1A La Prensa Panamá, jueves 18 de diciembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 18 de diciembre de 2025 - Año 45 - Nº 15234 Hoy por hoy Algunas decisiones que antes parecían excepcionales comienzan a repetirse con una frecuencia inquietante en el sistema penitenciario panameño. El caso del beneficio de trabajo comunitario concedido a Katherine Carvallo, conocida como La Parce, vuelve a exponer un problema estructural: la discrecionalidad sin explicación suficiente. No se trata de prejuzgar ni de negar derechos legales, sino de exigir coherencia institucional. Un trámite que usualmente tarda entre seis meses y un año fue resuelto en apenas 24 días, una celeridad que, por sí sola, amerita escrutinio. Más aún cuando el beneficio fue revocado posteriormente por inconsistencias formales. Que el propio Sistema Penitenciario haya denunciado el caso y que la Fiscalía Anticorrupción lo investigue en reserva confirma la gravedad del episodio. El hallazgo de un teléfono celular dentro del penal refuerza las dudas sobre controles internos y posibles tratos diferenciados. La ley puede admitir discrecionalidad, pero no arbitrariedad. La justicia se erosiona cuando no explica sus decisiones y, en un país donde la igualdad ante la ley es frágil, cada excepción mal justificada debilita la confianza pública. Ellas.pa ‘Cloud Dancer’, el blanco que genera debate 7B FIFA: premios del Mundial ¿cuánto recibirá Panamá? 6B Deportes Panorama Bomberos recibirán bono navideño de 200 dólares 4A Economía Cepal ajusta hacia abajo el PIB de Panamá 2B Méndez : ‘no conozco las transferencias’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La directora de la Autoridad Nacional para la Descentralización (AND), Roxana Méndez, afirmó que su institución desconocía las transferenDESCENTRALIZACIÓN La directora de la Autoridad Nacional para la Descentralización, Roxana Méndez, dijo que la entidad no tiene control sobre transferencias de ministerios a gobiernos locales. cias adicionales realizadas por otros ministerios y entidades del Estado a municipios y juntas comunales, salvo en los casos en que se trate de proyectos articulados directamente con la AND. La declaración se produjo en medio de cuestionamientos por los giros de fondos efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que reconoció haber destinado al menos $11.5 millones a gobiernos locales sin detallar beneficiarios ni criterios de asignación. Méndez explicó que la AND administra recursos mediante programas específicos, como el Impuesto de Bienes Inmuebles y el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales, sujetos a procesos de fiscalización. Añadió que los municipios también reciben fondos de otras entidades estatales, sobre los cuales la AND no tiene competencia directa ni control operativo. VEA 2A Dividendos 2025 El Canal entrega $2,965 millones al Ejecutivo En un acto celebrado en el taller de mecánica de la ACP, el capataz Jaime Anderson entregó al presidente de la República, José Raúl Mulino, el cheque simbólico correspondiente a los dividendos de 2025 por un monto de $2,965 millones. En la actividad estuvieron presentes, entre otros, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza. VEA 1B Cortesía de la ACP Nicolás Maduro EFE En medio de las tensiones entre Caracas y Washington, la Armada venezolana inició la escolta de buques petroleros desde el puerto de José hacia alta mar, rumbo a mercados asiáticos, según The New York Times. Los primeros cargamentos incluyen derivados y subproductos de la refinación, y las naves no figuran entre las sancionadas. La medida ocurre tras anuncios de Donald Trump, en una ofensiva contra Nicolás Maduro, a quien acusa de vínculos criminales, elevando la confrontación bilateral y regional. TENSIÓN REGIONAL Trasladan a directora de cárcel por caso de La Parce Alerta ante expansión regional de nueva influenza Maduro ordenó a su Armada escoltar a los buques petroleros El traslado de la directora del Cefere ocurre mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga un inusual beneficio de trabajo comunitario otorgado a Katherine Carvallo, condenada por blanqueo de capitales. VEA 8A Panamá activó una alerta epidemiológica por la variante K de influenza A(H3N2), más transmisible pero no más grave, ante una temporada temprana. Las autoridades hicieron un llamado a vacunarse. VEA 8A TRABAJO COMUNITARIO SALUD PÚBLICA
2A La Prensa Panamá, jueves 18 de diciembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] La fiscalía ha aprehendido a varios miembros de la familia a Brands. Isaac Ortega Imputan cargos a otro de los hijos del exdiputado Brands PRESUNTO BLANQUEO Un juez de garantías imputó cargos por presunto blanqueo de capitales y le aplicó la medida cautelar de notificación periódica a Joshua Joao Brands, hijo del exdiputado y exdirector de Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, detenido por este caso. En una audiencia que se realizó en la tarde ayer miércoles 17 de diciembre, la juez de garantías acogió la imputación presentada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada contra Joshua Brands, quien se entregó voluntariamente a las autoridades tras regresar de Colombia. Durante la audiencia, la fiscalía alegó que Joshua Brands habría recibido transferencias por $23 mil presuntamente vinculados con actos propios del blanqueo de capitales. Joshua Brands figuraba en el listado de la fiscalía por aprehender dentro del supuesto esquema de blanqueo de capitales utilizado por Héctor Brands para mover dinero proveniente del supuesto delito de enriquecimiento injustificado. El pasado 10 de diciembre una juez de garantías imputó cargos a Héctor Brands, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, que tiene como precedente la obtención de fondos injustificados provenientes de contratos con el Estado. En este caso también fueron imputados sus hijos Aldair Brands, Aimar Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco, quienes fueron aprehendidos el martes 9 de diciembre, en la denominada operación Bávaro. También fueron imputadas su exesposa Eliana Janeth Cedeño, su hermana Edy Luz Anayansi Brands y su actual pareja, Yasbel Núñez Vásquez. La imputación también alcanzó a Elvis Enrique Rodríguez y su esposa Yoani Vega. Rodríguez que figuran como miembro de la sociedad Multiservicios Modernos, a través de la cual se transferían dineros de los contratos obtenidos por Brands, que luego eran enviados a la sociedad Service Solutions en la que el exfuncionario era el destinatario final. El juez concedió arresto domiciliario a Aldair Brands, Aimar Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco. La misma medida fue aplicada a su exesposa, Ileana Cedeño, y a su actual pareja, Yasbel Núñez. Mientras que a Héctor Brands y Elvis Rodríguez se les aplicó detención preventiva. Por otro lado, la jueza ordenó la medida cautelar de reporte periódico para la hermana del exdirector de Pandeportes, Edy Luz Anayansi Brands, y para Yoani Vega, esposa de Elvis Rodríguez. Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional para la Descentralización. Luis Reyes Méndez: ‘Cada ministerio aporta y trabaja con diferentes municipios’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] DESCENTRALIZACIÓN Roxana Méndez, en entrevista con La Prensa, afirmó que la AND no controla transferencias discrecionales de otros ministerios y defendió la descentralización, en medio de cuestionamientos por criterios políticos en la asignación de fondos. La directora de la Autoridad Nacional para la Descentralización (AND), Roxana Méndez, aseguró que su despacho no tiene injerencia sobre las transferencias o alianzas que otros ministerios y entidades del Estado mantienen con municipios y juntas comunales, salvo cuando se trata de proyectos articulados con la institución que dirige. “Cada ministerio aporta y trabaja con diferentes municipios. Yo no conozco las transferencias que puedan hacer o las alianzas que cada uno tenga, salvo que sea un proyecto articulado con la Autoridad Nacional para la Descentralización”, señaló. El pasado 4 de diciembre, y tras una serie de cuestionamientos, tanto el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, como el contralor general de la República, Anel Flores, salieron a explicar la asignación de fondos adicionales a varios municipios del país, argumentando que la ley les permite hacerlo. A pesar de ello, los señalamientos persisten debido a las interrogantes que quedaron sin responder. Ese día, Chapman reconoció que el Gobierno ha destinado al menos 11.5 millones de dólares en transferencias a municipios del país. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre cuáles han sido los beneficiados ni los montos específicos asignados a cada uno. Tampoco explicó los criterios utilizados para determinar por qué algunos gobiernos locales reciben fondos adicionales y otros no. Hasta el momento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha publicado una lista con el detalle de los desembolsos. Por ejemplo, en Panamá Oeste, dos municipios gobernados por alcaldes vinculados a partidos oficialistas han recibido transferencias adicionales de fondos públicos. En el distrito de Chame, el alcalde Francisco León Fu, postulado por los partidos Realizando Metas y Alianza, figura entre los beneficiados, mientras que en el vecino distrito de San Carlos, administrado por el también oficialista alcalde Antonio Bernal, el municipio recibió miles de dólares adicionales. Esta situación ha sido cuestionada por diputados de la bancada de Vamos, quienes sostienen que en la distribución de los recursos no existe un criterio técnico, sino político. Fondos de la AND La Autoridad Nacional para la Descentralización maneja tres tipos de programas a través de los cuales asigna recursos a los municipios y juntas comunales: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) y un tercer componente de menor cuantía destinado a subsidios. Sin embargo, los municipios y juntas comunales también reciben recursos adicionales por parte de otras entidades del Estado, como ha ocurrido con el MEF. Este año, la Autoridad Nacional para la Descentralización reportó que, del total de 187 millones de dólares en transferencias realizadas a los gobiernos locales, la mayor parte de los recursos se ha canalizado a través de mecanismos regulares y condicionados. De acuerdo con cifras oficiales presentadas por la enMéndez precisó que su institución ha presentado alrededor de 300 denuncias ante las instancias judiciales, relacionadas con un monto aproximado de 200 millones de dólares. Subrayó que todos los casos cuentan con auditorías de la Contraloría, lo que —a su juicio— garantiza el debido proceso y la solidez técnica de los expedientes remitidos. Defensa y reto Méndez defendió el modelo de descentralización, al considerar que el concepto ha sido satanizado en el debate público. Aseguró que, en su esencia, la descentralización busca acercar la administración pública a las comunidades y generar mayor equidad territorial, un objetivo que, según dijo, se está comenzando a cumplir. Como muestra de ese avance, destacó que actualmente existen unos 4,300 proyectos aprobados en todo el país, enfocados en necesidades básicas como el acceso al agua potable, la energía eléctrica, la habilitación vial y la construcción de puentes, vados y caminos de penetración. De acuerdo con la directora, estas obras han permitido mejorar la calidad de vida de comunidades que ahora pueden movilizarse y sacar sus productos. Finalmente, Méndez afirmó que los recursos están siendo utilizados de manera adecuada y con altos niveles de transparencia. Además, anunció que la AND publica en su página web los montos transferidos, los proyectos aprobados y, próximamente, el avance de su ejecución. Añadió que el reto inmediato es articular mejor con el gobierno central para impulsar proyectos de mayor impacto y distribuir los fondos con criterios técnicos, basados en variables como la población, la vulnerabilidad y el acceso a servicios. tidad, 86 millones de dólares (46 %) corresponden al Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), mientras que 83 millones de dólares (44 %) provienen del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En tanto, 18.5 millones de dólares, equivalentes al 10 %, fueron asignados en concepto de subsidios. Estos proyectos están sometidos a los procesos de fiscalización y control de la entidad. Descentralización paralela En entrevista con La Prensa, la funcionaria también se refirió a la denominada “descentralización paralela” y enfatizó que se trata de una práctica ya eliminada. “Eso es historia. Ya no existe ese programa y no existe una partida que nosotros podamos utilizar para transferir fondos que no tengan un proyecto específico para ejecutar”, afirmó, al subrayar que ese mecanismo quedó completamente erradicado. En cuanto a las investigaciones derivadas de las irregularidades detectadas en años anteriores, la directora de la AND señaló que el Ministerio Público ha venido desarrollando las pesquisas correspondientes, mientras que la Contraloría General de la República ha brindado respaldo mediante auditorías formales que acompañan cada uno de los procesos abiertos.
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4A La Prensa Panamá, jueves 18 de diciembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] AMICI. Este gobierno es el reflejo del sistema educativo del país: después de todo lo que ocurrió con el grupo Finmeccanica, no aprendieron nada. El Consejo de Gabinete autorizó la compra directa de un helicóptero a Agusta Westland, una división del conglomerado Finmeccanica (que hace unos años cambió su nombre a Leonardo). ¿Qué es lo próximo que van a anunciar? ¿Que Valter Lavitola está en Panamá? FLOTA. En un período de tres semanas, el Consejo de Gabinete aprobó la compra de tres helicópteros para el Senan: dos a la estadounidense Bell Textron, por casi 10.5 millones, y el de Agusta Westland. Antes, en marzo, anunciaron la adquisición de cuatro aviones Super Tucano, que ahora se sabe costarán 76.3 millones de dólares. ¿De qué diseñador será la tapicería del próximo helicóptero de Agusta? ¿También de Hermes? FILAS. El IMA empezó a vender jamones en San Miguelito a las 3:00 a.m. Es encomiable que el personal esté trabajando desde la madrugada para atender una situación que no es precisamente una emergencia. Sería bueno encontrar la manera de implementar medidas (como códigos QR) que permitan una venta más ordenada, evitando que esto se convierta en un vía crucis tanto para funcionarios como para compradores. SANTA. El diputado Lenin Ulate, de Vamos, se dejó ver con el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera en una entrega de juguetes en el orfanato San José de Malambo. Reinventando el refrán, dime con quién andas y te Jaguar ‘Aquiles’, en Cana, Darién. Cortesía Panamá logra reconocimiento global por conservación del jaguar Aleida Samaniego C. [email protected] AMBIENTE El proyecto GEF 7 Jaguares Panamá sigue demostrando ser un modelo en la conservación de especies en peligro y la protección de los ecosistemas naturales. Panamá recibe nuevamente un reconocimiento internacional por su esfuerzo en la conservación de la fauna silvestre, alcanzando, por segundo año consecutivo, la calificación de “muy satisfactorio” en el informe de progreso 2024 del Programa