1A La Prensa Panamá, domingo 14 de diciembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 14 de diciembre de 2025 - Año 45 - Nº 15230 Hoy por hoy Ya lo advertimos en estas páginas cuando, en los últimos dos años del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), se dio luz verde a leyes con claros propósitos clientelistas: legislar por razones políticas para proteger planillas no solo es mala práctica, sino violación directa de principios constitucionales que rigen la función pública. Una de esas normas —la Ley 429 del 18 de abril de 2024—, impulsada desde la Asamblea Nacional por el entonces oficialismo, no buscó fortalecer la carrera legislativa ni profesionalizar el servicio, sino blindar intereses coyunturales mediante atajos legales. La opinión del procurador general, Luis Gómez Rudy, confirma lo evidente: reducir de cinco a dos años el acceso a la permanencia y eliminar el concurso público contraviene los artículos 300 y 302 de la Constitución, que consagran mérito, idoneidad e igualdad de oportunidades. No es interpretación política, sino un límite constitucional claro. Este episodio desnuda una práctica recurrente: legislar para proteger estructuras internas, no para servir al país. Deportes Philip Rivers vuelve con los Colts de Sea le 1B Cocinar identidad: la apuesta cultural de Mario Castrellón 4B Panorama Demora en pago del SNI reabre debate sobre apoyo a la ciencia 4A ADEMÁS Partido Popular opta por Cirilo Salas 3A Gómez: reforma a la carrera de la AN es inconstitucional Mario De Gracia [email protected] BLINDAJE DE PLANILLAS Se trata de una ley de abril de 2024 que redujo a dos años y sin concurso la permanencia de funcionarios del Legislativo. El procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, remitió a la Corte Suprema de Justicia una opinión en la que considera inconstitucional la Ley 429 del 18 de abril de 2024, que permitió a funcionarios de la Asamblea Nacional (AN) acceder a la carrera legislativa en dos años y sin concurso por mérito. La norma fue demandada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panaPanamá en la trama del petróleo de Maduro Panamá entra en la trama petrolera de Nicolás Maduro a través del empresario Ramón Carretero Napolitano, señalado como intermediario clave en envíos de crudo venezolano hacia Cuba y Asia, pese a sanciones, según documentos de PDVSA y reportes del New York Times. VEA 2A BlackRock vende 7.1% de su participación en Naturgy El balotaje chileno que puede marcar el mayor giro político desde la transición EMPRESAS Henry Cárdenas [email protected] BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, vendió el 7.1% de su participación en la energética española Naturgy mediante una colocación acelerada por $1,990 millones, con Desde Santiago de Chile, Daniel Zovatto toma el pulso a una elección marcada por apatía, voto obligatorio y desafección ciudadana. Analiza el balotaje entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, el desgaste del gobierno de Boric, la crisis de legitimidad democrática y los límites de gobernabilidad que enfrentará quien resulte electo hoy en el Chile postransición actual. VEA 5A Luis Gómez Rudy. Archivo Ocho secretarías en la Presidencia desafían la política de reducción del Estado La Presidencia concentra al menos ocho secretarías con altos salarios y funciones superpuestas, pese al discurso oficial de achicar el Estado y reducir el gasto público. VEA 2A Encuentro Corprensa recibe a embajadora de Italia Directivos de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) sostuvieron un encuentro con la embajadora de Italia en Panamá, Giuditta Giorgio, y con Vittorio De Sanctis de Ferrari, presidente de la Cámara Italo-Panameña de Comercio, Industrias y Agricultura, en un espacio de diálogo orientado al fortalecimiento de los vínculos institucionales. En la imagen aparecen Aurelio Barría; Jorge Molina, presidente de Corprensa; la embajadora Giuditta Giorgio; la gerente de Corprensa, Soodabeh Salence; Giulia De Sanctis, presidenta de Apede; y Vittorio de Sanctis. Carlos Endara Vidal meño de Transparencia Internacional, al considerarla un blindaje para nombramientos clientelistas. Gómez Rudy sostuvo que expresiones como “por un período de dos años” y “sin necesidad de concurso” vulneran los artículos 300 y 302 de la Constitución, que exigen mérito y procedimientos objetivos para la estabilidad en la función pública. La demanda está ahora bajo análisis de la magistrada Miriam Cheng. VEA 4A descuento cercano al 5%. Tras la operación, Criteria Caixa pasa a ser el principal accionista. BlackRock mantiene cerca del 11% del capital luego de adquirir Global Infrastructure Partners. Naturgy opera en Panamá a través de Edemet y Edechi, claves en la distribución eléctrica y otros mercados estratégicos regionales. VEA 7A
