1A La Prensa Panamá, martes 16 de diciembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 16 de diciembre de 2025 - Año 45 - Nº 15232 Hoy por hoy El caso del Municipio de Chagres vuelve a poner en el centro de la opinión pública un problema estructural del manejo de los fondos públicos: la opacidad. Que el alcalde Eugenio Delgado tenga investigaciones en curso no lo hace culpable ni le impide, por sí solo, que el municipio que gobierna reciba recursos del Estado. La presunción de inocencia no se discute. Lo que sí resulta cuestionable es que, pese al historial reciente y al contexto judicial, no exista información clara sobre la rendición de cuentas de $300,000 transferidos por el MEF en noviembre de 2024. La transparencia no se agota en cumplir trámites legales; exige explicar por qué unos municipios reciben fondos y otros no, bajo qué criterios técnicos se toman esas decisiones y cómo se fiscaliza su uso. Aún no se ha publicado el detalle completo de las transferencias municipales, pese a solicitudes reiteradas. Esa falta de información alimenta sospechas legítimas y debilita la confianza ciudadana. Sin reglas claras y datos públicos, cada desembolso se convierte en un acto político antes que administrativo, y el manejo del dinero público corre el riesgo de seguir siendo sinónimo de discrecionalidad. Ellas.pa El fenómeno de los villanos redimidos 5B Siete defensores panameños, activos en el fútbol europeo 4B Deportes Plan piloto de la integración de los servicios de salud en Herrera y Los Santos El Gobierno ya puso en marcha un plan para integrar los servicios de salud del Minsa y la CSS, que se ejecutará de forma gradual durante dos años y arrancará en Herrera y Los Santos en atención primaria y médico de cabecera. VEA 6A Municipio de Chagres también recibió partida Eliana Morales Gil [email protected] El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió en noviembre de 2024 $300,000 al municipio de Chagres, gobernado por Eugenio Geñito Delgado, uno de los procesados por el escándalo de FONDOS PÚBLICOS Se trata del alcalde de Chagres, Eugenio Delgado, que recibió fondos pese a la investigación por presunto peculado, en el caso de la ‘descentralización paralela’. la descentralización paralela y actualmente bajo arresto domiciliario. Pese a la investigación por presunto peculado —tras haber recibido $6,041,598 en el quinquenio 2019–2024, con supuestas irregularidades por $1.4 millones—, su administración volvió a recibir fondos del Ejecutivo, aun cuando el caso se hizo público a inicios de 2024. Delgado fue electo en mayo de 2024 para tres cargos, aunque renunció luego a la suplencia de Nelson Jackson y a la representación del corregimiento de Salud para quedarse solo con la alcaldía de Chagres. Tanto Delgado como Jackson fueron postulados por PRD, RM y Molirena. Tras los comicios, Jackson se integró a la bancada de RM. El exdiputado Juan Diego Vásquez ha cuestionado que las transferencias del MEF respondan a vínculos políticos más que a criterios técnicos, señalamiento que Jackson rechazó. El MEF no ha publicado el detalle de los desembolsos, mientras que otro municipio del circuito 3-2, Portobelo, recibió $150,000 a finales de 2024. VEA 4A La Contraloría debe velar por el buen uso de los recursos. Archivo La fiscalización del financiamiento político y las transferencias a municipios abrió un nuevo foco de tensión institucional entre la Contraloría General de la República, los partidos políticos y expertos electorales. El contralor Anel Flores intensificó las críticas al revelar una lista de diputados y partidos que, según dijo, no han cumplido con la rendición de cuentas de fondos públicos, en especial los recursos postelectorales. Señaló a la coalición Vamos como la principal incumplidora y afirmó que solo cuatro partidos han presentado informes completos. Las reacciones fueron inmediatas. Diputados de Vamos, el exdiputado Juan Diego Vásquez y el presidente de Moca, Ricardo Lombana, rechazaron los señalamientos y defendieron el cumplimiento de sus obligaciones. VEA 2A TRANSPARENCIA La deuda de los panameños alcanza $42 mil 557 millones Chichi De Obarrio recurre a la Corte en el caso Blue Apple Uso de fondos enfrenta a la Contraloría y políticos El saldo de la deuda de los panameños en productos financieros alcanzó $42 mil 557 millones al cierre de noviembre, según la APC. Hipotecas es el mayor, le siguen préstamos personales, tarjetas de crédito y préstamos para autos. VEA 1B Adolfo Chichi De Obarrio pidió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que revise la condena de 10 años de prisión por blanqueo de capitales que se le impuso en el caso Blue Apple. VEA 6A ENDEUDAMIENTO JUDICIAL Foto ilustrativa de una reunión en abril pasado en el despacho del alcalde del distrito de Chagres, Eugenio Delgado (al fondo). Tomado de @alcaldíadechagres
2A La Prensa Panamá, martes 16 de diciembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mónica Palm [email protected] Fernando Boyd, ministro de Salud (izq.); y Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia. Archivo Minsa pide al Gabinete aprobar contrato directo con Hombres de Blanco DESINFECCIÓN DE HOSPITALES El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ha dirigido una carta a su colega Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, a fin de que el Consejo de Gabinete dé su aprobación para hacer una contratación directa de Hombres de Blanco, Corp., por un monto de $15.2 millones —por espacio de un año— para el servicio de aseo, limpieza y desinfección de ocho hospitales públicos. La carta, fechada el 4 de diciembre, añade que la contratación sería a partir del 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, lo que significa que la empresa ha estado prestando un servicio que no cuenta con un contrato respaldado con el refrendo de la Contraloría General de la República, como ocurrió con los contratos para esos mismos ocho hospitales y por los mismos servicios, que se prestaron sin el previo refrendo de la institución. Los hospitales son los mismos de la contratación directa que hizo el Ministerio de Salud (Minsa) a