1A La Prensa Panamá, miércoles 17 de diciembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 17 de diciembre de 2025 - Año 45 - Nº 15233 Hoy por hoy La comparecencia de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) ante la Comisión de Presupuesto dejó más preguntas que certezas. No solo por la magnitud de los traslados solicitados, sino porque era la segunda vez que acudía: en la primera, ni siquiera se informó el nombre de las empresas beneficiadas. Esa omisión no es menor; es un patrón que debilita la transparencia. La explicación posterior, en la que Etesa afirma que no pagará a empresas bajo investigación, tampoco despeja el panorama. ¿Por qué entonces tramitar partidas millonarias? ¿Desde cuándo rige ese criterio y bajo qué acto administrativo se sostiene? Los fondos estaban destinados a trabajos de corte de árboles en la servidumbre de líneas de transmisión, una labor sensible para la seguridad del sistema eléctrico. Pero surge una pregunta inevitable: ¿quién auditó que esos servicios se prestaron efectivamente, con la frecuencia, el alcance y la calidad contratadas? Sin verificación técnica independiente, pagar equivale a confiar a ciegas. La seguridad jurídica no se defiende con silencios ni urgencias, sino con información completa, controles previos y rendición de cuentas. Sin eso, la confianza pública se erosiona. Selección de Panamá jugará amistoso con México 6B Deportes Panorama Contraloría eleva el tono con los diputados opositores 2A Economía Cámara calcula que un millón de panameños busca trabajo 2B ENDIS-2: el 18% de la población del país vive con alguna discapacidad Tras 18 años sin datos oficiales, la ENDIS-2 revela que 781,478 personas viven con discapacidad en Panamá, información clave para diseñar políticas públicas, reducir brechas sociales y planificar servicios con enfoque de derechos. VEA 6A Etesa retendrá pagos a empresa ligada a Brands Eliana Morales Gil [email protected] Horas después de sustentar ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea traslados de partidas por $13 millones, la EmpreFONDOS PÚBLICOS Etesa sustentó traslados por $13 millones para saldar deudas, incluido el pago a Multiservicios Modernos, mientras diputados cuestionaron opacidad. sa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) emitió un comunicado en el que aseguró que no realizará pagos a empresas vinculadas a investigaciones judiciales mientras estos procesos no concluyan. La aclaración se dio tras revelarse que entre las compañías beneficiadas figura Multi Servicios Modernos, S.A., vinculada al exdiputado Héctor Brands, investigado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, con una deuda de $441,375. Aunque Etesa reiteró su compromiso con la transparencia y su cooperación con el Ministerio Público, no explicó por qué tramitó los traslados ni si informó a los diputados que los pagos podrían suspenderse. Algunos cuestionaron la opacidad del proceso, aunque la mayoría aprobó las partidas invocando la seguridad jurídica. VEA 2A Encuentro Milei-Kast El ruido de la motosierra se expande El presidente argentino, Javier Milei, recibió ayer al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Ambos posaron con la motosierra, símbolo político del proyecto político libertario del argentino. Tras el encuentro, Kast propuso crear un “corredor humanitario” para devolver a los migrantes a sus países de origen. VEA 4B EFE Grettel Villalaz Archivo La procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, reiteró que los funcionarios públicos con mando y jurisdicción, incluidos en el artículo 304 de la Constitución, no pueden presentar denuncias penales por calumnia e injuria y deben recurrir a la vía civil. La aclaración responde a una consulta del contralor Anel Bolo Flores, en medio de críticas a su gestión. Villalaz citó el artículo 196 del Código Penal y un fallo de la Corte Suprema de 2014, que establece que las figuras públicas deben tolerar mayor escrutinio ciudadano. VEA 4A DELITOS DE CALUMNIA INJURIA Se pospone por tercera vez la licitación de la basura Tránsito de buques por el Canal crece en un 3.2% Villalaz lo reitera: figuras públicas deben tolerar mayor escrutinio La Alcaldía de San Miguelito pospuso por tercera vez la licitación de residuos sólidos, ahora para febrero de 2026, tras ajustes al pliego para ampliar participación empresarial. VEA 4A El tránsito por el Canal de Panamá creció 3.2% en noviembre -segundo mes del año fiscal 2026- impulsado por buques neopanamax, especialmente gaseros, pese a ajustes operativos. VEA 1B SAN MIGUELITO SECTOR MARÍTIMO
2A La Prensa Panamá, miércoles 17 de diciembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama José González Pinilla [email protected] El contralor Anel Flores. Archivo Contraloría eleva el tono en medio de choques con diputados opositores POLÉMICIA La Contraloría General de la República volvió a poner el foco sobre el uso de recursos públicos por parte actores políticos. En un comunicado difundido ayer, la entidad insistió en que diputados independientes y el partido Movimiento Otro Camino (MOCA) mantienen pendientes rendiciones de cuentas relacionadas con el manejo de fondos poselectorales. La institución subrayó que los informes de auditoría sobre financiamiento político poselectoral que se entregan al Tribunal Electoral (TE) no reemplazan la obligación de rendir cuentas ante la Contraloría. “No sustituyen la rendición de cuentas que debe cumplirse ante esta entidad fiscalizadora”, recalcó. Según los registros oficiales de Rendición de Cuentas, persiste información pendiente de entrega dentro del plazo legal por parte de algunos candidatos electos por libre postulación y de partidos políticos, entre ellos MOCA. La Contraloría precisó que los diputados de la bancada Vamos, Alexandra Brenes y Luis Duke, presentaron la documentación correspondiente el 15 de diciembre de 2025; sin embargo, advirtió que la entrega se realizó fuera del tiempo reglamentario, por lo que los expedientes continúan sujetos a los procesos de verificación administrativa. En el ámbito municipal, la entidad señaló que los informes disponibles reflejan que las alcaldesas electas por libre postulación Irma Hernández, del distrito de San Miguelito, y Stefany Peñalba, de Arraiján, no registran rendiciones de cuentas dentro del plazo establecido, pese a haber recibido financiamiento político poselectoral. Además, la Contraloría indicó que representantes electos por libre postulación mantienen información pendiente de presentación, una “situación que constituye un incumplimiento de la obligación prevista en la normativa vigente”. En el comunicado, la institución reiteró que la rendición de cuentas ante la Contraloría es un proceso independiente y obligatorio, distinto al que se realiza ante el Tribunal Electoral. Mientras el TE evalúa