Global de Vida Silvestre (GWP). Este logro corresponde al proyecto GEF 7 Jaguares Panamá, una iniciativa respaldada por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y coordinada por el Ministerio de Ambiente (Miambiente), en colaboración con la Fundación Yaguará Panamá, el Programa Global de Vida Silvestre (GWP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). El informe de GWP evaluó 50 proyectos de conservación en 38 países de Asia, África y América Latina. De estos, solo el 71 % recibió una calificación de “satisfactorio”. Panamá, sin embargo, logró mantener la calificación más alta del sistema, “muy satisfactorio”, un distintivo que pocos proyectos han obtenido y mantenido a lo largo de los años. Para Ricardo Moreno, presidente de la Fundación Yaguará Panamá, este logro resalta el compromiso continuo del país con la protección de sus ecosistemas y especies en peligro. El Proyecto GEF 7 Jaguares Panamá tiene como objetivo central la conservación del jaguar y otras especies de felinos, mediante la creación de corredores biológicos, el monitoreo de poblaciones y la reducción de los conflictos entre las comunidades humanas y estos grandes felinos. Desde su inicio, el proyecto ha trabajado en la restauración de hábitats clave y en el fortalecimiento de la conectividad ecológica entre importantes áreas protegidas, como el Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Darién. El proyecto actualmente opera en 859 hectáreas distribuidas en 10 fincas ganaderas ubicadas entre las provincias de Darién y Chepo. Además, ha promovido la mejora de los sistemas productivos en estas fincas, brindando capacitación técnica a los agricultores para lograr una convivencia más equilibrada con la fauna silvestre. Uno de los avances más relevantes del proyecto ha sido la implementación de un riguroso sistema de monitoreo. Hasta la fecha, se han capturado ocho jaguares y un puma, equipados con collares GPS para estudiar sus patrones de movimiento. Los datos obtenidos muestran que los jaguares recorren territorios que varían entre 3,500 y 13,000 hectáreas, dependiendo de su sexo, mientras que el puma ha desplazado un área de al menos 90,000 hectáreas. El proyecto también ha utilizado cámaras trampa para registrar la presencia de jaguares en la región, habiendo documentado hasta ahora 17 individuos, incluidas hembras con cachorros, lo que evidencia la reproducción activa de la especie, incluso en zonas ganaderas. Avances en el Censo Nacional del Jaguar Entre los avances más significativos, destaca el análisis geoespacial de casi tres millones de hectáreas en el centro de Panamá, lo que ha permitido evaluar el uso de la tierra y su evolución entre 2018 y 2022. Además, se ha llevado a cabo la primera fase del censo nacional del jaguar, cubriendo 141,000 hectáreas con 794 cámaras trampa. Los datos obtenidos de los 87,644 videos analizados han permitido estimar una densidad aproximada de 370 jaguares en la región oriental del país. Moreno adelantó que el proyecto avanzará hacia una segunda fase del censo, que se extenderá al occidente del país, con el objetivo de obtener una estimación más precisa de la población de jaguares a nivel nacional. Además, se prevé la construcción del primer centro de conservación e investigación de felinos silvestres en Panamá, lo que fortalecerá aún más las acciones para la protección de estas especies. En total, Panamá alberga seis especies de felinos silvestres, todas ellas catalogadas en alguna categoría de amenaza. El Proyecto GEF 7 Jaguares Panamá sigue demostrando ser un modelo en la conservación de especies en peligro y la protección de los ecosistemas naturales. Este reconocimiento internacional, por segundo año consecutivo, es una muestra del compromiso de Panamá con la conservación de su biodiversidad y con el esfuerzo por implementar prácticas sostenibles que beneficien tanto a la fauna como a las comunidades locales. Eliana Morales Gil [email protected] El Cuerpo de Bomberos de Panamá tiene 1,926 funcionarios. Tomado de@BCBRP Bomberos recibirán bono navideño de $200 FONDOS PÚBLICOS La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional dio luz verde a un traslado de partida por $385,200 al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, que usará los fondos para otorgar un bono de $200 a los 1,926 funcionarios de la entidad. El director de la institución, Víctor Raúl Álvarez, explicó que se trata de una “gratificación” que busca reconocer el esfuerzo de un personal que realiza tareas de alto riesgo, incluyendo la exposición a agentes químicos y una sobrecarga laboral constante. A pesar de la aprobación de esta gratificación, la medida ha generado dudas sobre las condiciones generales de trabajo en el Cuerpo de Bomberos, que sigue enfrentando la falta de equipos y recursos adecuados. De acuerdo con la información proporcionada por Álvarez, los fondos para el bono saldrán de los saldos disponibles del presupuesto de funcionamiento de la entidad. En total, serán 1,425 bomberos operativos y 537 administrativos los que recibirán la gratificación. Al 30 de noviembre de 2025, el presupuesto modificado de la institución era de $85,638,354, de los cuales ya se habían ejecutado $67,057,124, lo que equivale al 74% del presupuesto total. La diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, si bien reconoció la importancia de la labor de los bomberos, resaltó la necesidad de que la institución cuente con los implementos necesarios para garantizar la seguridad y eficiencia en su trabajo diario. A pesar del avance en la ejecución de su presupuesto, el Cuerpo de Bomberos enfrenta críticas por la falta de infraestructura adecuada y de financiamiento a largo plazo, particularmente en áreas como la renovación de equipos, protección contra riesgos laborales y la capacitación constante del personal. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá fue creado por la Ley No. 7 de 7 de mayo de 1982, que establece sus funciones, competencias y organización. Esta norma le otorga a la entidad la responsabilidad de proteger a la población de emergencias relacionadas con incendios, desastres naturales. La disposición legal también regula sus labores operativas y administrativas. Según esta normativa, los bomberos tienen derecho a recibir una compensación económica por su trabajo, así como a una dotación adecuada de equipos y recursos. Sin embargo, la institución ha enfrentado desafíos persistentes, como la falta de renovación de equipos y la sobrecarga de trabajo, que siguen siendo temas de discusión. Otros traslados Durante la misma sesión, la Comisión de Presupuesto aprobó varios traslados de partidas a otras entidades del Estado. Entre los más destacados figuran $2.8 millones que sustentó el Ministerio de Obras Públicas (MOP), para cubrir deudas con empresas que alquilan equipo pesado para los proyectos de infraestructura en varias regiones del país. Sin embargo, el ministro José Luis Andrade no asistió a la comisión, en su lugar envió al viceministro Iván De Ycaza. Además, se aprobó un traslado de fondos a la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. para cubrir deudas con empresas proveedoras de servicios. diré qué visa tienes... DESMEMORIADO. El loco se jacta cada vez que a alguien le retiran la visa de ingreso a Estados Unidos, pero ni él ni su familia pueden viajar a ese país. Además, ha sido designado como corrupto por el Departamento de Estado estadounidense desde enero de 2023. Mal de muchos, consuelo de Martinelli…