principios de enero de este año, cuando concedió dos contratos directos a Hombres de Blanco, Corp. y uno a la empresa Sicarelle Holding, Inc., cuya duración fue de seis meses y que finalizaron el pasado 30 de junio. Al día siguiente —el 1 de julio de 2025— entró a regir (en la práctica) el contrato que ahora el ministro Boyd pretende que el Gabinete apruebe de forma directa, una vez más. El Minsa asegura que este procedimiento excepcional de contratación de Hombres de Blanco tiene como objetivo darle tiempo al ministerio para llevar a cabo una licitación pública para adjudicar el servicio a partir del 1 de julio de 2026. Hombres de Blanco se encarga de la limpieza de los hospitales Anita Moreno, Joaquín Pablo Franco Sayas, Cecilio A. Castillero, Nicolás A. Solano, San Miguel Arcángel, Luis Chicho Fábrega, Aquilino Tejeira y el Instituto Nacional de Salud Mental Matías Hernández. A pesar de que tanto la anterior contratación como la presente se han realizado de forma directa, el Minsa asegura que “se ha hecho evidente la necesidad de mejorar la competitividad entre los proveedores de limpieza y asegurar que los servicios sean brindados de manera eficiente…”. Además, dice el Minsa, la contratación directa se justifica porque no se contaba con el presupuesto para realizar el procedimiento de contratación de una empresa que pueda garantizar la prestación del servicio de manera inmediata antes del vencimiento de los contratos que estuvieron vigentes hasta el 30 de junio pasado. La partida presupuestaria para esta contratación directa fue obtenida, según el Minsa, cuando la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó su traslado el pasado 23 de octubre y fue puesta en línea un mes después. En otras palabras, el Minsa no tenía en su presupuesto los fondos para la limpieza y desinfección de dichos hospitales. Ayer, en una entrevista en TVN Noticias, el contralor Anel Flores justificó los contratos a Hombres de Blanco, a fin de evitar una “crisis sanitaria” en los hospitales del Minsa. Roberto Zúñiga, jefe de bancada de Vamos; y Anel Flores, contralor de la República. Archivo Contralor y políticos chocan por rendición de cuentas Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CONTROVERSIA La polémica se intensificó ayer, cuando el contralor elevó el tono de sus críticas en medio de cuestionamientos al rol de la Contraloría por la aprobación de fondos a municipios. La fiscalización del financiamiento político a los partidos y las polémicas transferencias a los municipios abrieron un nuevo frente de tensión institucional que enfrenta a la Contraloría General de la República con los partidos políticos y expertos en materia electoral. La controversia se intensificó ayer, cuando el contralor general de la República, Anel Flores, elevó el tono de sus críticas en medio de cuestionamientos al rol de la Contraloría por la aprobación de fondos destinados a municipios y juntas comunales. El funcionario reveló la existencia de una lista oficial de diputados y partidos políticos morosos en materia de transparencia, a quienes acusó de no haber cumplido con la obligación legal de informar sobre el uso de recursos públicos, en particular los fondos postelectorales. “Esto que está aquí es la lista de los diputados que no han cumplido con su rendición de cuentas”, afirmó Flores, al precisar que “la mayoría son del partido Vamos, o de la coalición Vamos, como le quieran decir”, durante una entrevista en TVN Noticias. La mayoría de los diputados de Vamos ha cuestionado la distribución adicional y discrecional de fondos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como la aprobación de la Contraloría a favor de alcaldes allegados al gobierno de turno. Flores extendió el señalamiento a las organizaciones políticas y aseguró que el incumplimiento no es un hecho aislado. “Solamente cuatro partidos han cumplido”, sostuvo, antes de enumerar a los que no lo han hecho: “El PRD no ha cumplido con su rendición de cuentas. El Molirena tampoco. MOCA. Ricardo Lombana, presidente de MOCA. Él no ha cumplido con ninguna rendición de cuentas”. También mencionó a diputados específicos, como Alejandra Brenes (Vamos) y Betserai Richards (bancada Seguimos), y advirtió que “aquí hay varios que no han cumplido ni siquiera con la rendición de cuentas, pero son los primeros que se rasgan la ropa señalando temas del Estado”. Las reacciones Las declaraciones del contralor generaron reacciones inmediatas. Diputados de la bancada Vamos, como Roberto Zúñiga y Janine Prado; el exdiputado independiente y fundador de esa coalición, Juan Diego Vásquez; y el presidente del Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana, rechazaron los señalamientos y defendieron el cumplimiento de sus obligaciones legales. Uno de los primeros en pronunciarse fue Vásquez, quien aseguró que la información difundida por el contralor no refleja la realidad de su bancada. “Hay 18 diputados en la coalición Vamos; de esos, cinco renunciaron a todo el financiamiento postelectoral, es decir, 13 tienen la responsabilidad de rendir cuentas”, explicó. Precisó que “de esos 13, solamente dos pidieron una prórroga, y una de las personas mencionadas ya había entregado el informe antes de que el contralor dijera que no lo había hecho”. Según Vásquez, las afirmaciones de Flores inducen a error a la ciudadanía al presentar las prórrogas como incumplimientos. “Solamente queda uno de 18 por entregar el informe de rendición de cuentas ante la Contraloría”, afirmó, y retó al funcionario a desmentirlo públicamente. “La prórroga no significa que no se haya cumplido; no se confunda la ciudadanía. Es una prórroga, es decir, ‘deme un par de días más para entregar’”, sostuvo, al tiempo que recordó que fue el propio equipo de la Contraloría el que recomendó solicitar extensiones durante capacitaciones realizadas junto al Tribunal Electoral. El exdiputado también cuestionó el énfasis del contralor en señalar a diputados y partidos políticos, mientras —según dijo— evita explicar decisiones clave de su gestión. “En vez de estar sembrando dudas y mentiras, tiene que decirle al país por qué en septiembre