1A La Prensa Panamá, lunes 15 de diciembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 15 de diciembre de 2025 - Año 45 - Nº 15231 Hoy por hoy El enriquecimiento injustificado volvió al centro del debate público no por una sentencia, sino por investigaciones en curso que alcanzan a exfuncionarios de distintos niveles. La coincidencia no prueba culpabilidades, pero sí revela una falla persistente en los controles del Estado. La figura existe desde 1999 y cumple una función clara: permitir que las autoridades examinen patrimonios que crecen sin explicación razonable. El problema es que suele activarse tarde, cuando ya hay cuentas congeladas y procesos abiertos, y no como un mecanismo preventivo. La declaración jurada de bienes, pilar de este sistema, permanece cerrada al escrutinio ciudadano y depende casi por completo de la voluntad institucional para ser revisada. Así, el control patrimonial se vuelve formal, no efectivo. A ello se suma la rigidez del modelo actual, que condiciona la actuación penal a auditorías previas. Esa dependencia concentra poder y retrasa respuestas. Respetar la presunción de inocencia es irrenunciable. Pero también lo es preguntarse si el Estado está vigilando a tiempo. Ellas.pa Secretos de las cocinas del mundo para unas fiestas saludables 5B José Córdoba reaparece y César Blackman anota 4B Deportes Panorama El error que podría echar por tierra un casode narcos 2A Economía Cámara evalúa bien el ajuste del salario mínimo 2B El antiguo Figali volverá a manos privadas tras 16 años bajo administración estatal El rebautizado Centro de Convenciones Amador será concesionado al sector privado por 20 años mediante arrendamiento con inversión, con mejoras, estacionamientos, transporte, canon e ingresos variables para el Estado. VEA 1B 10,000 personas con VIH, sin tratamiento Aleida Samaniego C. [email protected] Panamá registra avances importantes en la respuesta al VIH, especialmente en el diagnóstico. Según el Informe Nacional de Monitoreo y Evaluación VIH 2024-2025 del Ministerio de Salud, el país alcanzó la primera meta de la estrategia internacional 95-95-95, al lograr que la gran mayoría de las personas que viven con el virus conozcan su condición. Sin embargo, ese progreso se diluye cuando se analiza lo que ocurre después del SALUD PÚBLICA Panamá logró diagnosticar a la mayoría de personas con VIH, pero una brecha crítica en el acceso al tratamiento amenaza la salud pública y los avances alcanzados. diagnóstico. De las más de 31,000 personas que viven con VIH en el país, solo alrededor de dos tercios reciben terapia antirretroviral. Esto significa que miles de personas diagnosticadas permanecen fuera del sistema de tratamiento, una situación que compromete su salud y favorece la transmisión del virus. El informe revela además un preocupante ingreso tardío a la atención médica: casi la mitad de quienes inician tratamiento lo hacen con el sistema inmunológico severamente debilitado, lo que incrementa el riesgo de infecciones oportunistas y hospitalizaciones. VEA 6A Segunda vuelta electoral Chile gira a la derecha; José Antonio Kast gana ampliamente El opositor José Antonio Kast, abogado y exdiputado chileno de 59 años, obtuvo ayer una holgada victoria -58.6% contra 41.4%- en la segunda vuelta presidencial sobre la oficialista Jeannette Jara, quien reconoció el resultado y felicitó a su contendiente. El presidente Gabriel Boric llamó a Kast para felicitarlo y ponerse a disposición para la transición, que se inicia hoy con un primer encuentro en el Palacio de La Moneda. Kast gobernará Chile entre el 11 de marzo de 2026 y el 11 de marzo de 2030. EFE ¿Qué tienen en común un exvicepresidente, un exdiputado, un exdirector del Ifarhu y un exalcalde? Todos enfrentan investigaciones por enriquecimiento injustificado, el delito que se activa cuando -según las autoridades- las cuentas no cuadran. Se trata de José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de la República; Héctor Brands, exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes; Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu); y Héctor Valdés Carrasquilla, exalcalde de San Miguelito. En todos los casos, las investigaciones parten de un mismo punto: incrementos patrimoniales, bienes o movimientos financieros que no guardarían relación con FONDOS PÚBLICOS Del poder al escrutinio patrimonial financiero Atentado antisemita en Australia deja 16 muertos Al menos 16 personas murieron y 40 resultaron heridas tras un atentado contra una celebración del inicio de la festividad judía de Janucá en Bondi Beach, en Sídney, Australia. El hecho fue condenado por la comunidad internacional. los ingresos declarados durante el ejercicio de cargos públicos. Aunque los expedientes avanzan por vías distintas —penales y administrativas—, el patrón se repite. Cuando el patrimonio crece sin explicación suficiente, la ley no exige probar un acto puntual de corrupción: basta con que las cifras no encajen para activar auditorías, congelamiento de cuentas y otras medidas cautelares. VEA 4A
2A La Prensa Panamá, lunes 15 de diciembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Eugenio Magallón fue detenido por la policía en la provincia de Chiriquí, tras permanecer prófugo 30 años. Cortesía Eugenio Magallón podrá pagar su condena desde su casa DECISIÓN JUDICIAL La Corte Suprema de Justicia decidió no admitir un amparo de garantías constitucionales presentado por la fiscal regional de Veraguas, Tania Sterling, contra la resolución de una jueza de cumplimiento que otorgó depósito domiciliario a Eugenio Magallón, condenado por su participación en la desaparición del sacerdote Héctor Gallego. La decisión fue comunicada mediante el edicto No. 1632, fijado en la Secretaría del máximo tribunal, en el que se notificó a las partes que el amparo no sería tramitado. El recurso interpuesto por la fiscalía buscaba dejar sin efecto el auto No. 2871 del 1 de julio de 2025, emitido por el Juzgado de Cumplimiento de la provincia de Chiriquí, mediante el cual se concedió la medida sustitutiva a Magallón. Para la Fiscalía Regional de Veraguas, al tratarse de un delito de desaparición forzada, considerado de lesa humanidad, no resulta aplicable el depósito domiciliario para una persona condenada por ese crimen. No obstante, la jueza de cumplimiento fundamentó su decisión en el delicado estado de salud del condenado, señalando que sus padecimientos no pueden ser atendidos de forma adecuada dentro de un centro penitenciario, además de su avanzada edad, 94 años. Magallón fue capturado en mayo pasado, tras permanecer prófugo durante tres décadas, pese a haber sido condenado a 15 años de prisión junto a los militares Nivaldo Madriñán Aponte y Melbourne Walker, ambos fallecidos. Los tres fueron hallados responsables por su participación en la desaparición del sacerdote Héctor Gallego, ocurrida el 9 de junio de 1971 en Santa Fe, Veraguas. Esa noche, Gallego salió de su residencia tras atender un llamado y nunca regresó. Informes