los informes desde la óptica del financiamiento electoral, la Contraloría ejerce su función fiscalizadora bajo el esquema de control previo, que exige informes trimestrales sobre el uso de fondos públicos. La entidad advirtió que quienes no cumplieron con la entrega dentro del plazo serán sometidos a los procesos de revisión correspondientes, incluida la auditoría forense. No obstante, aclaró que estas acciones no responden a señalamientos “ni a ataques contra ninguna agrupación política, movimiento ciudadano o actor en particular”. El pronunciamiento se produce en medio de un creciente clima de tensión institucional. Un día antes, el contralor general, Anel Flores, endureció sus críticas por la falta de rendición de cuentas, en un contexto marcado por cuestionamientos al rol de la Contraloría en la aprobación de fondos destinados a municipios y juntas comunales. A la par, la mayoría de los diputados de la bancada Vamos ha cuestionado la distribución adicional y discrecional de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como la aprobación de la Contraloría a favor de alcaldes considerados cercanos al gobierno de turno. Juan Manuel Díaz [email protected] Beneficio exprés: ‘La Parce’ obtuvo trabajo comunitario en 25 días INVESTIGACIÓN El Ministerio Público mantiene una investigación en curso por la presunta comisión de actos de corrupción relacionados con el otorgamiento de un trabajo comunitario a favor de Katherine Carvallo, conocida como La Parce, quien fue condenada a 60 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales. La investigación está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y se encuentra en fase de reserva, mientras se recopilan evidencias. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, Carvallo ingresó al Centro Femenino de Resocialización Cecilia Orillac de Chiari (Cefere) el 4 de septiembre de 2025. Sin embargo, apenas 25 días después, el 28 de septiembre, recibió un visto bueno de la Junta Técnica del Ministerio de Gobierno para acceder a un beneficio de trabajo comunitario, un trámite que, según los procedimientos ordinarios, suele demorar entre seis meses y un año para otros privados de libertad. La celeridad con la que se concedió el beneficio encendió alertas dentro del propio Ministerio de Gobierno, cuyas autoridades presentaron una denuncia formal al advertir posibles irregularidades en el proceso. Como elemento adicional, el 2 de octubre de 2025, las autoridades penitenciarias ubicaron un teléfono celular dentro del penal presuntamente vinculado a Carvallo, hecho que también forma parte de la investigación. Carvallo, de nacionalidad colombiana, fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras ser requerida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, por su presunta participación en una red que habría blanqueado aproximadamente $7.1 millones. En esta causa también figuran su pareja sentimental Donald Dale Gutiérrez, la colombiana Narsy Milena Parra y la venezolana Keyubeth Aldana. Durante la investigación se incautaron numerosos bienes, entre ellos apartamentos en distintos proyectos de la capital —como PH Central Park, Toneles, Torres Versalles, Torres de Castilla, Plaza Valencia, Brisas San Fernando y Onix Tower— con valores que oscilan entre $105,000 y $343,000. Además, se decomisaron una casa de playa en Chame valorada en $366,000, una residencia en Costa del Este tasada en $1.1 millones, y $119,000 en efectivo. Las actividades de la red quedaron al descubierto tras un reporte de operaciones sospechosas generado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que detectó movimientos inusuales de dinero a través de diversas sociedades. Según la fiscalía, estas empresas —entre ellas Creativo Dale, Panamá ABS, Cupones.com, Purificadora y Embotelladora Acuami S.A. y La Parce S.A.— no contaban con avisos de operación, no reportaban ante la DGI, no estaban registradas en el Mici ni mantenían planillas en la CSS. La investigación busca determinar cómo y por qué Carvallo accedió a un beneficio penitenciario en un plazo excepcionalmente corto y si existieron responsabilidades administrativas o penales en su otorgamiento. Personal de Etesa, dirigido por Roy Morales (a la izquierda), en la Comisión de Presupuesto. Foto: Captura de pantalla. Captura de pantalla de video de la Asamblea Nacional Etesa tramita pagos para empresa ligada a Héctor Brands Eliana Morales Gil [email protected] COMISIÓN DE PRESUPUESTO Tras defender traslados por $13 millones, Etesa anunció que no pagará a empresas bajo investigación, sin detallar controles, criterios ni el destino final de los fondos aprobados. Horas después de sustentar ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional traslados de partidas por $13 millones para cancelar deudas con empresas privadas, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) difundió un comunicado en el que asegura que no realizará desembolsos a compañías vinculadas a investigaciones judiciales mientras estos procesos no concluyan. La aclaración surge luego de que Roy Morales, gerente de la institución, junto a su equipo de trabajo, informara en la Asamblea que entre las empresas incluidas para recibir pagos por servicios de limpieza figura Multi Servicios Modernos, S.A., sociedad vinculada al exdiputado del PRD Héctor Brands, investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y lavado de dinero. Según lo presentado ante la Comisión de Presupuesto, Etesa mantiene una deuda con esta empresa que asciende a $441,375. También recibirán pagos Otras empresas que recibirán pagos son: •Consorcio Aurora, S.A.: $3,389,480 •Toucan Group, Inc.: $530,426 •Construcciones y Materiales El Roble, S.A.: $338,387 •La Laguna de Texas, S.A.: $261,482 •CU2 Ingenieros, S.A.: $561,717 En su comunicado, emitido en tarde del martes 16 de diciembre, la empresa estatal afirmó que colabora “de manera plena” con el Ministerio Público y reiteró su compromiso con la transparencia. También indicó que, mientras las investigaciones no se resuelvan en sede judicial, no se efectuarán los pagos relacionados con los servicios prestados. No obstante, el pronunciamiento no explica por qué Etesa tramitó ante la Asamblea los traslados de partidas para saldar deudas con la mencionada compañía ni si informó previamente a los diputados que los desembolsos podrían quedar en suspenso. Tampoco precisa si la medida aplica únicamente a Multi Servicios Modernos, S.A. o to injustificado y blanqueo de capitales. Rodríguez fue director ejecutivo de la fundación Movimiento Nueva Generación, creada por Brands en el año 2000, cuando promovía ligas deportivas comunitarias. Multi Servicios Modernos, S.A. también tiene entre sus directivos a familiares de Héctor Brands, quien durante el quinquenio 2019-2024 también fue director del Instituto Panameño de Deportes. En beneficio de la seguridad jurídica A pesar de los cuestionamientos, la mayoría de los diputados defendió la gestión de Etesa y respaldó los traslados de partidas bajo el argumento de la seguridad jurídica. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, sostuvo que no saldar las deudas afectaría la confianza de las empresas que contratan con el Estado. Al final de la jornada, la mayoría de los diputados que integran la comisión votó a favor de las partidas solicitadas por Etesa. Solo tres lo hicieron en contra: Janine Prado, Francisco Brea, del Partido Panameñista, y Marta Sandoya, suplente del diputado perredista Crispino Adames. El comunicado de Etesa tampoco detalla qué mecanismos administrativos se activan para congelar los pagos, si existe alguna resolución interna que respalde la decisión ni qué ocurrirá con las partidas aprobadas en caso de que los procesos judiciales se prolonguen. a cualquier empresa incluida en procesos judiciales abiertos. Durante la sesión legislativa, varios diputados cuestionaron la falta de información oportuna sobre las compañías beneficiarias de los pagos. La diputada de la bancada Vamos, Janine Prado, denunció que tuvieron que “corretearle la información” a Etesa para conocer los nombres de las empresas y calificó el manejo del tema como “opaco”. Su colega de bancada, Manuel Samaniego, expresó palabras en el mismo sentido, aunque al final fue uno de los que votó a favor de las partidas. Prado incluso preguntó al gerente general de Etesa, Roy Morales, quién era el representante legal de la compañía. Morales respondió que no contaban con esa información y señaló que la institución está colaborando con la Fiscalía. El representante legal de Multi Servicios Modernos es Elvis Enrique Rodríguez, quien al igual que Brands se encuentra detenido mientras se resuelve el caso por supuesto enriquecimien-
3A La Prensa Panamá, miércoles 17 de diciembre de 2025 Víctor Viggiano Guardia, Presidente Ejecutivo y Gerente General de Bi Bank
4A La Prensa Panamá, miércoles 17 de diciembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] OJUE. El contralor Anel Flores anunció que, luego de conversarlo con el ministro de Economía, Felipe Chapman, se acordó prohibir cualquier patrocinio del Estado al desfile de las Mil Polleras, que se celebrará el 17 de enero en Las Tablas. Así que nada de tipiqueros en el carro alegórico del BNP ni bandas musicales en la delegación de la Policía. Aquel funcionario que quiera participar tendrá que pagarlo todo (hospedaje, alimentación, transporte, atuendo…) de su propio bolsillo. Ya era hora. XTRA. El Servicio Nacional de Migración adquirirá 660 bonos de alimentos (de $75 cada uno) para repartir a su personal. El total de la compra es de $49,500, por lo que es considerada una contratación menor expedita, que cumple con las formalidades mínimas. Seguramente lo del monto es una coincidencia… SACARINA. Juan Diego Vásquez quiso saber cuánto le ha comprado el IMA a la panificadora Tasty Choice y a la Central Azucarera de Alanje (de la familia del contralor Flores). En respuesta, el director de esa entidad, Nilo Murillo, le mandó a preguntar directamente a esas empresas. Parece que Murillo todavía no sabe que quien tiene que dar la información es el funcionario que compra, no el vendedor. Además, esos datos no han sido clasificados como confidenciales, según la Ley de Transparencia. Mientras más esconde, más espesa se pone la melaza. BRONCA. En medio del dime que te diré entre Anel Flores y los diputados de Vamos y Seguimos, la Contraloría circuló un comunicado de siete párrafos para referirse exclusivamente a la presentación de los informes de financiamiento público poselectoral de estas dos Grettel Villalaz, procuradora de la Administración y Anel Flores, contralor general de la República. LP Villalaz le aclara a Flores: no puede demandar por la vía penal Juan Manuel Díaz [email protected] DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA La Procuraduría de la Administración recordó que altos funcionarios no pueden querellarse penalmente por calumnia e injuria y deben acudir a la vía civil, tras una consulta del contralor Anel Flores. La procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, reiteró que los funcionarios públicos con mando y jurisdicción, mencionados en el artículo 304 de la Constitución, no pueden presentar denuncias penales por los delitos de calumnia e injuria y que, en su defecto, deben recurrir a la vía civil. Villalaz resolvió una consulta presentada por el contralor Anel Bolo Flores sobre la viabilidad de interponer una denuncia penal por calumnia e injuria, y recordó que la opción disponible en estos casos es acudir a la jurisdicción civil para solicitar un eventual resarcimiento. En medio de una serie de críticas públicas por su gestión, el contralor Flores elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración solicitando opinión sobre la posibilidad de presentar querellas penales por la presunta comisión de estos delitos. La consulta fue presentada el pasado 3 de octubre, y en ella Flores preguntó si, en su calidad de contralor general de la República, podía interponer denuncias penales por calumnia e injuria. En su escrito, Flores no precisa si ha sido objeto de comentarios públicos —ya sea a través de medios de comunicación, redes sociales o de forma personal— que afecten su honra durante el ejercicio de sus funciones. No obstante, en su respuesta, Villalaz sostiene que el artículo 196 del Código Penal excluye la imposición de sanción penal cuando la ofensa a la dignidad, honra o decoro, o la falsa atribución de un delito, se comete en perjuicio de alguno de los servidores públicos contemplados en el artículo 304 de la Constitución. Entre los funcionarios incluidos en ese artículo se encuentran el presidente y vicepresidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales ordinarios y especiales, el procurador general de la Nación y el de la Administración, los jueces, los ministros de Estado y el contralor general de la República, entre otros. Villalaz concluye que, ante una supuesta comisión de calumnia o injuria, el contralor Flores puede acudir a la jurisdicción civil. En su respuesta, la procuradora cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 11 de abril de 2014, que resolvió una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 196 del Código Penal. En esa decisión se precisa que “la persona, al asumir un cargo público, se convierte en una figura de relevancia pública, por lo cual se expone inevitable y deliberadamente a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por periodistas como por la ciudadanía, y debe mostrarse más tolerante”. Flores ha sido objeto de críticas relacionadas con acciones emprendidas por su despacho, como la aplicación de medidas cautelares sobre