2A La Prensa Panamá, miércoles 17 de diciembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama José González Pinilla [email protected] El contralor Anel Flores. Archivo Contraloría eleva el tono en medio de choques con diputados opositores POLÉMICIA La Contraloría General de la República volvió a poner el foco sobre el uso de recursos públicos por parte actores políticos. En un comunicado difundido ayer, la entidad insistió en que diputados independientes y el partido Movimiento Otro Camino (MOCA) mantienen pendientes rendiciones de cuentas relacionadas con el manejo de fondos poselectorales. La institución subrayó que los informes de auditoría sobre financiamiento político poselectoral que se entregan al Tribunal Electoral (TE) no reemplazan la obligación de rendir cuentas ante la Contraloría. “No sustituyen la rendición de cuentas que debe cumplirse ante esta entidad fiscalizadora”, recalcó. Según los registros oficiales de Rendición de Cuentas, persiste información pendiente de entrega dentro del plazo legal por parte de algunos candidatos electos por libre postulación y de partidos políticos, entre ellos MOCA. La Contraloría precisó que los diputados de la bancada Vamos, Alexandra Brenes y Luis Duke, presentaron la documentación correspondiente el 15 de diciembre de 2025; sin embargo, advirtió que la entrega se realizó fuera del tiempo reglamentario, por lo que los expedientes continúan sujetos a los procesos de verificación administrativa. En el ámbito municipal, la entidad señaló que los informes disponibles reflejan que las alcaldesas electas por libre postulación Irma Hernández, del distrito de San Miguelito, y Stefany Peñalba, de Arraiján, no registran rendiciones de cuentas dentro del plazo establecido, pese a haber recibido financiamiento político poselectoral. Además, la Contraloría indicó que representantes electos por libre postulación mantienen información pendiente de presentación, una “situación que constituye un incumplimiento de la obligación prevista en la normativa vigente”. En el comunicado, la institución reiteró que la rendición de cuentas ante la Contraloría es un proceso independiente y obligatorio, distinto al que se realiza ante el Tribunal Electoral. Mientras el TE evalúa los informes desde la óptica del financiamiento electoral, la Contraloría ejerce su función fiscalizadora bajo el esquema de control previo, que exige informes trimestrales sobre el uso de fondos públicos. La entidad advirtió que quienes no cumplieron con la entrega dentro del plazo serán sometidos a los procesos de revisión correspondientes, incluida la auditoría forense. No obstante, aclaró que estas acciones no responden a señalamientos “ni a ataques contra ninguna agrupación política, movimiento ciudadano o actor en particular”. El pronunciamiento se produce en medio de un creciente clima de tensión institucional. Un día antes, el contralor general, Anel Flores, endureció sus críticas por la falta de rendición de cuentas, en un contexto marcado por cuestionamientos al rol de la Contraloría en la aprobación de fondos destinados a municipios y juntas comunales. A la par, la mayoría de los diputados de la bancada Vamos ha cuestionado la distribución adicional y discrecional de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como la aprobación de la Contraloría a favor de alcaldes considerados cercanos al gobierno de turno. Juan Manuel Díaz [email protected] Beneficio exprés: ‘La Parce’ obtuvo trabajo comunitario en 25 días INVESTIGACIÓN El Ministerio Público mantiene una investigación en curso por la presunta comisión de actos de corrupción relacionados con el otorgamiento de un trabajo comunitario a favor de Katherine Carvallo, conocida como La Parce, quien fue condenada a 60 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales. La investigación está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y se encuentra en fase de reserva, mientras se recopilan evidencias. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, Carvallo ingresó al Centro Femenino de Resocialización Cecilia Orillac de Chiari (Cefere) el 4 de septiembre de 2025. Sin embargo, apenas 25 días después, el 28 de septiembre, recibió un visto bueno de la Junta Técnica del Ministerio de Gobierno para acceder a un beneficio de trabajo comunitario, un trámite que, según los procedimientos ordinarios, suele demorar entre seis meses y un año para otros privados de libertad. La celeridad con la que se concedió el beneficio encendió alertas dentro del propio Ministerio de Gobierno, cuyas autoridades presentaron una denuncia formal al advertir posibles irregularidades en el proceso. Como elemento adicional, el 2 de octubre de 2025, las autoridades penitenciarias ubicaron un teléfono celular dentro del penal presuntamente vinculado a Carvallo, hecho que también forma parte de la investigación. Carvallo, de nacionalidad colombiana, fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras ser requerida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, por su presunta participación en una red que habría blanqueado aproximadamente $7.1 millones. En esta causa también figuran su pareja sentimental Donald Dale Gutiérrez, la colombiana Narsy Milena Parra y la venezolana Keyubeth Aldana. Durante la investigación se incautaron numerosos bienes, entre ellos apartamentos en distintos proyectos de la capital —como PH Central Park, Toneles, Torres Versalles, Torres de Castilla, Plaza Valencia, Brisas San Fernando y Onix Tower— con valores que oscilan entre $105,000 y $343,000. Además, se decomisaron una casa de playa en Chame valorada en $366,000, una residencia en Costa del Este tasada en $1.1 millones, y $119,000 en efectivo. Las actividades de la red quedaron al descubierto tras un reporte de operaciones sospechosas generado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que detectó movimientos inusuales de dinero a través de diversas sociedades. Según la fiscalía, estas empresas —entre ellas Creativo Dale, Panamá ABS, Cupones.com, Purificadora y Embotelladora Acuami S.A. y La Parce S.A.