6A La Prensa Panamá, martes 16 de diciembre de 2025 Adolfo Chichi De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), recurrió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que revise la condena de 120 meses de prisión que le fue impuesta por el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple. A través del edicto No.258 fijado el 10 de diciembre, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales remitió a la Sala Penal el recurso de casación interpuesto por el abogado Víctor Collado, en representación de De Obarrio. El exfuncionario pretende que la Sala Penal revise la sentencia No.08 del 30 de abril de 2025 por la cual el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penal confirmó la sentencia impuesta a De Obarrio por la comisión del delito de blanqueo de capitales. En esa decisión, el Tribunal estimó que quedó probado que el exfuncionario era el beneficiario final de altas sumas de dinero que le fueron entregadas, en su mayoría en efectivo. Como pena accesoria, se le impuso el pago de 5 millones 91 mil 486 balboas con 92 centésimos, que deberá abonar al Tesoro Nacional en un plazo de 24 meses, una vez cumplida la pena principal. Según el Tribunal, se comprobó que De Obarrio utilizó tres esquemas para blanquear fondos provenientes del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), los cuales eran asignados a empresas contratistas para ejecutar proyectos como la construcción de zonas pagas y el sistema de alcantarillado de la ciudad de Chitré, provincia de Herrera. Entre los esquemas utilizados por De Obarrio se identificaron: el uso de sociedades para la compra y venta de inmuebles, el uso de testaferros o intermediarios financieros para el lavado de activos, y el uso de cuentas de colecta o recaudación. Según la investigación, De Obarrio dio instrucciones a Sergio González Ruiz, expresidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, para que se quedara con fondos ilíciChichi De Obarrio recurre a la Corte en condena por blanqueo de capitales SALA PENAL tos provenientes de actividades de corrupción. A De Obarrio también se le investigó por el delito de enriquecimiento injustificado por un monto de $3.7 millones que según el Ministerio Público luego derivaron en el blanqueo de capitales. Silvana Manzini de De Obarrio, madre de Chichi De Obarrio, fue imputada y condenada por el delito de enriquecimiento injustificado. Ella recibió una pena de 28 meses de prisión por la comisión de este delito, que le fue reemplazada por el pago de una multa de $12 mil. En este caso el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales ordenó el comiso de $57,792 como parte de la pena impuesta. Adolfo De Obarrio, actualmente radicado en Italia, no compareció a este proceso ni al relacionado con la compra de comida deshidratada, por $44.5 millones, gestionada a través del extinto PAN. A De Obarrio se le vinculó con varias investigaciones relacionadas con el PAN, en las que mencionaba la asignación de contratos de manera directa para realización de programas de interés social. Chichi De Obarrio salió del país en el año 2014, pocos días después que concluyera la administración de Ricardo Martinelli y, desde ese momento, no ha regresado. Las autoridades panameñas intentaron gestionar su extradición desde Italia, pero dicha gestión fracasó ya que no existe un tratado que lo permita. Actualmente, la CSS cuenta con alrededor de 72 instalaciones en todo el país, mientras que el Minsa dispone de más de 200. Elysée Fernández Plan de integración en atención está trazado y tomará dos años Aleida Samaniego C. [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] GESTIÓN DE LA SALUD El proceso de integración entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social arrancará en Herrera y Los Santos. Se busca unificar la atención mediante un modelo de atención primaria. La integración del sistema de atención de salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) tomará alrededor de dos años y se iniciará de forma gradual en las provincias de Herrera y Los Santos, según explicó Carlos Abadía, asesor del Minsa y uno de los responsables técnicos del proceso. Abadía indicó que la meta es que el sistema integrado esté plenamente operativo hacia finales de 2027, de modo que los años siguientes se destinen a ajustes y perfeccionamiento del modelo. A su juicio, el plazo responde a una lección aprendida de intentos fallidos anteriores: extender demasiado el proceso lo expone a cambios políticos que terminan por revertirlo. “No podemos plantear esto a cinco años. Tiene que consolidarse dentro de este período de gobierno y quedar blindado como una política de Estado”, sostuvo. El asesor detalló que ya se realizaron las primeras visitas técnicas a Herrera y Los Santos, donde equipos del Minsa y la CSS levantaron información sobre infraestructura disponible, recurso humano, población asignada y capacidad instalada. Ese diagnóstico inicial servirá de base para implementar la estrategia de atención primaria de salud (APS), eje central del proceso de integración. Sistema fragmentado De acuerdo con Abadía, la coexistencia de dos instituciones que prestan servicios de atención de salud —con planificaciones, políticas y redes de atención distintas— ha generado ineficiencias, duplicación de funciones y desigualdades en el acceso a los servicios, además de mayores costos para el Estado. Actualmente, la CSS cuenta con