4A La Prensa Panamá, miércoles 17 de diciembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] OJUE. El contralor Anel Flores anunció que, luego de conversarlo con el ministro de Economía, Felipe Chapman, se acordó prohibir cualquier patrocinio del Estado al desfile de las Mil Polleras, que se celebrará el 17 de enero en Las Tablas. Así que nada de tipiqueros en el carro alegórico del BNP ni bandas musicales en la delegación de la Policía. Aquel funcionario que quiera participar tendrá que pagarlo todo (hospedaje, alimentación, transporte, atuendo…) de su propio bolsillo. Ya era hora. XTRA. El Servicio Nacional de Migración adquirirá 660 bonos de alimentos (de $75 cada uno) para repartir a su personal. El total de la compra es de $49,500, por lo que es considerada una contratación menor expedita, que cumple con las formalidades mínimas. Seguramente lo del monto es una coincidencia… SACARINA. Juan Diego Vásquez quiso saber cuánto le ha comprado el IMA a la panificadora Tasty Choice y a la Central Azucarera de Alanje (de la familia del contralor Flores). En respuesta, el director de esa entidad, Nilo Murillo, le mandó a preguntar directamente a esas empresas. Parece que Murillo todavía no sabe que quien tiene que dar la información es el funcionario que compra, no el vendedor. Además, esos datos no han sido clasificados como confidenciales, según la Ley de Transparencia. Mientras más esconde, más espesa se pone la melaza. BRONCA. En medio del dime que te diré entre Anel Flores y los diputados de Vamos y Seguimos, la Contraloría circuló un comunicado de siete párrafos para referirse exclusivamente a la presentación de los informes de financiamiento público poselectoral de estas dos Grettel Villalaz, procuradora de la Administración y Anel Flores, contralor general de la República. LP Villalaz le aclara a Flores: no puede demandar por la vía penal Juan Manuel Díaz [email protected] DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA La Procuraduría de la Administración recordó que altos funcionarios no pueden querellarse penalmente por calumnia e injuria y deben acudir a la vía civil, tras una consulta del contralor Anel Flores. La procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, reiteró que los funcionarios públicos con mando y jurisdicción, mencionados en el artículo 304 de la Constitución, no pueden presentar denuncias penales por los delitos de calumnia e injuria y que, en su defecto, deben recurrir a la vía civil. Villalaz resolvió una consulta presentada por el contralor Anel Bolo Flores sobre la viabilidad de interponer una denuncia penal por calumnia e injuria, y recordó que la opción disponible en estos casos es acudir a la jurisdicción civil para solicitar un eventual resarcimiento. En medio de una serie de críticas públicas por su gestión, el contralor Flores elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración solicitando opinión sobre la posibilidad de presentar querellas penales por la presunta comisión de estos delitos. La consulta fue presentada el pasado 3 de octubre, y en ella Flores preguntó si, en su calidad de contralor general de la República, podía interponer denuncias penales por calumnia e injuria. En su escrito, Flores no precisa si ha sido objeto de comentarios públicos —ya sea a través de medios de comunicación, redes sociales o de forma personal— que afecten su honra durante el ejercicio de sus funciones. No obstante, en su respuesta, Villalaz sostiene que el artículo 196 del Código Penal excluye la imposición de sanción penal cuando la ofensa a la dignidad, honra o decoro, o la falsa atribución de un delito, se comete en perjuicio de alguno de los servidores públicos contemplados en el artículo 304 de la Constitución. Entre los funcionarios incluidos en ese artículo se encuentran el presidente y vicepresidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales ordinarios y especiales, el procurador general de la Nación y el de la Administración, los jueces, los ministros de Estado y el contralor general de la República, entre otros. Villalaz concluye que, ante una supuesta comisión de calumnia o injuria, el contralor Flores puede acudir a la jurisdicción civil. En su respuesta, la procuradora cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 11 de abril de 2014, que resolvió una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 196 del Código Penal. En esa decisión se precisa que “la persona, al asumir un cargo público, se convierte en una figura de