de 2025 refrendó rápidamente millones de dólares para juntas comunales y municipios, y que explique a dónde se fue ese dinero”, reclamó. Más cuestionamientos El diputado y jefe de bancada de Vamos, Roberto Zúñiga, afirmó que es falso que la bancada no transparente el uso de los recursos. parencia, una postura que, añadió, “parece que les incomoda”. ¿Extralimitación de funciones? A la controversia se sumó el exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, quien advirtió que la Contraloría podría estar duplicando funciones que la ley asigna de manera expresa al órgano electoral, elevando el debate a un plano institucional sobre los límites de la fiscalización estatal. “En la administración pública y privada hay que evitar procesos dobles. Es el Tribunal Electoral el responsable de supervisar los fondos que se entregan en concepto de subsidio electoral”, sostuvo Márquez Amado, al subrayar que la Contraloría ya cuenta con representación dentro de esa institución, por lo que —a su juicio— no debería “saltar a la entidad primaria responsable”. El exmagistrado fue más allá al señalar que la Contraloría estaría incurriendo en una interferencia institucional al asumir atribuciones que corresponden a otros órganos del Estado. “La Contraloría viene interfiriendo en funciones de la Procuraduría y de la ANTAI [Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información]”, afirmó, y advirtió que el contralor “se está tomando atribuciones o competencias que le corresponden a otras entidades”. Según Márquez Amado, mientras el Tribunal Electoral es el ente competente para supervisar cómo se gastan los recursos del financiamiento electoral, el rol de la Contraloría debe limitarse a verificar que esos fondos “se hayan manejado correctamente”, sin invadir funciones ajenas. El pasado 21 de agosto, la Contraloría General de la República emitió una resolución que fue publicada en la Gaceta Oficial el 31 de octubre, mediante la cual se aprobó la Guía de Rendición de Cuentas de los partidos políticos y de los funcionarios electos por la libre postulación, la cual obliga a entregar informes sobre el financiamiento público correspondiente al período 2024-2029. Señaló que publican informes mensuales de rendición de cuentas y que, de manera voluntaria, hacen públicas las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de sus diputados, una práctica que —según destacó— no realiza ninguna otra agrupación política. Además, subrayó en rueda de prensa que entregaron íntegramente el subsidio postelectoral a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), por un monto de seis millones de dólares, para apoyar la lucha contra el cáncer. En tanto, el presidente del Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana, calificó los señalamientos como falsos y aseguró que su colectivo ha cumplido “con absolutamente todo lo exigido por las leyes” y que continuará haciéndolo. Añadió que la lucha contra la corrupción debe darse “con hechos, rigor y verdad, no con insinuaciones públicas” contra quienes —según afirmó— exigen trans-
3A La Prensa Panamá, martes 16 de diciembre de 2025
4A La Prensa Panamá, martes 16 de diciembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] JOJOJO... Cobre Panamá anda repartiendo regalos en unas villas navideñas que ha instalado en distintos puntos del país, principalmente en Colón y Penonomé. ¿Cuántos talleres de Santa había antes de que declararan inconstitucional el contrato de explotación de minerales? ¿O es que ahora es cuando les invadió el espíritu de la Navidad? ALERTA. El Partido Popular (PP) tendrá un vicepresidente que ni siquiera cumplía con los requisitos para postularse al cargo. Que sea hijo de César Caicedo (el hombre detenido en la operación Nodriza) hace que la situación sea más inquietante. Lo más llamativo es que José César Caicedo (que así es como se llama el delfín) fue candidato a diputado en las elecciones de 2024, pero por otro partido, Cambio Democrático (CD). Incluso hizo campaña adoptando el nombre de papi: en la papeleta apareció como “César ‘Puxu’ Caicedo”. Ojalá no conviertan al PP en el nuevo bastión de los fueros electorales penales. EMBOTELLADORA. Parece que nada hace más felices a los diputados que meter gente en la planilla. Hace casi cinco años, en junio de 2021, la planilla permanente de la Asamblea tenía 2,247 funcionarios y ahora hay 5,661. Según el contralor Anel Flores, 1,011 son personas nombradas bajo la figura del “20-20”, que es como coloquialmente se conoce a la planilla personal de cada diputado, de $20,000 al mes, aunque en la práctica representa mucho más. Por cosas como esta es que no hay contención de gasto que valga. AJUSTE. El contralor calculó que la planilla legislativa representa un gasto mensual de unos $8 millones, aunque —según él— Eugenio Delgado en el momento en que asume la alcaldía del distrito de Chagres. Captura de redes sociales MEF transfirió $300 mil a Chagres; el alcalde está procesado por peculado Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS El representante de Chagres, Eugenio Delgado, es uno de los procesados por el escándalo de la denominada descentralización paralela, caso por el cual tiene actualmente arresto domiciliario. En noviembre de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió $300 mil al municipio de Chagres, en la provincia de Colón, a través de dos desembolsos. El detalle adquiere otra dimensión cuando se revisa quién gobierna el distrito: Eugenio Geñito Delgado, uno de los procesados por el escándalo de la descentralización paralela. Delgado no es un funcionario más. Durante el quinquenio 2019–2024 recibió poco más de $6 millones en fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización, hecho por el que hoy afronta una investigación por la supuesta comisión de peculado, vinculado a presuntas irregularidades en el manejo de parte de esos recursos. Aun así, su administración volvió a recibir dinero del Ejecutivo, pese a que el caso salió a la luz pública en enero de 2024. A Delgado, quien durante el quinquenio 2019-2024 recibió $6,041,598 de la Autoridad Nacional de