de la Comisión de la Verdad establecen que Magallón, Walker y Madriñán participaron en su captura. Hasta hoy, los restos del sacerdote no han sido localizados, aunque fue visto posteriormente en el Cuartel de Los Pumas, en Tocumen. La red ocultaba droga y dinero en diversas residencias en las Costa Abajo de Colón. Cortesía Cuando una falla procesal amenaza un caso de narcotráfico Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA La exclusión de interceptaciones telefónicas por un error procesal llevó el caso Fisher hasta la Corte Suprema, donde se decidirá si la fiscalía puede usar una de sus pruebas clave. Un error en el manejo de las evidencias podría dar al traste con el juicio seguido a 23 personas imputadas por el delito de conspiración para el tráfico de drogas, que fueron detenidas en la operación Fisher, que desmanteló una red criminal ligada al Clan del Golfo. Según la fiscalía, se trataba de una estructura diversa y compleja, con roles diferenciados para la movilización de drogas, manejo de dinero, compra de armas y seguridad de la carga. En el juicio que se inició en junio pasado, y que ha sufrido varias interrupciones, la fiscalía pretendía presentar como prueba un disco Blue Ray Disc (BD-R) con capacidad de 50 GB, que contenía las interceptaciones telefónicas realizadas por agentes de la Policía como parte de las investigaciones. Estas escuchas eran consideradas por la fiscalía una piezaclaveparareconstruirla forma en que operaba la red y la coordinación entre sus distintos grupos de trabajo. Sin embargo, un error en el número del oficio a través del cual la Fiscalía de Drogas introdujo la prueba durante el acto de juicio provocó que el tribunal, compuesto por Anabel Varela Lara, Baloisa Marquínez y Dieter Targanski Gómez, decidiera excluirla. Esta decisión de los jueces motivó que el fiscal de drogas Abdel Guardia Ducasa presentara un amparo de garantías constitucionales ante el Primer Tribunal de Justicia, al considerar que se violó el debido proceso al excluir la citada evidencia del juicio. No obstante, el tribunal mantuvo la decisión al concluir que el oficio mediante el cual se introdujo la prueba no coincide con el número presentado en la fase intermedia del proceso, etapa en la que un juez de garantías admite las pruebas que se utilizarán en el juicio tanto por la fiscalía como por la defensa. Tras esta decisión del Primer Tribunal, el fiscal Guardia apeló ante la Corte Suprema de Justicia para que defina si los audios obtenidos por la fiscalía pueden usarse como prueba para sustentar la vinculación de los imputados con esta red criminal. En este caso, la Fiscalía de Drogas tiene previsto solicitar sentencia condenatoria para los 23 imputados que actualmente enfrentan juicio, ya que previamente 34 procesados alcanzaron acuerdos de pena. La fiscalía se encuentra en el proceso de presentación de 240 pruebas documentales, 13 periciales y cinco evidencias materiales para sustentar su teoría del caso. Sin embargo, las escuchas telefónicas son una de las piezas centrales de la acusación. A través de interceptaciones, la fiscalía sostiene haber documentado cómo la red funcionaba de manera similar a una empresa criminal, con grupos encargados del transporte de la droga, su custodia en residencias de la Costa Abajo de Colón, la movilización en vehículos con doble fondo y la administración de los recursos obtenidos. Antecedentes La operación Fisher se inició en 2021 con el objetivo de desarticular una red criminal ligada al Clan del Golfo dedicada al tráfico de drogas por las costas de Colón. Como parte de esta investigación, la fiscalía logró incautar más de $10 millones en efectivo en residencias ubicadas en la Costa Abajo de Colón, además de 1.5 toneladas de droga y cerca de $20 millones en activos, incluidos vehículos de alta gama, embarcaciones y armas de fuego, en más de 76 diligencias realizadas en Colón, Panamá, Panamá Oeste y Bocas del Toro. De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba residencias colindantes con el mar para la recepción de la droga y el dinero, así como embarcaciones marítimas ocultas en fincas para evadir los controles del Servicio Nacional Aeronaval. Los cargamentos ingresaban desde Colombia y eran trasladados por rutas terrestres y marítimas hacia Centroamérica, con destino final en Estados Unidos. Producto de esta actividad ilícita, el grupo generaba grandes sumas de dinero, que ocultaba en propiedades y trataba de introducir al sistema bancario. La fiscalía también documentó el uso de tecnología como sistemas GPS, el cambio frecuente de chips telefónicos y mecanismos de encriptación para evitar la intervención de las comunicaciones, elementos que quedaron reflejados en las escuchas ahora excluidas del juicio. Las autoridades identificaron a Jorge Luis General como presunto líder de esta red criminal, encargado de la coordinación general de la organización. Decomisan tres toneladas de drogas en un contenedor El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Policía Nacional decomisaron tres toneladas de droga ocultas dentro de un contenedor en tránsito en un puerto de la provincia de Colón. La sustancia fue localizada durante una jornada de revisión con perros entrenados para detectar estupefacientes. El contenedor, procedente de Ecuador, tenía como destino final la ciudad de Helsingborg, en Suecia, tras hacer transbordo en el puerto de Antwerp, Bélgica. La Fiscalía de Drogas investiga si la droga fue introducida en el contenedor en su puerto de origen o si fue contaminado durante su tránsito por territorio panameño. En un hecho relacionado, la Policía Nacional encontró 150 kilos de cocaína dentro de otro contenedor en un puerto de la ciudad de Panamá. Ese cargamento había salido de Chile con destino a Australia y fue detectado luego de observar alteraciones en uno de los sellos del contenedor. NARCOTRÁFICO Juan Manuel Díaz [email protected] Parte de la droga detectada. Cortesía
3A La Prensa Panamá, lunes 15 de diciembre de 2025