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8A La Prensa Panamá, jueves 18 de diciembre de 2025 El uso de mascarillas y la vacunación son medidas clave para prevenir la propagación de enfermedades y proteger nuestra salud. iStock Variante K de la influenza A(H3N2) es más transmisible Aleida Samaniego C. [email protected] EPIDEMIOLOGÍA Panamá activó una alerta epidemiológica ante la variante K de la influenza A(H3N2), más transmisible pero no más letal, mientras refuerza la vigilancia y llama a mantener la vacunación. La circulación de una nueva variante de la influenza A(H3N2), conocida como K y detectada recientemente en Costa Rica y en varios países del hemisferio norte, llevó a Panamá a activar la semana pasada una alerta epidemiológica como medida preventiva ante un posible aumento de casos. La acción busca fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a un virus que, aunque no se ha asociado con una mayor letalidad, muestra una mayor capacidad de transmisión. La temporada de gripe 2025-2026 ha comenzado antes de lo previsto y con una intensidad mayor a la habitual en países del hemisferio norte, un comportamiento que los especialistas atribuyen a la rápida expansión de esta variante. La variante K pertenece al subclado K, previamente identificado como J.2.4.1, y presenta una serie de mutaciones que la diferencian de la cepa incluida en la vacuna de esta temporada, lo que podría facilitar una circulación más eficiente del virus en la población. De acuerdo con los análisis de la comunidad científica, la variante K incorpora cambios genéticos relevantes, entre ellos las mutaciones T135K y K189R, que modifican la estructura antigénica del virus. Estas alteraciones pueden afectar la capacidad del sistema inmunitario para reconocerlo con la misma eficacia que en temporadas anteriores, especialmente en personas que ya han tenido exposición previa a cepas similares. Sin embargo, los expertos coinciden en que estos cambios no implican necesariamente una mayor gravedad clínica. En este contexto, el presidente de la Sociedad de Epidemiología y el director del Centro Carson de Investigación en Salud y Ecosistemas, Jean Paul Carrera, explicó que la variante K de la influenza representa una fase evolutiva esperable del virus estacional, marcada por cambios genéticos que favorecen su transmisión. Aclaró que no se trata de una “supergripe” nueva ni de un virus más letal por definición, aunque su propagación amplia y temprana puede traducirse en una temporada de gripe más intensa de lo habitual, especialmente si las tasas de vacunación son bajas. Carrera, quien también es investigador del Centro Regional de Innovación de Vacunas y Biofármacos, señaló que la evidencia disponible indica que la variante se transmite con mayor facilidad, lo que puede adelantar o intensificar la temporada de gripe, pero no hay señales de que sea más letal ni de que cause una enfermedad intrínsecamente más grave que otras cepas estacionales. Subrayó además que las vacunas actuales, aunque se diseñan con meses de anticipación, continúan siendo efectivas para reducir hospitalizaciones y complicaciones, sobre todo en personas mayores y con enfermedades crónicas. Características genéticas Según el informe técnico del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), el subclado K presenta un conjunto inusualmente amplio de sustituciones en la hemaglutinina (HA) frente a la cepa de referencia, entre ellas K2N, T135K, S144N — asociada con un nuevo sitio de glicosilación—, N158D, I160K, Q173R, K189R, T328A y S378N, además de la mutación S49N en la subunidad HA2. Muchos de estos cambios se localizan en sitios antigénicos o afectan procesos de glicosilación, lo que sugiere que parte del éxito del subclado K podría estar relacionado con un mayor escape inmune, es decir, una menor capacidad del sistema inmunológico de la población para reconocerlo, más que con una replicación viral intrínsecamente superior. El infectólogo e investigador clínico Xavier Sáez-Llorens, jefe de Investigación del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, subrayó que no hay razones para generar alarma en la población. “No hay que entrar en pánico. El subtipo K de la influenza no es más agresivo que lo tradicional”, señaló, al explicar que los virus de la influenza mutan constantemente como parte de su evolución natural. “La mayor preocupación de los países es que se trata de un virus más transmisible, pero no más letal, como ocurrió con el covid-19”, explicó el especialista. Añadió que este patrón ya se ha observado en otras temporadas de influenza y también durante la pandemia de SARS-CoV-2, cuando surgieron variantes con mayor capacidad de contagio, pero no necesariamente asociadas con cuadros más severos. Sáez-Llorens detalló que la variante K presenta alrededor de siete áreas de mutación en comparación con el H3N2 tradicional, el cual continúa circulando en Panamá junto a otros subtipos de influenza. “No existe un solo virus de influenza circulando; hay varios al mismo tiempo, y eso es algo esperado”, indicó. Situación en Panamá Aunque el Ministerio de Salud (Minsa) aún no ha confirmado oficialmente la circulación de la variante K en el país, el especialista explicó que es probable que ya esté presente, debido a su detección en países vecinos y a los tiempos que requiere el proceso de confirmación mediante secuenciación genética. “Las muestras respiratorias se envían al Instituto Gorgas, donde se acumulan durante varias semanas antes de realizar la secuenciación. Una vez analizadas, se determina si corresponden a una variante mutante o al virus tradicional. Por la circulación en países como Costa Rica y Perú, lo más probable es que la variante ya esté circulando en Panamá”, sostuvo. Según información clínica procedente de Costa Rica, los primeros siete casos asociados con la variante K han sido manejados de forma ambulatoria, sin necesidad de hospitalización. Este comportamiento respalda la ausencia de una mayor severidad clínica, al menos en los casos observados hasta ahora. El especialista reiteró que la vacunación sigue siendo una herramienta clave para reducir complicaciones. “La vacuna no impide completamente el contagio, pero sí disminuye de manera significativa el riesgo de hospitalización y muerte, sobre todo en personas mayores, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas”, explicó. Impacto estacional y vacunación En el hemisferio norte, particularmente en Europa, Estados Unidos y México, se registra actualmente un número de casos de influenza superior al promedio, una situación asociada tanto a la mayor transmisibilidad de la variante como a las condiciones propias del invierno, que favorecen la propagación de virus respiratorios.No obstante, en países con altas coberturas de vacunación, como Costa Rica, la enfermedad no ha mostrado un aumento en la severidad de los casos. En contraste, Panamá se aproxima a la temporada seca, lo que ha contribuido a una disminución progresiva de la circulación de influenza, aunque aún se detectan casos de influenza B, A(H1N1), A(H3N2) tradicional, además del virus sincitial respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2. Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia activa y reiteran el llamado a mantener la vacunación al día, especialmente en los grupos más vulnerables. En este escenario, los especialistas coinciden en que el desafío no es la aparición de una nueva variante, sino sostener la vigilancia epidemiológica, ampliar la vacunación y reforzar las medidas de prevención. La evidencia indica que una respuesta oportuna del sistema de salud sigue siendo clave ante una influenza más transmisible, pero no más grave. El Ministerio Público mantiene una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción relacionados con el otorgamiento de un beneficio de trabajo comunitario a favor de Katherine Carvallo, conocida como La Parce, condenada a 60 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales y recluida en el Centro Femenino de Resocialización Cecilia Orillac de Chiari (Cefere). Fuentes ligadas a la investigación revelaron que Carvallo ingresó al Cefere el 4 de septiembre de 2025 y que, apenas 24 días después, el 28 de septiembre, la Junta Técnica del Sistema Penitenciario emitió un visto bueno para que optara por el reemplazo de pena mediante trabajo comunitario. Este plazo resulta inusual, ya que, en condiciones ordinarias, los privados de libertad deben esperar entre seis meses y un año para que una solicitud de este tipo sea evaluada y aprobada. El beneficio fue posteriormente concedido por la jueza de cumplimiento Jenia Aguilar el 27 de noviembre de 2025. Sin embargo, la decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Apelaciones, luego de que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada apelara la medida. Los magistrados consideraron que existían inconsistencias en la petición presentada por la defensa de Carvallo. Tras estos hechos, las autoridades del Sistema Penitenciario presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, lo que dio origen a una investigación a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, actualmente en reserva. En este contexto, se solicitó toda la documentación relacionada con el trámite adelantado ante la Junta Técnica que precedió a la decisión judicial. Como parte de las diligencias, el 2 de octubre de 2025 se ubicó dentro del penal un teléfono celular vinculado a la sancionada, hecho que también forma parte de la investigación en curso. Entre los requisitos para solicitar un reemplazo de pena por trabajo comunitario se encuentran que la condena no supere los cinco años de prisión, una evaluación psicológica favorable avalada por la Junta Técnica del Sistema Penitenciario, el consentimiento expreso del sancionado y una certificación de oferta laboral emitida por una entidad pública. Beneficio exprés otorgado a La Parce activa pesquisa anticorrupción TRABAJO COMUNITARIO En la tarde de ayer, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que a raíz de estos hechos, la directora del Cefere, Yohana Ortega, fue trasladada como parte de una investigación interna. Carvallo, de nacionalidad colombiana, fue aprehendida el 29 de agosto de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, requerida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por su presunta participación en una red que habría blanqueado aproximadamente $7.1 millones, junto a su pareja sentimental Donald Dale Gutiérrez, la colombiana Narsy Milena Parra y la venezolana Keyubeth Aldana. En el proceso, la fiscalía alcanzó un acuerdo con Carvallo Hidalgo, quien se comprometió a devolver bienes, cuentas bancarias y dinero por un monto aproximado de $3.3 millones. Entre los bienes incautados figuran varios apartamentos en propiedades horizontales de la capital — con valores entre $105,000 y $343,000—, incluyendo unidades en PH Central Park, PH Toneles, PH Torres Versalles, PH Torres de Castilla, PH Plaza Valencia, PH Brisas de San Fernando y PH Onix Tower. También se decomisaron una casa de playa en Chame valorada en $366,000, una residencia en Costa del Este estimada en $1.1 millones y $119,000 en efectivo. La investigación se originó tras un reporte de actividades sospechosas emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que detectó movimientos inusuales de grandes sumas de dinero a través de diversas sociedades y entidades bancarias. La fiscalía estableció además que varias empresas vinculadas al grupo —Creativo Dale, Panamá ABS, Cupones.com, Purificadora y Embotelladora Acuami S.A. y La Parce S.A.— no contaban con avisos de operación, no reportaban actividad ante la Dirección General de Ingresos (DGI), ni estaban registradas en el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), ni mantenían registros de empleados ante la Caja de Seguro Social (CSS). Juan Manuel Díaz [email protected] Katherine Carvalho Hidalgo, dueña de los salones de belleza La Parce. Cortesía Panorama
9A La Prensa Panamá, jueves 18 de diciembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. y normaliza el conflicto de intereses bajo la apariencia de actividades privadas. El caso que ilustra al sistema En medio del debate nacional sobre la corrupción, ha emergido recientemente un caso que, sin necesidad de nombres propios, condensa con precisión los rasgos de la corrupción estructural en Panamá. Se trata de una figura con trayectoria política visible, vinculada a investigaciones por el manejo de recursos públicos y beneficiada durante años por el entramado de relaciones que ofrece el poder institucional. Lo relevante no es la persona, sino el patrón: acceso privilegiado al Estado, redes de intermediación, utilización del entorno familiar y una defensa política que se activa incluso antes de cualquier pronunciamiento judicial. El despliegue mediático asociado a este tipo de situaciones busca desplazar el debate desde los hechos hacia la victimización, la confusión deliberada y la relativización de la responsabilidad institucional. Este episodio confirma que la corrupción estructural no opera en abstracto. Se manifiesta en casos concretos que revelan cómo el sistema protege a quienes han aprendido a moverse dentro de sus márgenes, activando mecanismos de autoprotección política y comunicacional. Defensa oficiosa y despliegue mediático Cuando estas estructuras se ven expuestas, surge casi de inmediato una defensa oficiosa desde el entorno político, independientemente del signo partidario. Antes de que las instancias judiciales se pronuncien, se activa un despliegue mediático organizado destinado a controlar el relato público. Vocerías sincroniLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Mina, ¿sí o no? Pregunta sencilla, respuesta compleja Debate falta de integridad, factores que podrían ocultar deliberadamente el impacto ambiental real, como algunos piensan que ya está ocurriendo. Otros argumentos de este grupo fueron que, aun si los fondos ingresaran a las arcas del Estado, una parte importante de las ganancias quedaría en bolsillos privados y que el beneficio social sería mínimo en comparación con el daño potencial al ecosistema. Uno de los participantes señaló que no podía fijar una posición hasta que todas las cartas y garantías estuvieran sobre la mesa, y añadió que, si esos elementos no quedaban claros y debidamente asegurados, su postura sería que la mina no debía reabrirse. Cuatro de los asistentes apoyaban la idea de “abrir para cerrar”, condicionando su respaldo a que la mayor parte de los ingresos quedara en el país y que la operación estuviera sometida a supervisión y controles estrictos, a cargo de organismos independientes y competentes. Hablaron de plazos de entre siete, diez y doce años de operación. Aunque reconocieron que estos periodos no tenían una base científica sólida, explicaron que su lógica partía de la premisa de que,siendoeldañoambientalinevitable,limitar el tiempo de explotación permitiría acotarlo, obtener beneficios económicos y financiar el cierre y la rehabilitación ecológica del área. Los ocho restantes opinaron que la mina debíaexplotarsecomorecursonaturalhastasu agotamiento, bajo las mismas condiciones sobre el destino de los ingresos y el tipo de supervisión propuestas por el grupo de “abrir para cerrar”. Sin embargo, consideraron que clausurar la operación a mediano plazo sería irrealista e impráctico, pues implicaría invertir para reactivar la mina, formar técnicos y crear empleos que luego desaparecerían, además de desaprovechar recursos valiosos