Descentralización, distribuidos en 36 órdenes de pago refrendadas por la Contraloría en un promedio de 10 días, se le atribuyen responsabilidades por presuntas irregularidades por $1.4 millones de los fondos recibidos en el período pasado. Actualmente tiene arresto domiciliario por este caso. Era el suplente de Nelson Jackson En las elecciones de mayo de 2024, Delgado resultó electo para tres cargos: alcalde de Chagres, representante del corregimiento de Salud y suplente de Nelson Jackson, diputado del circuito 3-2, que comprende Chagres, Donoso, Omar Torrijos, Portobelo y Santa Isabel. Sin embargo, en julio de 2024, apenas unos días después de que asumieran los cargos las nuevas autoridades del país, Jackson anunció que Delgado había renunciado a la suplencia y al puesto de representante de Salud, para quedarse únicamente con la alcaldía de Chagres. Para los comicios de mayo de 2024, Jackson y Delgado fueron postulados por tres agrupaciones políticas: el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Realizando Metas (RM) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). No obstante, tras las elecciones, Jackson se incorporó a la bancada de RM en la Asamblea Nacional, colectivo que llevó a José Raúl Mulino a la Presidencia de la República. El exdiputado Juan Diego Vásquez, líder de la coalición Vamos, ha señalado en reiteradas ocasiones que las cuantiosas transferencias que el MEF ha girado a distintos municipios del país no parecen responder a criterios técnicos, sino a vínculos políticos con diputados afines a la administración actual. Uno de los casos que ha citado es precisamente el de Jackson. Vásquez recordó que el propio diputado se ha definido públicamente como “diputado del oficialismo 100%”. Intenta desligarse El día que Juan Diego Vásquez vinculó al diputado Jackson, quien además es miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, con las transferencias del MEF, el diputado intentó desligarse del tema. En un breve comunicado afirmó que “son falsos todos los señalamientos del exdiputado” y añadió que carecen “por completo de veracidad y de fundamento legal”. “No mantenemos partidas en ningún municipio del país, puesto que esa función le corresponde a los gobiernos locales y mucho menos fuera del marco legal. Operamos con total transparencia y apego a la ley. Exigimos responsabilidad. Estas acusaciones solo buscan dañar una trayectoria de trabajo y compromiso”, señala el comunicado. Hasta el momento, el MEF no ha hecho pública la lista de transferencias a los distintos municipios, pese a las reiteradas solicitudes de los miembros de la coalición Vamos. Portobelo Chagres no fue el único municipio del circuito 3-2 que recibió fondos del MEF. Al distrito de Portobelo se le transfirieron otros $150 mil a finales de 2024. El alcalde de Portobelo es Carlos Chavarría, del oficialista Realizando Metas, quien ocupa ese cargo desde 2004. En agosto de 2014, una investigación de La Prensa reveló que Chavarría y su asistente denunciaron que Reinaldo Della Togna Martinelli, primo del expresidente Ricardo Martinelli, les exigió, en marzo de 2013, un pago de $80 mil a cambio de hacer gestiones de cabildeo para que el gobierno de entonces impulsara obras para ese distrito, valoradas en $150 millones. Juan Manuel Díaz [email protected] La audiencia se realizó en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA). Alexander Arosemena Jueza imputa cargos y ordena casa por cárcel para empresario en caso Conades PROCESO POR PECULADO Una jueza de garantías imputó cargos y aplicó la medida cautelar de detención domiciliaria al empresario Carlos Alejandro Spigel, por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades). En una audiencia realizada el pasado viernes, la juez de garantías Diana García acogió la imputación de cargos contra Spigel, presentada por la fiscal anticorrupción Patricia Ossa. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Spigel irregularidades en una obra relacionada con el Proyecto de Sanidad Básica de Conades, que se construiría en la comunidad de Cañaveral, en la provincia de Coclé, y que había sido asignada a la empresa Constructora y Equipo Unido, S.A. La investigación de la Fiscalía se inició a raíz de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el que se estableció que a Spigel, como responsable en 2016, se le entregó un adelanto del 20%, sin que la obra se concluyera, lo que provocó un perjuicio económico por la suma de $458 mil 536. El Ministerio Público mantiene en trámite un total de 22 denuncias y cuatro querellas relacionadas con el manejo de fondos de Conades, que involucran afectaciones por un monto de $8 millones 239 mil. En 2019, la Fiscalía de Cuentas también inició una investigación sobre el destino de los fondos entregados al Programa de Sanidad Básica, por lo que la Contraloría inició una serie de auditorías sobre este programa. Ese mismo año se presentaron una serie de denuncias ante la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información contra funcionarios de Conades, por violación de la conducta ética como servidores públicos dentro del Programa de Sanidad Básica. Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se han extendido por las provincias de Colón, Veraguas, Coclé, Darién, Herrera y Los Santos, donde, entre 2014 y 2019, debían ejecutarse obras del programa promovido por Conades, muchas de las cuales no se concluyeron o se realizaron de manera parcial. El Programa Sanidad Básica fue una de las promesas de campaña del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), con el cual se pretendía entregar 300 mil unidades sanitarias. El programa, que era gestionado por Conades y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), solo alcanzó a entregar unas 215 mil. debería ser de $5 millones. Y pensar que son los diputados los que quitan y otorgan el dinero a las demás entidades. JAMONICIDIO. Ayer se legalizó la aprehensión e imputación del hombre sorprendido en Chepo con 17 “navicajas” y 9 jamones del IMA. No está claro si tenía la mercancía para reventa o si era simple clientelismo político. Ninguna de las dos opciones es buena.
