6A La Prensa Panamá, miércoles 17 de diciembre de 2025 En Panamá hay 781 mil 478 personas con algún nivel de discapacidad. Archivo Datos para planificar, no para compadecer: el valor de la ENDIS-2 Aleida Samaniego C. [email protected] DICAPACIDAD Tras 18 años sin datos oficiales, la ENDIS-2 revela que el 18% de la población panameña vive con alguna discapacidad y ofrece insumos clave para políticas públicas inclusivas. Panamá ya cuenta con datos frescos y confiables sobre su población con discapacidad, gracias a la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), realizada en el primer trimestre de 2024, tras 18 largos años de espera sin información oficial actualizada. Este estudio, que costó 1.5 millones de dólares y fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), representa un acto de justicia social, ya que visibiliza a una población históricamente olvidada y brinda insumos para el diseño de políticas públicas inclusivas. El coordinador técnico de Accesibilidad y Discapacidad de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), Miguel Atencio, explicó que la primera encuesta se realizó en 2006 y que este tipo de estudios debería llevarse a cabo cada cinco años. Sin embargo, la falta de recursos económicos impidió su continuidad, lo que generó una brecha de 18 años sin datos confiables. La ENDIS-2 fue desarrollada con la participación del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la Senadis, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), el BID y contó con el apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así como de la sociedad civil y personas con discapacidad, quienes validaron y enriquecieron el instrumento de medición. 18% de la población vive con discapacidad Los resultados revelan que 781,478 personas viven con alguna discapacidad en Panamá, lo que representa el 18% de la población, un incremento notable frente al 11.3% registrado en 2006. Del total, el 58% son mujeres y el 42% son hombres, un hallazgo que evidencia un doble nivel de vulnerabilidad en la población femenina. Además, el 67% reside en áreas urbanas y el 33% en zonas rurales, siendo las provincias de Panamá y Panamá Oeste las que concentran la mayor cantidad de personas con discapacidad, lo que se explica por su alta densidad poblacional, según evidencia el documento. Las provincias de Chiriquí, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé también presentan concentraciones significativas, especialmente en áreas rurales donde el acceso a servicios básicos es más limitado. La encuesta identificó que 23 de cada 100 viviendas albergan al menos a una persona con discapacidad, un dato que impulsa la necesidad de garantizar viviendas accesibles. En este sentido, Atencio indicó que el Ministerio de Vivienda ya implementa políticas para que al menos el 10% de las viviendas sociales sean diseñadas con mayor espacio y adaptaciones para movilidad, incluyendo puertas más anchas, baños accesibles y pisos adecuados. Asimismo, se promueve la colaboración con empresas privadas, arquitectos y la academia para garantizar que los nuevos proyectos habitacionales incorporen criterios de accesibilidad universal, que contemplen tanto la movilidad física como el acceso a la comunicación y la tecnología. La ENDIS-2 incorporó, por primera vez, preguntas sobre las secuelas de la covid-19. De la población con discapacidad, un tercio fue impactado por la pandemia, lo que incrementó problemas respiratorios, de movilidad y emocionales. Además, las discapacidades más frecuentes identificadas fueron las viscerales o de órganos y sistemas, seguidas por deficiencias físicas, intelectuales, visuales, comunicacionales, mentales y auditivas. Estos hallazgos permiten comprender no solo la magnitud de la discapacidad, sino también sus implicaciones en la salud y la vida cotidiana de las personas. En el ámbito educativo, la encuesta revela brechas significativas en la inclusión de personas con discapacidad. La mayoría de los estudiantes con discapacidad se encuentra en la primaria, pero su participación disminuye progresivamente en secundaria, media, premedia y educación superior. Para atender esta situación, se utilizan aulas de recursos que complementan la educación regular, además de programas del Instituto Panameño de Habilitación Especial para quienes requieren atención especializada. Se promueve también la inclusión en educación técnica y universitaria, reconociendo que no todas las personas con discapacidad seguirán estudios universitarios, pero tienen derecho a elegir su formación según sus intereses y capacidades, precisó Atencio. Visibilización y planificación El coordinador técnico enfatizó que la ENDIS-2 no solo genera estadísticas: visibiliza a las personas con discapacidad y permite al Estado planificar políticas públicas basadas en evidencia. “Lo que no se cuenta no existe; al tener esta radiografía, el Estado debe delinear políticas a favor de esta población y tratarla con dignidad, no con lástima”, afirmó. La población con discapacidad solicita oportunidades en salud, educación, empleo y participación comunitaria, y la ENDIS-2 proporciona información clave para responder a estas demandas. En el país, además de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, se identifican concentraciones significativas en Chiriquí, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé. En estas áreas rurales, la población enfrenta mayor dificultad de acceso a servicios de salud, educación y empleo, lo que resalta la necesidad de políticas diferenciadas según el contexto urbano o rural. La ENDIS-2 también permite medir la efectividad de los programas sociales existentes y orientar la planificación futura. La información recopilada será utilizada para monitorear políticas públicas cada cinco años, integrando la encuesta dentro de la hoja de ruta del INEC y asegurando la coordinación con la Senadis. Este mecanismo