para el desarrollo nacional. En el debate inevitable, a quienes se oponían a la reapertura se les preguntó qué proponían, dado que “el hueco no podía quedar así”. La resLeo Marchosky Entre la impunidad y el poder: radiografía de la corrupción estructural Poder político La corrupción en Panamá no puede entenderse como una suma de escándalos individualesnicomoladesviaciónéticade determinados funcionarios. Su persistencia revela un fenómeno más profundo: una corrupción estructural incrustada en el funcionamiento del sistema político, administrativo y partidario. No se trata únicamente de personas, sino de prácticas normalizadas, redes de poder y ventajas institucionales que convierten lo público en un recurso privado. Uno de los ejes centrales de esta corrupción estructural es la fusión entre Estado, partido político y mercado. En lugar de operar como esferas diferenciadas, estas dimensiones se superponen. El acceso al cargo público se traduce en acceso privilegiado a contratos y decisiones administrativas; la organización política funciona como plataforma de intermediación;ydeterminadossectoreseconómicosdependenmásdesucercaníaalpoder que de su competitividad real. En este entramado emergen redes de intermediarios que fragmentan la responsabilidad y reducen el riesgo penal. En su forma más reciente, estas redes incorporan a familiares y círculos íntimos como operadores visibles de empresas, fundaciones o consultorías. El parentesco actúa como un escudo informal que dificulta la trazabilidad del beneficio final zadas, opiniones favorables sin sustento técnico y silencios estratégicos sustituyen el análisis riguroso de los hechos. Este fenómeno no busca esclarecer responsabilidades,sinoadministrarlacrisis.Altrasladar el juicio al terreno mediático, el relato reemplaza a la prueba y la opinión sustituye al debido proceso. La consecuencia es una erosión progresiva de la confianza ciudadana en las instituciones de control y en la justiciamisma. Ventajas institucionales y autoprotección del poder El núcleo de la corrupción estructural en Panamá reside en el uso sistemático de ventajas políticas e institucionales. El acceso anticipado a información, la influencia en nombramientos, la administración selectiva de la norma y la cercanía con los órganos de control generan una desigualdad estructural ante la ley. El daño más profundo no es solo patrimonial, sino democrático. Cuando ciertas élites pueden blindarse mediante el aparato institucional y mediático, la corrupción deja de ser una anomalía para convertirse en un método de gobierno. Desmontar esta realidad exige algo más que sanciones individuales. Requiere cuestionar y desmontar las ventajas institucionales que hacen rentable, discreta y persistente la corrupción. Mientras el poder pueda protegerse a sí mismo, la impunidad seguirá siendo parte del sistema. Opinión EL AUTOR es analista y especialista en ciencias sociales. EL AUTOR es médico especialista y máster en administración de negocios. puesta general fue: “recuperar la riqueza natural mediante la reforestación”. La siguiente pregunta fue inmediata: ¿cómo y con qué fondos? Aquí surgieron nuevas discusiones, ya que se exigieron propuestas más concretas. Las respuestas giraron en torno a expresiones como: “que devuelvan lo robado”, “eso es un deber del gobierno; ellos nos metieron en esto, que vean de dónde sacan la plata”, “debe haber alguna forma”, “que la mina pague el daño” o “no sé, pero alguien debe saber cómo”. La réplica hacia quienes apoyaban la reapertura no tardó en llegar. Citando nuevamente el problema de la basura y la contaminación de los ríos, se les preguntó qué les hacía pensar que, en el caso de la mina, el resultado sería distinto y no un desastre mayor. Además, respecto a la propuesta de “abrir para cerrar”, se cuestionó quién garantizaría que en el futuro no ocurriera un “madrugonazo” que extendiera el período de operación. El planteamiento se condensó en una interrogante central: ¿quién y cómo garantizará la supervisión, los controles y el cumplimiento de los compromisos? Debo decir que, en este punto específico, tanto quienes estaban a favor como quienes estaban en contra coincidieron en algo: por nuestra historia y por los ejemplos conocidos, existe un escepticismo justificado. No hacer nada no es una opción. Y si este breve ejercicio refleja, aunque sea parcialmente, el pensamiento del resto del país, el gobierno y todos los panameños enfrentamos un desafío descomunal: alcanzar un consenso. No hay duda de que Panamá necesita una postura clara, un rumbo definido y un compromiso real con su futuro. Mina, ¿sí o no? ¿Y tú, qué piensas? Hace unos días asistí a una cena con 12 personas,ademásdemí.Pocodespués estuve en otra reunión con ocho más. Todos eran profesionales universitarios, de distintas corrientes políticas, con diversos niveles socioeconómicos y, sin excepción, panameños. Durante la primera cena surgió, entre otros temas, el de la mina: una preocupación común ante la necesidad de tomar una decisión oportuna. Aproveché la ocasión para hacer algo parecido a un focus group, con el propósito de conocer sus posiciones e indagar las razones detrás de ellas. En la segunda reunión, con base en la experiencia anterior, fui yo quien llevó el tema a la mesa e hice exactamente lo mismo, procurando en ambos casos que el debate se concentrara en la exposición de posturas más que en la confrontación personal. Esto, al final, no resultó tan difícil, aunque en algunos momentos las discusiones se tornaron acaloradas. Estos fueron los resultados del ejercicio. Siete de las veinte personas se manifestaron completamente en contra de la reapertura y explotación de la mina. Las razones principales fueron dos: el daño ambiental y la total desconfianza en la capacidad de los gobiernos —presentes y futuros— para garantizar una gestión limpia e íntegra. Mencionaron la incapacidad comprobada del Estado en otras áreas de la administración pública, como el manejo de la basura y la contaminación, además de la corrupción y la Rogelio Mata Grau El país de los adultos improvisados Valores En medio del ruido público sobre inseguridad, corrupción y frustraciones sociales, siempre aparece alguien preguntándose, con tono casi científico, cómo se hacen los delincuentes en Panamá, como si fueran criaturas que brotan de un laboratorio secreto. Pero la fórmula no está escondida: es pública, repetida y casi institucionalizada. Basta combinar hogares emocionalmente ausentes, padres improvisados, expectativas infladas por redes sociales y la fascinación por los “derrochadores de lujos” que un día aparecieron en una Lexus y al siguiente en un reportaje policial. El mensaje que muchos jóvenes reciben es simple y directo: la vaina es fácil. Conoce a un maleante, te ponen a vivir, te suben a un niveleconómicoimposibledealcanzarcon salario honesto, y ¡boom! Te conviertes en espuma de cerveza: subes rápido, sabes que no durará, pero mientras dure… fotito para Instagram. Lo que resulta difícil de creer es que muchos analicen la conducta juvenil como si todo este fenómeno surgiera de la nada. No: la faltadelímitesemocionales,laausenciade propósito, la idea de que el éxito se mide por lo que enseñas en redes y no por lo que construyes, todo eso se cocina desde la infancia. Y cuando los medios de comunicación y las redes sociales celebran al que “se hizo”, sin preguntar cómo, los jóvenes entienden perfectamente el mensaje. Hasta aquí, el deterioro avanza casi con elegancia. Pero la verdadera historia —la que rara vez se cuenta— es que esta receta puede romperse. Todo empieza mucho antes, en los que todavía se ensucian el uniforme jugando, coleccionan stickers y todavía creen