2A La Prensa Panamá, domingo 14 de diciembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Fachada del Palacio de las Garzas, donde opera el cada vez más poderoso Ministerio de la Presidencia. Cortesía Secretarías: el modelo centralista que persiste en la Presidencia Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] BUROCRACIA Consolidado en la administración 2009-2014, este esquema no solo se mantiene, sino que sigue ampliándose, según diputados y analistas políticos. En la Presidencia hay al menos ocho secretarías. En el Ministerio de la Presidencia persiste un modelo de concentración administrativa que ha sobrevivido a los cambios de gobierno. Bajo el argumento de ordenar y centralizar funciones consideradas similares, en las últimas administraciones se han creado nuevas oficinas y secretarías que duplican tareas ya asignadas a otras instituciones del Estado. Este esquema, heredado de la administración 20092014, cuando se impulsó una lógica de control y acumulación de poder en el Órgano Ejecutivo, no solo se mantiene intacto, sino que, para diputados y analistas políticos, sigue ampliándose, con un impacto directo en el gasto público y miles de dólares destinados a planillas, sin que exista una evaluación pública clara sobre su necesidad, eficacia o resultados. Actualmente, en el Ministerio de la Presidencia existen al menos ocho secretarías, cuyos responsables perciben salarios no menores de $3 mil mensuales y gastos de representación también de $3 mil al mes. Incluso, algunos devengan montos superiores. El esquema de secretarías adscritas al Ministerio de la Presidencia incluye oficinas de Asuntos Públicos, Asuntos Económicos, Ferrocarril, Gabinete Turístico, Metas, Reorganización del Estado, Asuntos Constitucionales, Asociaciones Público-Privadas y Electrificación Rural, una estructura que combina dependencias heredadas de administraciones anteriores con otras creadas recientemente. Mientras secretarías como Metas y Asuntos Públicos provienen de gobiernos pasados, otras —como la del Ferrocarril y la de Reorganización del Estado— fueron incorporadas por la administración del presidente José Raúl Mulino. Oficinas bajo la lupa Este tema es visto con recelo por la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, quien, durante la sustentación de las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, pidió más información sobre los resultados de estas oficinas, debido a los privilegios y altos salarios asociados a sus cargos. A su juicio, el problema del tamaño del Estado va más allá del número de funcionarios y apunta a un modelo administrativo que requiere cambios profundos. “No podemos seguir sosteniendo el tamaño del Estado tal como está; se necesita una reingeniería completa”, afirmó, al señalar que la discusión no debe centrarse únicamente en recortes de personal, sino en la eliminación de cargos que implican altos costos para las finanzas públicas. Prado también cuestionó la falta de transparencia en torno a estas dependencias y los beneficios asociados a sus cargos. “Tenemos una serie de secretarías que queremos entender”, dijo, al denunciar que existen privilegios tanto para ministros y viceministros como para los secretarios de la Presidencia. Según relató, estas inquietudes fueron planteadas durante las vistas presupuestarias sin obtener respuestas claras. “Nosotros lo preguntamos en las vistas presupuestarias, pero no hubo respuestas; aunque creo que no hay voluntad”, sostuvo, al insistir además en la necesidad de abordar el tema pendiente de la carrera administrativa. Intento fallido Como se recordará, durante el gobierno de Laurentino Cortizo (20192024) se intentó reordenar la estructura del Ministerio de la Presidencia mediante la reubicación de algunas de sus oficinas, sin que la iniciativa produjera resultados efectivos. En 2021, el Ejecutivo informó que la gestión implicaría redistribuir más de $60 millones que hasta entonces se asignaban a la Presidencia, en concepto de transferencias descentralizadas y programas, y que entidades como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Autoridad de Innovación Gubernamental y la Comisión de Desarrollo Sostenible, entre otras, serían trasladadas —por razones sectoriales— a las instituciones a través de las cuales recibirían esos recursos; sin embargo, los cambios no lograron materializar una reducción sustancial de la centralización ni del gasto asociado. Para el analista político José Stoute, la creación y permanencia de múltiples secretarías en la Presidencia contradice los objetivos del presidente de reducir el tamaño del Estado. Según Stoute, aunque el mandatario ha planteado como prioridades tanto una eventual Asamblea Constituyente como el achicamiento del aparato