4A La Prensa Panamá, domingo 14 de diciembre de 2025 Panorama El Sistema Nacional de Investigadores tiene entre 700 y 900 integrantes. Elysée Fernández Demora en pago del SNI reabre debate sobre apoyo a la ciencia Aleida Samaniego C. [email protected] INCENTIVOS El retraso en el segundo pago del incentivo del SNI, atribuido a la contención fiscal, vuelve a poner en discusión la prioridad estatal a la investigación científica. Entre los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de Panamá, la interrogante resuena con fuerza: ¿cuándo se desembolsará el segundo pago del incentivo económico para la generación de investigación correspondiente al año 2025? Este retraso, que ya afecta a los investigadores del país, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad de las políticas de apoyo a la ciencia en Panamá. El SNI, instrumento creado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), tiene como objetivo reconocer la excelencia investigativa mediante incentivos económicos y distinciones honoríficas. Los beneficios se asignan con base en criterios de calidad, productividad, trascendencia e impacto de los trabajos científicos realizados. Sin embargo, este mecanismo se ha visto afectado por los recientes ajustes presupuestarios derivados de la contención del gasto público, lo que ha generado inquietud entre los investigadores. El retraso en el desembolso del segundo pago de este año ha causado malestar entre los miembros del SNI, quienes expresaron su preocupación por la prioridad que se le brinda a la ciencia, en momentos en que se asignan fondos de forma discrecional a proyectos en los municipios de Chame y San Carlos, los cuales han generado fuertes cuestionamientos por parte de la sociedad civil en las últimas semanas. La Ley 56 de 14 de diciembre de 2007, que creó el SNI, reconoce la importancia de la ciencia y la investigación para el progreso del país. A través de esta normativa se establece un esquema de incentivos para quienes contribuyen al avance científico y tecnológico de la nación. Esta ley subraya el valor de los investigadores y la necesidad de su apoyo para impulsar la competitividad, la productividad y el bienestar social de Panamá. La Senacyt explica Ante esta situación, el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega Barría, detalló que el retraso en el pago del incentivo está directamente relacionado con las medidas de contención del gasto público implementadas en junio de este año, y no con la suspensión del beneficio. “Estos incentivos no constituyen un salario; son reconocimientos adicionales sujetos a la disponibilidad de fondos del Estado”, aseguró Ortega Barría. Según el funcionario, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya ha liberado los recursos necesarios, y el pago se realizará la próxima semana. Ortega Barría también recordó que el SNI realiza los pagos de los incentivos de manera semestral, en enero y julio, y que, antes de la contención presupuestaria, estos se efectuaban de manera mensual. Sin embargo, debido a los ajustes fiscales, el pago correspondiente a julio se retrasó, aunque ya se han liberado los recursos necesarios. “La Senacyt inició el proceso de justificación ante el MEF para priorizar este incentivo y finalmente se logró la aprobación de los fondos”, explicó. El SNI clasifica a los científicos en tres categorías: investigador nacional I, investigador nacional II e investigador distinguido, con base en la producción científica y el impacto de su trabajo. Para acceder a la categoría de investigador nacional I se exige al menos dos artículos publicados en revistas indexadas, mientras que para la categoría de investigador nacional II se requieren ocho artículos, con al menos tres como primer autor. La categoría de investigador distinguido, la más alta, exige quince artículos científicos, cinco de ellos como primer autor. La evaluación de los investigadores se realiza cada tres años, y quienes no cumplen con los requisitos establecidos quedan fuera del sistema. Ortega Barría destacó que el SNI se basa en el mérito y que quienes no cumplen con los indicadores deben salir del sistema. “Es un mecanismo competitivo y riguroso”, señaló. Ortega Barría afirmó que nunca, en los 18 años de existencia del SNI, se ha dejado de pagar el incentivo, aunque en esta ocasión el proceso se ha visto afectado por la contención fiscal. “Este retraso no es un incumplimiento, sino una demora causada por la situación fiscal del país”, subrayó. El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación concluyó que la Senacyt fue escuchada por el MEF y que, a pesar del retraso, se han liberado fondos no solo para este incentivo, sino también para otros proyectos científicos de impacto significativo. “La prioridad ha sido la ciencia, y aunque el pago llega con retraso, se va a cumplir”, finalizó Ortega Barría. Este retraso, aunque justificado en términos fiscales, pone de manifiesto las tensiones entre las necesidades de la comunidad científica y las restricciones presupuestarias que enfrenta el país. La realidad de la ciencia en Panamá La falta de recursos ha marcado la historia de la ciencia, y en Panamá esta realidad se repite año tras año. La comunidad científica del país se ha