bienes. El 30 de septiembre de 2025, se publicó en la Gaceta Oficial un nuevo reglamento de la Contraloría General de la República, mediante el cual el contralor puede ordenar secuestros sobre patrimonios y adoptar “cualesquiera otras medidas que sean necesarias para proteger los intereses públicos”, en ejecución de la Ley 351 de 2022, que amplió las facultades del ente fiscalizador. Este reglamento fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia por diputados de la coalición Vamos, quienes alegan que dichas atribuciones vulneran la Constitución. El contralor también ha recibido cuestionamientos por su postura respecto a la asignación de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a determinadas juntas comunales. Yasser Yánez García [email protected] El presidente José Raúl Mulino en el Consejo de Gabinete de ayer 16 de diciembre del 2025. Cortesía Gabinete aprueba levantar las medidas de retorsión contra Ecuador RECIPROCIDAD El Consejo de Gabinete aprobó ayer levantar las medidas de retorsión contra Ecuador, al considerar en su momento que ese país aplicaba disposiciones discriminatorias contra Panamá. El levantamiento de las sanciones se produce luego de que autoridades panameñas y ecuatorianas suscribieran el pasado 15 de agosto un convenio de intercambio de información en materia tributaria, con el objetivo de garantizar que los ingresos no queden ocultos y de fortalecer la capacidad institucional para actuar con mayor eficacia frente al crimen organizado. Cabe resaltar que los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvieron el pasado junio, un encuentro bilateral en el que acordaron reforzar la cooperación en áreas clave como la energía, el comercio, migración y la exclusión del istmo de esta lista. En su momento, Noboa destacó los avances de Panamá en materia fiscal, señalando que tanto los reconocimientos de Estados Unidos como de la Unión Europea permiten a Ecuador facilitar la salida del país centroamericano de su lista discriminatoria. Panamá había sido incluido en la lista ecuatoriana de paraísos fiscales en 2008, durante la presidencia de Rafael Correa. En los últimos años, el país logró salir de otras listas internacionales, como la de blanqueo de capitales de la Unión Europea y la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la que fue excluido a finales de 2023. bancadas. ¿Por qué excluyeron al resto de los diputados? ¿Acaso la discusión es tan personal? PLAN. El alcalde capitalino Mayer Mizrachi anunció desde ya que el próximo desfile navideño será el 19 de diciembre y que las empresas interesadas pueden apartar su cupo desde ya. Todavía no ha rendido cuentas por los eventos de este año y ya está pensando en los del próximo. Prorrogan la licitación de residuos en San Miguelito La Alcaldía de San Miguelito cambió por tercera ocasión la fecha y hora de la presentación de propuestas del pliego de condiciones de la licitación pública para la concesión de la gestión integral de residuos sólidos urbanos —recolección, transporte, barrido, tratamiento y disposición final— del distrito, cuyo monto de referencia es de $315.2 millones. La fecha prevista era el 19 de diciembre; sin embargo, ahora se fijó para el 18 de febrero de 2026. La alcaldesa Irma Hernández confirmó durante la sesión del Consejo Municipal de ayer martes 16 de diciembre que se decidió extender el proceso tras realizar adecuaciones al pliego de cargos y con el objetivo de propiciar la participación del mayor número posible de empresas en el procedimiento. Explicó que se introdujeron ajustes para que el pliego “se adapte mejor a la realidad del modelo del distrito y a sus necesidades, pero también a la realidad del mercado”. Añadió que, por ejemplo, se redujeron algunos requisitos tecnológicos, al considerar que incluían factores inalcanzables para muchas empresas. Durante la sesión, la concejal Sheyla Grajales solicitó a la alcaldesa explicar por qué la decisión aún no había sido publicada como una adenda de extensión dentro del proceso disponible en el portal de Panamá Compra. BASURA José González Pinilla [email protected]
5A La Prensa Panamá, miércoles 17 de diciembre de 2025
6A La Prensa Panamá, miércoles 17 de diciembre de 2025 En Panamá hay 781 mil 478 personas con algún nivel de discapacidad. Archivo Datos para planificar, no para compadecer: el valor de la ENDIS-2 Aleida Samaniego C. [email protected] DICAPACIDAD Tras 18 años sin datos oficiales, la ENDIS-2 revela que el 18% de la población panameña vive con alguna discapacidad y ofrece insumos clave para políticas públicas inclusivas. Panamá ya cuenta con datos frescos y confiables sobre su población con discapacidad, gracias a la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), realizada en el primer trimestre de 2024, tras 18 largos años de espera sin información oficial actualizada. Este estudio, que costó 1.5 millones de dólares y fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), representa un acto de justicia social, ya que visibiliza a una población históricamente olvidada y brinda insumos para el diseño de políticas públicas inclusivas. El coordinador técnico de Accesibilidad y Discapacidad de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), Miguel Atencio, explicó que la primera encuesta se realizó en 2006 y que este tipo de estudios debería llevarse a cabo cada cinco años. Sin embargo, la falta de recursos económicos impidió su continuidad, lo que generó una brecha de 18 años sin datos confiables. La ENDIS-2 fue desarrollada con la participación del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la Senadis, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), el BID y contó con el apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así como de la sociedad civil y personas con discapacidad, quienes validaron y enriquecieron el instrumento de medición. 