2A La Prensa Panamá, domingo 14 de diciembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Fachada del Palacio de las Garzas, donde opera el cada vez más poderoso Ministerio de la Presidencia. Cortesía Secretarías: el modelo centralista que persiste en la Presidencia Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] BUROCRACIA Consolidado en la administración 2009-2014, este esquema no solo se mantiene, sino que sigue ampliándose, según diputados y analistas políticos. En la Presidencia hay al menos ocho secretarías. En el Ministerio de la Presidencia persiste un modelo de concentración administrativa que ha sobrevivido a los cambios de gobierno. Bajo el argumento de ordenar y centralizar funciones consideradas similares, en las últimas administraciones se han creado nuevas oficinas y secretarías que duplican tareas ya asignadas a otras instituciones del Estado. Este esquema, heredado de la administración 20092014, cuando se impulsó una lógica de control y acumulación de poder en el Órgano Ejecutivo, no solo se mantiene intacto, sino que, para diputados y analistas políticos, sigue ampliándose, con un impacto directo en el gasto público y miles de dólares destinados a planillas, sin que exista una evaluación pública clara sobre su necesidad, eficacia o resultados. Actualmente, en el Ministerio de la Presidencia existen al menos ocho secretarías, cuyos responsables perciben salarios no menores de $3 mil mensuales y gastos de representación también de $3 mil al mes. Incluso, algunos devengan montos superiores. El esquema de secretarías adscritas al Ministerio de la Presidencia incluye oficinas de Asuntos Públicos, Asuntos Económicos, Ferrocarril, Gabinete Turístico, Metas, Reorganización del Estado, Asuntos Constitucionales, Asociaciones Público-Privadas y Electrificación Rural, una estructura que combina dependencias heredadas de administraciones anteriores con otras creadas recientemente. Mientras secretarías como Metas y Asuntos Públicos provienen de gobiernos pasados, otras —como la del Ferrocarril y la de Reorganización del Estado— fueron incorporadas por la administración del presidente José Raúl Mulino. Oficinas bajo la lupa Este tema es visto con recelo por la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, quien, durante la sustentación de las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, pidió más información sobre los resultados de estas oficinas, debido a los privilegios y altos salarios asociados a sus cargos. A su juicio, el problema del tamaño del Estado va más allá del número de funcionarios y apunta a un modelo administrativo que requiere cambios profundos. “No podemos seguir sosteniendo el tamaño del Estado tal como está; se necesita una reingeniería completa”, afirmó, al señalar que la discusión no debe centrarse únicamente en recortes de personal, sino en la eliminación de cargos que implican altos costos para las finanzas públicas. Prado también cuestionó la falta de transparencia en torno a estas dependencias y los beneficios asociados a sus cargos. “Tenemos una serie de secretarías que queremos entender”, dijo, al denunciar que existen privilegios tanto para ministros y viceministros como para los secretarios de la Presidencia. Según relató, estas inquietudes fueron planteadas durante las vistas presupuestarias sin obtener respuestas claras. “Nosotros lo preguntamos en las vistas presupuestarias, pero no hubo respuestas; aunque creo que no hay voluntad”, sostuvo, al insistir además en la necesidad de abordar el tema pendiente de la carrera administrativa. Intento fallido Como se recordará, durante el gobierno de Laurentino Cortizo (20192024) se intentó reordenar la estructura del Ministerio de la Presidencia mediante la reubicación