2A La Prensa Panamá, martes 16 de diciembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mónica Palm [email protected] Fernando Boyd, ministro de Salud (izq.); y Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia. Archivo Minsa pide al Gabinete aprobar contrato directo con Hombres de Blanco DESINFECCIÓN DE HOSPITALES El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ha dirigido una carta a su colega Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, a fin de que el Consejo de Gabinete dé su aprobación para hacer una contratación directa de Hombres de Blanco, Corp., por un monto de $15.2 millones —por espacio de un año— para el servicio de aseo, limpieza y desinfección de ocho hospitales públicos. La carta, fechada el 4 de diciembre, añade que la contratación sería a partir del 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, lo que significa que la empresa ha estado prestando un servicio que no cuenta con un contrato respaldado con el refrendo de la Contraloría General de la República, como ocurrió con los contratos para esos mismos ocho hospitales y por los mismos servicios, que se prestaron sin el previo refrendo de la institución. Los hospitales son los mismos de la contratación directa que hizo el Ministerio de Salud (Minsa) a principios de enero de este año, cuando concedió dos contratos directos a Hombres de Blanco, Corp. y uno a la empresa Sicarelle Holding, Inc., cuya duración fue de seis meses y que finalizaron el pasado 30 de junio. Al día siguiente —el 1 de julio de 2025— entró a regir (en la práctica) el contrato que ahora el ministro Boyd pretende que el Gabinete apruebe de forma directa, una vez más. El Minsa asegura que este procedimiento excepcional de contratación de Hombres de Blanco tiene como objetivo darle tiempo al ministerio para llevar a cabo una licitación pública para adjudicar el servicio a partir del 1 de julio de 2026. Hombres de Blanco se encarga de la limpieza de los hospitales Anita Moreno, Joaquín Pablo Franco Sayas, Cecilio A. Castillero, Nicolás A. Solano, San Miguel Arcángel, Luis Chicho Fábrega, Aquilino Tejeira y el Instituto Nacional de Salud Mental Matías Hernández. A pesar de que tanto la anterior contratación como la presente se han realizado de forma directa, el Minsa asegura que “se ha hecho evidente la necesidad de mejorar la competitividad entre los proveedores de limpieza y asegurar que los servicios sean brindados de manera eficiente…”. Además, dice el Minsa, la contratación directa se justifica porque no se contaba con el presupuesto para realizar el procedimiento de contratación de una empresa que pueda garantizar la prestación del servicio de manera inmediata antes del vencimiento de los contratos que estuvieron vigentes hasta el 30 de junio pasado. La partida presupuestaria para esta contratación directa fue obtenida, según el Minsa, cuando la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó su traslado el pasado 23 de octubre y fue puesta en línea un mes después. En otras palabras, el Minsa no tenía en su presupuesto los fondos para la limpieza y desinfección de dichos hospitales. Ayer, en una entrevista en TVN Noticias, el contralor Anel Flores justificó los contratos a Hombres de Blanco, a fin de evitar una “crisis sanitaria” en los hospitales del Minsa. Roberto Zúñiga, jefe de bancada de Vamos; y Anel Flores, contralor de la República. Archivo Contralor y políticos chocan por rendición de cuentas Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CONTROVERSIA La polémica se intensificó ayer, cuando el contralor elevó el tono de sus críticas en medio de cuestionamientos al rol de la Contraloría por la aprobación de fondos a municipios. La fiscalización del financiamiento político a los partidos y las polémicas transferencias a los municipios abrieron un nuevo frente de tensión institucional que enfrenta a la Contraloría General de la República con los partidos políticos y expertos en materia electoral. La controversia se intensificó ayer, cuando el contralor general de la República, Anel Flores, elevó el tono de sus críticas en medio de cuestionamientos al rol de la Contraloría por la aprobación de fondos destinados a municipios y juntas comunales. El funcionario reveló la existencia de una lista oficial de diputados y partidos políticos morosos en materia de transparencia, a quienes acusó de no haber cumplido con la obligación legal de informar sobre el uso de recursos públicos, en particular los fondos postelectorales. “Esto que está aquí es la lista de los diputados que no han cumplido con su rendición de cuentas”, afirmó Flores, al precisar que “la mayoría son del partido Vamos, o de la coalición Vamos, como le quieran decir”, durante una entrevista en TVN Noticias. La mayoría de los diputados de Vamos ha cuestionado la distribución adicional y discrecional de fondos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como la aprobación de la Contraloría a favor de alcaldes allegados al gobierno de turno. Flores extendió el señalamiento a las organizaciones políticas y aseguró que el incumplimiento no es un hecho aislado. “Solamente cuatro partidos han cumplido”, sostuvo, antes de enumerar a los que no lo han hecho: “El PRD no ha cumplido con su rendición de cuentas. El Molirena