4A La Prensa Panamá, martes 23 de diciembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] CONTAGIO. Isaac Mosquera contó que la idea de chifear el retén de Las Garzas fue suya, alegando que la Policía Nacional no tiene competencia para detener su vehículo bajo ninguna circunstancia. ¿Qué norma dice que un diputado no tiene que obedecer las normas de tránsito y las instrucciones de los agentes policiales? Mosquera viajaba en un vehículo sin placa, con sus dos hijos (uno de los cuales iba al volante) y su nuera. ¿Acaso a esos familiares también le aplican estas pretendidas prerrogativas parlamentarias? Por eso es que no hay que darles ni un tipo de prebenda o privilegio. Este no es el primer diputado (seguramente tampoco será el último) que tiene problemas con la Policía por sus conductas antisociales. TIJERA. La peluquera Katherine Carvallo, conocida como La Parce, fue excarcelada con la excusa de que cumpliría trabajo comunitario en la junta comunal de Juan Díaz, a cargo del independiente Javier Bernal. ¿Qué trabajo tenía allí? ¿Cortar el cabello y hacer blower? PITAZO. En Las Lomas, de Penonomé, han confeccionado un muñeco de Año Nuevo alusivo a Thomas Christiansen. Deberían colocar una tarjeta de intenciones al lado de cada muñeco para que los transeúntes exactamente sepan qué le desean a la personalidad recreada. Dudamos que al director técnico de la Sele le auguren lo mismo que a algunos políticos a quienes también les dedicarán un muñeco. LUCES. El alumbrado naLa implementación de la Carrera Judicial se inició en el año 2015. Isaac Ortega Consejo de la Carrera Judicial aplaza llamado para selección de jueces Juan Manuel Díaz [email protected] ADMINISTRATIVO Se refiere a la implementación de la carrera judicial, ya que la mayoría de los jueces de circuito, civiles y municipales, además de los magistrados de tribunales superiores, son interinos. El Consejo de la Carrera Judicial ordenó la suspensión de la convocatoria general 2025 para selección de vacantes de magistrados y jueces a nivel nacional. La decisión fue adoptada por la nueva junta directiva del Consejo de la Carrera Judicial, que procederá a la revisión de todos los procesos realizados por la anterior administración e iniciará un proceso de adecuación de la normativa aplicable y de las bases de la convocatoria. Se trata de la implementación de la carrera judicial, ya que la mayoría de los jueces de circuito, civiles y municipales, además de los magistrados de tribunales superiores, son interinos. Esto no incluye a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son nombrados por un plazo fijo. A través del acuerdo No.01-CACJ-2025 del pasado 15 de diciembre, los nuevos miembros de la comisión explican que dicha acción se toma ya que se hace indispensable revisar la normativa vigente y las bases de la convocatoria, con el propósito de garantizar que los requisitos, etapas y criterios de evaluación que serán aplicados a esta nueva convocatoria se ajusten plenamente a los principios de igualdad de oportunidades y debido proceso, asegurando la legitimidad y confianza pública en los concursos. La Ley 53 de 2015, que creó la Ley de Carrera Judicial, fue promulgada hace 10 años, pero su implementación aún sigue en marcha. Esto se debe, en parte, a la falta de recursos y a la ausencia de mecanismos claros para el nombramiento de magistrados y jueces, lo que ha ocasionado varios retrasos. Solo el pasado 24 de septiembre, Alianza Ciudadana Pro Justicia decidió no participar en la quinta fase del proceso de selección de los aspirantes a magistrados y jueces. Esto ocurrió después de que el Consejo de Administración de la Carrera Judicial no respondiera dos notas aclaratorias sobre el método de calificación utilizado en la cuarta fase de dicho proceso, el cual permitió que algunos aspirantes que no alcanzaron los promedios previamente establecidos para superarla fueran incluidos en la siguiente fase. En esa ocasión, Magaly Castillo de Alianza Ciudadana Pro Justicia expresó que el proceso de implementación de la Carrera Judicial se ha dilatado en el tiempo debido a la resistencia de algunos magistrados de la Corte, quienes se opusieron abiertamente a su implementación. Según Castillo, la principal resistencia proviene de magistrados que preferían mantener el sistema de nombramientos “discrecionales” que existía antes de la reforma al Código Penal, que introdujo esta figura. El Consejo de Administración de la Carrera Judicial es un órgano colegiado, autónomo, integrado por magistrados y jueces, que ejercen funciones de gobierno de la Carrera Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones mediante procesos de reclutamiento y selección transparentes y objetivos, que generen personal idóneo, competente y honesto que garanticen el respeto, decoro e independencia judicial. La función de administración del consejo se desarrolla con fundamento en los principios que la rigen, por lo que debe vigilar con celo por la igualdad de oportunidades de sus miembros, el reclutamiento sistemático, la selección por méritos, la evaluación del desempeño, el ascenso y traslado por desempeño, la honra a la antigüedad y méritos, la formación constante, el desempeño personal excelente, sumando a ello, una remuneración justa y, sobre todo, un desempeño con integridad, transparencia y los más altos criterios éticos y morales. En 2019, el presupuesto del Órgano Judicial (OJ) no incluyó fondos para la Carrera Judicial, debido a los recortes y la contención del gasto ordenados por el gobierno central. En 2020, la Carrera Judicial tampoco recibió asignación de fondos debido a los recortes realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas(MEF),loqueprovocó retrasos en su implementación. En julio de 2022, el Órgano Judicial implementó el proceso de evaluación de jueces y magistrados aprobado por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial. Este proceso es uno de los pilares fundamentales de la Ley 53 de 2015, que estableció tres carreras: judicial, defensa pública y administrativa judicial. El presidente José Raúl Mulino ha realizado duros cuestionamientos a las decisiones de algunos jueces de garantías que han concedido medidas cautelares de reporte periódico a procesados por casos de drogas y pandillerismo. La nueva junta directiva de la comisión del Consejo de la Administración de la Carrera Judicial está integrada por la magistrada Margarita Centella, la juez Anadina Quiros Tejeira, Mario Felipe Solís y Mercedes De León. Juan Manuel Díaz [email protected] Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu fue imputado por delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y peculado. Isaac Ortega Exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, pide audiencia de revisión de medidas AUXILIOS ECONÓMICOS El exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) Bernardo Meneses tendrá una audiencia de revisión de la medida cautelar de detención preventiva que le fue aplicada dentro de la investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. En la audiencia que se realizará hoy martes a las 4:00 p.m. la defensa pedirá a un juez de garantías revisar la medida cautelar de detención preventiva que le fue aplicada el pasado mes de julio por la jueza de garantías Marisol Ortiz y confirmada por el Tribunal Superior de Apelaciones el pasado 17 de julio. Meneses también está imputado por la presunta comisión de los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, por hechos presuntamente cometidos cuando ejercía el cargo de director del Ifarhu, al permitir entre los años 2021 y 2023 el uso de fondos públicos sin cumplir con las normas y principios para lo cual fue creada dicha entidad. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la línea de investigación en el caso de peculado se centra en que otorgó los auxilios económicos a personas con alta solvencia económica y en otros casos para estudiar carreras que se imparten en Panamá. El Ministerio Público ha establecido que el otorgamiento de auxilios económicos por parte del Ifarhu se sustenta en que se debe otorgar a personas con escasos recursos económicos, que la carrera a estudiar no se imparte en Panamá y que sea prioritaria para el desarrollo socioeconómico del país. Según la investigación de la Fiscalía, Meneses violentó el espíritu de los programas destinados por el Ifarhu para ayudar a personas con necesidades económicas. Además, la investigación reveló que Meneses recibió en sus cuentas bancarias fondos de terceros luego de haber otorgado auxilios económicos a un grupo determinado de beneficiarios. En la actualidad, Meneses permanece detenido provisionalmente en La Nueva Joya. Por este caso hay un total de 22 personas imputadas por las presuntas irregularidades en el manejo de los fondos entregados por el Ifarhu en concepto de auxilios económicos. videño del parque Cervantes, en David, está a cargo de Disaroca, la misma empresa que engalanó los parques municipales y principales avenidas del distrito de Panamá. Por estos trabajos, la Alcaldía de David desembolsó $99,899.48 y la de Panamá, $2.8 millones. Un par de miles más y cada uno habría podido construir un parque nuevo.
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