esperando los puentes zarzo Aleida Samaniego C. [email protected] DESIGUALDAD El 27 de octubre de 2025, dos estudiantes murieron cuando intentaban cruzar una quebrada. Dos meses después el plan gubernamental de puentes zarzo sigue en fase de planificación. Han pasado dos meses desde que dos niñas estudiantes murieron al intentar cruzar la quebrada La Pita, en la comunidad de Mironó, comarca Ngäbe Buglé, cuando regresaban a sus hogares después de clases. El hecho ocurrió el 27 de octubre, en plena temporada lluviosa, y expuso nuevamente una realidad conocida pero no resuelta: miles de estudiantes indígenas deben atravesar ríos y quebradas sin infraestructura segura para poder acceder a la educación. Con estas muertes, la cifra de estudiantes fallecidos en lo que va de 2025 en la comarca asciende a cuatro, todos en circunstancias similares relacionadas con el cruce de afluentes crecidos. Las tragedias no solo causaron conmoción, sino que reactivaron un debate pendiente sobre la ausencia de infraestructura básica en territorios rurales e indígenas y la urgencia de garantizar condiciones mínimas de seguridad para ejercer el derecho a la educación. La muerte de las niñas ocurrió el mismo día en que el país conmemoraba el Día del Estudiante. Dos días después, el 30 de octubre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció durante su conferencia semanal la construcción de 100 puentes peatonales tipo zarzo en distintas regiones del país, con énfasis en zonas vulnerables como la comarca Ngäbe Buglé. El anuncio se presentó como una respuesta directa a los riesgos que enfrentan comunidades que deben cruzar ríos para llegar a escuelas, centros de salud y otros servicios esenciales. Sin embargo, dos meses después de ese compromiso público, el proyecto no ha pasado de la fase de planificación. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que la primera etapa del Plan Nacional “100 Puentes Zarzo para la Comarca Ngäbe Buglé” está prevista para iniciar en el verano de 2026 e incluye la construcción de los primeros 50 puentes. Esto implica que el año escolar transcurrió y concluyó sin que se implementara una sola solución concreta para reducir los riesgos diarios que enfrentan estudiantes, docentes y familias. Según el MOP, al menos 12 de estas estructuras se levantarán en la comunidad de Cascabel, en puntos considerados estratégicos para la conexión con centros educativos y zonas residenciales. También se prevén obras en las regiones de Ñö Kribo, Nedrini y Kädriri, donde la falta de infraestructura obliga a cruzar ríos y quebradas que, durante el invierno, se vuelven intransitables y potencialmente mortales. Las autoridades explicaron que la selección de los sitios se realiza en coordinación con líderes comunitarios y autoridades locales, considerando variables como el número de estudiantes beneficiados, la frecuencia de los cruces y el nivel de riesgo de los afluentes. No obstante, el MOP no precisó los criterios técnicos utilizados para priorizar unas comunidades sobre otras ni presentó un cronograma detallado de ejecución. En cuanto al diseño, el MOP señaló que los puentes zarzo están concebidos como estructuras peatonales livianas pero resistentes, adaptadas a las condiciones geográficas y sociales de cada comunidad. Se espera que tengan una vida útil superior a los diez años, siempre que se cumplan los ciclos de mantenimiento establecidos. La entidad indicó que el objetivo es ofrecer soluciones funcionales y sostenibles, acordes con el entorno rural y la topografía irregular de la comarca. Las autoridades estiman que esta primera fase del plan beneficiará a más de 10 mil personas, entre estudiantes, docentes, adultos mayores y población en general. Además de mejorar el acceso a los centros educativos, los puentes permitirían reducir el ausentismo escolar durante la temporada lluviosa y facilitar el traslado hacia centros de salud y actividades económicas locales. No obstante, el propio MOP reconoció que ejecutar obras de infraestructura en la comarca Ngäbe Buglé supone retos técnicos y logísticos considerables. La topografía irregular, el difícil acceso a muchas comunidades y la limitada infraestructura vial elevan los costos, que pueden llegar a triplicarse en comparación con proyectos similares en