18% de la población vive con discapacidad Los resultados revelan que 781,478 personas viven con alguna discapacidad en Panamá, lo que representa el 18% de la población, un incremento notable frente al 11.3% registrado en 2006. Del total, el 58% son mujeres y el 42% son hombres, un hallazgo que evidencia un doble nivel de vulnerabilidad en la población femenina. Además, el 67% reside en áreas urbanas y el 33% en zonas rurales, siendo las provincias de Panamá y Panamá Oeste las que concentran la mayor cantidad de personas con discapacidad, lo que se explica por su alta densidad poblacional, según evidencia el documento. Las provincias de Chiriquí, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé también presentan concentraciones significativas, especialmente en áreas rurales donde el acceso a servicios básicos es más limitado. La encuesta identificó que 23 de cada 100 viviendas albergan al menos a una persona con discapacidad, un dato que impulsa la necesidad de garantizar viviendas accesibles. En este sentido, Atencio indicó que el Ministerio de Vivienda ya implementa políticas para que al menos el 10% de las viviendas sociales sean diseñadas con mayor espacio y adaptaciones para movilidad, incluyendo puertas más anchas, baños accesibles y pisos adecuados. Asimismo, se promueve la colaboración con empresas privadas, arquitectos y la academia para garantizar que los nuevos proyectos habitacionales incorporen criterios de accesibilidad universal, que contemplen tanto la movilidad física como el acceso a la comunicación y la tecnología. La ENDIS-2 incorporó, por primera vez, preguntas sobre las secuelas de la covid-19. De la población con discapacidad, un tercio fue impactado por la pandemia, lo que incrementó problemas respiratorios, de movilidad y emocionales. Además, las discapacidades más frecuentes identificadas fueron las viscerales o de órganos y sistemas, seguidas por deficiencias físicas, intelectuales, visuales, comunicacionales, mentales y auditivas. Estos hallazgos permiten comprender no solo la magnitud de la discapacidad, sino también sus implicaciones en la salud y la vida cotidiana de las personas. En el ámbito educativo, la encuesta revela brechas significativas en la inclusión de personas con discapacidad. La mayoría de los estudiantes con discapacidad se encuentra en la primaria, pero su participación disminuye progresivamente en secundaria, media, premedia y educación superior. Para atender esta situación, se utilizan aulas de recursos que complementan la educación regular, además de programas del Instituto Panameño de Habilitación Especial para quienes requieren atención especializada. Se promueve también la inclusión en educación técnica y universitaria, reconociendo que no todas las personas con discapacidad seguirán estudios universitarios, pero tienen derecho a elegir su formación según sus intereses y capacidades, precisó Atencio. Visibilización y planificación El coordinador técnico enfatizó que la ENDIS-2 no solo genera estadísticas: visibiliza a las personas con discapacidad y permite al Estado planificar políticas públicas basadas en evidencia. “Lo que no se cuenta no existe; al tener esta radiografía, el Estado debe delinear políticas a favor de esta población y tratarla con dignidad, no con lástima”, afirmó. La población con discapacidad solicita oportunidades en salud, educación, empleo y participación comunitaria, y la ENDIS-2 proporciona información clave para responder a estas demandas. En el país, además de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, se identifican concentraciones significativas en Chiriquí, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé. En estas áreas rurales, la población enfrenta mayor dificultad de acceso a servicios de salud, educación y empleo, lo que resalta la necesidad de políticas diferenciadas según el contexto urbano o rural. La ENDIS-2 también permite medir la efectividad de los programas sociales existentes y orientar la planificación futura. La información recopilada será utilizada para monitorear políticas públicas cada cinco años, integrando la encuesta dentro de la hoja de ruta del INEC y asegurando la coordinación con la Senadis. Este mecanismo garantiza continuidad y actualización de los datos, fortaleciendo el enfoque de derechos humanos en todas las acciones gubernamentales dirigidas a la población con discapacidad. Un hallazgo central es que la discapacidad tiene rostro de mujer, ya que el 58% de las personas con discapacidad son mujeres, un dato que evidencia la necesidad de políticas específicas que atiendan sus vulnerabilidades. También, se destaca la importancia de eliminar barreras actitudinales, consideradas la mayor limitación para la inclusión. Incorporar a las personas con discapacidad a la educación, el trabajo y la vida comunitaria fortalece a la sociedad y reduce la dependencia de subsidios. Finalmente, la ENDIS-2 no solo aporta estadísticas: es una herramienta de justicia social, planificación y conciencia, que visibiliza a la población con discapacidad, impulsa políticas inclusivas y contribuye a construir un Panamá más accesible y equitativo para todos. El Estado, la sociedad civil y los sectores públicos y privados deben coordinar esfuerzos para garantizar que cada persona con discapacidad tenga acceso a oportunidades dignas y pueda desarrollarse plenamente en su comunidad, con inclusión y respeto a sus derechos humanos. El sastre de Panamá Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal [email protected] su alto costo político. En cambio, un ataque limitado —o la sola amenaza del mismo— buscaría forzar mejores condiciones de negociación. Es el estilo de Trump: amenazar, escalar y luego negociar. Por fuera de esta lógica, sería difícil explicar una llamada directa entre Trump y Maduro en medio de un escenario que ya deja decenas de muertos. Según medios internacionales, el régimen habría exigido inmunidad para Maduro y su círculo cercano como condición para una salida negociada. Hay que tener presente que el poder real en Venezuela reside en figuras como Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. ¿Cuántos quedarían protegidos y qué país los recibiría? El precio y detalles de una eventual negociación siguen siendo una incógnita. Lo único claro, como ha señalado el excanciller Jorge E. Ritter, es que esto ha escalado demasiado “para quedar en un empate”. La coartada es la gran debilidad de la estrategia de Washington. Trump enmarca la presión contra Maduro en la guerra contra las drogas —en particular contra el fentanilo, la sustancia que hoy mata a miles de estadounidenses— pese a que cerca del 70% de ese tráfico proviene de México y a que acaba de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico. Contra Maduro hay algo mucho más sólido e inobjetable: un régimen ilegítimo que reprime a su población y ha empujado a más de ocho millones de venezolanos al exilio. Como representante de la oposición venezolana, María Corina Machado tiene una legitimidad y una valentía incuestionables, pero su alineamiento estratégico con Donald Trump no ha estado exento de costos. Dedicarle su Premio Nobel, ignorando que el mandatario estadounidense está deportando a cientos de miles de venezolanos, ha erosionado apoyos importantes. Para definir el papel de Panamá, bastan tres escenas que retratan improvisación, opacidad y frivolidad. Actitudes que han mostrado al país como un actor errático y poco serio en un momento de alta sensibilidad. Primera escena: El vicecanciller Carlos Arturo Hoyos dijo a medios internacionales que Panamá podría recibir miembros de la dictadura de Maduro. Luego reculó, pese a que citas textuales de esos mismos medios lo desmienten. Un traspié que exhibe incongruencia e improvisación. Segunda: Las preguntas en torno a las nuevas