— no contaban con avisos de operación, no reportaban ante la DGI, no estaban registradas en el Mici ni mantenían planillas en la CSS. La investigación busca determinar cómo y por qué Carvallo accedió a un beneficio penitenciario en un plazo excepcionalmente corto y si existieron responsabilidades administrativas o penales en su otorgamiento. Personal de Etesa, dirigido por Roy Morales (a la izquierda), en la Comisión de Presupuesto. Foto: Captura de pantalla. Captura de pantalla de video de la Asamblea Nacional Etesa tramita pagos para empresa ligada a Héctor Brands Eliana Morales Gil [email protected] COMISIÓN DE PRESUPUESTO Tras defender traslados por $13 millones, Etesa anunció que no pagará a empresas bajo investigación, sin detallar controles, criterios ni el destino final de los fondos aprobados. Horas después de sustentar ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional traslados de partidas por $13 millones para cancelar deudas con empresas privadas, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) difundió un comunicado en el que asegura que no realizará desembolsos a compañías vinculadas a investigaciones judiciales mientras estos procesos no concluyan. La aclaración surge luego de que Roy Morales, gerente de la institución, junto a su equipo de trabajo, informara en la Asamblea que entre las empresas incluidas para recibir pagos por servicios de limpieza figura Multi Servicios Modernos, S.A., sociedad vinculada al exdiputado del PRD Héctor Brands, investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y lavado de dinero. Según lo presentado ante la Comisión de Presupuesto, Etesa mantiene una deuda con esta empresa que asciende a $441,375. También recibirán pagos Otras empresas que recibirán pagos son: •Consorcio Aurora, S.A.: $3,389,480 •Toucan Group, Inc.: $530,426 •Construcciones y Materiales El Roble, S.A.: $338,387 •La Laguna de Texas, S.A.: $261,482 •CU2 Ingenieros, S.A.: $561,717 En su comunicado, emitido en tarde del martes 16 de diciembre, la empresa estatal afirmó que colabora “de manera plena” con el Ministerio Público y reiteró su compromiso con la transparencia. También indicó que, mientras las investigaciones no se resuelvan en sede judicial, no se efectuarán los pagos relacionados con los servicios prestados. No obstante, el pronunciamiento no explica por qué Etesa tramitó ante la Asamblea los traslados de partidas para saldar deudas con la mencionada compañía ni si informó previamente a los diputados que los desembolsos podrían quedar en suspenso. Tampoco precisa si la medida aplica únicamente a Multi Servicios Modernos, S.A. o to injustificado y blanqueo de capitales. Rodríguez fue director ejecutivo de la fundación Movimiento Nueva Generación, creada por Brands en el año 2000, cuando promovía ligas deportivas comunitarias. Multi Servicios Modernos, S.A. también tiene entre sus directivos a familiares de Héctor Brands, quien durante el quinquenio 2019-2024 también fue director del Instituto Panameño de Deportes. En beneficio de la seguridad jurídica A pesar de los cuestionamientos, la mayoría de los diputados defendió la gestión de Etesa y respaldó los traslados de partidas bajo el argumento de la seguridad jurídica. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, sostuvo que no saldar las deudas afectaría la confianza de las empresas que contratan con el Estado. Al final de la jornada, la mayoría de los diputados que integran la comisión votó a favor de las partidas solicitadas por Etesa. Solo tres lo hicieron en contra: Janine Prado, Francisco Brea, del Partido Panameñista, y Marta Sandoya, suplente del diputado perredista Crispino Adames. El comunicado de Etesa tampoco detalla qué mecanismos administrativos se activan para congelar los pagos, si existe alguna resolución interna que respalde la decisión ni qué ocurrirá con las partidas aprobadas en caso de que los procesos judiciales se prolonguen. a cualquier empresa incluida en procesos judiciales abiertos. Durante la sesión legislativa, varios diputados cuestionaron la falta de información oportuna sobre las compañías beneficiarias de los pagos. La diputada de la bancada Vamos, Janine Prado, denunció que tuvieron que “corretearle la información” a Etesa para conocer los nombres de las empresas y calificó el manejo del tema como “opaco”. Su colega de bancada, Manuel Samaniego, expresó palabras en el mismo sentido, aunque al final fue uno de los que votó a favor de las partidas. Prado incluso preguntó al gerente general de Etesa, Roy Morales, quién era el representante legal de la compañía. Morales respondió que no contaban con esa información y señaló que la institución está colaborando con la Fiscalía. El representante legal de Multi Servicios Modernos es Elvis Enrique Rodríguez, quien al igual que Brands se encuentra detenido mientras se resuelve el caso por supuesto enriquecimien-
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