4A La Prensa Panamá, lunes 15 de diciembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] MISTLETOE. El pasado viernes fue la fiesta de Navidad de Etesa, uno de los cuatro festejos anuales que la entidad está obligada a realizar, según la convención colectiva. El festejo, con buffet y barra para 500 personas en el RIU, costó por lo menos $60,200. Además, Etesa reservó 31 habitaciones dobles y 26 sencillas, en momentos en que se supone que hay contención del gasto público. ¿Por qué van a dejar de parrandear si esa fiesta la pagamos los consumidores? Quién sabe qué otros gastos ocultos hay por ahí, sufragados con cada factura. FROSTY. El hombre sorprendido en Chepo con 17 “navicajas” y nueve jamones del IMA, alega que, como algunos residentes de la comunidad no tenían congelador en sus casas, él les hacía el favor de guardarles la mercancía. Bueno, eso justificaría lo de los jamones, pero, ¿y las cajas? El hombre, además, es cuñado del representante de Tortí. Ahora los jamones los tienen que destruir, porque nadie garantiza en qué condiciones fueron manipulados esos alimentos. En pocas palabras, ni chicha ni limonada. FAMIGLIA. Mientras Ramón Carretero Napolitano fue designado en la lista sancionatoria de la OFAC, su prima Luisa Napolitano dirige la zona que concentra la mayor cantidad de sujetos no financieros obligados del país. Y el otro primo es Félix Falabella. En esta glosa no cabe el cuento entero. ¿AZAHAR O AZAR?. La semana pasada, en un restaurante en Coco del Mar, coincidieron el expresidente de Epasa, Ricardo Chanis (que cenaba en una mesa con un acompañante), y Luis Enrique Martinelli, que ocupaba un reservado con su esposa y otras parejas. Hubo un tiempo en que Chanis fue allegado a los Martinelli y, con Luis Enrique, tiene un inusual factor común: ambos han declarado en casos donde ha sido señalado como responsable el expresidente. Pero esta vez ni se saludaron. Cómo cambian los tiempos… MUDANZA. Los actos protocolares del próximo 2 de enero, que marcan el reinicio de las sesiones ordinarias en la Asamblea, Aleida Samaniego C. [email protected] Expertos explican la nueva variante de influenza A(H3N2) SALUD PÚBLICA La circulación de una variante del virus de influenza A(H3N2) en países del hemisferio norte ha encendido alertas sanitarias internacionales, aunque en Panamá las autoridades aseguran que no se han detectado casos de esa cepa y que la actividad gripal se mantiene baja. El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica preventiva tras informes de la Organización Panamericana de la Salud sobre un inicio más temprano y activo de la temporada de influenza 2025–2026 en el hemisferio norte. En la región, el virus de influenza A es predominante. En el Caribe y Centroamérica circula principalmente el subtipo A(H1N1)pdm09, mientras que en Norteamérica se observa mayor presencia del A(H3N2), incluida una variante conocida como subclado K, identificada inicialmente en el Reino Unido. El Minsa aclaró que esta variante no ha sido confirmada en el país y que algunos reportes la asocian con mayor impacto en adultos mayores. El infectólogo Xavier Sáez-Llorens explicó que el subclado K es una mutación esperada del H3N2 tradicional, con mayor transmisibilidad y leve evasión inmunológica, pero sin evidencia de mayor letalidad. Señaló que el aumento de casos en Europa y Norteamérica responde al invierno, mientras Panamá entra en temporada seca. La vigilancia nacional muestra actividad gripal baja, con 21.6 casos por cada 100,000 habitantes. La neumonía registra 9.2 casos y la bronquiolitis, aunque aún elevada, presenta tendencia a la baja. En laboratorio, la positividad para influenza alcanza 32.6%, el virus sincitial respiratorio 24% y el SARS-CoV-2 apenas 0.4%. No se han reportado aumentos en la gravedad de los casos. En la semana epidemiológica 48 no hubo nuevas muertes por influenza ni covid-19. En lo que va del año se registran 97 defunciones por influenza y 47 por covid-19. podrían trasladarse al Parlatino, ya que no se completaron a tiempo los trabajos de rehabilitación de la parte frontal del Palacio Justo Arosemena. Tienen una planilla abultada y un reglamento interno sin reformar, pero todavía creen que el problema está en la fachada. RECLUTAMIENTO. El pasado domingo, el PRD celebró jornadas de inscripción de adherentes en Bocas del Toro, el feudo político de Benicio. ¿Alguien habrá aprovechado para desafiliarse del partido? Enriquecimiento injustificado: el delito que se investiga cuando las cuentas ya no cuadran Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS Congelamientos de cuentas, auditorías y procesos penales explican cómo el delito de enriquecimiento injustificado se usa para investigar patrimonios que no guardan relación con los ingresos del funcionario. Cuando la Contraloría ordena el secuestro de cuentas, cuando el Ministerio Público empieza a revisar depósitos que no encajan con ningún salario conocido o cuando un funcionario no logra explicar cómo dio un salto patrimonial en poco tiempo, casi siempre aparece el mismo delito: enriquecimiento injustificado, no ilícito. Aunque ambos términos suelen usarse como sinónimos, en Panamá el concepto jurídico correcto es el primero, tal como lo establece la Ley 59 de 1999, que regula esta conducta tanto en el ámbito administrativo como penal. En los últimos meses, esta figura se ha vuelto especialmente visible en investigaciones contra exfuncionarios que manejaron fondos públicos durante el quinquenio pasado. Y aunque aparece con frecuencia en titulares y expedientes, sigue siendo una de las menos comprendidas fuera de los tribunales. El patrón es sencillo: un servidor público incurre en enriquecimiento injustificado cuando su patrimonio, o el de terceros, crece sin que pueda demostrar que ese aumento proviene de ingresos lícitos. No hace falta probar un acto puntual de corrupción. Basta con que las cuentas no cuadren. Por eso aparece una y otra vez en las investigaciones. Es mucho más fácil demostrar que existe una desproporción entre lo que alguien gana y lo que posee que reconstruir todo el camino de un posible desvío de fondos, con contratos, intermediarios y decisiones administrativas de por medio. Aquí ocurre algo clave: no es el Estado el que tiene que probar de dónde salió el dinero, sino el funcionario el que debe explicarlo. Si no puede, se activa una ruta que puede incluir congelamiento de cuentas, secuestro de propiedades, peritajes financieros y otras medidas cautelares. Los últimos casos: Brands, Meneses, Carrizo... Ese engranaje empezó a moverse con fuerza en los últimos meses contra personas que ocuparon cargos de alta jerarquía durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024). Uno de los casos más recientes es el de Héctor Brands, exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), quien permanece detenido mientras se le investiga por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, luego de que las autoridades detectaran movimientos financieros que, según la investigación, exceden ampliamente su capacidad económica. Un patrón similar aparece en el caso de Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), procesado por supuesto enriquecimiento injustificado, peculado y blanqueo. El expediente involucra a 22 personas y gira en torno al manejo de los auxilios económicos otorgados desde esa institución. La Contraloría también abrió un expediente administrativo por presunto enriquecimiento injustificado contra José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de la República. En octubre de este año ordenó el secuestro de cuentas bancarias, vehículos y bienes inmuebles como parte de la investigación. A nivel municipal, el exalcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, enfrenta una medida similar por inconsistencias detectadas en los ingresos recaudados por la comuna. El peso de la declaración de estado patrimonial Pero el problema no comienza cuando se congelan las cuentas. Para entonces, el daño ya está