incluiones de OFAC y sus vínculos con contratistas favoritos del Estado panameño, exigen del gobierno explicaciones completas, verificables y públicas. La evasiva del ministro Orillac, al negar vínculos con el gobierno “hasta donde él conoce”, resulta inaceptable en un tema tan delicado. Para cerrar tenemos la inolvidable “primicia” que diera José Raúl Mulino a su llegada a Oslo: “El vestido de María Corina Machado lo tengo yo en mi cuarto, lo traje yo en mi avión”. Hay tantas aristas erradas en esa declaración, más propia de un monarca que de un presidente, que me quedo con una pregunta: ¿Cuánto nos costó a todos los contribuyentes la travesía textil de una nutrida delegación panameña por cinco días en Noruega? En este escenario complejo de desenlace impredecible, Panamá no aparece como un actor con peso político, sino como el mensajero de un vestido: frívolo, ambiguo y cómodo bailando entre los bandos. Parece que nuestro presidente retrata de cuerpo entero la nueva versión de El Sastre de Panamá. Casas con personas con discapacidad En porcentaje según área Infografía: LP - Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), 2024. 18.5 6.7 20.2 6.0 7.0 17.7 Población con discapacidad Según área y provincia Infografía: LP - Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), 2024. DEGREGACIÓN GEOGRÁFICA TOTAL HOMBRES MUJERES Total 781,478 325,071 456,407 Urbana 523,421 215,968 307,459 Rural 258,057 109,103 148,943 Bocas del Toro 26,313 12,188 14,124 Coclé 55,439 24,114 31,325 Colón 52,563 24,535 28,027 Chiriquí 70,876 31,911 38,966 Darién 9,057 4,117 4,94 Herrera 28,255 12,077 16,178 Los Santos 17,365 6,931 10,434 Panamá 278,904 106,129 172,775 Veraguas 45,027 18,948 26,079 Comarca Guna Yala 6,63 2,327 4,304 Comarca Emberá Wounaan 1,464 723 741 Comarca Ngäbe Buglé 53,308 22,106 31,203 Panamá Oeste " 136,277 58,964 77,312 Los ojos del mundo están puestos en Venezuela. A la escalada militar que desde septiembre lleva a cabo Estados Unidos se suma el endurecimiento de las sanciones económicas contra el entorno de Nicolás Maduro. La incautación del tanquero Skipper y la inclusión en la lista Clinton de figuras claves del régimen han reforzado el cerco. Una intervención en tierra es poco probable por Panorama
7A La Prensa Panamá, miércoles 17 de diciembre de 2025
8A La Prensa Panamá, miércoles 17 de diciembre de 2025 Una vista de las barcazas del convoy en que viajaba empujado por un remolcador, viendo hacia una isla del río Magdalena con una bomba extractora de petróleo. Foto: Stanley Heckadon Diario de viaje: del río Magdalena al umbral de San Blas Stanley Heckadon-Moreno ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] MEMORIA Crónica de un viaje sin fechas ni puertos fijos por el río Magdalena y el Caribe colombiano, antes de cruzar hacia San Blas y Panamá, en el verano de 1970. Esta es la sexta entrega de mi diario de viaje de Bogotá a Narganá y Panamá en el verano de 1970 tras graduarme en la Universidad de Los Andes. Comencé a planearlo al estudiar los pescadores de las islas de San Bernardo. Deseaba conocer la costa a poniente del Golfo de Morrosquillo, muy mencionado en las crónicas del descubrimiento y la conquista, la Culata y Golfo de Urabá, Cabo Tiburón, lindero entre Colombia y Panamá. Abordé en La Dorada el remolcador San Roque que me dejó en Barranca Bermeja. Aquí embarqué en la Monserrate. Retomo mis notas entre Tamalameque y Calamar en la boca del Canal del Dique donde tomé bus a Cartagena. Aquí espera que hubiese una canoa del comercio del coco con San Blas. En una de estas islas tomaría avioneta hasta el aeropuerto de Paitilla en ciudad de Panamá. Si la plata no me alcanza iré hasta Colón y tomaría un bus. Mi plan de viaje no tenía fechas ni puertos fijos. También debía cuidar mis reales. Sábado, abril 4, 1970 ”Partimos de la Boca del Tamalameque a las 6:00 a.m. Hay muchos palos de roble a lo largo del río Magdalena. Están en flor. Es una flor muy bonita. Color de un morado claro que hace el árbol muy distintivo entre la bruma de fin de verano y el humo de las quemas. Otra cosa, es que la tierra a lo largo del Magdalena parece sumamente fértil, como las del río Chiriquí Viejo. Me siento como si estuviese bajando el Chiriquí Viejo, pero uno muchísimo más vasto. Cuanto más, no sé. A las 7:30 a.m. pasamos el pueblo de El Banco. Le pedí al capitán me avisara para no perderme las adjuntas del famoso río Cauca con el Magdalena. A las 2:30 p.m. un marinero vino a avisarme pues estaba yo andaba ocupado tomando fotos. A las 6:30 p.m. alcanzamos Magangué. Es un pueblo grande con la iglesia justo frente al río. Esta noche será la primera que navegaremos toda la noche. Durante los días previos solo anduvimos de día por estar las aguas del río muy bajas siendo fin de verano. Dice el mecánico que probablemente llegaremos a Barranquilla como a las 11:00 a.m. del domingo. El siguiente pueblo grande que pasamos fue Zambrano aquí hay camino hasta Carmen de Bolívar, pueblo hecho famoso por la canción de Lucho Bermúdez. Domingo 5 de abril. De Calamar a Cartagena Anduvimos toda la noche hasta Calamar donde llegamos a las 7:30 a.m. Pregunté si era la boca del Magdalena, dijeron que no, pero tenía que desembarcar pues el remolcador debía volver río arriba. Tomé un bus a Barranquilla, luego a Cartagena. De una vez fui a isla Manga, al Club de Yates, donde el cuidador de uno de los yates me dejaba dormir abordo sin decirle al dueño. Lo conocía el año pasado cuando estudiaba los pescadores de El Islote. Era amigo de Pitirre, capitán de La Doris lancha compradora de pescado, langosta y cambombia en las islas de San Bernardo. 6-12 de abril Por las mañanas y tardes voy a La Malla a ver si hay canoas que comercian con San Blas, cambiando productos colombianos por cocos y dólares. Desde que la porroca acabó con los palmares colombianos los kunas se han convertido en el mayor suplidor de cocos para las cocinas costeñas. Para ello el arroz sin coco no es arroz. Y lo comen dos veces al día. En Cartagena solo hay dos canoas recién llegadas descargando cocos. También estaban la Río Sucio que viaja a Quibdó en el Atrato. Río que por ser tan famoso quiero conocer sino aparece una canoa para San Blas. Ando sin fecha de zarpe. Ninguna de estas canoas tiene radio para comunicarse con tierra así que uno nunca sabe por dónde andan ni cuando llegan. Ya no tengo plata suficiente por si quiero ir vía aérea a Panamá. Por suerte los capitanes de los remolcadores del Magdalena no me cobraron ni pasaje ni comida. Fui un tripulante y mucho aprendí de ellos. ¡Jueves, alegría! Voy a La Malla donde súbito veo venir a la Doris que venía a cargar hielo. Zarpa mañana para El Islote me dijo Pitirre su capitán. Quiero esta lancha más que cualquier yate lujoso. Durante mi trabajo de campo me llevaba gratis de El Islote hasta Cartagena cuando debía hacer algo importante: comprar medicinas para la sinusitis, darme baño de pueblo, ver luz eléctrica, visitar tiendas, parques, comer un raspao y ver a las muchachas cartageneras enchancletadas, con shorts y con ese elegante andar que tienen. No tomaré notas a bordo de La Doris. Es muy marinera pero el fuerte oleaje del viento norte la zarandea mucho. Lleva dos marineros y un par de pescadores todos amigos míos. Estas serán pues, mis ultimas notas de Cartagena. Ahora mi plan ir al Islote a despedirme de su gente que con cariño aceptaron a este estudiante de antropología. Sobre todo de Maminda, Hermelinda Alvarado, mi mamá negra. Luego veré si un pescador me lleva en cayuco a Tolú. Hay rumor que en Tolú o en Coveñas preparan una canoa para San Blas.” Pueblos a la orilla del río Magdalena. Stanley Heckadon Remendando una camisa en río Magdalena