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6A La Prensa Panamá, martes 16 de diciembre de 2025 Adolfo Chichi De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), recurrió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que revise la condena de 120 meses de prisión que le fue impuesta por el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple. A través del edicto No.258 fijado el 10 de diciembre, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales remitió a la Sala Penal el recurso de casación interpuesto por el abogado Víctor Collado, en representación de De Obarrio. El exfuncionario pretende que la Sala Penal revise la sentencia No.08 del 30 de abril de 2025 por la cual el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penal confirmó la sentencia impuesta a De Obarrio por la comisión del delito de blanqueo de capitales. En esa decisión, el Tribunal estimó que quedó probado que el exfuncionario era el beneficiario final de altas sumas de dinero que le fueron entregadas, en su mayoría en efectivo. Como pena accesoria, se le impuso el pago de 5 millones 91 mil 486 balboas con 92 centésimos, que deberá abonar al Tesoro Nacional en un plazo de 24 meses, una vez cumplida la pena principal. Según el Tribunal, se comprobó que De Obarrio utilizó tres esquemas para blanquear fondos provenientes del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), los cuales eran asignados a empresas contratistas para ejecutar proyectos como la construcción de zonas pagas y el sistema de alcantarillado de la ciudad de Chitré, provincia de Herrera. Entre los esquemas utilizados por De Obarrio se identificaron: el uso de sociedades para la compra y venta de inmuebles, el uso de testaferros o intermediarios financieros para el lavado de activos, y el uso de cuentas de colecta o recaudación. Según la investigación, De Obarrio dio instrucciones a Sergio González Ruiz, expresidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, para que se quedara con fondos ilíciChichi De Obarrio recurre a la Corte en condena por blanqueo de capitales SALA PENAL tos provenientes de actividades de corrupción. A De Obarrio también se le investigó por el delito de enriquecimiento injustificado por un monto de $3.7 millones que según el Ministerio Público luego derivaron en el blanqueo de capitales. Silvana Manzini de De Obarrio, madre de Chichi De Obarrio, fue imputada y condenada por el delito de enriquecimiento injustificado. Ella recibió una pena de 28 meses de prisión por la comisión de este delito, que le fue reemplazada por el pago de una multa de $12 mil. En este caso el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales ordenó el comiso de $57,792 como parte de la pena impuesta. Adolfo De Obarrio, actualmente radicado en Italia, no compareció a este proceso ni al relacionado con la compra de comida deshidratada, por $44.5 millones, gestionada a través del extinto PAN. A De Obarrio se le vinculó con varias investigaciones relacionadas con el PAN, en las que mencionaba la asignación de contratos de manera directa para realización de programas de interés social. Chichi De Obarrio salió del país en el año 2014, pocos días después que concluyera la administración de Ricardo Martinelli y, desde ese momento, no ha regresado. Las autoridades panameñas intentaron gestionar su extradición desde Italia, pero dicha gestión fracasó ya que no existe un tratado que lo permita. Actualmente, la CSS cuenta con alrededor de 72 instalaciones en todo el país, mientras que el Minsa dispone de más de 200. Elysée Fernández Plan de integración en atención está trazado y tomará dos años Aleida Samaniego C. [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] GESTIÓN DE LA SALUD El proceso de integración entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social arrancará en Herrera y Los Santos. Se busca unificar la atención mediante un modelo de atención primaria. La integración del sistema de atención de salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) tomará alrededor de dos años y se iniciará de forma gradual en las provincias de Herrera y Los Santos, según explicó Carlos Abadía, asesor del Minsa y uno de los responsables técnicos del proceso. Abadía indicó que la meta es que el sistema integrado esté plenamente operativo hacia finales de 2027, de modo que los años siguientes se destinen a ajustes y perfeccionamiento del modelo. A su juicio, el plazo responde a una lección aprendida de intentos fallidos anteriores: extender demasiado el proceso lo expone a cambios políticos que terminan por revertirlo. “No podemos plantear esto a cinco años. Tiene que consolidarse dentro de este período de gobierno y quedar blindado como una política de Estado”, sostuvo. El asesor detalló que ya se realizaron las primeras visitas técnicas a Herrera y Los Santos, donde equipos del Minsa y la CSS levantaron información sobre infraestructura disponible, recurso humano, población asignada y capacidad instalada. Ese diagnóstico inicial servirá de base para implementar la estrategia de atención primaria de salud (APS), eje central del proceso de integración. Sistema fragmentado De acuerdo con Abadía, la coexistencia de dos instituciones que prestan servicios de atención de salud —con planificaciones, políticas y redes de atención distintas— ha generado ineficiencias, duplicación de funciones y desigualdades en el acceso a los servicios, además de mayores costos para el Estado. Actualmente, la CSS cuenta con alrededor de 72 instalaciones en todo el país, mientras que el Minsa dispone de más de 200. Sin embargo, existen amplias zonas del territorio nacional donde la CSS no tiene presencia, pese a que allí residen asegurados, jubilados y pensionados. “Sería irresponsable pensar que el Seguro Social debeinvertirmilesdemillones de dólares en construir instalaciones nuevas, muchas veces frente a las del Minsa. La integración permite aprovechar las fortalezas de ambas instituciones”, señaló. Atención primaria y médico de cabecera El modelo de integración se apoya en la implementación de la atención primaria de salud, un enfoque que busca ordenar la atención médica y desplazar el actual esquema basado en la demanda espontánea. Abadía explicó que el modelo contempla la figura del médico de cabecera, un médico general responsable de un número definido de familias dentro de un territorio específico. Este profesional dará seguimiento continuo a los pacientes, en particular a quienes padecen enfermedades crónicas —como diabetes, hipertensión o afecciones cardiovasculares— y solo referirá a los especialistas los casos que lo requieran. “El problema hoy es que las personas acuden al sistema solo cuando se sienten mal. No hay control ni prevención, y eso genera filas desde la madrugada, citas con meses de espera y una sobrecarga innecesaria de especialistas”, explicó. Según Abadía, se estima que hasta un 40% de las consultas de especialidad podrían resolverse en el primer nivel de atención si existiera un sistema ordenado de seguimiento médico. Uno de los beneficios más relevantes del nuevo modelo, señaló, será la continuidad de la atención