áreas urbanas. En algunos casos, el traslado de materiales requiere helicópteros o rutas marítimas, lo que incrementa la complejidad operativa. A ello se suman las condiciones climáticas adversas. Las lluvias frecuentes limitan los periodos efectivos de trabajo, por lo que las obras deben concentrarse en los meses de verano. Esta dependencia del clima, aunque necesaria para reducir riesgos, también dificulta el cumplimiento de plazos y prolonga la espera de soluciones en comunidades expuestas. El MOP señaló que la durabilidad de los puentes dependerá en gran medida del uso adecuado y del cumplimiento de los programas de mantenimiento. Para ello, se contempla la participación de autoridades locales y de las propias comunidades en labores de supervisión y cuidado de las estructuras. Mientras tanto, en lugares como Mironó, padres de familia y docentes insisten en la necesidad de medidas inmediatas que eviten nuevas muertes, especialmente durante la temporada lluviosa. El monto total del proyecto no ha sido detallado por el MOP. Sin embargo, el presidente Mulino indicó que se destinarán 29 millones de dólares, provenientes de la venta de 122 mil toneladas de concentrado de cobre almacenadas en la mina de Donoso, para obras sociales, incluida la construcción de los puentes zarzo. Más allá de los anuncios oficiales, la vida cotidiana de muchos estudiantes indígenas sigue marcada por trayectos largos y peligrosos. Para la especialista en educación Nivia Rossana Castrellón, el problema debe analizarse desde una visión integral del derecho a la educación, que no se limite al acceso formal a un aula. “El derecho a la educación tiene cuatro pilares: asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de la calidad educativa”, explicó. En la comarca Ngäbe Buglé, añadió, la accesibilidad está gravemente comprometida. “Los niños deben poner a diario en la balanza su derecho a la educación frente al riesgo de perder la vida. O estudian, o se arriesgan”. Castrellón advirtió que muchos estudiantes asumen ese riesgo porque la educación representa la única vía para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, esta decisión forzada evidencia una desigualdad estructural profunda. El promedio de escolaridad en las comarcas indígenas es de apenas cinco años, frente a 9.5 años a nivel nacional, y el acceso a la educación secundaria se ve limitado por la distancia, la precariedad de las instalaciones y la falta de infraestructura adecuada. A estas dificultades se suma el limitado acceso a internet y a sistemas de alerta temprana. Las advertencias sobre cabezas de agua o crecidas repentinas suelen difundirse por mensajes de texto o radios comunitarias, muchas veces de forma tardía, lo que incrementa la exposición al riesgo. Durante los últimos 25 años, entre 55 y 70 personas —en su mayoría niños— han muerto ahogadas al intentar cruzar ríos en la comarca Ngäbe Buglé para asistir a la escuela. La cifra, documentada por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fudespa) y Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE), refleja una crisis persistente. En el informe Educación mortal: crisis sistemática de ahogamientos infantiles en la comarca Ngäbe Buglé, ambas organizaciones sostienen que el derecho a la educación se ha convertido en un riesgo letal debido al abandono estatal, la marginación histórica y la ausencia de infraestructura básica. El documento califica la situación como una crisis humanitaria prolongada y una grave violación de derechos humanos, ya que no se trata de accidentes inevitables, sino de consecuencias previsibles de un sistema que ha fallado de manera reiterada. que la comunidad china en Panamá merece respeto. Le recordamos que todos los panameños –incluidos inmigrantes chinos y descendientes– también merecemos respeto que él se niega a dar. Critica a la autoridad local de Arraiján por tomar esa decisión, pero cuando designó a los nuevos magistrados de la Corte Suprema no quiso oír a nadie. “Los criterios van a ser los míos” ... “Los voy a designar en ejercicio de mi función constitucional. Punto”. Si va a criticar decisiones de otros, empiece por corregirse a sí mismo, so pena de sufrir el repudio que experimenta la alcaldesa.
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