3A La Prensa Panamá, martes 23 de diciembre de 2025 Panorama Ali Zaki Hage Jalil es señalado como presunto responsable del atentado terrorista. Tomada de fbi.gov Caso Alas Chiricanas: extradición entra en la fase de coordinación Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] DIPLOMACIA El canciller Javier Martínez-Acha se refirió ayer lunes 22 de diciembre a los avances en torno a la posible extradición de Ali Zaki Hage Jalil, señalado como presunto responsable del atentado terrorista contra el vuelo 901 de aerolínea panameña Alas Chiricanas, ocurrido en 1994. El jefe de la diplomacia panameña recordó que, en noviembre pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial en el que se informó sobre la identificación de esta persona y el inicio de los trámites diplomáticos y judiciales correspondientes. Según explicó Martínez-Acha, el proceso se encuentra actualmente en una fase de coordinación interinstitucional. “Seguimos trabajando en esto con la Procuraduría General de la Nación”, señaló, al tiempo que precisó que será el Ministerio Público el encargado de formular la solicitud formal de extradición. Una vez presentada, añadió, la Cancillería se encargará de canalizarla por las vías diplomáticas correspondientes. El canciller subrayó que el objetivo del Estado panameño es que el sospechoso comparezca ante la justicia nacional. “Esperamos realmente que este supuesto terrorista venga a Panamá a rendir cuentas”, afirmó, insistiendo en que se trata de un caso de alta sensibilidad histórica y judicial para el país, debido a la gravedad del atentado y a las víctimas que dejó. Los obstáculos No obstante, Martínez-Acha advirtió sobre posibles obstáculos en el proceso de extradición. Indicó que las autoridades manejan información según la cual Ali Zaki Hage Jalil también tendría pasaporte venezolano, una situación que podría complicar los trámites una vez Panamá formalice la solicitud ante el país donde se encuentre. Pese a estas dificultades, el canciller aseguró que el Gobierno panameño seguirá adelante con las gestiones necesarias. “Es una solicitud que vamos a hacer”, reiteró, al tiempo que expresó el deseo de que el implicado enfrente “todo el peso de la ley” por lo que calificó como un ataque vil que marcó profundamente al país. El funcionario enfatizó que el atentado no solo afectó a ciudadanos panameños, sino que tuvo un componente específico de odio. A su juicio, el ataque estuvo dirigido particularmente contra la comunidad hebrea y constituyó un acto de carácter antisemita, una dimensión que —dijo— refuerza la importancia de que el caso no quede impune y sea atendido con rigor por la justicia panameña. Después de más de tres décadas prófugo, las autoridades de Venezuela detuvieron el mes pasado, en la isla de Margarita, a Ali Zaki Hage Jalil, señalado como uno de los implicados en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido en 1994 y que cobró la vida de 21 personas. La captura fue ejecutada por agentes de Interpol Venezuela, en coordinación con autoridades judiciales panameñas, que habían emitido una alerta internacional para su localización y arresto. El atentado, registrado el 19 de julio de 1994, marcó uno de los episodios más trágicos de la aviación panameña. El avión, que había despegado de Colón, explotó en pleno vuelo, y desde entonces las investigaciones apuntaron a un posible acto terrorista. La aprehensión de Hage Jalil reaviva un caso que durante años permaneció en la impunidad y que ahora podría abrir una nueva etapa judicial en la búsqueda de justicia para las víctimas. Cronología del caso En agosto de 2019, la Fiscalía Superior de Descarga solicitó al Tribunal Superior la reapertura de las investigaciones, luego de que el 20 de noviembre de 2017 el entonces presidente Juan Carlos Varela recibiera una carta del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que se le informaba que los servicios de inteligencia de su país habían confirmado que el grupo terrorista Hezbollah estaba detrás del atentado. Hezbollah, organización musulmana chií libanesa, es considerada por Estados Unidos como un grupo extremista islámico y está incluida en su lista de organizaciones terroristas. El tema fue abordado nuevamente en 2018, durante una visita oficial de Varela a Israel. En 2003, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 9, Secretaría N.° 17, de Argentina, remitió un exhorto a las autoridades panameñas en el que manifestaba su interés en colaborar con la investigación del atentado contra el avión de Alas Chiricanas, al considerar que los responsables pertenecían a los mismos grupos que colocaron una bomba en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ataque que dejó un saldo de 85 muertos el 18 de julio de 1994, un día antes del atentado en Panamá. Tras la captura, las autoridades panameñas mantienen coordinación con la Fiscalía de Asuntos Internacionales para iniciar el proceso de extradición y asegurar que el detenido sea entregado a la justicia panameña. La Dirección General de Contrataciones Públicas es la encargada de administrar el sistema electrónico PanamaCompra. LP Ley de Contrataciones: muchas reformas sin cambios de fondo LEYES Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Desde su entrada en vigencia en junio de 