2A La Prensa Panamá, viernes 26 de diciembre de 2025 Guillermo Ferrufino formó parte del Gabinete de Ricardo Martinelli (2009-2014), junto al hoy presidente José Raúl Mulino. Archivo El largo historial judicial de la familia Ferrufino Eliana Morales Gil [email protected] ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO Una posible rebaja de pena vuelve a poner bajo la lupa el historial judicial de la familia Ferrufino, marcado por condenas por enriquecimiento injustificado, procesos por corrupción y una investigación penal en curso. Milena Vallarino de Ferrufino, condenada a seis años por enriquecimiento injustificado, aparece en la lista de candidatos a una rebaja de pena que dio a conocer el Ministerio de Gobierno el miércoles 24 de diciembre. Este anuncio reabre el foco sobre una historia judicial que se arrastra desde hace una década y que involucra a su familia. Su esposo, Guillermo Ferrufino, quien ocupó el Ministerio de Desarrollo Social entre 2009 y 2012, cumple una pena cercana a los 10 años de prisión por enriquecimiento injustificado y corrupción de servidor público. Su hijo, Guillermo Ferrufino Vallarino, enfrenta una investigación penal por presunto blanqueo de capitales. El origen: el PAN y los primeros procesos La cadena de casos arrancó en marzo de 2015, cuando las autoridades aprehendieron a Ferrufino en medio de una investigación por presuntos sobrecostos en contratos de alquiler de helicópteros del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Ese expediente abrió la puerta a una serie de pesquisas que marcaron el rumbo judicial de la familia. En diciembre de 2015, la Fiscalía Anticorrupción solicitó llevar a juicio a Ferrufino por corrupción de servidor público. El Juzgado Decimotercero Penal admitió esa petición en abril de 2016. De forma paralela, el 18 de ese mismo mes, el Juzgado Undécimo Penal llamó a juicio a Ferrufino y a su esposa, Milena Vallarino, por enriquecimiento injustificado. Los peritajes financieros detectaron entonces un desfase patrimonial superior a los 2.3 millones de dólares frente a los ingresos declarados por la pareja. Casos que avanzan a paso lento Entre 2017 y 2020, los expedientes vinculados al PAN siguieron su curso entre incidentes y recursos. En febrero de 2017, la fiscalía pidió enjuiciar a Ferrufino y a otros exfuncionarios por peculado en el caso de los helicópteros. Años después, en febrero de 2020, un tribunal superior revocó una nulidad previa y ordenó retomar el proceso, con audiencia preliminar fijada para 2021. En paralelo, el caso por la compra de granos a través del PAN, que involucró a decenas de exfuncionarios y empresarios, permaneció en etapa de investigación durante años, sin llegar a juicio de fondo. Juicios, fallos y condenas En enero de 2021, el Segundo Tribunal Superior dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Ferrufino en una causa por blanqueo de capitales. El fallo cerró ese expediente, pero dejó en pie otros cuatro procesos clave: enriquecimiento injustificado, corrupción de funcionarios y dos causas por peculado. En febrero de 2022 marcó un punto de quiebre. El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales condenó a Ferrufino y a Vallarino a seis años de prisión por enriquecimiento injustificado. El tribunal concluyó que ambos acumularon bienes por más de 2.2 millones de dólares sin sustento legal durante la gestión del exministro. Ese mismo período trajo otra sentencia adversa para Ferrufino. Un tribunal lo declaró culpable de corrupción de servidor público por la compra de una camioneta Toyota valorada en 110 mil dólares, financiada, según el fallo, por empresarios que luego recibieron contratos estatales. La condena, de 48 meses de prisión, quedó firme en abril de 2023 tras el rechazo de un recurso de casación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En 2023, los tribunales confirmaron en segunda instancia la pena por enriquecimiento injustificado. Con ambas sentencias ejecutoriadas, el sistema penitenciario unificó las condenas de Ferrufino en un período cercano a los 10 años de cárcel. Se entrega Tras agotar los recursos legales, Ferrufino se entregó a las autoridades el 7 de octubre de 2024. Días después, el 24 de octubre, fue capturada Vallarino para que cumpliera su condena. Ese mismo operativo, realizado en La Chorrera, derivó en la aprehensión de su hijo, Guillermo Ferrufino Vallarino, luego de que las autoridades hallaran cerca de 87 mil dólares en efectivo ocultos en su habitación. Pruebas de ion scan detectaron rastros de drogas en el dinero, lo que dio paso a una investigación por presunto blanqueo de capitales. Un juez ordenó su detención domiciliaria con permiso para trabajar y estudiar. De acuerdo con juristas consultados, en el proceso penal que culminó con la condena de Vallarino, el Estado figura como sujeto pasivo del delito, dado que el enriquecimiento injustificado se configuró a partir de recursos de origen público. En ese contexto, corresponde a las instituciones estatales con competencia en la causa ejercer, si así lo consideran, el derecho a oponerse a una eventual rebaja de pena dentro de los plazos establecidos por la normativa penitenciaria. Hasta el momento, el Ministerio Público no se ha pronunciado sobre el tema. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Dos comisiones evaluadoras determinaron que el Consorcio Alimentando Panamá, S.A., cumplió con los requisitos establecidos en el pliego de cargos de las licitaciones para el suministro de alimentos a los centros penitenciarios de Panamá y Colón. Todo apunta a que la empresa, que actualmente mantiene estos contratos, continuará prestando el servicio durante varios años más. Ambos actos públicos son impulsados por el Ministerio de Gobierno por un monto total de 243.2 millones de dólares, de los cuales 33.6 millones corresponden a los centros penitenciarios de la provincia de Colón y 209.6 millones a los de Panamá. En el caso de Colón, dos empresas llegaron a la etapa de presentación de propuestas: el Consorcio Alimentando Panamá, S.A., que igualó el precio de referencia del Gobierno —33.6 millones de dólares—, y el Consorcio C&J Food Services, que ofertó un monto menor, de 29 millones de dólares. Ambas propuestas fueron admitidas para continuar en la fase de evaluación técnica y económica. Sin embargo, al momento de la evaluación, la comisión evaluadora determinó que solo el Consorcio Panameño de Alimentación Colón cumplió con los requisitos mínimos obligatorios establecidos en el pliego de cargos, lo que le permitió avanzar a la etapa de evaluación conforme a los criterios y la metodología de ponderación. Por otro lado, la comisión subrayó que la propuesta presentada por el Consorcio C&J Food Services no cumplió con dichos requisitos, lo que derivó en su descalificación. Si bien hasta el momento el acto público no ha sido adjudicado, el único consorcio elegible para este contrato sería el Consorcio Panameño de Alimentación Colón. No obstante, el Consorcio C&J Food Services presentó un escrito ante la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, en el que formula observaciones al informe de la comisión evaluadora. Entre las observaciones, C&J Food Services sostiene que el Consorcio Panameño de Alimentación Colón no cumple con requisitos como el aviso de operación. Asimismo, alega que sí cumple con aspectos como la fianza de cumplimiento, pese a que la comisión evaluadora concluyó lo contrario. Así las cosas, el siguiente paso sería la adjudicación de este acto público, que busca asegurar la prestación del servicio durante 2,191 días calendario, equivalentes a casi seis años. El contrato abarca el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza y el Centro Femenino de Colón, donde la demanda alimentaria exige un suministro constante y supervisado, bajo estrictos estándares sanitarios. En total, la empresa que resulte adjudicada deberá cubrir la alimentación de unas 2,793 personas: 2,596 hombres privados de liberLicitaciones de alimentos en cárceles: un solo consorcio queda en carrera CONTRATO MILLONARIO tad, 107 mujeres privadas de libertad, 39 custodios y 51 unidades policiales. Cárceles de Panamá El Consorcio Alimentando Panamá, S.A., también participó en la licitación para el suministro de alimentos a los centros penitenciarios de la provincia de Panamá, por un monto de 209.6 millones de dólares. No se presentaron más propuestas en este acto público, que también se realizó el pasado 5 de diciembre. Finalmente, la comisión evaluadora determinó que la empresa cumplió con los requisitos mínimos establecidos, lo que le permitiría extender su dominio del servicio por casi seis años más y alcanzar cerca de 19 años de control ininterrumpido de la alimentación penitenciaria. La empresa ha prestado este servicio durante aproximadamente 13 años, desde 2012. El consorcio presentó una propuesta por 209.6 millones de dólares, exactamente el precio de referencia fijado por el Ministerio de Gobierno. Este monto incorpora un incremento en la ración diaria, que pasa de 4.60 a 5.50 dólares, en comparación con el contrato aún vigente. Esta licitación no estuvo exenta de cuestionamientos, ya que potenciales competidores alertaron sobre especificaciones que, a su juicio, otorgaban ventajas al Consorcio Alimentando Panamá. En total, 15 empresas participaron en el proceso de homologación, pero solo se presentó una propuesta final. Uno de los puntos impugnados fue el criterio de evaluación de experiencia, debido a que el pliego exigía que esta solo pudiera acreditarse mediante un máximo de tres contratos. El aspecto crítico radicaba en que al proveedor actual se le reconoce la experiencia de un solo contrato que engloba seis servicios penitenciarios, producto de las condiciones especiales bajo las cuales fue contratado. En la práctica, esto limitaba cualquier competencia real, pues resultaba improbable que otro participante pudiera presentar un contrato único que abarcara tantos recintos, colocándolo en una desventaja evidente frente al operador histórico. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] En el país hay unos 20 mil privados de libertad. Archivo
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