hecho. Empieza mucho antes. La Ley 59 de 1999 obliga a los funcionarios públicos a presentar una declaración jurada de estado patrimonial antes de asumir el cargo y otra al finalizar su gestión. Ese documento debe reposar en la Contraloría General de la República y, sobre el papel, debería permitir comparar el patrimonio de entrada con el de salida y detectar incrementos injustificiarse a partir de auditorías internas u otros elementos de convicción del fiscal, sin depender exclusivamente de la Contraloría. El desenlace no sorprendió: las iniciativas fueron rechazadas en la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho. El diputado también cuestiona lo que describe como una aplicación selectiva de las auditorías. Recuerda que solicitó investigar la distribución de $403 millones durante el quinquenio 2009-2014, pero la auditoría nunca se realizó. Existen, señala, fallos de la Corte Suprema de Justicia que avalan que la Contraloría audite a diputados en funciones y, si encuentra hallazgos, remita el caso a la instancia correspondiente. “El marco legal y la jurisprudenciaexisten.Loquefalta es voluntad”, resume. En términos técnicos, estos casos suelen seguir un mismo camino: se revisa la declaración jurada de bienes, se cruzan salarios con propiedades, cuentas bancarias, préstamos, compras y movimientos financieros inusuales. La Unidad de Análisis Financiero puede intervenir si hay indicios de blanqueo. Si el origen del dinero se justifica, el expediente se archiva. Si no, el caso entra en fase penal. La ley también contempla que el enriquecimiento injustificado pueda beneficiar a terceros: familiares, sociedades o personas que administren bienes del funcionario. Ese matiz ha sido clave en investigaciones recientes, donde el patrimonio no siempre aparece a nombre del investigado, sino repartido en estructuras societarias o cuentas de allegados. En el caso de Héctor Brands, por ejemplo, el Ministerio Público investiga también a varios familiares y personas cercanas. cados a tiempo. En la práctica, ese control casi no funciona. Las declaraciones no son de acceso público, lo que impide que la ciudadanía, los medios o la sociedad civil puedan fiscalizar o contrastar la información. Todo queda concentrado en una sola institución y su revisión depende de que la Contraloríadecida,ono,activar una auditoría. La norma existe, pero opera más como un requisito formal que como una herramienta real de prevención. ElpapeldelaContraloría A ese problema se suma otro igual de decisivo: la dependencia casi total de la Contraloría para que una investigación penal pueda siquiera arrancar. Así lo advierte el abogado y diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, quien recuerda que, conforme a la Ley 59, el Ministerio Público prácticamente no puede pedir la imputación de cargos por enriquecimiento injustificado sin que antes exista una auditoría que determine hallazgos. “Si la Contraloría se demora o no actúa, no hay forma de que el Ministerio Público inicie una investigación, aunque el funcionario exhiba una vida ostentosa”, explica Cedeño. Esa limitación alcanza incluso a los exfuncionarios, quienes siguen sujetos a este tipo de investigaciones hasta un año después de dejar el cargo. El procedimiento es rígido: primero la auditoría, luego el informe y solo entonces la vía penal. Para Cedeño, ese esquema se ha convertido en un cuello de botella institucional. Por eso, el procurador general, Luis Carlos Gómez, presentó un paquete de proyectos de ley anticorrupción que buscaban, entre otras cosas, permitir que las investigaciones también pudieran ini-
5A La Prensa Panamá, lunes 15 de diciembre de 2025
6A La Prensa Panamá, lunes 15 de diciembre de 2025 Panorama Las autoridades de salud recomiendan a la población realizar la prueba de VIH, así como de enfermedades de transmisión sexual. Isaac Ortega VIH en Panamá: el diagnóstico avanza, el tratamiento no Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA Panamá alcanzó la meta de diagnóstico del VIH, pero más de 10,000 personas siguen sin tratamiento, una brecha que compromete la salud, los derechos y los avances logrados. Por años, Panamá ha insistido en que avanza en la respuesta al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Y, en parte, las cifras lo respaldan. Sin embargo, detrás de los porcentajes alentadores persiste una realidad incómoda: miles de personas diagnosticadas siguen fuera del sistema de tratamiento, una situación que compromete su salud y pone en riesgo los logros alcanzados por el país. Panamá logró superar la primera meta de la estrategia global 95-95-95, impulsada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida), que establece que el 95% de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, el 95% de ellas accedan al tratamiento y el 95% logre la supresión viral. De acuerdo con el más reciente Informe Nacional de Monitoreo y Evaluación VIH 2024-2025, elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa), el país alcanzó un 96% en el primer eslabón de esta cascada: las personas diagnosticadas saben que viven con el virus. Sin embargo, el avance pierde fuerza cuando se observa lo que ocurre después del diagnóstico. Se estima que 31,588 personas viven actualmente con VIH en Panamá. De ese total, 21,034 recibían terapia antirretroviral (TARV) hasta diciembre de 2024. En términos porcentuales, apenas el 69% de las personas diagnosticadas tiene acceso al tratamiento. En la práctica, esto significa que más de 10,000 personas saben que viven con VIH, pero no están recibiendo la terapia que les permitiría controlar el virus, preservar su salud y reducir el riesgo de transmisión. No se trata de una cifra abstracta. Cada número representa a una persona que, por distintas razones, quedó fuera del sistema de atención: barreras económicas, estigma, falta de información, dificultades de acceso o, simplemente, un sistema que no logra retener a quienes ya ha identificado, advierte el informe del Minsa. Llegar tarde, llegar en peores condiciones Uno de los hallazgos más preocupantes del documento es el ingreso tardío al tratamiento. Casi la mitad de las personas que inician la TARV lo hacen cuando su sistema inmunológico ya está gravemente debilitado. En 2024, el 46% de quienes comenzaron tratamiento presentaba menos de 200 células CD4 por milímetro cúbico de sangre, un umbral crítico que incrementa significativamente el riesgo de infecciones graves. En 2021, esta proporción era del 32%, lo que evidencia un retroceso. Las células CD4 son un tipo de glóbulo blanco esencial para la defensa del organismo. Cuando sus niveles son bajos, el cuerpo queda expuesto a enfermedades oportunistas que, en muchos casos, pueden resultar mortales. El informe detalla que solo en 2024 se notificaron 1,208 casos de infecciones oportunistas asociadas al VIH. Entre ellas figuran 341 casos de tuberculosis, 159 de histoplasmosis, 127 de neumonías asociadas al VIH, 102 de candidiasis oral, 67 de criptococosis y 56 de