9A La Prensa Panamá, miércoles 17 de diciembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. en concepto de vacaciones, entre otros. Estos subsidios no se consideran parte del salario mínimo, a pesar de que en conjunto superan los aportes anuales del Canal de Panamá al Estado, una cifra que no es despreciable. En pocas palabras, el objetivo original de establecer un salario mínimo ha ido variando cada dos años, más por presiones políticas a ambos lados de la mesa y por la debilidad de los gobiernos de turno, que con base en realidades científicas o matemáticas. Además, no escapa a nuestra cultura popular la tendencia a imponer argumentos mediante insultos, amenazas o improperios, prácticas que en nada contribuyen al análisis técnico que debería prevalecer. Otro de los grandes desaciertos que persisten en estas negociaciones es confundir desigualdad con pobreza. Ningún ser humano nace igual a otro, y pretender distribuir matemáticamente la riqueza para eliminar la desigualdad económica jamás resolverá la pobreza. Basta observar a países que en las últimas décadas han incrementado la igualdad económica de su población, pero a costa de un empobrecimiento generalizado, como Venezuela y Cuba. Ambos, otrora entre los más prósperos del continente, optaron por confiscar o repartir propiedades, empresas e industrias con el argumento de terminar con la desigualdad. Hoy, el salario mínimo en Cuba es de 2,100 pesos, equivalentes a aproximadamente 17.90 dólares mensuales, mientras que en Venezuela es de 270 bolívares, equivalentes a unos 0.50 dólares al mes. Otro ejemplo extremo es Haití, uno de los países con mayor “igualdad” económica, donde el 90% de sus habitantes no alcanza siquiera un nivel mínimo de bienestar y vive en condiciones de Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La Ley 501 y el largo camino hacia la protección infantil Protección infantil significativamente el riesgo de abuso. Metaanálisis con miles de participantes demuestran que enseñar a los niños a identificar situaciones de riesgo, a nombrar correctamente las partes de su cuerpo y a distinguir entre secretos buenos y malos funciona. Panamá, sin embargo, sigue empantanado en debates estériles sobre educación sexual mientras sus niños pagan el precio de la inacción adulta. Los números son escalofriantes y confirman patrones globales: 92% de las víctimas menores de edad son niñas; las edades más afectadas oscilan entre los 3 y 10 años; la mayoría de los agresores pertenece al entorno familiar. En la Comarca Ngäbe-Buglé, los casos aumentaron 73% en un solo año. En la Comarca Emberá, el incremento fue de 294%. Estas no son estadísticas abstractas; son niñas y niños que cruzan ríos para llegar a escuelas donde nadie les ha enseñado que su cuerpo les pertenece, y que regresan a hogares donde el Estado brilla por su ausencia. El escándalo de los albergues en 2021 debió ser un punto de inflexión. Descubrimos que niños con discapacidad eran abusados sistemáticamente en centros supervisados por el Estado; que había niñas que quedaban embarazadas y eran obligadas a interrumpir la gestación para encubrir los crímenes. El Procurador General de la Nación renunció, invocando estos hechos como una de las razones de su salida. Se aprobó la Ley 285. Y luego, como suele ocurrir en Panamá, el escándalo se diluyó Nivia Rossana Castrellón La trampa del salario mínimo Pobreza Nuestra Constitución establece que el salario mínimo debe ajustarse periódicamente para que cubra las necesidades normales del hogar del trabajador, tomando en cuenta las actividades de cada región, y que la ley debe revisarlo de forma periódica. A partir de 1971, el Código de Trabajo, en su artículo 172, definió que dicho salario es la cantidad mínima que debe pagar el empleador al trabajador por unidad de tiempo y actividad, que dicha suma es inembargable hasta el valor establecido y que debe ser fijada periódicamente por una Comisión Nacional Tripartita, por lo menos cada dos años. Dicho Código ha sido parcialmente modificado en cinco ocasiones (1976, 1981, 1986, 1990 y 1995), sin que se haya alterado el contenido del mencionado artículo 172. Definitivamente, las necesidades de cualquier hogar aumentan con el paso de los años, pero también lo hacen los subsidios que ofrece el Estado a las familias de menores recursos, tales como mejores medios de transporte, beneficios en los costos de la energía, precios de sostén a algunos alimentos, aportes para la primera vivienda, descuentos a personas de la tercera edad, más y mejores centros de salud, bonos para estudiantes o para mayores de 60 años, el pago obligatorio del décimo tercer mes y un décimo cuarto mes pobreza extrema. La realidad es que, en los 54 años de vigencia del Código de Trabajo, la Comisión ha logrado consenso solo en tres ocasiones, lo que evidencia un entrampe legal que ha generado más diferencias que soluciones. Los precios de los alimentos varían según la demanda mundial; la inflación externa encarece los bienes importados; la corrupción reduce la inversión en infraestructura; la tecnología transforma la oferta laboral; las manifestaciones públicas ahuyentan la inversión, y el Estado ya no puede seguir aumentando la deuda pública ni sosteniendo indefinidamente mayores subsidios. Si realmente queremos avanzar hacia salarios dignos y sostenibles, debemos ser creativos, alejarnos de teorías ideologizadas y buscar un sistema matemático que permita al trabajador de menores ingresos superarse dentro de un verdadero mercado libre, donde empresas pequeñas y grandes puedan ampliar sus planillas y los salarios se ajusten anualmente mediante fórmulas claras, medibles y verificables, sin intervenciones populistas, clientelistas ni políticas. Ya es hora de romper el círculo vicioso de la actual trampa bianual, que —seamos francos— no aporta beneficios ni credibilidad ni al gobierno ni a los sectores laborales o empresariales. El autor fue ministro de Comercio e Industrias y