garantiza continuidad y actualización de los datos, fortaleciendo el enfoque de derechos humanos en todas las acciones gubernamentales dirigidas a la población con discapacidad. Un hallazgo central es que la discapacidad tiene rostro de mujer, ya que el 58% de las personas con discapacidad son mujeres, un dato que evidencia la necesidad de políticas específicas que atiendan sus vulnerabilidades. También, se destaca la importancia de eliminar barreras actitudinales, consideradas la mayor limitación para la inclusión. Incorporar a las personas con discapacidad a la educación, el trabajo y la vida comunitaria fortalece a la sociedad y reduce la dependencia de subsidios. Finalmente, la ENDIS-2 no solo aporta estadísticas: es una herramienta de justicia social, planificación y conciencia, que visibiliza a la población con discapacidad, impulsa políticas inclusivas y contribuye a construir un Panamá más accesible y equitativo para todos. El Estado, la sociedad civil y los sectores públicos y privados deben coordinar esfuerzos para garantizar que cada persona con discapacidad tenga acceso a oportunidades dignas y pueda desarrollarse plenamente en su comunidad, con inclusión y respeto a sus derechos humanos. El sastre de Panamá Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal [email protected] su alto costo político. En cambio, un ataque limitado —o la sola amenaza del mismo— buscaría forzar mejores condiciones de negociación. Es el estilo de Trump: amenazar, escalar y luego negociar. Por fuera de esta lógica, sería difícil explicar una llamada directa entre Trump y Maduro en medio de un escenario que ya deja decenas de muertos. Según medios internacionales, el régimen habría exigido inmunidad para Maduro y su círculo cercano como condición para una salida negociada. Hay que tener presente que el poder real en Venezuela reside en figuras como Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. ¿Cuántos quedarían protegidos y qué país los recibiría? El precio y detalles de una eventual negociación siguen siendo una incógnita. Lo único claro, como ha señalado el excanciller Jorge E. Ritter, es que esto ha escalado demasiado “para quedar en un empate”. La coartada es la gran debilidad de la estrategia de Washington. Trump enmarca la presión contra Maduro en la guerra contra las drogas —en particular contra el fentanilo, la sustancia que hoy mata a miles de estadounidenses— pese a que cerca del 70% de ese tráfico proviene de México y a que acaba de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico. Contra Maduro hay algo mucho más sólido e inobjetable: un régimen ilegítimo que reprime a su población y ha empujado a más de ocho millones de venezolanos al exilio. Como representante de la oposición venezolana, María Corina Machado tiene una legitimidad y una valentía incuestionables, pero su alineamiento estratégico con Donald Trump no ha estado exento de costos. Dedicarle su Premio Nobel, ignorando que el mandatario estadounidense está deportando a cientos de miles de venezolanos, ha erosionado apoyos importantes. Para definir el papel de Panamá, bastan tres escenas que retratan improvisación, opacidad y frivolidad. Actitudes que han mostrado al país como un actor errático y poco serio en un momento de alta sensibilidad. Primera escena: El vicecanciller Carlos Arturo Hoyos dijo a medios internacionales que Panamá podría recibir miembros de la dictadura de Maduro. Luego reculó, pese a que citas textuales de esos mismos medios lo desmienten. Un traspié que exhibe incongruencia e improvisación. Segunda: Las preguntas en torno a las nuevas incluiones de OFAC y sus vínculos con contratistas favoritos del Estado panameño, exigen del gobierno explicaciones completas, verificables y públicas. La evasiva del ministro Orillac, al negar vínculos con el gobierno “hasta donde él conoce”, resulta inaceptable en un tema tan delicado. Para cerrar tenemos la inolvidable “primicia” que diera José Raúl Mulino a su llegada a Oslo: “El vestido de María Corina Machado lo tengo yo en mi cuarto, lo traje yo en mi avión”. Hay tantas aristas erradas en esa declaración, más propia de un monarca que de un presidente, que me quedo con una pregunta: ¿Cuánto nos costó a todos los contribuyentes la travesía textil de una nutrida delegación panameña por cinco días en Noruega? En este escenario complejo de desenlace impredecible, Panamá no aparece como un actor con peso político, sino como el mensajero de un vestido: frívolo, ambiguo y cómodo bailando entre los bandos. Parece que nuestro presidente retrata de cuerpo entero la nueva versión de El Sastre de Panamá. Casas con personas con discapacidad En porcentaje según área Infografía: LP - Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), 2024. 18.5 6.7 20.2 6.0 7.0 17.7 Población con discapacidad Según área y provincia Infografía: LP - Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), 2024. DEGREGACIÓN GEOGRÁFICA TOTAL HOMBRES MUJERES Total 781,478 325,071 456,407 Urbana 523,421 215,968 307,459 Rural 258,057 109,103 148,943 Bocas del Toro 26,313 12,188 14,124 Coclé 55,439 24,114 31,325 Colón 52,563 24,535 28,027 Chiriquí 70,876 31,911 38,966 Darién 9,057 4,117 4,94 Herrera 28,255 12,077 16,178 Los Santos 17,365 6,931 10,434 Panamá 278,904 106,129 172,775 Veraguas 45,027 18,948 26,079 Comarca Guna Yala 6,63 2,327 4,304 Comarca Emberá Wounaan 1,464 723 741 Comarca Ngäbe Buglé 53,308 22,106 31,203 Panamá Oeste " 136,277 58,964 77,312 Los ojos del mundo están puestos en Venezuela. A la escalada militar que desde septiembre lleva a cabo Estados Unidos se suma el endurecimiento de las sanciones económicas contra el entorno de Nicolás Maduro. La incautación del tanquero Skipper y la inclusión en la lista Clinton de figuras claves del régimen han reforzado el cerco. Una intervención en tierra es poco probable por Panorama
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