de algunas de sus oficinas, sin que la iniciativa produjera resultados efectivos. En 2021, el Ejecutivo informó que la gestión implicaría redistribuir más de $60 millones que hasta entonces se asignaban a la Presidencia, en concepto de transferencias descentralizadas y programas, y que entidades como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Autoridad de Innovación Gubernamental y la Comisión de Desarrollo Sostenible, entre otras, serían trasladadas —por razones sectoriales— a las instituciones a través de las cuales recibirían esos recursos; sin embargo, los cambios no lograron materializar una reducción sustancial de la centralización ni del gasto asociado. Para el analista político José Stoute, la creación y permanencia de múltiples secretarías en la Presidencia contradice los objetivos del presidente de reducir el tamaño del Estado. Según Stoute, aunque el mandatario ha planteado como prioridades tanto una eventual Asamblea Constituyente como el achicamiento del aparato estatal, la ejecución de este último resulta inconsistente. A su juicio, “no cabe la menor duda de que unas acciones se contradicen entre sí”, lo que debilita la coherencia del discurso gubernamental sobre la reforma del Estado. Las medidas Dentro del plan de reorganización del Estado impulsado por el presidente José Raúl Mulino, tres de las decisiones adoptadas han sido la eliminación del Ministerio de la Mujer y la reestructuración del Banco Hipotecario Nacional (BHN) y del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA). En el primer caso, el Ejecutivo promovió la desaparición del ministerio y su sustitución por el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), adscrito al Ministerio de Desarrollo Social. En paralelo, el Gobierno anunció que el BHN dejará de operar como entidad independiente y será integrado a la Caja de Ahorros, como parte de una estrategia para unificar funciones bancarias estatales y disminuir estructuras consideradas duplicadas. Lo mismo sucederá con el BDA, que pasará al Banco Nacional. “Iniciaremos de manera urgente un proceso de reforma del Estado para hacerlo más eficiente, desmontando estructuras que se superponen y que fueron pensadas en otra época”, manifestó el presidente José Raúl Mulino el pasado 1 de julio de 2025, durante su discurso ante la Asamblea Nacional. Aunque el Ejecutivo ha avanzado en la eliminación y reestructuración de algunas entidades, las secretarías adscritas a la Presidencia se mantienen y aumentan con cada administración, en medio de cuestionamientos sobre su pertinencia y su costo. La reciente incautación por parte de Estados Unidos del tanquero Skipper, frente a la costa de Venezuela, puso en el centro de atención al panameño Ramón Carretero Napolitano, quien ya es descrito sin tapujos como el principal intermediario del flujo de petróleo que se comercializa entre Venezuela y Cuba, según documentos de la estatal PDVSA y fuentes cercanas al gobierno venezolano citados por el diario The New York Times (NYT). Carretero, quien desde el pasado jueves enfrenta sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense, es señalado como la figura clave que articula los envíos destinados a Cuba, aunque solo una fracción del petróleo llega a la isla, ya que la mayoría es revendida a China. De acuerdo con datos internos de PDVSA, las sociedades ligadas a Carretero han representado una cuarta parte del petróleo asignado por PDVSA para exportar en lo que va de año. El rol de Ramón Carretero en el envío de petróleo venezolano a Cuba LISTA CLINTON De hecho, el Skipper llevaba petróleo contratado conjuntamente por la empresa estatal Cubametales y una sociedad vinculada a Carretero, según los documentos examinados por el NYT en su nota. El Skipper salió de Venezuela el 4 de diciembre pasado, transportando 50,000 barriles de petróleo. Aunque su destino final era Matanzas, su intención era dirigirse a Asia. Antes, transfirió parte de su mercancía en alta mar, de barco a barco; solo esa fracción del petróleo llegó, en efecto, a Cuba. Poco después, el 10 de diciembre, fue incautado por Estados Unidos, cuando todavía navegaba frente a las costas de Venezuela. Al día siguiente, Carretero fue incluido en la Lista Clinton que prepara la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con