propuesto como meta alcanzar una inversión equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia, tecnología e innovación para 2029, pero los recortes presupuestarios proyectados para el próximo año muestran que el país se mueve en dirección contraria. La hoja de ruta trazada por la Senacyt contemplaba un crecimiento progresivo del presupuesto en un 0.2% del PIB por año, pero el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado presentado por el MEF para 2026 refleja un retroceso significativo. Según el documento, la Senacyt pasará de manejar $83.3 millones en 2025 a $61.9 millones en 2026, una reducción de $21.3 millones. El golpe también alcanza al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), que tendrá un presupuesto de $35.3 millones, $4 millones menos que en la vigencia actual. En contraste, la Asamblea Nacional mantendrá su presupuesto sin cambios para 2026, con $98.7 millones, lo que evidencia la prioridad desigual que enfrenta el sector científico. El impacto no es menor. La Senacyt, tiene varias asociaciones interés público (AIP) bajo su paraguas como es el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat), Infoplazas, el Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenamep), Coiba, Investigación Científica Aplicada en Tecnología de Información y Comunicaciones (Indicatic) y el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps). El procurador general de la nación, Luis Gómez Rudy, emitió una opinión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre una demanda a la Ley 429 del 18 de abril de 2024, que permitió al personal de la carrera legislativa de la Asamblea Nacional el acceso a una permanencia en dos años y sin concurso. Para Gómez Rudy es inconstitucional el articulado de la ley que incluye expresiones como “por un periodo de dos años” y “sin necesidad de concurso” para el ingreso de funcionarios al sistema de carrera legislativa, según recoge la opinión remitida a la CSJ el pasado 11 de noviembre de 2025. La norma fue demandada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), en octubre de 2025, al considerarla “un blindaje para nombramientos clientelistas”. Con la ahora conocida opinión del procurador, la demanda avanza en el despacho de la magistrada de la CSJ, Miriam Cheng. Dos meses y medio antes del cierre de la Asamblea Nacional en abril de 2024, bajo la presidencia del diputado Jaime Vargas, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la Ley 429 fue aprobada, eliminando también el Consejo de la Carrera del Servicio Legislativo—órgano responsable de garantizar procesos de ingreso basados en méritos—. ‘El blindaje’ La demanda contra la Ley tocó base con los artículos 300 y 302 de la Constitución. “Los artículos 300 y 302 exigen que el acceso al régimen de carrera pública y la estabilidad estén condicionados al mérito, medido mediante procedimientos objetivos (concursos y evaluación verificable). La Ley 429 hace lo contrario (...)”, explicó Olga de Obaldía, directora ejecutiva del capítulo panameño de TI. La también abogada detalló que la Ley hace lo contrario al permitir la incorporación a la carrera legisaltiva sin concurso, en el umbral de dos años y sin un órgano colegiado como el Consejo de Carrera. Sobre los mismos artículos de la Constitución se basó Gómez Rudy en parte de su opinión. “Sustituir este estándar constitucional por un criGómez considera que reforma a ley de la carrera legislativa es inconstitucional BLINDAJE terio de permanencia basado en la temporalidad de dos (2) años, pero, además, a través de un procedimiento especial de ingreso, por seis (6) meses, supone debilitar los cimientos del Estado al abrir espacio a una discrecionalidad constitucionalmente infundada”, recoge Gómez Rudy en la opinión sobre una vulneración al artículo 300 de la Constitución. El artículo 300 de la Constitución habla expresamente del mérito que debe regir a los cargos de los servidores públicos. Por otra parte, en la opinión también el procurador señala que eliminar el Consejo de Carrera del Servicio Legislativo prescinde del mecanismo de verificación objetiva de capacidades que define el sistema del mérito, algo que atañe al artículo 302. La planilla creció La Ley 429 levantó las alarmas también sobre la planilla de la Asamblea Nacional, ya considerada por distintos actores como abultada en el año 2024. A un año de la aprobación de la Ley 429, la planilla tuvo una reducción, pero luego un drástico incremento. De contar con 3,067 funcionarios en la planilla en junio de 2025, la Asamblea pasó a tener 5,631 funcionarios en noviembre. Las cifras de la propia Contraloría así lo revelaron en el segundo semestre de 2025, donde se constata que en el mes de noviembre la planilla incrementó un 83% con respecto a julio. El decrecimiento de personal fue superado con creces posteriormente, puesto que aunque la planilla de la Asamblea tuvo un recorte de 1,377 funcionarios entre junio y julio de 2025 —tras una auditoría de la Contraloría General de la República entre marzo y mayo—, en los meses de octubre y noviembre hubo un incremento de 1,558 funcionarios. Mario De Gracia [email protected] Procurador Luis Carlos Gómez Rudy. Archivo
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