alrededor de 72 instalaciones en todo el país, mientras que el Minsa dispone de más de 200. Sin embargo, existen amplias zonas del territorio nacional donde la CSS no tiene presencia, pese a que allí residen asegurados, jubilados y pensionados. “Sería irresponsable pensar que el Seguro Social debeinvertirmilesdemillones de dólares en construir instalaciones nuevas, muchas veces frente a las del Minsa. La integración permite aprovechar las fortalezas de ambas instituciones”, señaló. Atención primaria y médico de cabecera El modelo de integración se apoya en la implementación de la atención primaria de salud, un enfoque que busca ordenar la atención médica y desplazar el actual esquema basado en la demanda espontánea. Abadía explicó que el modelo contempla la figura del médico de cabecera, un médico general responsable de un número definido de familias dentro de un territorio específico. Este profesional dará seguimiento continuo a los pacientes, en particular a quienes padecen enfermedades crónicas —como diabetes, hipertensión o afecciones cardiovasculares— y solo referirá a los especialistas los casos que lo requieran. “El problema hoy es que las personas acuden al sistema solo cuando se sienten mal. No hay control ni prevención, y eso genera filas desde la madrugada, citas con meses de espera y una sobrecarga innecesaria de especialistas”, explicó. Según Abadía, se estima que hasta un 40% de las consultas de especialidad podrían resolverse en el primer nivel de atención si existiera un sistema ordenado de seguimiento médico. Uno de los beneficios más relevantes del nuevo modelo, señaló, será la continuidad de la atención médica para los trabajadores que pierden su empleo y, con ello, su condición de asegurados. Actualmente, cuando una persona deja de cotizar a la CSS, pierde acceso a sus tratamientos, lo que provoca un deterioro de su salud y mayores costos cuando vuelve a incorporarse al sistema laboral. Durante la pandemia, recordó Abadía, cerca de 250 mil asegurados pasaron a la condición de no asegurados en pocos meses, interrumpiendo tratamientos de enfermedades crónicas. “Con la integración, el paciente continúa con su médico y su tratamiento, independientemente de si está o no cotizando. Eso es una ganancia para la población y para el sistema”, afirmó. También respondió a una de las inquietudes más frecuentes: si la atención de personas no aseguradas recaerá sobre el presupuesto de la CSS. Fue enfático en señalar que no. Explicó que, dentro del esquema de integración, cada entidad asumirá los costos de los pacientes que atienda, sin importar si el servicio se presta en sus instalaciones o en las de la otra institución. Esto significa que la responsabilidad presupuestaria de la atención a no asegurados seguirá recayendo en el Minsa. Provincias piloto Herrera y Los Santos fueron seleccionadas como provincias piloto por su tamaño, distancias manejables y experiencias previas de coordinación entre ambas instituciones. Además, el Minsa ya cuenta con expediente clínico electrónico en todas sus instalaciones en estas provincias, lo que facilitará la interoperabilidad mientras la CSS avanza en soluciones temporales para cerrar esa brecha tecnológica. El proceso también contempla el uso de telemedicina y la capacitación progresiva del personal de salud —incluidos médicos generales y enfermeras— ante la escasez de especialistas, un problema que, según Abadía, no es exclusivo de Panamá, sino global. La integración tiene sustento legal en la Constitución Nacional, decretos ejecutivos y la ley de la CSS. Además, cuenta con respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos equipos asesoran el proceso. Abadía destacó que, por primera vez en más de cinco décadas, existe coincidencia de visión entre el Ejecutivo, el Minsa y la dirección de la CSS, así como apoyo expreso de sectores de la sociedad civil. Tras la experiencia en Herrera y Los Santos, el plan es extender la integración a otras provincias, como Coclé y Veraguas, sin esperar a que el primer bloque esté completamente perfeccionado. “El país lleva más de 50 años hablando de integración. La diferencia ahora es que se está intentando hacerlo en un plazo concreto y con la intención de dejarlo blindado”, concluyó. Críticas de gremios médicos Dos gremios médicos han expresado su preocupación por el proceso de integración. La Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst) advirtió que los fondos de la CSS provienen de los cotizantes y no deberían destinarse a financiar la atención de personas no aseguradas sin una representación equitativa en los espacios de decisión. A esta preocupación se suma la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la CSS (Amoaccs), que el pasado 3 de diciembre rechazó la propuesta de integración. Según el gremio, la medida: Representaría una carga financiera injusta para los trabajadores cotizantes; no resolvería los problemas estructurales del sistema; podría afectar la autonomía financiera de la CSS y vulnerar disposiciones legales vigentes. El gremio rechaza enérgicamente cualquier intento de utilizar los recursos de los asegurados para cubrir deficiencias del Minsa y advirtió que, de concretarse, sería la “crónica de una muerte financiera anunciada”. Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio se encuentra en Italia desde el año 2014. Captura de pantalla de Instagram Panorama
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