2A La Prensa Panamá, lunes 29 de diciembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Aleida Samaniego C. [email protected] Investigaciones para detectar el virus. Cortesía Hantavirus en Panamá: 18 casos en 2025 sin muertes en medio de alerta de la OPS SALUD PÚBLICA Panamá se mantiene entre los países que han reportado casos de síndrome pulmonar por hantavirus en 2025, pero con un comportamiento epidemiológico distinto al de otras naciones de la región. Según la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el país confirmó 18 casos entre las semanas epidemiológicas 1 y 47 (del 16 al 22 de noviembre), sin registrar fallecimientos. Los contagios se concentraron principalmente en Los Santos (15 casos), seguidos de Herrera (2) y Coclé (1). El 95% de las exposiciones ocurrió en áreas rurales, lo que refuerza el vínculo de la enfermedad con el contacto con roedores y sus excretas, un patrón histórico en la región de Azuero, considerada zona endémica. En cuanto al cuadro clínico, todos los pacientes presentaron fiebre, mientras que los síntomas más frecuentes incluyeron cefalea (89%), mialgias (85%) y tos (70%). A pesar de la intensidad de algunos cuadros, no se registraron defunciones, un dato que contrasta con el panorama regional. Los otros países Además de Panamá, la OPS confirmó casos de hantavirus en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. En conjunto, estos países suman 229 casos y 59 muertes, con una tasa de letalidad regional del 25,7%. Argentina lidera el número de contagios, con 66 casos y 21 defunciones, lo que representa una letalidad del 32%, superior a su promedio histórico. Brasil, con 20 casos confirmados, reportó 11 muertes, elevando su letalidad al 55%, una de las más altas de la región. Bolivia y Paraguay mostraron aumentos significativos en la incidencia. Bolivia duplicó su promedio anual reciente, con 48 casos, mientras que Paraguay reportó un brote asociado a actividades laborales, principalmente viales, que elevó el número de contagios a 27. En ambos países, la mayoría de los casos estuvo vinculada a exposiciones rurales. Chile confirmó 35 casos y siete muertes, manteniendo una letalidad inferior a su promedio histórico, mientras que Uruguay reportó ocho casos y una defunción. En Estados Unidos, los casos continúan siendo esporádicos, pero con tasas de mortalidad elevadas en relación con el número de contagios. Aunque la transmisión del hantavirus en América es mayoritariamente zoonótica, la OPS recuerda que existen antecedentes de transmisión de persona a persona, principalmente asociados al virus Andes en el Cono Sur, lo que obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica y la detección temprana. Aleida Samaniego C. [email protected] Un directivo de la CSS es investigado por presunto peculado agravado JUSTICIA La Caja de Seguro Social (CSS) informó que uno de los miembros de su actual Junta Directiva figura en un proceso penal por presunto peculado agravado, sin identificarlo por nombre en el comunicado divulgado por la institución. Este medio pudo conocer que se trata de Emguelbert Geovanny Estrada, representante de los servidores públicos ante la Junta Directiva. La CSS señaló, mediante un comunicado de prensa, que la investigación no es en perjuicio de la entidad y que el caso corresponde a una situación de carácter personal. “Ante la existencia de un proceso penal en el que se señala a un miembro de la actual Junta Directiva de esta institución, la CSS informa responsablemente al país que se trata de una investigación por presunto peculado agravado, la cual no es en perjuicio de esta institución”, indicó la entidad. La institución precisó que la situación mencionada no guarda relación alguna con las actuaciones, decisiones o funciones de la CSS ni de su Junta Directiva como órgano colegiado, ni representa los valores y principios que rigen a la entidad. Estrada fue juramentado como miembro de la Junta Directiva de la CSS en octubre de 2024 y fungió como presidente interino del órgano directivo. La CSS reiteró su compromiso de actuar conforme al marco legal vigente, preservando la estabilidad institucional y manteniendo la confianza de la ciudadanía. Estrada enfrenta cargos junto al exrepresentante de David, Jorge Montenegro Vallarino, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos entre 2019 y 2024, con un perjuicio estimado en más de 4.4 millones de dólares, según auditorías de la Contraloría General de la República. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto al exministro Guillermo Ferrufino y su esposa, Milena Vallarino. Cortesía Rebaja de penas: el silencio del Ejecutivo y el mal mensaje al país Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] JUSTICIA Las rebajas de pena a condenados por corrupción y el silencio oficial vuelven a poner en duda la coherencia, legitimidad y credibilidad del sistema de justicia. La decisión de incluir a personas condenadas por corrupción en listas de rebaja de pena ha reavivado el debate sobre la legitimidad del sistema de justicia y el mensaje que el Estado transmite a la ciudadanía. A ello se suma el notorio silencio del Ejecutivo, interpretado por distintos sectores como una señal de complacencia. Aparte de un mensaje emitido por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, en el que justificó la medida y sostuvo que todas las personas privadas de libertad tienen los mismos derechos, ninguna otra autoridad del Ejecutivo se ha pronunciado públicamente sobre el tema. De forma paralela, ha circulado una imagen de Montalvo junto al exministro Guillermo Ferrufino y su esposa, Milena Edith Vallarino Morales, esta última incluida en la lista de personas que podrían recibir una rebaja de pena. La fotografía data de 2016, cuando un tribunal ordenó la liberación del exministro tras sustituir la medida de detención preventiva por la de “país por cárcel” —prohibición de salida del país—, luego de que permaneciera detenido durante un año y ocho meses por un caso de presunto enriquecimiento injustificado. Pérdida de credibilidad En la actualidad, Vallarino Morales de Ferrufino, al igual que su esposo, cumple una condena de seis años de prisión por el delito de enriquecimiento injustificado. Ambos fracasaron en justificar movimientos bancarios irregulares, la adquisición de múltiples bienes, el pago de deudas, la apertura de sociedades y la acumulación de fondos en diversas cuentas bancarias. Sobre este tema, analistas políticos, exmagistrados y diputados de distintas bancadas coinciden en que este tipo de medidas no puede analizarse únicamente desde el marco legal, sino también a partir de su impacto ético, político y social. El analista político José Eugenio Stoute cuestionó con dureza la inclusión de personas condenadas por delitos contra el erario público en estos beneficios. A su juicio, los poderes públicos deben actuar con coherencia para preservar su credibilidad. “Los poderes e instituciones del Estado requieren ejemplaridad en todos sus actos y decisiones para así conquistar legitimidad”, afirmó. Stoute calificó como inadmisible que personas que causaron un daño colectivo accedan a rebajas de pena, especialmente cuando evadieron la justicia durante años. “Resulta inconcebible incluir en la lista de rebaja de pena a delincuentes que estafaron al conjunto de la sociedad y permanecieron huidos para evitar ser alcanzados por el brazo de la justicia. Hay que tener un mínimo de coherencia”, subrayó. Las desigualdades Desde la Asamblea NacioMagna permite la facultad presidencial de otorgar rebajas de pena, pero consideró que ese modelo debe ser revisado. Molino Mola sostuvo que la rebaja de penas debería ser una atribución exclusiva del Órgano Judicial, sustentada en criterios técnicos y no políticos. “Debe existir una comisión formada por miembros del Órgano Judicial, el Ministerio Público y el sistema penitenciario que establezca los casos en los que se puede otorgar la rebaja de pena”, propuso. Por su parte, el diputado de Vamos, Roberto Zúñiga, fue aún más crítico y denunció lo que considera una práctica estructural de desigualdad. “En este país la justicia no solo es desigual: está secuestrada por el doble discurso. Para unos, todo el peso de la ley; para otros, la impunidad garantizada”, afirmó. Zúñiga rechazó que se trate de fallas aisladas del sistema y habló de un patrón sostenido. “No es un error del sistema; es una práctica deliberada. Gobernar y administrar justicia exige ejemplaridad, no complicidad”, dijo, antes de concluir que mientras existan “intocables”, el país seguirá observando con indignación cómo la corrupción se protege en lugar de castigarse. Para el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, la decisión de conceder rebajas de pena a personas condenadas por corrupción plantea un serio problema de coherencia institucional. A su juicio, este tipo de medidas debilita la credibilidad del Estado y erosiona la separación de poderes. “¿Qué autoridad moral va a tener el Ejecutivo para censurar al Legislativo o al Judicial?”, cuestionó, al advertir que las señales que se envían desde el poder político tienen un impacto directo en la confianza ciudadana. nal, la diputada de la bancada Vamos, Janine Prado, sostuvo que el debate va más allá de la distinción jurídica entre indulto y rebaja de pena. “Más allá de la discusión técnica, lo que preocupa es el mensaje que se envía al país”, señaló, al advertir que estas decisiones erosionan la confianza ciudadana en el sistema judicial. Prado puso el foco en las desigualdades dentro del sistema penitenciario. Recordó que existen cientos de mujeres privadas de libertad desde hace años, en condiciones difíciles, cuyos casos no reciben la misma atención. “Es legítimo cuestionar por qué se prioriza a personas con poco tiempo de detención, especialmente cuando existen vínculos con casos de corrupción que han causado un enorme daño al país”, afirmó. Para la diputada, el combate a la corrupción exige consecuencias claras. “La corrupción debe tener consecuencias reales y ejemplares. La justicia no puede percibirse como selectiva ni sensible a apellidos o conexiones”, añadió, en referencia a la percepción de privilegios para determinados sectores. Visión judicial El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, abordó el tema desde una perspectiva constitucional. Explicó que la actual Carta
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