toxoplasmosis cerebral. Además del impacto humano, estas cifras reflejan una carga adicional para el sistema de salud. Tratar infecciones avanzadas implica hospitalizaciones prolongadas, mayor consumo de recursos y costos significativamente más altos que la atención temprana y sostenida. El abandono: una herida abierta Incluso entre quienes logran iniciar tratamiento, la permanencia no está garantizada. Durante 2024, 1,705 personas abandonaron la terapia antirretroviral. Las causas revelan las fisuras del sistema: mala adherencia (928 casos), razones no especificadas (625), falta de apoyo familiar (55), traslados a otras provincias (44), consumo de alcohol y drogas (27) y, de forma alarmante, personas que suspendieron el tratamiento porque “se sentían mejor” (14). El abandono del tratamiento no solo pone en riesgo la vida de la persona que deja de medicarse. También incrementa la carga viral, favorece la transmisión del virus y puede generar resistencia a los medicamentos, un escenario que complica el manejo clínico y amenaza la efectividad de los tratamientos disponibles. El informe también evidencia una marcada desigualdad en el acceso a la atención. De las 21,034 personas en TARV, solo 7,261 cuentan con seguro social, mientras que 13,773 dependen exclusivamente del sistema público del Minsa. Esta brecha recarga hospitales y centros de atención que ya operan al límite. El Hospital Santo Tomás concentra la atención de 6,200 personas activas en TARV, seguido por la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), con 3,428. La pérdida del empleo y del seguro social —frecuente en contextos de desaceleración económica— obliga a muchas personas a migrar hacia el sistema del Minsa, lo que genera saturación y retrasos en la atención. La centralización de los servicios es otro obstáculo persistente. Para muchas personas, recibir tratamiento implica recorrer largas distancias, ausentarse del trabajo o asumir costos de transporte que no siempre pueden cubrir. La descentralización de la atención vuelve a aparecer como una necesidad urgente. Un plan para integrar esfuerzos En el marco del pasado Día Mundial del Sida (1 de diciembre), el Minsa y la CSS anunciaron el Plan de Integración de los Servicios de Salud para el VIH, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención, unificar protocolos, optimizar recursos y reducir las inequidades que afectan a las poblaciones más vulnerables. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reconoció que “persisten desafíos como interrupciones logísticas y de servicios, inequidades en el acceso y una respuesta fragmentada entre los subsistemas de salud, lo cual limita la eficiencia y sostenibilidad de la atención”. Por su parte, el director delaCSS,DinoMon,subrayó que la unificación de esfuerzos busca construir un sistema de salud integrado, moderno y sin barreras internas que perjudiquen al paciente. “Prevenir es proteger vidas. Fortaleceremos campañas educativas y acciones para eliminar la discriminación en todos los niveles de atención”, afirmó. El jefe de la Sección de VIH/sida del Minsa, Carlos Chávez, indicó que el plan se concentrará en las regiones con mayor número de casos: la comarca Ngäbe-Buglé, la Región Metropolitana, Panamá Oeste, San Miguelito, Bocas del Toro y Chiriquí. Diagnosticar más, pero mejor Durante 2024 se realizaron 330,748 pruebas de VIH en el país, con una positividad general del 0.6%. La mayor concentración de nuevos casos se registra en hombres jóvenes de entre 20 y 44 años, una población en plena etapa productiva. Aunque el volumen de pruebas es significativo, el desafío sigue siendo la focalización hacia las poblaciones más vulnerables y la reducción del estigma, un enemigo silencioso que aún frena la búsqueda temprana de atención. No todo es retroceso. En 2024, 17,730 personas lograron la supresión viral, es decir, alcanzaron niveles indetectables del virus en la sangre. Esto equivale al 84% de quienes están en TARV. Es un avance relevante, aunque todavía insuficiente para cumplir la meta internacional. La supresión viral no solo mejora la calidad y expectativa de vida de las personas con VIH; también reduce de forma drástica la posibilidad de transmisión, convirtiéndose en una de las herramientas de prevención más efectivas. El informe deja un mensaje claro: Panamá ha demostrado que puede avanzar, pero no puede conformarse. La segunda meta del 95 —el acceso al tratamiento— sigue siendo la gran deuda. Más de 10,000 personas diagnosticadas sin terapia deberían encender todas las alarmas. La respuesta al VIH no puede limitarse a estadísticas. Es un asunto de derechos humanos, dignidad y vidas. Cada persona que queda fuera del tratamiento es una señal de que el sistema aún tiene fallas que deben corregirse con urgencia. Personas aseguradas y no aseguradas Que reciben TARV en las CTARV, hasta dic. 2024 Infografía: LP - Fuente: Clínicas de Terapia Antirretroviral, en coordinación con el Departamento de Farmacia y los Laboratorios Clínicos institucionales y regionales Asegurados No Asegurados Total ATENDIDOS EN INSTALACIONES DEL MINSA ATENDIDOS EN INSTALACIONES DE LA CSS TOTALES 13,773 7,261 5,208 2,053 21,304 5,237 15,797 13,744 29 Personas que conocen su estado de VIH, los que reciben ARV’s. y los que tienen supresión viral, hasta diciembre de 2024 Infografía: LP - Fuente:Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud y de las CTARV 31,588 23,311 8,277 30,399 23,230 16,045 7,169 4,989 17,330 13,450 4,147 100% 84% ESTIMADO DE PVVIH PVVIH QUE CONOCEN SU ESTADO PERSONAS QUE CONOCEN SU ESTADO EN TARV PERSONAS EN TARV CON CARGA VIRAL SUPRESA 21,034 96% 69%
7A La Prensa Panamá, lunes 15 de diciembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. gobierno federal estadounidense, lo que finalmente lo alejó del marxismo. Descubrió que las políticas públicas “bien intencionadas” —“lo que se ve y no se ve”, en las palabras célebres de Frédéric Bastiat— con frecuencia dañaban a quienes supuestamente pretendían beneficiar. ¿Por qué esta larga vida productiva incomoda a tantos en la izquierda? Porque desarma la narrativa de victimización perpetua que alimenta la industria de la “justicia social”. Sowell no niega la existencia del racismo o la discriminación histórica, porque las vivió; simplemente señala que no son variables determinantes en todos los resultados. Y propone algo radical: tratar a las personas como agentes libres, responsables y con capacidad de decisión, no como víctimas permanentes del “patriarcado”. El rechazo desde la academia mainstream coincide con su explosión de popularidad entre los jóvenes. Los videos de entrevistas con él acumulan millones de vistas. ¿Por qué? Porque su estilo aforístico funciona perfectamente en la era de TikTok. Frases como “Es difícil imaginar una forma más estúpida de tomar decisiones que ponerlas en manos de personas que no pagan precio alguno por equivocarse” resumen en segundos lo que otros economistas tardan Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Los