él fueron listados tres sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estados Unidos justificó las sanciones alegando que Carretero, en asociación con los “narcosobrinos”, facilita los envíos y la comercialización de petróleo en nombre del régimen venezolano. Para tener una idea de la magnitud del negocio que involucra a Carretero, Cubametales ha obtenido contratos para comprar cerca de 65,000 barriles diarios de petróleo venezolano en lo que va de año, según el NYT. La cifra representa un incremento de 29% en relación con 2024 y de siete veces más en comparación con 2023. Y esas transacciones tienen a este panameño como “intermediario”. Cubametales, PDVSA y el Skipper también están en la Lista Clinton, lo que implica que todos sus bienes en Estados Unidos han sido bloqueados. Las sanciones también implican que los ciudadanos y entidades estadounidenses tienen prohibido realizar alguna transacción financiera o comercial con personas y empresas listadas por la OFAC. De Carretero no se sabe nada desde finales de septiembre pasado, cuando resultó herido en un accidente de avioneta en Maiquetía, Venezuela. Mónica Palm [email protected] Una foto facilitada por Vantor muestra una imagen satelital del 12 de diciembre de 2025 del petrolero venezolano recientemente incautado, conocido como “The Skipper”, en el mar a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe.
3A La Prensa Panamá, domingo 14 de diciembre de 2025 Panorama Cirilo Salas, diputado del Parlace, es felicitado por sus copartidarios y amigos. Isaac Ortega El PP elige en su cúpula a Cirilo Salas y a José César Caicedo Mario De Gracia [email protected] POLÍTICA Cirilo Salas asume la presidencia del Partido Popular tras un congreso con alta participación, marcado por nuevas alianzas políticas y el reacomodo del colectivo rumbo a 2029. El Partido Popular (PP) eligió a Cirilo Salas — actual diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen)— como su nuevo presidente en los comicios celebrados este sábado 13 de diciembre en el Hotel El Panamá. También fue electo José César Caicedo como vicepresidente del colectivo, quien es hijo de César Caicedo —investigado en la Operación Nodriza por presunto narcotráfico— y hermano de la joven Dayra Caicedo, secuestrada y encontrada posteriormente en el primer semestre del año. El conteo preliminar ubicó a Salas con 380 votos de 477 posibles, puesto que hubo una participación del 86% de los delegados del partido en la votación efectuada en su Congreso Nacional Ordinario, según señalaron en una comunicación en redes sociales. En total, había 552 delegados habilitados para votar. Por otra parte, Daniel Brea, quien buscaba su reelección como presidente del colectivo, tendrá que dejar el cargo para que lo ocupe Salas. A Salas, por su parte, se le vio acompañado en el Congreso por Alma Cortés, militante del partido Realizando Metas (RM). También acudió al evento el diputado Luis Eduardo Camacho, copartidario de Cortés. También acudieron al Congreso figuras como el expresidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón y el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático, Ricardo Torres. Reaparece Martín Torrijos En los comicios reapareció el excandidato presidencial por el Partido Popular en 2024, Martín Torrijos. El colectivo tuvo un sorpresivo repunte en sus votos en la Elección General de 2024, algo que no percibían en la historia reciente. Torrijos fue el tercer candidato más votado en la elección presidencial, con el 16% de los votos a su favor. Solo fue superado por Ricardo Lombana, con 25.6% de los votos y el ahora presidente de la República, José Raúl Mulino, que obtuvo el 34.2% de los votos. Hasta el pasado 11 de diciembre, la ‘estrella verde’ tiene 21,305 miembros inscritos, según reportes del Tribunal Electoral (TE). La nueva directiva electa este 13 de diciembre tendrá la oportunidad de dirigir el partido a las elecciones generales del año 2029, ya que su período es por cinco años. Mulino critica al Judicial tras asesinato deun policía El presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a cuestionar el papel de los jueces frente a la delincuencia que vive el país, al señalar que los esfuerzos del Ejecutivo y de los estamentos de seguridad resultan