4A La Prensa Panamá, miércoles 24 de diciembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] BURLA. Hay diputados que solo son conocidos por sus conflictos con la ley. Según Isaac Mosquera, el 20 de diciembre — día de los hechos— él había llevado la máquina de millo y las bocinas a un “agasajo” en Santa Fe, Darién, junto al representante de Cucunatí, el perredista César Pimentel. ¿Qué agasajo era ese, en un día de duelo nacional? Mosquera asegura que hizo un alto en el retén en Las Garzas, avanzó “tres metros” y escuchó el disparo de los agentes. La Policía, por su parte, señaló que el vehículo en el que viajaba el diputado ignoró el retén, por lo que hubo que perseguirlo por “3.5 kilómetros” —con tiros al aire y todo— hasta que se detuvo. Esta distancia es más de mil veces la que dice Mosquera. CHAPA. Mosquera aclaró que su vehículo sí llevaba la correspondiente placa, pero no en la defensa trasera, sino colocada sobre el tablero, detrás del parabrisas. ¡Qué bonito! Así, cualquiera puede poner esa chapa en el carro que sea en pocos segundos. ¿A nadie se le ha ocurrido pensar que de esa manera también se puede ocultar fácilmente el rastro de algunas actividades ilegales? Si es verdad que teme tanto que le roben la placa, se la puede tatuar en la frente y así tiene la seguridad de que nadie se la lleve. CONNECT MILES. José Pérez Barboni advirtió que la población desconoce cuáles son los beneficios “concretos” de los múltiples viajes que ha realizado el Ejecutivo y qué empresas deciden invertir en el país a raíz de esos periplos. Deberían habilitar una página en internet para divulgar y dar seguimiento a los resultados de esas importantes gestiones que supuestamente realizan en el exterior. BONO. El Metro de Panamá repartirá 1,246 cupones entre el personal “de confianza” y “sindiLas comisiones evaluadoras son decisivas en los procesos de licitación. Archivo Licitaciones públicas: las comisiones evaluadoras en el centro del debate Ohigginis Arcia Jaramill [email protected] CONTRATOS PÚBLICOS El papel de los miembros de las comisiones evaluadoras adquiere relevancia si se toma en cuenta que sus decisiones inciden directamente en la adjudicación de contratos por montos millonarios cada año. El debate sobre el papel de las comisiones evaluadoras en las licitaciones públicas se abrió tras las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien cuestionó la permanencia prolongada de funcionarios en estos equipos encargados de calificar las propuestas presentadas en los actos públicos. El mandatario informó que solicitó a todos los ministerios y entidades estatales renovar a quienes integran estas comisiones, al considerar que su continuidad afecta el desempeño de los procesos de contratación. “Hay gente eternamente viviendo allí y vean ustedes el desastre que son las contrataciones en términos generales”, afirmó Mulino, al atribuir parte de las deficiencias del sistema a la forma en que operan estas instancias. El papel de los miembros de las comisiones evaluadoras adquiere relevancia si se toma en cuenta que sus decisiones inciden directamente en la adjudicación de contratos por montos millonarios cada año. Datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas indican que durante 2024 el Estado panameño adjudicó procedimientos de compras y contrataciones por un total de 1,924.8 millones de dólares, mientras que en lo que va de 2025 la cifra ronda los 786.7 millones, montos que reflejan el peso que tienen estos equipos técnicos en la definición del destino de los recursos públicos. Proceso de selección Pero ¿cómo se escoge y cuál es el perfil de las personas que integran estas comisiones? La Ley de Contrataciones Públicas establece que deben conformarse por profesionales con formación y experiencia vinculadas al objeto de la contratación y ser designadas antes de la recepción de las propuestas. Para cada acto público, el sistema PanamaCompra genera una lista aleatoria de candidatos que triplica el número de miembros requeridos, a partir de la cual la entidad licitante selecciona a los integrantes. Una vez escogidos, los miembros de la comisión son nombrados mediante una resolución emitida por el representante legal de la entidad o por el funcionario delegado. Esta resolución debe publicarse junto con el informe de evaluación o verificación. La norma también dispone que la mayoría de los integrantes de la comisión no puede pertenecer a la entidad licitante y que, en los casos de obras o servicios complejos, la entidad puede solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas listados de profesionales externos. La comisión debe aplicar los criterios de evaluación establecidos y puede solicitar aclaraciones a los proponentes o apoyo técnico especializado. El resultado se consigna en un informe firmado por los miembros, en el que pueden incorporarse criterios disidentes y cuyas decisiones se adoptan por mayoría. El balance Para el abogado