límites de la lucha anticorrupción Modelo de desarrollo Indudablemente, la corrupción desvía recursos colectivos, distorsiona las prioridades del gasto público, deteriora instituciones y erosiona la confianza ciudadana; sin embargo, identificarla como la raíz de todos los males resulta problemático. Académicos de diversas disciplinas han estudiado cómo el discurso anticorrupción es más que un clamor moral: también es un instrumento político que legitima jerarquías globales, invisibiliza relaciones de poder y refuerza desigualdades. Khorshed Alam, comunicólogo bangladesí, ha señalado cómo los informes de Transparencia Internacional y su conocido Índice de Percepción de la Corrupción alimentan un imaginario en el que el Sur global es intrínsecamente corrupto y el Norte aparece como modelo de transparencia. El politólogo Aram Ziai ha descrito este proceso como un mecanismo de construcción de un “Otro” inferior: países supuestamente incapaces de autogobernarse y que, por ello, deben ser tutelados y corregidos. No sorprende entonces que algunos panameños piensen que Washington tiene derecho a “disciplinarnos”. Sin embargo, los escándalos internacionales de evasión fiscal, los flujos ilícitos en grandes bancos del Norte global y las reglas desiguales del comercio internacional evidencian que el problema no se limita al “tercer mundo”, como también explica el antropólogo Jason Hickel. En The hollowness of anti-corruption discourse, Mlada Bukovansky muestra que el consenso internacional anticorrupción reduce problemas complejos a un marco tecnocrático de reglas y monitoreo. Así, la transparencia y la lucha anticorrupción limitan el debate público a estos aspectos, mientras silencian cuestiones de fondo como la concentración de la riqueza, el diseño fiscal o el rol del capital transnacional, como también ha estudiado el politólogo suClaudia Cordero Economía básica Responsabilidad individual A sus 95 años, Thomas Sowell sigue siendo más relevante que muchos influencers de la generación Z. Su cuenta de citas en redes sociales tiene casi el doble de seguidores que políticos socialistas que supuestamente “conectan” con los jóvenes. ¿La razón? Sowell dice verdades incómodas que la academia prefiere ignorar. Tras leer recientemente una nota sobre el autor y sus muchas décadas productivas, vale la pena ahondar un poco en su trayectoria. Sowell representa todo lo que la corriente dominante de la academia actual detesta: claridad ideológica, datos antes que feelings y la importancia de la responsabilidad personal por encima de la victimización colectiva. Su mensaje es sencillo: las decisiones tienen consecuencias, los incentivos importan y la planificación central fracasa porque nadie puede tener toda la información necesaria para dirigir una economía. Lo irónico es que Sowell llegó a estas conclusiones después de haber sido marxista en su juventud. No es un privilegiado que nunca entendió la pobreza; por el contrario, se crió sin electricidad ni agua corriente en el sur segregacionista de Estados Unidos. Fue precisamente su encuentro con los datos reales, trabajando desde un puesto en el páginas en explicar. El problema, como lo señala el historiador Niall Ferguson, es que Sowell está “completamente exiliado de los cursos de posgrado”. Las universidades Ivy League prefieren hoy enseñar “teoría crítica” y “justicia social” en lugar de economía básica —título de su libro Economía básica: un manual de economía escrito desde el sentido común—. El resultado, a juicio de muchos, es la formación de generaciones de estudiantes que no entienden conceptos fundamentales como la escasez, los incentivos o los costos de oportunidad, pero sí pueden arengar extensamente sobre “estructuras de poder” y “opresión sistémica”. La paradoja es notable para quienes comparten su manera de ver el mundo: mientras la academia lo rechaza, Sowell se vuelve más influyente. Su marginación ha coincidido con su expansión digital. Los guardianes del conocimiento institucional perdieron el monopolio en la difusión del mensaje “políticamente correcto”, suplantado por las redes sociales. Y resulta que, cuando las ideas compiten libremente, las de Sowell —respaldadas por décadas de investigación rigurosa— resuenan más que el “bla, bla, bla” posmodernista tan popular hoy en día. Sowell es importante porque escribe sobre lo que los datos de la vida real le han demostrado, no sobre lo que la moda intelectual le impone. En una era de conformismo académico “woke”, esto es genuinamente revolucionario. Opinión EL AUTOR es director de la Fundación Libertad. LA AUTORA es investigadora del Cieps. dafricano Roan Snyman. En regímenes autoritarios, la anticorrupción sirve como arma para purgar rivales y concentrar poder; en democracias frágiles, advierte el politólogo Thomas Carothers, se reduce a un eslogan electoral vacío. Panamá es un buen ejemplo: cada elección viene cargada de promesas anticorrupción que nunca derivan en cambios profundos y que alimentan la antipolítica. La retórica legalista y moralizante ignora las causas sistémicas de los problemas y, cuando constatamos que nada cambia, la indignación se recicla, crece la idea de que lo público no funciona y de que “todos los políticos son iguales”. Se normaliza entonces la demanda de mano dura o la tolerancia hacia liderazgos autoritarios, lo que erosiona la confianza en la democracia, como ya reflejan datos recientes del Latinobarómetro y del Cieps. Sin embargo, la corrupción no se resuelve con mano dura ni con manuales de buena gobernanza, porque no es un problema de manzanas podridas, sino de incentivos institucionales y de relaciones de poder históricas y globales, como advierte el politólogo sueco Bo Rothstein. Por ello, la consigna de que “el dinero alcanza cuando nadie roba” resulta engañosa: aun si no se robara un centavo, un modelo económico dependiente del tránsito, del capital y de la especulación financieras, y con un sistema tributario regresivo, difícilmente puede ser socialmente justo o generar bienestar colectivo. El malestar frente a la corrupción es legítimo y señalar a los corruptos es necesario, pero, paradójicamente, no acabaremos con ella si la convertimos en el centro absoluto del debate. Superar explicaciones totalizantes y simplistas permitiría elevar la discusión hacia aquello que realmente marca nuestro destino: la distribución de la riqueza, el rol de Panamá en la economía global y un modelo de desarrollo atrofiado que —además de beneficiar a pocos y propiciar la corrupción que tanto rechazamos— nos amarra a él como si fuera nuestro único destino posible. Cuando Trump amenazó con tomar el Canal a principios de año, algunos panameños lo aplaudieron, convencidos de que Panamá merecía las afrentas por ser un país con altos niveles de corrupción. Según estas opiniones, una intervención de Estados Unidos ayudaría a “poner orden” en el país. Si bien el tema amerita un debate complejo, lo cierto es que hoy la corrupción ocupa un lugar privilegiado