estatal, la ejecución de este último resulta inconsistente. A su juicio, “no cabe la menor duda de que unas acciones se contradicen entre sí”, lo que debilita la coherencia del discurso gubernamental sobre la reforma del Estado. Las medidas Dentro del plan de reorganización del Estado impulsado por el presidente José Raúl Mulino, tres de las decisiones adoptadas han sido la eliminación del Ministerio de la Mujer y la reestructuración del Banco Hipotecario Nacional (BHN) y del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA). En el primer caso, el Ejecutivo promovió la desaparición del ministerio y su sustitución por el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), adscrito al Ministerio de Desarrollo Social. En paralelo, el Gobierno anunció que el BHN dejará de operar como entidad independiente y será integrado a la Caja de Ahorros, como parte de una estrategia para unificar funciones bancarias estatales y disminuir estructuras consideradas duplicadas. Lo mismo sucederá con el BDA, que pasará al Banco Nacional. “Iniciaremos de manera urgente un proceso de reforma del Estado para hacerlo más eficiente, desmontando estructuras que se superponen y que fueron pensadas en otra época”, manifestó el presidente José Raúl Mulino el pasado 1 de julio de 2025, durante su discurso ante la Asamblea Nacional. Aunque el Ejecutivo ha avanzado en la eliminación y reestructuración de algunas entidades, las secretarías adscritas a la Presidencia se mantienen y aumentan con cada administración, en medio de cuestionamientos sobre su pertinencia y su costo. La reciente incautación por parte de Estados Unidos del tanquero Skipper, frente a la costa de Venezuela, puso en el centro de atención al panameño Ramón Carretero Napolitano, quien ya es descrito sin tapujos como el principal intermediario del flujo de petróleo que se comercializa entre Venezuela y Cuba, según documentos de la estatal PDVSA y fuentes cercanas al gobierno venezolano citados por el diario The New York Times (NYT). Carretero, quien desde el pasado jueves enfrenta sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense, es señalado como la figura clave que articula los envíos destinados a Cuba, aunque solo una fracción del petróleo llega a la isla, ya que la mayoría es revendida a China. De acuerdo con datos internos de PDVSA, las sociedades ligadas a Carretero han representado una cuarta parte del petróleo asignado por PDVSA para exportar en lo que va de año. El rol de Ramón Carretero en el envío de petróleo venezolano a Cuba LISTA CLINTON De hecho, el Skipper llevaba petróleo contratado conjuntamente por la empresa estatal Cubametales y una sociedad vinculada a Carretero, según los documentos examinados por el NYT en su nota. El Skipper salió de Venezuela el 4 de diciembre pasado, transportando 50,000 barriles de petróleo. Aunque su destino final era Matanzas, su intención era dirigirse a Asia. Antes, transfirió parte de su mercancía en alta mar, de barco a barco; solo esa fracción del petróleo llegó, en efecto, a Cuba. Poco después, el 10 de diciembre, fue incautado por Estados Unidos, cuando todavía navegaba frente a las costas de Venezuela. Al día siguiente, Carretero fue incluido en la Lista Clinton que prepara la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con él fueron listados tres sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estados Unidos justificó las sanciones alegando que Carretero, en asociación con los “narcosobrinos”, facilita los envíos y la comercialización de petróleo en nombre del régimen venezolano. Para tener una idea de la magnitud del negocio que involucra a Carretero, Cubametales ha obtenido contratos para comprar cerca de 65,000 barriles diarios de petróleo venezolano en lo que va de año, según el NYT. La cifra representa un incremento de 29% en relación con 2024 y de siete veces más en comparación con 2023. Y esas transacciones tienen a este panameño como “intermediario”. Cubametales, PDVSA y el Skipper también están en la Lista Clinton, lo que implica que todos sus bienes en Estados Unidos han sido bloqueados. Las sanciones también implican que los ciudadanos y entidades estadounidenses tienen prohibido realizar alguna transacción financiera o comercial con personas y empresas listadas por la OFAC. De Carretero no se sabe nada desde finales de septiembre pasado, cuando resultó herido en un accidente de avioneta en Maiquetía, Venezuela. Mónica Palm [email protected] Una foto facilitada por Vantor muestra una imagen satelital del 12 de diciembre de 2025 del petrolero venezolano recientemente incautado, conocido como “The Skipper”, en el mar a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe.
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