médica para los trabajadores que pierden su empleo y, con ello, su condición de asegurados. Actualmente, cuando una persona deja de cotizar a la CSS, pierde acceso a sus tratamientos, lo que provoca un deterioro de su salud y mayores costos cuando vuelve a incorporarse al sistema laboral. Durante la pandemia, recordó Abadía, cerca de 250 mil asegurados pasaron a la condición de no asegurados en pocos meses, interrumpiendo tratamientos de enfermedades crónicas. “Con la integración, el paciente continúa con su médico y su tratamiento, independientemente de si está o no cotizando. Eso es una ganancia para la población y para el sistema”, afirmó. También respondió a una de las inquietudes más frecuentes: si la atención de personas no aseguradas recaerá sobre el presupuesto de la CSS. Fue enfático en señalar que no. Explicó que, dentro del esquema de integración, cada entidad asumirá los costos de los pacientes que atienda, sin importar si el servicio se presta en sus instalaciones o en las de la otra institución. Esto significa que la responsabilidad presupuestaria de la atención a no asegurados seguirá recayendo en el Minsa. Provincias piloto Herrera y Los Santos fueron seleccionadas como provincias piloto por su tamaño, distancias manejables y experiencias previas de coordinación entre ambas instituciones. Además, el Minsa ya cuenta con expediente clínico electrónico en todas sus instalaciones en estas provincias, lo que facilitará la interoperabilidad mientras la CSS avanza en soluciones temporales para cerrar esa brecha tecnológica. El proceso también contempla el uso de telemedicina y la capacitación progresiva del personal de salud —incluidos médicos generales y enfermeras— ante la escasez de especialistas, un problema que, según Abadía, no es exclusivo de Panamá, sino global. La integración tiene sustento legal en la Constitución Nacional, decretos ejecutivos y la ley de la CSS. Además, cuenta con respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos equipos asesoran el proceso. Abadía destacó que, por primera vez en más de cinco décadas, existe coincidencia de visión entre el Ejecutivo, el Minsa y la dirección de la CSS, así como apoyo expreso de sectores de la sociedad civil. Tras la experiencia en Herrera y Los Santos, el plan es extender la integración a otras provincias, como Coclé y Veraguas, sin esperar a que el primer bloque esté completamente perfeccionado. “El país lleva más de 50 años hablando de integración. La diferencia ahora es que se está intentando hacerlo en un plazo concreto y con la intención de dejarlo blindado”, concluyó. Críticas de gremios médicos Dos gremios médicos han expresado su preocupación por el proceso de integración. La Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst) advirtió que los fondos de la CSS provienen de los cotizantes y no deberían destinarse a financiar la atención de personas no aseguradas sin una representación equitativa en los espacios de decisión. A esta preocupación se suma la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la CSS (Amoaccs), que el pasado 3 de diciembre rechazó la propuesta de integración. Según el gremio, la medida: Representaría una carga financiera injusta para los trabajadores cotizantes; no resolvería los problemas estructurales del sistema; podría afectar la autonomía financiera de la CSS y vulnerar disposiciones legales vigentes. El gremio rechaza enérgicamente cualquier intento de utilizar los recursos de los asegurados para cubrir deficiencias del Minsa y advirtió que, de concretarse, sería la “crónica de una muerte financiera anunciada”. Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio se encuentra en Italia desde el año 2014. Captura de pantalla de Instagram Panorama
7A La Prensa Panamá, martes 16 de diciembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. En diciembre es tradicional que haya más autos en las calles y siempre se ha asumido que es porque la gente sale a comprar regalos, aprovechando el pago del décimo tercer mes. Cuentas de Navidad, centros comerciales, plazas, tiendas, puestos de buhonería y hasta los semáforos se llenan de compradores. Si es cierta la queja recurrente de que “no hay plata”, entonces es válido preguntarse si no nos estamos endeudando de tal manera que en enero el golpe será tan fuerte que el colchón inflado en diciembre no alcanzará para cubrir el hueco. No se trata de criticar las quejas populares —todo el mundo tiene derecho a aspirar a más—, sino de advertir sobre la irresponsabilidad de gastar lo que no se tiene. Estoy convencido de que 2026 será un año duro para la mayoría. Algunos creen que el inminente reinicio de la extracción de cobre será la panacea que resolverá todos los problemas del país. Es Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Construyendo una democracia consciente entre los jóvenes panameños Educación cívica cambio de percepción es clave: sin él, no hay ciudadanía crítica posible ni participación política desde edades tempranas. CODEM (Construyamos Democracia) nace para cerrar esa brecha. Es una iniciativa creada por y para jóvenes que busca ofrecer a los adolescentes herramientas claras y accesibles para comprender y apropiarse de la democracia panameña. A través de lenguajes que esta generación consume a diario, se abordan preguntas reales: ¿mi voto cuenta?, ¿qué pasa cuando un diputado no cumple sus promesas?, ¿cómo afectan las leyes a mi escuela o a mi comunidad? Todo ello mediante podcasts breves, cómics e ilustraciones que explican de forma sencilla los derechos ciudadanos, los procesos electorales y el funcionamiento del Estado, al tiempo que se fomenta un espacio de diálogo y reflexión entre pares. Pero la formación cívica trasciende lo digital. La democracia se entiende mejor cuando se vive. Por eso, el trabajo en línea se complementa con visitas a instituciones públicas y talleres en colegios. El plan piloto en el Centro Educativo Stella Sierra fue revelador: estudiantes que antes veían la política como algo lejano recorrieron la Asamblea Nacional y el TriMelany Acevedo ¿Y los regalos? Responsabilidad financiera Diciembre ha sido para este servidor, desde hace mucho tiempo, un mes cargado de sentimientos diversos y contradictorios, difíciles de explicar y, más aún, de entender. En las ciudades más grandes del país se produce un fenómeno que este año se ha repetido en otros meses, aunque con un impacto similar. Pareciera que todos los conductores deciden salir el mismo día y a la misma hora, y las metrópolis literalmente se trancan. En la capital, esta situación se ha presentado con mayor frecuencia de la esperada. Así vemos cómo, principalmente en horas de la tarde, vías como la Cinta Costera y la avenida Balboa, o peor aún la Ramón H. Jurado en Punta Pacífica, colapsan, y pasan horas antes de que los autos avancen apenas 10 o 20 metros. Lo más llamativo es que rara vez se observan agentes de tránsito —Policía o ATTT— ayudando a desenredar la irresponsabilidad de algunos conductores, la confusión de señalizaciones que nadie entiende o que no hacen sentido y, en contadas ocasiones, las instrucciones de los pocos uniformados