y profesor universitario Carlos Gasnell, experto en Contrataciones Públicas, desde las reformas introducidas en 2020 las comisiones evaluadoras cuentan con mayores márgenes de independencia frente a las entidades que convocan las licitaciones, al establecerse que solo uno de sus tres integrantes puede pertenecer a la institución licitante. Sin embargo, subrayó que ese cambio no ha sido suficiente para blindar estos procesos. “Solo uno de sus tres miembros puede ser de la institución que convoca la licitación, lo cual no impide que puedan ser manipuladas”, señaló, al plantear la posibilidad de avanzar hacia un cuerpo externo de evaluadores independientes. Sobre las declaraciones de Mulino, Gasnell coincidió en que el sistema es susceptible de mejoras y apuntó, en particular, a las licitaciones por mejor valor, que requieren evaluaciones técnicas más complejas. “Son mejorables. Tal vez las licitaciones por mejor valor que criticó el presidente deberían ser excepcionales, con pliegos bien redactados, criterios objetivos de medición y metodologías claras para llegar a los puntajes”, explicó. Simplificación A juicio del especialista, en la mayoría de los actos públicos el criterio de adjudicación podría simplificarse. “En la mayoría de los actos públicos podría adjudicarse al menor precio, eso sí, previa verificación del cumplimiento estricto de requisitos”, indicó, al tiempo que señaló que muchos de esos requisitos podrían cumplirse antes de la convocatoria del acto público. Según Gasnell, un listado de verificación más corto reduciría errores en la evaluación y evitaría reclamos ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, así como la dilatación de las adjudicaciones y el uso de la contratación directa como alternativa. Sobre la idoneidad de quienes integran las comisiones evaluadoras, Gasnell consideró que la legislación vigente presenta vacíos importantes. “La ley solo indica que los miembros deben ser idóneos en el objeto de la contratación, lo cual es demasiado amplio”, advirtió. Añadió que ni la ley ni los pliegos establecen con claridad cómo deben tomarse las decisiones dentro de la comisión, ya sea de manera individual o por consenso, aunque se permita salvar el voto. En su opinión, este es un aspecto que amerita una regulación más precisa, posiblemente a través de un reglamento. Getzalette Reyes [email protected] Sesión del Consejo de Gabinete de ayer 23 de diciembre de 20 25. Cortesía Gabinete aprueba adenda para el servicio de recaudo del Metro de Panamá EJECUTIVO El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución No. 146-25, mediante la cual se autoriza la contratación, a través de un procedimiento excepcional, entre el Metro de Panamá, S.A. (MPSA) y la empresa Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos, S.A. (SONDA), para la prestación del servicio de recaudo de pasajes en las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá. El contrato contempla la administración financiera del sistema, así como el mantenimiento de los equipos de validación y cobro de pasajes, por un monto total de $11 millones 085 mil 673.14. La medida permitirá garantizar la continuidad del servicio mientras se avanza en un nuevo proceso de contratación. Previamente, la Junta Directiva de Metro de Panamá, S.A. había autorizado gestionar ante el Consejo de Gabinete la aprobación de este procedimiento excepcional para extender la contratación con SONDA hasta el 31 de octubre de 2026, por un monto inicial de $8 millones 262 mil 665.21. No obstante, tras un proceso de análisis técnico y financiero, se determinó que lo más conveniente era ampliar la vigencia del procedimiento excepcional por seis meses adicionales e incluir la renovación parcial del equipamiento tecnológico, que abarca validadores, servidores y “switches”, ante la obsolescencia de los equipos actuales, los cuales ya no cuentan con soporte técnico ni repuestos. De acuerdo con lo informado, esta ampliación permitirá ganar tiempo mientras se concreta el plan de pagos y financiamiento del próximo acto público, al tiempo que se asegura la operatividad del sistema de recaudo. En ese contexto, MPSA solicitóaSONDAunanuevapropuesta económica que incluyera la actualización parcial de los equipos. Paralelamente, las autoridades informaron que ya se trabaja en la elaboración del pliego de cargos para el procedimiento de selección del nuevo operador del sistema de administración financiera y recaudo de pasajes, cuya contratación tendrá una vigencia estimada de 10 años. calizado”, a un costo de $139,080. Esta historia se repite cada año en multitud de entidades. ¿Hasta cuándo? UNIDOS. Ayer, los cuatro diputados de Seguimos se reunieron para hacer un balance de su primer semestre como bancada legislativa. El resto de los diputados ha desaparecido. Tal vez estos cuatro tengan más que decir que todos los diputados de RM y el PRD juntos.
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