en la agenda pública. Encuestas del Cieps la ubican en primer lugar entre los problemas del país, y una medición reciente de La Estrella de Panamá mostró que para el 34% de la población es el problema más urgente, incluso antes que el desempleo, el costo de vida o la educación. La lógica parece ser que todo problema deriva de ella, por lo cual eliminarla haría que el país “funcionara”. Esta centralidad de la corrupción no es casual. En los años ochenta y noventa, con los programas de ajuste estructural, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y, más adelante, el Banco Interamericano de Desarrollo, impulsaron la idea de que el problema del llamado subdesarrollo no era la desigualdad en el sistema global ni la dependencia económica que este genera, sino la falta de “buena gobernanza” y la corrupción local, entendidas en parte como rasgos culturales que debían erradicarse de nuestros países “indisciplinados”. En Panamá, este enfoque se consolidó junto con privatizaciones y desregulaciones, bajo el mantra de que atraer inversión requería “limpiar” las instituciones y mejorar los índices de percepción, dejando aspectos cruciales del modelo de desarrollo en segundo plano. Así se instaló una narrativa enfocada no en las estructuras económico-políticas que condicionan la vida del país, sino en la conducta de funcionarios y políticos. A los 95 años, Thomas Sowell desafía la ortodoxia académica con datos, claridad y sentido común, mientras su influencia crece fuera de las aulas universitarias. Surse Pierpoint Una mirada crítica al discurso anticorrupción dominante y a sus límites para explicar la desigualdad, el poder global y el modelo de desarrollo que condiciona la democracia panameña. Las murallas del alma Geopolítica Hubo un tiempo en que China, temerosa de los pueblos del norte, levantó una muralla para protegerse del resto del mundo. Aquella obra colosal cumplió su función militar durante un tiempo, pero su efecto más profundo fue otro: aisló a China de los intercambios humanos, del roce fecundo con otras culturas, y la confinó en la ilusión de su propia suficiencia. Mientras Europa y el mundo islámico se abrían al conocimiento, China permanecía encerrada en su pasado glorioso, protegida pero estancada. Toda muralla física termina siendo también una muralla mental. Y cuando una nación levanta muros para protegerse del extranjero, suele terminar protegiéndose del cambio, del aprendizaje y del futuro. Los muros separan cuerpos, pero, sobre todo, separan ideas. Estados Unidos, al insistir en construir un muro que lo separe de sus vecinos, repite, quizás sin saberlo, un gesto antiguo: el del poder que teme perder su pureza y se encierra. Pero no hay grandeza posible en el aislamiento. La fuerza de una civilización está en su capacidad de mezclarse, de aprender, de enriquecerse con lo distinto. El intercambio es el oxígeno del progreso; el encierro, su asfixia. Y hay una muralla aún más peligrosa que la de concreto: la que se levanta en la mente cuando un pueblo empieza a creer que su raza, su cultura o su religión son superiores a las demás. Ese pensamiento, que parece un acto de orgullo, es en realidad la antesala de la barbarie. De él nacen las guerras, los genocidios y las humillaciones que han ensombrecido la historia. Quien se siente superior deja de aprender; quien desprecia al otro, deja de ser plenamente humano. Por eso, las murallas —sean de piedra o de prejuicio— no protegen: empobrecen. Ninguna civilización se ha salvado encerrándose. Las que perduran son las que se abren, las que integran, las que entienden que el mundo no se domina, sino que se comparte. Ojalá que los países que hoy levantan muros recuerden la lección de la historia: todo muro construido para defender la identidad termina erosionando el alma de quien lo erige. EL AUTOR es exdirector de La Prensa. Carlos E. González de la Lastra Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
8A La Prensa Panamá, lunes 15 de diciembre de 2025
1B La Prensa Panamá, lunes 15 de diciembre de 2025 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Licitan concesión por 20 años para el antiguo Figali La UABR prepara la concesión bajo el esquema de arrendamiento con una inversión total estimada en $30 millones que incluye la construcción de nuevos estacionamientos. La concesión será por 20 años y contempla la remodelación de la infraestructura, así como la construcción de un estacionamiento de tres niveles y un anfiteatro techado. Anel Asprilla Alex E. Hernández V. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Después de 16 años de estar en manos del Estado, el centro de convenciones de Amador, antiguo Figali, volverá a estar bajo la administración del sector privado. Hay que recordar que en 2009 se ordenó un secuestro de la infraestructura por falta de pagos de los antiguos propietarios y, desde entonces, el complejo ha sido operado por diversas entidades estatales, estando actualmente bajo el paraguas de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR). Jorge Antonio Díaz Guerra, secretario ejecutivo de la UABR, explicó a La Prensa que el esquema que se utilizará es “arrendamiento con inversión”, durante un periodo de 20 años, en el cual el concesionario realice mejoras en la infraestructura, opere las instalaciones y pague un canon al Estado. Para concretar la concesión, actualmente se realiza una licitación por mejor valor en la cual tres empresas organizadoras de eventos y una constructora han mostrado interés. Díaz explicó que la primera fase de la concesión incluye la construcción de un edificio de estacionamientos con capacidad para 1,600 vehículos, estructura que estará ubicada en la zona contigua al antiguo Figali. Señaló que el objetivo es mejorar la movilidad desde y hacia la Calzada de Amador, por lo cual no serán estacionamientos exclusivos del centro de convenciones, sino que cualquier persona que se dirija hacia alguna de las islas podrá hacer uso de las instalaciones. “La mayoría de los visitantes o usuarios de Amador normalmente frecuentan el área de las islas y cuando llegan al punto no hay lugares de estacionamiento suficientes para la cantidad de personas que allí nos visitan; entonces, lo que buscamos es tener un punto estratégico justamente al lado del Centro de Convenciones Amador”, comentó. En cuanto a la estructura del antiguo Figali, el contrato contempla la modernización de la fachada externa, así como mejoras tecnológicas internas, con sistemas de iluminación digital y pantallas, entre otros. El secretario ejecutivo de la UABR comentó que el objetivo es desarrollar un centro multipropósito que permita realizar una serie de eventos, además de presentaciones artísticas, algo similar a la Arena Roberto Durán, pero con mayor capacidad. Señaló que, a nivel de seguridad, la infraestructura se encuentra en buen estado, lo que, indicó, quedó demostrado en los estudios que se presentaron a los organizadores de los Premios Juventud, realizados recientemente en el Centro de