visibles esos días; salvo cuando coincide con quincena. cierto que esta actividad puede dinamizar el empleo, pero el Mitradel deberá vigilar que se cumplan las leyes laborales. Lo mismo aplica para la recontratación de trabajadores en las zonas bananeras de Bocas del Toro. Lo que han señalado varios expertos — los de verdad, no los de redes— es que los resultados de estos proyectos no se verán sino hasta septiembre próximo. No es soplar y hacer botellas. Al Gobierno le espera un primer semestre cuesta arriba, porque el famoso chen chen no aparecerá sino hasta el segundo semestre. Era lógico: las finanzas que recibió la actual administración no fueron las mismas que recibió su antecesora. A esto se suma el debilitamiento del dólar estadounidense, moneda de referencia del país, con impactos inevitables. Aunque el Canal de Panamá trae buenas noticias, no todo gira alrededor de nuestro principal activo. Los panameños tenemos dos épocas del año en las que pareciera que la plata no cuesta: diciembre y carnavales. El próximo año, estos se celebrarán en la segunda quincena de febrero. Eso tiene su lado bueno —dinero circulando pocas semanas después de fin de año— y su lado no tan bueno: más endeudamiento sin tiempo suficiente para que los bolsillos se recuperen. Mi mensaje final, como decía el perrito: no se lo gasten todo. La cuña es gratis. Seamos responsables. Opinión EL AUTOR es analista político y dirigente cívico. LA AUTORA es participante del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadano 2.0 bunal Electoral y regresaron con una mirada distinta, conscientes de que las decisiones que allí se toman inciden en su escuela, su comunidad y su futuro. No se trata solo de una plataforma ni de un conjunto de actividades aisladas. Es una apuesta por formar ciudadanos antes de que emitan su primer voto. La intención es que, cuando llegue ese momento, tengan conciencia, información y compromiso. Que los jóvenes voten sabiendo por qué lo hacen, que fiscalicen a quienes los representan y que, cuando llegue el momento, se sientan capaces de proponer soluciones desde su mirada y su realidad. Este enfoque permite cultivar valores indispensables para la convivencia democrática: el respeto por las diferencias, la responsabilidad individual y el pensamiento crítico, sin los cuales la participación ciudadana se vuelve frágil. A largo plazo, el verdadero desafío es lograr que la educación cívica se convierta en una prioridad nacional, capaz de adaptarse a los tiempos, a los lenguajes y a la realidad de quienes pronto deberán ejercer el rol de ciudadanos plenos. Panamá necesita formar jóvenes que no solo voten, sino que comprendan, cuestionen y participen con criterio propio en su vida democrática. Una democracia sólida no se sostiene únicamente con la experiencia de los mayores ni con procesos electorales periódicos. Se fortalece cuando las nuevas generaciones entienden cómo funciona el sistema, reconocen su valor y asumen la responsabilidad de defenderlo. Ignorar esa tarea hoy es hipotecar la calidad de nuestra vida democrática mañana. Panamá enfrenta un desafío silencioso: aunque los adolescentes de 15 a 18 años crecen en un país con elecciones periódicas y una Constitución que garantiza derechos y establece deberes, muchos alcanzan la mayoría de edad sin comprender cómo funciona realmente la democracia. Pregúnteles qué hace la Asamblea Nacional, cómo se organiza el Tribunal Electoral o por qué existen tres poderes del Estado, y la respuesta más frecuente es el silencio o un simple “no sé”. No se trata de desinterés; es que la educación cívica tradicional suele quedarse en la teoría, lejos de la realidad que viven día a día. Diversas encuestas realizadas en Panamá y en la región advierten que menos del 30% de los jóvenes confía en las instituciones democráticas. Datos del Latinobarómetro, una encuesta regional que mide la confianza ciudadana en la democracia y sus instituciones, confirman esta tendencia. Cambiar esa cifra no es tarea solo de los adultos; requiere que la próxima generación se sienta parte activa del sistema desde ya. La curiosidad de la juventud aumenta cuando recibe información en un lenguaje que comprende y a través de formatos que forman parte de su vida cotidiana. Muchos expresan que, por primera vez, sienten que la política también les pertenece y que no está reservada únicamente para adultos o expertos. Ese Los panameños tenemos dos épocas del año en las que pareciera que la plata no cuesta: diciembre y carnavales. El próximo año, estos se celebrarán en la segunda quincena de febrero. Eso tiene su lado bueno —dinero circulando pocas semanas después de fin de año— y su lado no tan bueno: más endeudamiento sin tiempo suficiente para que los bolsillos se recuperen. Juan B. McKay A. Diversas encuestas realizadas en Panamá y en la región advierten que menos del 30% de los jóvenes confía en las instituciones democráticas. Datos del Latinobarómetro, una encuesta regional que mide la confianza ciudadana en la democracia y sus instituciones, confirman esta tendencia. Lo inmaterial panameño Patrimonio No sé cuánto habrá costado en dólares y esfuerzo, pero han incluido, en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia, las juntas de embarre, el método para hacer las ancestrales casas de quincha, un hecho que no deja de ser otra de esas grandes metáforas de lo que nos ocurre en Panamá. Algo inmaterial, y que no solo no apreciamos sino que hemos dejado de practicar, es la pedagogía. Seguimos siendo meros transmisores de «hechos», de «noticias», pero hemos renunciado a entrar al fondo del asunto, a mostrar el revés de la trama y a sacar a la luz los procesos que nos han traído hasta aquí, con el propósito de enseñar qué está mal para luego aportar soluciones. Pero no: optamos por construir, con el barro de nuestra desidia e ignorancia, una casa que a duras penas se sostiene en pie. Nuestras cruzadas son por lo inconcreto, por presencias deportivas o de patrimonio ancestral, que no terminan de mover la rueda de la cultura ni de la economía. Sin embargo, estos logros efímeros llenan titulares, engordan falsos orgullos patrioteros y lastran la mirada para buscar lo que de verdad debemos preservar. Por mucho cariño que le tengamos a la junta de embarre y sus consecuentes casas de quincha, ¿quién quiere vivir en una de ellas? Nos hemos construido una fantasía de barro que no soportará los envites del tiempo. Por lo menos, no hay que restar méritos: algo bueno se dice de Panamá con este patrimonio inmaterial, pero necesitamos una verdadera exportación de nuestra vida concreta, la cultural e intelectual, que existe y se ningunea porque no conviene pensar mucho, no sea que terminemos criticando lo concreto de nuestra construcción como país. Qué bueno lo de la UNESCO, pero nos hace falta más que nombrar a la Biblioteca Nacional patrimonio histórico, otra vez lo inmaterial, cuando en realidad necesita un edificio tan grande y bien equipado como el de la Ciudad de las Artes. EL AUTOR es escritor Pedro Crenes Castro Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
8A La Prensa Panamá, martes 16 de diciembre de 2025