2006, la Ley 22 de Contrataciones Públicas se ha convertido en una de las normas más reformadas del ordenamiento jurídico panameño. El actual Gobierno no rompe con esa inercia y vuelve a colocar la ley en la mesa de cambios. En menos de dos décadas, la Ley 22, concebida como el marco legal para regular las compras y contrataciones del Estado, ha sido reformada en más de 10 ocasiones mediante distintas normas aprobadas por la Asamblea Nacional. Ahora, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que instruyó al director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Javier Raúl Marquínez, para que elabore un documento con nuevas reformas. La pregunta que surge es cuáles son los cambios que interesan al Ejecutivo. El mandatario dejó entrever algunas de las posibles modificaciones. “No me gustan esas benditas licitaciones al mejor valor. Eso es un despropósito. Aquí se tiene que ir a buen precio, a mejor precio. El que se la ganó, se la ganó”, afirmó. Mulino también se refirió a la conformación de las comisiones evaluadoras, encargadas de calificar las propuestas presentadas en los actos públicos. Dijo que ya solicitó a todos los ministerios y entidades públicas que sustituyan a las personas que actualmente las integran. Cronología de cambios Esta historia de modificaciones no es nueva. Las primeras reformas se produjeron apenas meses después de la promulgación de la ley, con la aprobación de la Ley 35 de 2006, lo que evidenció desde temprano la necesidad de ajustes a un sistema que aún no terminaba de consolidarse. Durante los años siguientes, las reformas se sucedieron con rapidez. Entre 2007 y 2009 se aprobaron varias modificaciones —a través de las leyes 2 de 2007; 21 y 41 de 2008; y 69 y 80 de 2009— orientadas principalmente a ajustar procedimientos, ampliar excepciones y redefinir competencias dentro del sistema de contrataciones públicas. El año 2010 marcó un punto de inflexión, con tres reformas en un solo periodo legislativo. Las leyes 12, 30 y 66 introdujeron nuevos cambios al régimen de compras estatales. Estas modificaciones respondieron tanto a presiones internas como a observaciones de organismos de control, que advertían sobre debilidades en los mecanismos de fiscalización y transparencia. En 2011, la Ley 48 volvió a modificar el marco normativo, acumulando ajustes que, con el paso del tiempo, generaron un texto fragmentado y de difícil interpretación. Esta situación llevó a que, en 2017, se aprobara la Ley 61, que ordenó y sistematizó la normativa vigente, integrando las reformas previas en un texto único. Sin embargo, la reforma más profunda llegó en 2020, con la aprobación de la Ley 153, considerada la modificación más extensa desde la creación de la Ley 22. Esta norma introdujo alrededor de 75 cambios, con el objetivo declarado de fortalecer la transparencia, agilizar los procesos de contratación y limitar prácticas que habían sido cuestionadas por la ciudadanía y por entes fiscalizadores. La Ley 153 de 2020 buscó, entre otros aspectos, reducir el uso discrecional de procedimientos excepLas primeras reformas se produjeron apenas meses después de la promulgación de la ley, con la aprobación de la Ley 35 de 2006, lo que evidenció desde temprano la necesidad de ajustes. cionales, ajustar los plazos de impugnación y reforzar el rol de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Pese a ello, sectores de la sociedad civil y expertos en compras públicas han advertido que las reformas no han logrado erradicar prácticas que favorecen la opacidad. El análisis Para el abogado y profesor universitario Carlos Gasnell, especialista en la materia, la norma ha sido objeto de múltiples modificaciones que, sin embargo, no han alterado de fondo la manera en que el Estado contrata bienes y servicios. “Desde 2006 se han aprobado más de 10 reformas a la Ley 22, dos de las cuales, por el volumen de artículos modificados, han generado textos únicos. La última fue la Ley 153 de 2020, que es posiblemente la reforma más amplia que ha experimentado la ley”, explicó. Gasnell sostuvo que, pese a la frecuencia de los cambios legislativos, las reformas no han atacado los problemas estructurales del sistema. “Ninguna de estas reformas ha cambiado los procesos ni la forma en la que se contrata. Todas han sido retoques de lo existente”, afirmó, al subrayar que la arquitectura básica de las contrataciones públicas se ha mantenido intacta, pese a las reiteradas promesas de modernización y mayor transparencia. En cuanto al futuro de la normativa, el experto considera que el desafío ya no es la estandarización, sino la simplificación de los procedimientos. “Los procesos de selección siguen siendo largos y complejos”, señaló. Entre sus propuestas mencionó la necesidad de evaluaciones previas de documentación, la clasificación de proveedores y una transparencia total sobre las empresas que participan en las licitaciones. A su juicio, estas medidas permitirían evitar evaluaciones excesivas y situaciones en las que “buenas empresas pierden una adjudicación porque no aportaron una copia autenticada o se equivocaron al consignar en las fianzas días calendario en lugar de días hábiles”, problemas que —dijo— evidencian la rigidez del sistema actual.
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