que el mundo es un lugar básicamente bueno. Si queremos dejar de fabricar delincuentes, tenemos que centrarnos en ellos con la misma seriedad con la que un panameño cuida su puesto en la fila del súper. Niños que entienden más de lo que parece y que aprenden, sobre todo, de lo que observan: no de nuestras declaraciones solemnes, sino de nuestras conductas diarias, incluso esas que creemos que nadie nota. Por eso resulta fundamental enseñarles amor, honestidad y también esa salud emocional que no se improvisa. Una salud que se cultiva cuando los adultos recuerdan que la mente de un niño es un jardín capaz de florecer si se cuida, o de cerrarse si se descuida. A veces basta con reconocer que los pequeños no son extensiones de nuestras frustraciones ni cajas de resonancia para las tensiones de la vida adulta; basta con suavizar ciertas palabras, contener ciertos impulsos, ajustar ciertas sombras que dejamos caer sin querer. Los niños —nuestro verdadero tesoro nacional, aunque no figure así en ningún presupuesto— no necesitan discursos perfectos, sino ejemplos vividos. Y si ellos crecen viendo coherencia, respeto y humanidad, harán lo mismo. Si crecen viendo lo contrario, también. La esperanza del país no reside en un plan gubernamental brillante ni en una reforma queprometerecomenzartododesdecero. Reside en crear generaciones que no tengan que deshacer los daños acumulados, porque fueron criadas en un entorno emocional sano y ético. Generaciones capaces de corregir el rumbo no con retórica, sino con una manera distinta de habitar el mundo. El futuro mejora cuando los adultos nos flexibilizamos, conversamos más con los jóvenes y aceptamos una verdad humilde: muchas veces son los niños quienes nos muestran el camino que fingimos conocer. EL AUTOR es abogado y analista de temas sociales y culturales. Tomás Sucre Ulloa Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B.
10A La Prensa Panamá, jueves 18 de diciembre de 2025 riana y no como parte de lo que posteriormente sería la República de Colombia. La confusión del presidente Petro puede derivarse de que Colombia ha tenido múltiples denominaciones históricas: la Colombia de Bolívar (1819–1831), la República de la Nueva Granada (1831–1858), la Confederación Granadina (1858–1863), los Estados Unidos de Colombia (1863–1886) y la República de Colombia (1886 hasta hoy). Siguiendo su propio razonamiento, al disolverse la Gran Colombia en 1831, Panamá habría quedado sin vinculación política, pues surgió entonces una nueva estructura constitucional y geopolítica: la República de la Nueva Granada. El Acta de Independencia de Panamá establece, en su artículo 2.º, la unión a la República de Colombia —la Colombia bolivariana—, no a la República de la Nueva Granada. Colombia ha tenido diez constituciones, lo que implicó transformaciones políticas con efectos directos en esta relación inicial. Esto plantea un problema ontológico que el presidente Petro parece no comprender: Panamá no era territorio originario de la República de Colombia en 1903, pues aquella Colombia a la que se anexó había desaparecido setenta y dos años antes. Además, el sentimiento independentista panameño no se concretó únicamente el 3 de noviembre de 1903. La historia demuestra que en el istmo siempre existió un fuerte sentido de autarquía y autonomía política, no de sumisión ni de pertenencia irrestricta a Colombia. De ello dan cuenta varios intentos de separación: en 1830, apaciguado por Bolívar; el 9 de julio de 1831, año en que Agua potable: la obra está en el río, no en la planta Crisis hídrica En Chitré se ejecuta un doble proyecto frente a la crisis del agua. Por un lado, cuadrillas de empresas contratadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) limpian y desinfectan tuberías, cambian válvulas e hidrantes y anuncian mejoras en la red de distribución. Por otro lado, se promete la ampliación de la planta potabilizadora Roberto Reyna, con tecnología de última generación, capaz de enfrentar contaminantes que hoy superan su capacidad. Ambas medidas suenan bien en los discursos oficiales. Pero la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve limpiar tuberías si el agua que circula sigue contaminada? ¿Qué sentido tiene invertir millones en una planta futurista si el río La Villa continúa recibiendo descargas de porquerizas, agroindustrias y vertidos domésticos? La limpieza de la red puede mejorar la presión y eliminar sedimentos, pero no garantiza agua potable. Es como pulir un vaso para llenarlo con líquido en mal estado. La ampliación de la planta puede retrasar el problema, pero no lo resuelve. Si la fuente se degrada más, la tecnología quedará rebasada en pocos años. El dilema es evidente: se prioriza la infraestructura visible y políticamente rentable, mientras se posterga el saneamiento de la cuenca. Sanear el río exige voluntad política, fiscalización y sanciones efectivas. No es una obra que se inaugure con cintas y discursos, pero es la única que asegura agua segura y sostenible. La ciudadanía merece transparencia. ¿Qué parámetros de calidad se están midiendo? ¿Dónde se publican los resultados? ¿Cuándo se informará oficialmente que el agua vuelve a ser apta para consumo humano? Son preguntas que las autoridades deben responder con claridad y celeridad. El agua no se produce en la planta, se produce en el río. Mientras esa verdad no se asuma como principio rector, cualquier proyecto de limpieza o ampliación será una solución parcial y temporal. La crisis del agua en Chitré no se resolverá con tuberías brillantes ni con plantas futuristas, sino con un río La Villa sano y protegido. El gobierno ha prometido que en marzo habrá agua potable para la península de Azuero. Es una meta ambiciosa y necesaria, pero la realidad técnica no se puede maquillar con discursos. Limpiar tuberías y ampliar plantas son medidas visibles, pero insuficientes si el río La Villa sigue contaminado. La verdadera garantía de agua segura no está en la tecnología ni en la infraestructura: está en la fuente. Sin un río sano, la promesa de marzo corre el riesgo de convertirse en un espejismo más en la larga historia de crisis hídricas de Chitré. El salario vital, la ciudad y la trampa de la polarización Costo de la vida mercado privado para obtener servicios básicos de supervivencia. Hablamos de la educación, donde las familias se endeudan en colegios privados ante el deterioro de la escuela pública; de la salud, donde el seguro privado o la consulta pagada se convierten en la única alternativa frente a las listas de espera de la Caja de Seguro Social; y de la seguridad, que obliga a costear garitas y guardias privados. Esta “doble tributación” reduce drásticamente el ingreso disponible real. Cuando un trabajador se sienta a negociar su salario, no está pidiendo dinero para lujos, sino para compensar la ineficiencia del Estado. Mientras no resolvamos la calidad de lo público, la presión sobre el salario nominal será infinita e insostenible. La vivienda y la crisis de confianza Este ingreso mermado conduce al segundo costo oculto: el acceso a la vivienda y la convivencia urbana. Aquí es vital comprender la resistencia vecinal, a menudo etiquetada de forma injusta como obstruccionista o NIMBY (Not In My Backyard). Los ciudadanos que se oponen a la densificación y a los cambios de zonificación en sus barrios no son enemigos del progreso; son víctimas de una profunda crisis de confianza. Su escepticismo es racional: si el Estado hoy no es capaz de hacer cumplir normas básicas —controlar el ruido nocturno en zonas residenciales, sancionar la mala disposición de la basura, recuperar aceras ocupadas por autos o poner orden en el caos vial frente a las