1B La Prensa Panamá, martes 16 de diciembre de 2025 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA La deuda de los panameños asciende a $42,557 millones La mayor acreencia registrada es de hipotecas, seguido de préstamos personales, tarjetas de crédito y préstamos para autos. El monto total adeudado a los bancos en tarjetas de crédito asciende a 2 mil 933 millones de dólares. Archivo Reyna Katiuska Hernándezz [email protected] Los panameños y extranjeros residentes en el país, acumulan un saldo total de deuda en bancos, financieras, cooperativas y empresas de telecomunicaciones y otras que venden a crédito, que supera los $42 mil 557, de los cuales más de $1 mil 324 millones están clasificados como cuentas contra reserva, que son aquellas deudas o créditos que las entidades consideran de difícil cobro o “incobrables”. Según el informe del buró de crédito APC, el 3.11% de la cartera ha tenido que ser castigada por los agentes económicos, debiendo usar sus reservas para compensar la pérdida por los impagos. Además, el reporte detalla que del total de la cartera sin incluir las cuentas contra reserva, registran una morosidad del 6.5% sobre saldo, unos puntos menos que la media del año pasado cuando estaba en 6.9% en el mismo mes de noviembre. La APC tiene registrado el historial crediticio de más de 2.41 millones de personas, de las cuales 2.11 millones son panameños y 304 mil 801 extranjeros. La mayor parte de las deudas en el caso de los bancos, están concentradas en hipotecas con un saldo total que alcanza los 21 mil 308 millones de dólares, correspondientes a 340,787 préstamos, con un saldo promedio de 62 mil 527 dólares y una morosidad de 4.8%. De acuerdo con APC Experian, se espera una reactivación del mercado inmobiliario a partir de enero de 2026, con la entrada en vigor de la nueva ley de interés preferencial. En el caso de los préstamos de autos bancarios registran la morosidad más baja del sistema, con 2.2% sobre saldo. La deuda total suma 2 mil 287 millones de dólares, asociada a 166,015 vehículos, con un promedio de 13 mil 780 dólares por préstamo, cifra superior en 6% al promedio del año anterior. Los préstamos personales bancarios acumulan una deuda de 8 mil 530 millones de dólares, distribuidos en 639,521 obligaciones, con un promedio de 13 mil 339 dólares por préstamo y una morosidad de 4.1%. En contraste, los préstamos personales otorgados por cooperativas y financieras suman 2 mil 734 millones de dólares, repartidos en 779,400 obligaciones, con un préstamo promedio de 3,509 dólares y una morosidad de 15.4%. La APC Experian destaca en su informe de noviembre que 39.2% de estos préstamos presenta atrasos mayores a 60 días, frente a 3.9% en los bancos, medido por cantidad de obligaciones. Tarjetas de crédito mantienen la morosidad más alta Las tarjetas de crédito bancarias continúan siendo los productos con la mayor tasa de morosidad al ubicarse en 8.7% sobre saldo, aunque por debajo del 10% registrado un año antes. El monto total adeudado a los bancos en tarjetas gerente general de la APC Experian, indicó que a escasos días para cerrar el año, se percibe que el comportamiento del crédito en 2025 se mantuvo similar al de 2024, con un leve aumento hacia el final del año y niveles de morosidad iguales o ligeramente inferiores a los del período previo. Precaución con las compras Cardellicchio indicó que con el pago de ahorros navideños, bonos, aguinaldos y el décimo tercer mes, muchas personas incrementan su poder de compra y se ven tentados a gastar y realizar compras en medios digitales y en algunos casos son presa a ciberfraudes. “Este aumento en la actividad comercial también viene acompañado de mayores riesgos financieros, como fraudes, estafas o cobros indebidos. Realizar compras con anticipación permite comparar precios, evitar decisiones impulsivas y distribuir los gastos de forma más equilibrada”, recomendó. Además, indicó que es importante que las personas puedan tener un presupuesto mensual y usen con responsabilidad el crédito. Recalcó la gerente de la APC que datos de la Procuraduría General de la Nación, revelan que en lo que va de 2025 se han registrado 105 casos de delitos informáticos, lo que representa más de un tercio de los incidentes reportados durante todo 2024. Además, el Ministerio Público ha contabilizado 3,482 denuncias por estafas y fraudes, reflejando un aumento del 9% respecto al año anterior. “Es fundamental tomar todas las medidas de seguridad antes de entregar tus datos personales en un sitio web o aplicación móvil. También es importante evitar ingresar información bancaria en enlaces que llegan por mensajes de texto, WhatsApp o correo electrónico”, dijo. FINANZAS PERSONALES de crédito asciende a 2 mil 933 millones de dólares, correspondiente a 865,113 tarjetas, con un saldo promedio de 3,391 dólares por plástico. En cuanto a la origen de nuevos créditos, los bancos otorgaron 42,657 préstamos en septiembre de 2025, un incremento de 8% frente al mismo mes del año anterior. Las cooperativas registraron un aumento de 1%, mientras que las financieras reportaron un crecimiento de 13% en la cantidad de préstamos otorgados. Giovanna Cardellicchio, José González Pinilla [email protected] Gobierno contrata por $802 mil consultoría del modelo financiero para el tren Panamá–David INFRAESTRUCTURA La Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá contrató de forma directa a la empresa KPMG para la prestación de servicios de consultoría destinados al desarrollo del modelo financiero del proyecto del tren Panamá–David. El contrato asciende a $802,461 y fue avalado el pasado 4 de diciembre por el Consejo Económico Nacional (CENA) del Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo con la Secretaría del Ferrocarril, la firma “es una de las empresas de mayor trayectoria y reputación en los campos de asesoría legal, fiscal, financiera y de negocios”. El contrato tendrá un plazo de seis meses. Entre sus responsabilidades, el consultor deberá elaborar un modelo económico dinámico, interactivo y multianual para el proyecto ferroviario. “Con este modelo se pretende evaluar la viabilidad económica y financiera del proyecto en un horizonte de largo plazo mínimo de 30 años”, señala el acta de justificación de la contratación. El estudio también busca establecer un marco técnico que permita a las autoridades analizar distintas alternativas de estructura financiera, a través de diversos escenarios de financiamiento, como asociaciones público-privadas o concesiones. El proyecto impulsado por el gobierno de José Raúl Mulino contempla una línea ferroviaria de 482 kilómetros, con 14 estaciones y una primera fase entre Albrook y Divisa. Permitirá viajar de Ciudad de Panamá a David en menos de tres horas, a velocidades de hasta 180 kilómetros por hora. Henry Faarup, de la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá. Cortesía EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 263 260 255 250 245 240 235 225 220 215 210 205 200 195 190 88.69 253.04 Elevación sobre el nivel del mar en pies
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