Convenciones Amador. La concesión, que puede ser prorrogable, también contempla mejoras en la plaza al aire libre contigua al antiguo Figali. De acuerdo con los parámetros establecidos en el pliego de condiciones, la zona debe operar como un anfiteatro techado con capacidad para 15 mil personas. Adicionalmente, el concesionario debe rehabilitar al menos ocho viviendas que están en la parte posterior al centro de convenciones, zona que debe destinarse a comercios y restaurantes. Igualmente, se destinará un área para reubicar a los comerciantes informales que actualmente se ubican a lo largo de la Calzada. El secretario ejecutivo de la UABR dijo que el proyecto permitirá legalizar a los microempresarios que operan en la Calzada, pero que no cuentan con un espacio físico. “Será el concesionario del Centro de Convenciones Amador el responsable de adjudicar los espacios y establecer el arrendamiento que deberán pagar, pero es una zona que debe formar parte del desarrollo de las 7.9 hectáreas que se darán en concesión bajo el esquema de arrendamiento con inversión”, dijo el funcionario. En el contrato también se incluye una pasarela que conectaría el antiguo Figali con el Panama Convention Center, con el objetivo de que ambas estructuras operen de forma complementaria durante eventos de gran magnitud. Canon Durante la concesión, el Estado recibirá fondos de diversas fuentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en torno al antiguo Figali. En el contrato se establecerá un canon por metro de infraestructura y por metro cuadrado de la zona concesionada. Aunque dependerá de la oferta económica de cada proponente, se estima un pago mensual de entre 70 mil y 75 mil dólares por metro de infraestructura y por metro cuadrado de terreno. Adicionalmente, se establecerá un pago de renta variable de 2.4% sobre los ingresos generados por todas las actividades que se desarrollen dentro de la concesión, como estacionamientos, realización de eventos, venta de comida, entre otros. Después del cuarto año de concesión se realizará un ajuste cada dos años del canon de arrendamiento, así como de los ingresos que deLicitación La licitación por mejor valor para desarrollar el Centro de Entretenimiento de Amador tiene un precio de referencia de 17.9 millones de dólares, aunque se estima que la inversión total superaría los 30 millones de dólares. El secretario ejecutivo de la UABR comentó que se ponderarán las propuestas económicas y el financiamiento que presenten los interesados en operar la concesión del antiguo Figali. Actualmente, la licitación se mantiene suspendida luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenara realizar cambios en el pliego de condiciones para mejorar el proceso de selección del contratista. Para la DGCP es necesario aclarar los documentos que deben entregar los interesados para demostrar que cumplen con los requisitos solicitados en el pliego de condiciones. Igualmente, se pide actualizar lo relacionado con la metodología que se utilizará para evaluar las propuestas, ya que, en opinión de la Dirección, el proceso establecido en el pliego de condiciones no se ajusta al procedimiento de licitación por mejor valor. Sobre lo señalado por la DGCP, el secretario ejecutivo de la UABR comentó que ya se trabaja en subsanar los puntos señalados por la entidad, por lo cual indicó que se espera que durante 2026 se realice y concrete la licitación de selección del contratista. Las empresas que participaron en la reunión de homologación del pliego de condiciones fueron Show Pro y Ticket Plus, Magic Dreams/ Panatickets, la firma de abogados ADA, Mallol Arquitectos, S.A., Festieventos y Promotora Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V. (PROINFRA). Durante la reunión, la mayoría de las consultas giraron en torno a la presentación de la carta de financiamiento, la explicación del servicio de transporte, así como peticiones relacionadas con la experiencia local para realizar eventos que debe tener la empresa que sea seleccionada. Por el momento no hay una fecha para la presentación de propuestas económicas y todo dependerá de la aprobación por parte de la DGCP de los cambios que debe realizar la UABR al pliego de condiciones. UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BIENES REVERTIDOS be percibir el Estado en concepto de las actividades comercialesadministradaspor el concesionario, incluyendo el servicio de transporte que se desarrollará desde el antiguo Figali hacia la Calzada de Amador, con una ruta hacia el Casco Antiguo. El secretario ejecutivo de la UABR explicó que el servicio de transporte también debe ser desarrollado por el concesionario con la finalidad de mejorar la movilidad desde y hacia la Calzada de Amador, incluyendo el Casco Viejo, con la intención de establecer un circuito turístico. Aunque el pliego de condiciones contempla que sean buses con un concepto turístico, el diseño final dependerá de la propuesta final de los proponentes. “Al menos serán 10 unidades que estarán saliendo en un intervalo de 15 minutos, dependiendo del flujo desde el Centro de Convenciones de Amador, y aunque el costo del transporte y de los estacionamientos será fijado por el concesionario, lo que se busca es que sea accesible para que cumpla con el propósito de mejorar la movilidad en la zona”, destacó Díaz. Reyna Katiuska Hernández [email protected] Proyectan que comercio mundial crecerá 7% al cierre de 2025 PERSPECTIVA El comercio mundial crecerá este año a una tasa de 7%, pese a las tensiones geopolíticas, el aumento de los costos y la desaceleración de algunas economías, factores que han afectado el flujo de bienes y servicios y han moderado el consumo a nivel global. De acuerdo con la más reciente actualización de Unctad, el comercio mundial sumaría alrededor de $2.2 millones de millones (trillion en inglés) adicionales este año, lo que establecería un nuevo máximo histórico de $35 millones de millones. Más del 80% del comercio se mueve a través del transporte marítimo. Asia Oriental, África y el comercio Sur-Sur fueron los principales impulsores del crecimiento, mientras que la industria manufacturera, en especial la electrónica, se mantuvo como el principal motor de la expansión. Entre julio y septiembre, el comercio mundial creció 2.5% en comparación con el trimestre anterior. En ese periodo, el comercio de bienes aumentó cerca de 2% y el de servicios 4%. Para el último trimestre del año se prevé una moderación del ritmo, con un crecimiento estimado de 0.5% en bienes y 2% en servicios. Si las previsiones se mantienen, los bienes aportarían alrededor de $1.5 millones de millones (trillion) y los servicios $750,000 millones, completando un aumento anual global de 7%. El 90% del comercio mundial es por vía marítima. Archivo EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 263 260 255 250 245 240 235 225 220 215 210 205 200 195 190 88.66 252.44 Elevación sobre el nivel del mar en pies
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==