embajador de Panamá tanto en Washington como en Italia. Opinión EL AUTOR fue ministro de Comercio e Industrias y embajador de Panamá tanto en Washington como en Italia. LA AUTORA es educadora, expresidenta de la Junta Nacional de Escrutinio y mentora de Jóvenes Unidos por la Educación. en el siguiente ciclo noticioso. La indignación tiene fecha de vencimiento; el trauma de las víctimas, no. La Ley 501 es una herramienta de prevención situacional: permite a familias y empleadores verificar antecedentes. Pero la verdadera prevención —la que evita que el abuso ocurra— requiere inversión sostenida en educación, presencia institucional en territorios olvidados y el desmantelamiento de una cultura que normaliza el silencio. Cada encuesta revela que la inmensa mayoría de las víctimas nunca denuncia. El abuso intrafamiliar prospera en el secreto, en la vergüenza y en la dependencia económica de madres que no pueden proteger a sus hijos porque no tienen redes ni alternativas reales. Celebramos la Ley 501 como un avance, pero no nos engañemos: saber quién es el vecino no protegerá a la niña cuyo agresor duerme en la habitación de al lado y nunca ha sido denunciado. Necesitamos programas de prevención obligatorios en todas las escuelas, desde preescolar. Necesitamos que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) tenga presencia real en las comarcas. Necesitamos protocolos de denuncia que protejan a los docentes que reportan. Necesitamos, sobre todo, dejar de mirar hacia otro lado. Mientras escribo estas líneas, un niño en algún rincón de Panamá está siendo abusado por alguien en quien confía. Mañana, quizás, habrá una denuncia más en las estadísticas del Ministerio Público. O quizás no, porque el silencio sigue siendo la norma. La Ley 501 nos permite conocer a los condenados de ayer. La pregunta incómoda es qué estamos haciendo hoy para proteger a las víctimas de mañana. Cada 90 minutos, una familia panameña presenta una denuncia por agresión sexual. Detrás de cada expediente hay un niño o niña cuya infancia fue arrebatada, en la mayoría de los casos, por alguien que conocía: un tío, un padrastro, un vecino o incluso sus propios padres. La entrada en vigencia de la Ley 501, impulsada por la diputada Paulette Thomas, representa un paso significativo: por primera vez, los panameños podrán saber si quien cuida a sus hijos, o quien vive en la casa de al lado, ha sido condenado por delitos sexuales. La nueva norma, que modifica la Ley 244 de 2021, establece el carácter público del Sistema Nacional de Registro de Ofensores Sexuales, que hasta ahora permanecía oculto tras puertas institucionales. Como bien señaló Thomas al defenderla en el pleno: «No estamos hablando de alguien que robó un celular. Estamos hablando de depredadores que están acabando con la inocencia de niños y niñas». Su aprobación unánime —42 votos a favor y cero en contra— refleja un raro consenso político frente a una realidad que nos avergüenza: más de 3,300 denuncias solo en el primer semestre de 2025. Seamos honestos: un registro público, aunque necesario, no es una solución. Es una reacción. La evidencia científica internacional es contundente: los programas de prevención en escuelas reducen Roberto Alfaro Estripeaut La Ley 501 abre el registro de ofensores sexuales, pero deja en evidencia una deuda mayor del Estado: prevenir el abuso infantil antes de que ocurra, especialmente en los hogares. La luz perdurable: el mensaje atemporal de Janucá Celebración El mundo judío celebra esta semana una festividad milenaria: Janucá. Al coincidir este año con fechas cercanas a la Navidad (del 14 al 22 de diciembre), Janucá ofrece un mensaje similar de esperanza y resiliencia, simbolizado por el poder perdurable de la luz sobre la oscuridad. Janucá, la Fiesta de las Luces, es un tiempo de encuentros familiares y comunitarios centrados en el encendido de la menorá (candelabro). A medida que se encienden cada vez más luces a lo largo de ocho noches consecutivas, estas no solo recuerdan un acontecimiento histórico, sino que también ofrecen una guía luminosa para el presente. Durante miles de años, estos resplandores han transmitido el mensaje de que el pueblo judío conserva la capacidad de superar amenazas a su existencia mediante la solidaridad, la determinación, la creatividad y, sobre todo, el optimismo hacia el futuro. La profunda resonancia histórica de la festividad se origina en un momento decisivo del siglo II a. C., cuando toda la región, incluida Judea, estaba bajo el control de un poderoso imperio greco-sirio. El pequeño pero decidido pueblo judío, liderado por los macabeos, se alzó contra este imperio formidable, liberó la Tierra de Israel y restableció un reino judío independiente. Janucá marca una asombrosa victoria de los pocos sobre los muchos. Es un testimonio del poder de la convicción justa y de la negativa del espíritu humano a rendirse en su libertad o a comprometer su identidad. El pueblo judío se enfrentó a amenazas enormes, pero logró resistir las numerosas tormentas de la historia —de manera similar a como el pequeño David se enfrentó al colosal Goliat en los tiempos bíblicos— hasta llegar a la era moderna, cuando recuperó su independencia en su antigua patria, la Tierra de Israel. El amor por la libertad sigue vivo hoy en el Estado de Israel, que continúa demostrando la misma determinación frente a probabilidades abrumadoras. En los últimos años, esa determinación vuelve a ser puesta duramente a prueba por las fuerzas del yihadismo global, desde el régimen iraní y Hamás palestino hasta Hezbolá libanés y los hutíes yemeníes, respaldados en todo el mundo por quienes también buscan deslegitimar, debilitar y, finalmente, destruir al único Estado judío. Quizás no debería sorprender que estas amenazas contemporáneas recuerden a las de la antigüedad. Al fin y al cabo, los yihadistas buscan un retorno a prácticas arcaicas, represivas y abiertamente malvadas, abandonadas por la mayor parte de la humanidad hace muchos siglos. En consecuencia, hoy como entonces, la llama de la libertad debe ser protegida tanto en la Tierra de Israel como en el resto del mundo libre. Janucá es más que una festividad; es una lección vital e inspiradora. Nos recuerda a la humanidad que ningún desafío es demasiado grande, ningún imperio demasiado poderoso y ninguna noche demasiado absoluta como para extinguir la luz firme y valiente de la esperanza. Al reunirnos alrededor de la menorá esta semana, extraeremos optimismo y fortaleza de un mensaje perdurable: la luz —símbolo de los valores positivos que todos apreciamos profundamente— tiene el poder de ahuyentar la oscuridad y cambiar el mundo para mejor. EL AUTOR es embajador de Israel en Panamá. Mattanya Cohen Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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