2A La Prensa Panamá, lunes 15 de diciembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Eugenio Magallón fue detenido por la policía en la provincia de Chiriquí, tras permanecer prófugo 30 años. Cortesía Eugenio Magallón podrá pagar su condena desde su casa DECISIÓN JUDICIAL La Corte Suprema de Justicia decidió no admitir un amparo de garantías constitucionales presentado por la fiscal regional de Veraguas, Tania Sterling, contra la resolución de una jueza de cumplimiento que otorgó depósito domiciliario a Eugenio Magallón, condenado por su participación en la desaparición del sacerdote Héctor Gallego. La decisión fue comunicada mediante el edicto No. 1632, fijado en la Secretaría del máximo tribunal, en el que se notificó a las partes que el amparo no sería tramitado. El recurso interpuesto por la fiscalía buscaba dejar sin efecto el auto No. 2871 del 1 de julio de 2025, emitido por el Juzgado de Cumplimiento de la provincia de Chiriquí, mediante el cual se concedió la medida sustitutiva a Magallón. Para la Fiscalía Regional de Veraguas, al tratarse de un delito de desaparición forzada, considerado de lesa humanidad, no resulta aplicable el depósito domiciliario para una persona condenada por ese crimen. No obstante, la jueza de cumplimiento fundamentó su decisión en el delicado estado de salud del condenado, señalando que sus padecimientos no pueden ser atendidos de forma adecuada dentro de un centro penitenciario, además de su avanzada edad, 94 años. Magallón fue capturado en mayo pasado, tras permanecer prófugo durante tres décadas, pese a haber sido condenado a 15 años de prisión junto a los militares Nivaldo Madriñán Aponte y Melbourne Walker, ambos fallecidos. Los tres fueron hallados responsables por su participación en la desaparición del sacerdote Héctor Gallego, ocurrida el 9 de junio de 1971 en Santa Fe, Veraguas. Esa noche, Gallego salió de su residencia tras atender un llamado y nunca regresó. Informes de la Comisión de la Verdad establecen que Magallón, Walker y Madriñán participaron en su captura. Hasta hoy, los restos del sacerdote no han sido localizados, aunque fue visto posteriormente en el Cuartel de Los Pumas, en Tocumen. La red ocultaba droga y dinero en diversas residencias en las Costa Abajo de Colón. Cortesía Cuando una falla procesal amenaza un caso de narcotráfico Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA La exclusión de interceptaciones telefónicas por un error procesal llevó el caso Fisher hasta la Corte Suprema, donde se decidirá si la fiscalía puede usar una de sus pruebas clave. Un error en el manejo de las evidencias podría dar al traste con el juicio seguido a 23 personas imputadas por el delito de conspiración para el tráfico de drogas, que fueron detenidas en la operación Fisher, que desmanteló una red criminal ligada al Clan del Golfo. Según la fiscalía, se trataba de una estructura diversa y compleja, con roles diferenciados para la movilización de drogas, manejo de dinero, compra de armas y seguridad de la carga. En el juicio que se inició en junio pasado, y que ha sufrido varias interrupciones, la fiscalía pretendía presentar como prueba un disco Blue Ray Disc (BD-R) con capacidad de 50 GB, que contenía las interceptaciones telefónicas realizadas por agentes de la Policía como parte de las investigaciones. Estas escuchas eran consideradas por la fiscalía una piezaclaveparareconstruirla forma en que operaba la red y la coordinación entre sus distintos grupos de trabajo. Sin embargo, un error en el número del oficio a través del cual la Fiscalía de Drogas introdujo la prueba durante el acto de juicio provocó que el tribunal, compuesto por Anabel Varela Lara, Baloisa Marquínez y Dieter Targanski Gómez, decidiera excluirla. Esta decisión de los jueces motivó que el fiscal de drogas Abdel Guardia Ducasa presentara un amparo de garantías constitucionales ante el Primer Tribunal de Justicia, al considerar que se violó el debido proceso al excluir la citada evidencia del juicio. No obstante, el tribunal mantuvo la decisión al concluir que el oficio mediante el cual se introdujo la prueba no coincide con el número presentado en la fase intermedia del proceso, etapa en la que un juez de garantías admite las pruebas que se utilizarán en el juicio tanto por la fiscalía como por la defensa. Tras esta decisión del Primer Tribunal, el fiscal Guardia apeló ante la Corte Suprema de Justicia para que defina si los audios obtenidos por la fiscalía pueden usarse como prueba para sustentar la vinculación de los imputados con esta red criminal. En este caso, la Fiscalía de Drogas tiene previsto solicitar sentencia condenatoria para los 23 imputados que actualmente enfrentan juicio, ya que previamente 34 procesados alcanzaron acuerdos de pena. La fiscalía se encuentra en el proceso de presentación de 240 pruebas documentales, 13 periciales y cinco evidencias materiales para sustentar su teoría del caso. Sin embargo, las escuchas telefónicas son una de las piezas centrales de la acusación. A través de interceptaciones, la fiscalía sostiene haber documentado cómo la red funcionaba de manera similar a una empresa criminal, con grupos encargados del transporte de la droga, su custodia en residencias de la Costa Abajo de Colón, la movilización en vehículos con doble fondo y la administración de los recursos obtenidos. Antecedentes La operación Fisher se inició en 2021 con el objetivo de desarticular una red criminal ligada al Clan del Golfo dedicada al tráfico de drogas por las costas de Colón. Como parte de esta investigación, la fiscalía logró incautar más de $10 millones en efectivo en residencias ubicadas en la Costa Abajo de Colón, además de 1.5 toneladas de droga y cerca de $20 millones en activos, incluidos vehículos de alta gama, embarcaciones y armas de fuego, en más de 76 diligencias realizadas en Colón, Panamá, Panamá Oeste y Bocas del Toro. De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba residencias colindantes con el mar para la recepción de la droga y el dinero, así como embarcaciones marítimas ocultas en fincas para evadir los controles del Servicio Nacional Aeronaval. Los cargamentos ingresaban desde Colombia y eran trasladados por rutas terrestres y marítimas hacia Centroamérica, con destino final en Estados Unidos. Producto de esta actividad ilícita, el grupo generaba grandes sumas de dinero, que ocultaba en propiedades y trataba de introducir al sistema bancario. La fiscalía también documentó el uso de tecnología como sistemas GPS, el cambio frecuente de chips telefónicos y mecanismos de encriptación para evitar la intervención de las comunicaciones, elementos que quedaron reflejados en las escuchas ahora excluidas del juicio. Las autoridades identificaron a Jorge Luis General como presunto líder de esta red criminal, encargado de la coordinación general de la organización. Decomisan tres toneladas de drogas en un contenedor El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Policía Nacional decomisaron tres toneladas de droga ocultas dentro de un contenedor en tránsito en un puerto de la provincia de Colón. La sustancia fue localizada durante una jornada de revisión con perros entrenados para detectar estupefacientes. El contenedor, procedente de Ecuador, tenía como destino final la ciudad de Helsingborg, en Suecia, tras hacer transbordo en el puerto de Antwerp, Bélgica. La Fiscalía de Drogas investiga si la droga fue introducida en el contenedor en su puerto de origen o si fue contaminado durante su tránsito por territorio panameño. En un hecho relacionado, la Policía Nacional encontró 150 kilos de cocaína dentro de otro contenedor en un puerto de la ciudad de Panamá. Ese cargamento había salido de Chile con destino a Australia y fue detectado luego de observar alteraciones en uno de los sellos del contenedor. NARCOTRÁFICO Juan Manuel Díaz [email protected] Parte de la droga detectada. Cortesía
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