relevancia pública, por lo cual se expone inevitable y deliberadamente a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por periodistas como por la ciudadanía, y debe mostrarse más tolerante”. Flores ha sido objeto de críticas relacionadas con acciones emprendidas por su despacho, como la aplicación de medidas cautelares sobre bienes. El 30 de septiembre de 2025, se publicó en la Gaceta Oficial un nuevo reglamento de la Contraloría General de la República, mediante el cual el contralor puede ordenar secuestros sobre patrimonios y adoptar “cualesquiera otras medidas que sean necesarias para proteger los intereses públicos”, en ejecución de la Ley 351 de 2022, que amplió las facultades del ente fiscalizador. Este reglamento fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia por diputados de la coalición Vamos, quienes alegan que dichas atribuciones vulneran la Constitución. El contralor también ha recibido cuestionamientos por su postura respecto a la asignación de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a determinadas juntas comunales. Yasser Yánez García [email protected] El presidente José Raúl Mulino en el Consejo de Gabinete de ayer 16 de diciembre del 2025. Cortesía Gabinete aprueba levantar las medidas de retorsión contra Ecuador RECIPROCIDAD El Consejo de Gabinete aprobó ayer levantar las medidas de retorsión contra Ecuador, al considerar en su momento que ese país aplicaba disposiciones discriminatorias contra Panamá. El levantamiento de las sanciones se produce luego de que autoridades panameñas y ecuatorianas suscribieran el pasado 15 de agosto un convenio de intercambio de información en materia tributaria, con el objetivo de garantizar que los ingresos no queden ocultos y de fortalecer la capacidad institucional para actuar con mayor eficacia frente al crimen organizado. Cabe resaltar que los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvieron el pasado junio, un encuentro bilateral en el que acordaron reforzar la cooperación en áreas clave como la energía, el comercio, migración y la exclusión del istmo de esta lista. En su momento, Noboa destacó los avances de Panamá en materia fiscal, señalando que tanto los reconocimientos de Estados Unidos como de la Unión Europea permiten a Ecuador facilitar la salida del país centroamericano de su lista discriminatoria. Panamá había sido incluido en la lista ecuatoriana de paraísos fiscales en 2008, durante la presidencia de Rafael Correa. En los últimos años, el país logró salir de otras listas internacionales, como la de blanqueo de capitales de la Unión Europea y la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la que fue excluido a finales de 2023. bancadas. ¿Por qué excluyeron al resto de los diputados? ¿Acaso la discusión es tan personal? PLAN. El alcalde capitalino Mayer Mizrachi anunció desde ya que el próximo desfile navideño será el 19 de diciembre y que las empresas interesadas pueden apartar su cupo desde ya. Todavía no ha rendido cuentas por los eventos de este año y ya está pensando en los del próximo. Prorrogan la licitación de residuos en San Miguelito La Alcaldía de San Miguelito cambió por tercera ocasión la fecha y hora de la presentación de propuestas del pliego de condiciones de la licitación pública para la concesión de la gestión integral de residuos sólidos urbanos —recolección, transporte, barrido, tratamiento y disposición final— del distrito, cuyo monto de referencia es de $315.2 millones. La fecha prevista era el 19 de diciembre; sin embargo, ahora se fijó para el 18 de febrero de 2026. La alcaldesa Irma Hernández confirmó durante la sesión del Consejo Municipal de ayer martes 16 de diciembre que se decidió extender el proceso tras realizar adecuaciones al pliego de cargos y con el objetivo de propiciar la participación del mayor número posible de empresas en el procedimiento. Explicó que se introdujeron ajustes para que el pliego “se adapte mejor a la realidad del modelo del distrito y a sus necesidades, pero también a la realidad del mercado”. Añadió que, por ejemplo, se redujeron algunos requisitos tecnológicos, al considerar que incluían factores inalcanzables para muchas empresas. Durante la sesión, la concejal Sheyla Grajales solicitó a la alcaldesa explicar por qué la decisión aún no había sido publicada como una adenda de extensión dentro del proceso disponible en el portal de Panamá Compra. BASURA José González Pinilla [email protected]
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