2A La Prensa Panamá, domingo 21 de diciembre de 2025 Todas las veces que se ha aplazado el juicio del caso Odebrecht Eliana Morales Gil [email protected] JUSTICIA Entre asistencias judiciales pendientes, imputados fuera del país y decisiones de última hora, el caso Odebrecht acumula seis aplazamientos y traslada su desenlace judicial hasta 2026. El juicio del caso Odebrecht, el proceso por corrupción más emblemático de los últimos tiempos y que salpica a dos expresidentes de la República, permanece atrapado en una secuencia de aplazamientos. Desde 2023, el proceso penal por los sobornos que la constructora brasileña pagó en Panamá, choca una y otra vez con el calendario judicial. Los tribunales revisan pruebas, esperan respuestas del extranjero y tratan de ubicar a imputados fuera del país. El saldo hasta ahora es claro: seis intentos fallidos y una nueva fecha que apunta a enero de 2026. El expediente reúne a una veintena de personas, entre ellas Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, quienes gobernaron Panamá entre 2009-2014 y 2014-2019, respectivamente. A ambos se les atribuye la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales. A continuación, el detalle de las fechas y de los tropiezos que han convertido el juicio en una cuenta regresiva permanente. Agosto y septiembre de 2023: pruebas sin admitir El primer intento se fijó para el 1 de agosto de 2023. Pero, un día antes, el juzgado lo reprogramó para finales de septiembre. En ese momento, se informó que el tribunal aún no concluía el análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción y por los abogados defensores de los investigados, por lo que la etapa de admisibilidad seguía abierta. La nueva fecha quedó marcada para el 27 de septiembre de 2023, pero tampoco prosperó. El 26 de septiembre, la jueza Baloisa Marquínez comunicó que el juicio no podía iniciar porque faltaba valorar parte del caudal probatorio. No se fijó entonces una fecha inmediata y se dejó claro que el proceso avanzaría solo tras cerrar la admisibilidad de las pruebas. Reprogramaciones para 2024 Días después, el Órgano Judicial anunció un nuevo calendario: el inicio del juicio se trasladaba al 15 de julio de 2024, con una fecha alterna el 16 de septiembre de ese año, para dar margen al trámite pendiente. Pero, en febrero de 2024, una vez concluida la admisión de pruebas, la jueza Marquínez volvió a mover el calendario. Mediante resolución del 20 de febrero, estableció como nueva fecha el periodo del 12 de noviembre al 19 de diciembre de 2024, con una alternativa del 20 de enero al 28 de febrero de 2025. Esto ocurrió debido a que localizaron a dos de los investigados en Perú y quienes hasta ese momento habían permanecido prófugos: Gonzalo Eduardo Monteverde y María Isabel Carmona. No habían sido notificados y no habían tenido oportunidad de presentar pruebas dentro del plazo previsto. Asistencias judiciales pendientes Pocos días antes del inicio previsto para noviembre de 2024, el juzgado decretó otro aplazamiento. En un auto del 7 de noviembre de 2024, el Órgano Judicial informó que el juicio no podía iniciar porque aún no llegaban respuestas a varias asistencias judiciales internacionales solicitadas, entre ellas a Estados Unidos y México, consideradas necesarias para el desarrollo del proceso. Se activó entonces la fecha alterna, del 20 de enero al 28 de febrero de 2025. Todos apostaban a que esta vez si se realizaría. El 20 de enero de 2025, día en que debía comenzar finalmente el juicio, la audiencia volvió a suspenderse en la misma sala. La razón central fue la falta de testimonios de nueve testigos clave en el extranjero, ocho en Brasil y uno en Perú, requeridos mediante asistencias judiciales. Tras solicitudes de varios abogados defensores, respaldadas por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, la jueza Marquínez resolvió posponer el juicio por casi un año. El nuevo periodo quedó fijado del 11 de noviembre al 19 de diciembre de 2025, con fecha alterna del 12 de enero al 13 de febrero de 2026. En 2025 tampoco El patrón volvió a repetirse. El 7 de noviembre de 2025, el Órgano Judicial anunció el sexto aplazamiento. Un comunicado de ese poder del Estado explicó que la audiencia no podía realizarse porque las autoridades no lograron ubicar ni notificar a Martinelli, uno de los 26 imputados, quien solicitó asilo en Colombia para evadir la condena por el caso New Business. Ahora, la expectativa se concentra en la última ventana del calendario del caso Odebrecht: del 12 de enero al 13 de febrero de 2026. El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, afirma que el Ministerio Público y los fiscales están listos para llegar a esa fase del proceso. El escándalo de la descentralización paralela, uno de los episodios de corrupción más sonados del gobierno del perredista Laurentino Cortizo (2019-2024), sigue generando efectos concretos en la administración pública. Autoridades de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) han presentado 300 denuncias ante el Ministerio Público para que se investigue el destino de $214,591,550 transferidos a juntas comunales y municipios, fondos que fueron distribuidos de manera discrecional a feudos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y sus aliados. Las denuncias apuntan a posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados al margen de los mecanismos ordinarios de descentralización, entre ellas proyectos sin sustento técnico, obras inconclusas o inexistentes y transferencias aprobadas sin controles previos suficientes. La AND explica que los hallazgos surgieron tras auditorías internas y procesos de revisión administrativa, y ahora quedan en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si los hechos configuran delitos contra la administración pública y establecer responsabilidades penales. Las solicitudes a los gobiernos locales Un informe de la Autoridad Nacional de Descentralización, entidad a cargo de Roxana Méndez, detalla que la institución envió 663 solicitudes de información a municipios y juntas comunales para conocer en qué se invirtieron los fondos que institucionalmente correspondían al Programa de Interés Social (PDIS). De ese total, 627 fueron atendidas, mientras que 36 permanecen sin respuesta. No obstante, la institución ha seguido funcionando con sus programas. Entre agosto de 2024, un mes después de que el gobierno de José Raúl Mulino asumiera el poder, y septiembre de 2025, se ejecutaron 4,719 proyectos con una inversión acumulada de $130,368,724. Casi la mitad de esas obras, el 49%, corresponde al sector de vialidad: 906 proyectos que concentraron $63,788,754. El documento también precisa que desde agosto de 2024, la AND transfirió $186,694,320 a municipios y juntas comunales en todo el país. De ese monto, $82,474,804 provino del Programa de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), mientras que $85,636,320 se asignó a través del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm). Además, la entidad destinó $18,582,935 a subsidios, según el mismo informe. En el Ministerio Público Hasta los primeros días de noviembre de este año, la Fiscalía Anticorrupción tenía en la mira a 36 representantes y exrepresentantes de corregimiento, así como a extesoreros municipales y Descentralización paralela: 300 denuncias y más de $214 millones bajo investigación FONDOS PÚBLICOS otros funcionarios clave de gobiernos locales, a quienes se les han formulado cargos por la supuesta comisión del delito de peculado. Dentro de las investigaciones en curso, la Fiscalía Anticorrupción mantiene bajo análisis a varias juntas comunales que recibieron montos significativos de la Autoridad Nacional de Descentralización. Entre ellas figura la Junta Comunal de Belisario Porras, de San Miguelito, a la que la AND transfirió alrededor de $8 millones, recursos que en su mayoría estaban destinados al Programa de Desarrollo de Interés Social, dinero que luego mutó a la descentralización paralela. El caso de Barrio Norte La AND también denunció a Javier Lynch Hurtado, representante del corregimiento de Barrio Norte, en la provincia de Colón. En los comicios electorales de 2019 y 2024, el diputado Jairo “Bolota” Salazar, del PRD, fue electo representante de Barrio Norte y diputado de la Asamblea Nacional. No obstante, optó por el Palacio Justo Arosemena, por lo que Lynch quedó al frente de la junta comunal. La junta comunal de Barrio Norte recibió más de $14.1 millones durante los años 2021, 2022 y 2023 a través de la descentralización paralela, sin “justificaciones ni documentos sustentadores que acrediten la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos”, según un informe de gastos de la AND. En agosto de 2024, Roxana Méndez envió una carta a Lynch en la que le indicó que no existen documentos que respalden el uso de los $14.1 millones. Según la denuncia presentada, el supuesto uso que Lynch daba a estos fondos incluía, entre otros rubros, asistencia social; compra de materiales de construcción; suministro de insumos y enseres (colchones, estufas, entre otros); medicamentos para asilos, hogares de niños y personas de escasos recursos; centros de atención a población en riesgo, e insumos para “el control de la salubridad”. Salazar ha intentado desligarse de cualquier responsabilidad con estos fondos. “Yo no puedo hablar de los $14 millones, porque yo no soy representante”, dijo en mayo pasado en una entrevista en el programa radial 180 Minutos, que conduce Álvaro Alvarado. Eliana Morales Gil [email protected] Barrio Norte, el corregimiento controlado por Jairo Salazar recibió $14.1 millones. Elysée Fernández Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==