tampoco. MOCA. Ricardo Lombana, presidente de MOCA. Él no ha cumplido con ninguna rendición de cuentas”. También mencionó a diputados específicos, como Alejandra Brenes (Vamos) y Betserai Richards (bancada Seguimos), y advirtió que “aquí hay varios que no han cumplido ni siquiera con la rendición de cuentas, pero son los primeros que se rasgan la ropa señalando temas del Estado”. Las reacciones Las declaraciones del contralor generaron reacciones inmediatas. Diputados de la bancada Vamos, como Roberto Zúñiga y Janine Prado; el exdiputado independiente y fundador de esa coalición, Juan Diego Vásquez; y el presidente del Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana, rechazaron los señalamientos y defendieron el cumplimiento de sus obligaciones legales. Uno de los primeros en pronunciarse fue Vásquez, quien aseguró que la información difundida por el contralor no refleja la realidad de su bancada. “Hay 18 diputados en la coalición Vamos; de esos, cinco renunciaron a todo el financiamiento postelectoral, es decir, 13 tienen la responsabilidad de rendir cuentas”, explicó. Precisó que “de esos 13, solamente dos pidieron una prórroga, y una de las personas mencionadas ya había entregado el informe antes de que el contralor dijera que no lo había hecho”. Según Vásquez, las afirmaciones de Flores inducen a error a la ciudadanía al presentar las prórrogas como incumplimientos. “Solamente queda uno de 18 por entregar el informe de rendición de cuentas ante la Contraloría”, afirmó, y retó al funcionario a desmentirlo públicamente. “La prórroga no significa que no se haya cumplido; no se confunda la ciudadanía. Es una prórroga, es decir, ‘deme un par de días más para entregar’”, sostuvo, al tiempo que recordó que fue el propio equipo de la Contraloría el que recomendó solicitar extensiones durante capacitaciones realizadas junto al Tribunal Electoral. El exdiputado también cuestionó el énfasis del contralor en señalar a diputados y partidos políticos, mientras —según dijo— evita explicar decisiones clave de su gestión. “En vez de estar sembrando dudas y mentiras, tiene que decirle al país por qué en septiembre de 2025 refrendó rápidamente millones de dólares para juntas comunales y municipios, y que explique a dónde se fue ese dinero”, reclamó. Más cuestionamientos El diputado y jefe de bancada de Vamos, Roberto Zúñiga, afirmó que es falso que la bancada no transparente el uso de los recursos. parencia, una postura que, añadió, “parece que les incomoda”. ¿Extralimitación de funciones? A la controversia se sumó el exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, quien advirtió que la Contraloría podría estar duplicando funciones que la ley asigna de manera expresa al órgano electoral, elevando el debate a un plano institucional sobre los límites de la fiscalización estatal. “En la administración pública y privada hay que evitar procesos dobles. Es el Tribunal Electoral el responsable de supervisar los fondos que se entregan en concepto de subsidio electoral”, sostuvo Márquez Amado, al subrayar que la Contraloría ya cuenta con representación dentro de esa institución, por lo que —a su juicio— no debería “saltar a la entidad primaria responsable”. El exmagistrado fue más allá al señalar que la Contraloría estaría incurriendo en una interferencia institucional al asumir atribuciones que corresponden a otros órganos del Estado. “La Contraloría viene interfiriendo en funciones de la Procuraduría y de la ANTAI [Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información]”, afirmó, y advirtió que el contralor “se está tomando atribuciones o competencias que le corresponden a otras entidades”. Según Márquez Amado, mientras el Tribunal Electoral es el ente competente para supervisar cómo se gastan los recursos del financiamiento electoral, el rol de la Contraloría debe limitarse a verificar que esos fondos “se hayan manejado correctamente”, sin invadir funciones ajenas. El pasado 21 de agosto, la Contraloría General de la República emitió una resolución que fue publicada en la Gaceta Oficial el 31 de octubre, mediante la cual se aprobó la Guía de Rendición de Cuentas de los partidos políticos y de los funcionarios electos por la libre postulación, la cual obliga a entregar informes sobre el financiamiento público correspondiente al período 2024-2029. Señaló que publican informes mensuales de rendición de cuentas y que, de manera voluntaria, hacen públicas las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de sus diputados, una práctica que —según destacó— no realiza ninguna otra agrupación política. Además, subrayó en rueda de prensa que entregaron íntegramente el subsidio postelectoral a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), por un monto de seis millones de dólares, para apoyar la lucha contra el cáncer. En tanto, el presidente del Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana, calificó los señalamientos como falsos y aseguró que su colectivo ha cumplido “con absolutamente todo lo exigido por las leyes” y que continuará haciéndolo. Añadió que la lucha contra la corrupción debe darse “con hechos, rigor y verdad, no con insinuaciones públicas” contra quienes —según afirmó— exigen trans-
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