escuelas—, ¿con qué garantías promete gestionar una mayor densidad? Ante una autoridad ausente, el vecino opta por bloquear el desarrollo para proteger su calidad de vida. Esto congela la oferta de vivienda céntrica. A su vez, el sector inmobiliario enfrenta una estructura de incentivos distorsionada. Si la oferta se concentra en segmentos de alto valor, no siempre responde a una exclusión deliberada, sino a una lógica de supervivencia financiera. Frente a normativas rígidas, trámites burocráticos interminables y la hostilidad comprensible de comunidades cansadas del desorden, la inversión privada se refugia en nichos de lujo, donde el margen de ganancia permite absorber el riesgo y el tiempo. La falta de vivienda accesible en el centro no es solo un fallo de mercado; es la consecuencia directa de no contar con reglas claras que permitan construir ciudad de manera predecible. Carlos Antonio Solís Colombia y el Panamá de Petro Autarquía panameña En cada ocasión en que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace alguna referencia a Panamá, suele reclamar —de manera plañidera— a la historia, a los militares y a los políticos de aquella época que, por cobardía e intereses personales, “perdieron Panamá”. De acuerdo con su visión histórica, Panamá era parte originaria y autóctona de Colombia. Se olvida, sin embargo, que la unión de Panamá a Colombia fue voluntaria. Ningún soldado colombiano combatió contra las tropas españolas en Panamá el 28 de noviembre de 1821 para lograr esa anexión. La independencia fue una estrategia magistral e incruenta, ejecutada por miembros de la élite capitalina. La Colombia de 1821 era la Gran Colombia, conformada por los territorios del antiguo Virreinato de la Nueva Granada, que incluía principalmente lo que hoy es Venezuela, Colombia y Ecuador. Aunque Panamá formaba parte de dicho virreinato, al declararse la independencia de la Gran Colombia el 30 de agosto de 1821, el istmo quedó como un remanente bajo dominio español hasta noviembre de ese año. La intención panameña de unirse a Colombia fue, por tanto, desde la perspectiva bolivase declaró el Estado del Istmo; en 1840, bajo el liderazgo de Tomás Herrera; y finalmente en 1903. Ese sentimiento autonómico se expresó también entre 1855 y 1886, durante la existencia del Estado Federal de Panamá, creación de Justo Arosemena, suprimido luego por la Constitución centralista de Núñez. La separación de 1903, aun con la intervención de Estados Unidos, no puede ser calificada por Petro como un acto de cobardía colombiana. El Ejército colombiano no tenía posibilidad real de enfrentar el poderío naval estadounidense, cuyas naves podían neutralizar en minutos a las fuerzas colombianas ancladas en las bahías de Colón y Panamá, dejando a la tropa —mal pagada y peor abastecida— sin capacidad de reacción. Tampoco la marina colombiana estaba en condiciones de romper una interdicción naval impuesta por Estados Unidos. El presidente Petro parece desconocer aspectos esenciales de la historia de Panamá y de Colombia. Pero es propio de líderes fallidos exaltar el pasado y resucitar agravios históricos, en lugar de comprometerse con la construcción del futuro. Panamá y Colombia, como países vecinos y hermanos, pueden desarrollar acciones de progreso basadas en el respeto y la armonía, sin recurrir a un pasado mal interpretado y cargado de intencionalidad política. EL AUTOR es escritor y consultor ambiental. EL AUTOR es ex profesor de Ciencia Política y Teoría del Estado. Miembro de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional. EL AUTOR es arquitecto y urbanista. Robinson Blandón La trampa espacial y la productividad Al no poder costear vivienda céntrica — debido a los costos privados de educación y salud que erosionan el salario y a la escasez de oferta media—, el trabajador es expulsado a la periferia: Panamá Oeste, Panamá Este o el Norte. Aquí emerge el tercer componente devastador: la movilidad. Una ciudad dispersa impone un impuesto brutal en tiempo y dinero. Mientras los gremios debaten si el trabajador es productivo en su puesto, se ignora que ese mismo trabajador llega a su oficina tras dos o tres horas de desgaste en un transporte público deficiente o en un tráfico paralizante. Llega agotado física y mentalmente por la fricción urbana. La baja productividad nacional no es solo un problema de capacitación; es hija del tranque. Un empleado que pierde cuatro horas diarias en traslados dispone de menos tiempo para capacitarse, descansar y convivir con su familia. Esa erosión del capital humano representa un costo directo para la empresa, aunque no figure en ningún balance contable. Hacia un pacto de certeza El gobierno suele permitir que empleadores y trabajadores se culpen mutuamente o centra el debate mediático en el precio del arroz o de los medicamentos, que no son más que síntomas. Es momento de elevar la mirada. La solución pasa por un nuevo pacto social, un verdadero pacto de certeza. Se requiere un Estado que garantice infraestructura y convivencia —orden y respeto a la ley— antes de exigir densificación. Se necesita un entorno urbano que reduzca el costo de vida por eficiencia sistémica, no por decreto. Si lográramos una ciudad con escuelas públicas de calidad, transporte masivo eficiente y espacios públicos seguros, el salario actual rendiría mucho más. La presión sobre las empresas disminuiría y la calidad de vida mejoraría. Mientras sigamos discutiendo si el problema es la avaricia empresarial o la incompetencia laboral, continuaremos ignorando que el verdadero obstáculo es el costo de una ciudad que no funciona. Un Panamá más justo pasa, inevitablemente, por un Panamá ordenado. Cada vez que se instala una mesa de salario mínimo en Panamá, presenciamos una coreografía predecible y desgastante. La discusión se politiza rápidamente y se atrinchera en dos narrativas opuestas que parecen irreconciliables. Por un lado, los sindicatos acusan al sector privado de insensibilidad ante el costo de la vida y de una negativa sistemática a distribuir la riqueza. Por el otro, el gremio empresarial argumenta que la productividad está estancada y que el trabajador panameño promedio no cuenta con las competencias, el dominio del inglés o las habilidades técnicas necesarias para justificar salarios más altos en una economía de servicios moderna. El Estado, sentado en la cabecera, suele actuar como un árbitro tímido de este pugilato, validando una cifra que rara vez satisface a alguien. Sin embargo, desde la perspectiva del ordenamiento territorial y la economía urbana, este fuego cruzado es una distracción peligrosa. Aunque ambos bandos presenten argumentos válidos sobre productividad y distribución, están ignorando al verdadero “depredador” del ingreso familiar y de la competitividad empresarial en Panamá: la ineficiencia sistémica de la ciudad que habitamos. Si analizamos con rigor la estructura de costos del Área Metropolitana, veremos que la brecha entre el salario y una vida digna no se resolverá únicamente con capacitación técnica ni con decretos de aumento salarial. El problema de fondo radica en las “tarifas sombra”, es decir, en los costos ocultos que pagamos por vivir en una ciudad donde el Estado ha renunciado a su rol de planificador, regulador y garante del orden. La doble tributación de facto El primer gran agujero en el bolsillo del panameño es la sustitución del Estado. Empresas y trabajadores pagan impuestos que, en teoría, deberían financiar el contrato social. Sin embargo, ante el colapso de la gestión pública, la clase media y trabajadora se ve obligada a pagar nuevamente en el Ramón A. Mendoza Opinión
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