insuficientes si el Órgano Judicial no actúa en la misma dirección. Las declaraciones del mandatario se produjeron tras el asesinato, ocurrido el 12 de diciembre de 2025, del teniente de la Policía Nacional José Isaza Melo, en el corregimiento de Caimitillo, durante un ataque armado dirigido inicialmente contra un hombre que cumplía una sanción de trabajo comunitario impuesta por un juez. Ambos murieron a manos de hombres armados que viajaban en moto. En un comunicado oficial, la Presidencia indicó que Mulino no descarta que 2026 sea un año de mayor rigurosidad y mano dura contra el crimen. Por su parte, la Policía Nacional informó que aprehendió este sábado a uno de los principales sospechosos del doble homicidio. La captura se realizó durante acciones operativas y de investigación desarrolladas en el sector de Veranillo, en el distrito de San Miguelito DELINCUENCIA Henry Cárdenas [email protected] El excandidato presidencial del PP, Martín Torrijos, participó del encuentro político. Isaac Ortega
4A La Prensa Panamá, domingo 14 de diciembre de 2025 Panorama El Sistema Nacional de Investigadores tiene entre 700 y 900 integrantes. Elysée Fernández Demora en pago del SNI reabre debate sobre apoyo a la ciencia Aleida Samaniego C. [email protected] INCENTIVOS El retraso en el segundo pago del incentivo del SNI, atribuido a la contención fiscal, vuelve a poner en discusión la prioridad estatal a la investigación científica. Entre los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de Panamá, la interrogante resuena con fuerza: ¿cuándo se desembolsará el segundo pago del incentivo económico para la generación de investigación correspondiente al año 2025? Este retraso, que ya afecta a los investigadores del país, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad de las políticas de apoyo a la ciencia en Panamá. El SNI, instrumento creado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), tiene como objetivo reconocer la excelencia investigativa mediante incentivos económicos y distinciones honoríficas. Los beneficios se asignan con base en criterios de calidad, productividad, trascendencia e impacto de los trabajos científicos realizados. Sin embargo, este mecanismo se ha visto afectado por los recientes ajustes presupuestarios derivados de la contención del gasto público, lo que ha generado inquietud entre los investigadores. El retraso en el desembolso del segundo pago de este año ha causado malestar entre los miembros del SNI, quienes expresaron su preocupación por la prioridad que se le brinda a la ciencia, en momentos en que se asignan fondos de forma discrecional a proyectos en los municipios de Chame y San Carlos, los cuales han generado fuertes cuestionamientos por parte de la sociedad civil en las últimas semanas. La Ley 56 de 14 de diciembre de 2007, que creó el SNI, reconoce la importancia de la ciencia y la investigación para el progreso del país. A través de esta normativa se establece un esquema de incentivos para quienes contribuyen al avance científico y tecnológico de la nación. Esta ley subraya el valor de los investigadores y la necesidad de su apoyo para impulsar la competitividad, la productividad y el bienestar social de Panamá. La Senacyt explica Ante esta situación, el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega Barría, detalló que el retraso en el pago del incentivo está directamente relacionado con las medidas de contención del gasto público implementadas en junio de este año, y no con la suspensión del beneficio. “Estos incentivos no constituyen un salario; son reconocimientos adicionales sujetos a la disponibilidad de fondos del Estado”, aseguró Ortega Barría. Según el funcionario, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya ha liberado los recursos necesarios, y el pago se realizará la próxima semana. Ortega Barría también recordó que el SNI realiza los pagos de los incentivos de manera semestral, en enero y julio, y que, antes de la contención presupuestaria, estos se efectuaban de manera mensual. Sin embargo, debido a los ajustes fiscales, el pago correspondiente a julio se retrasó, aunque ya se han liberado los recursos necesarios. “La Senacyt inició el proceso de justificación ante el MEF para priorizar este incentivo y finalmente se logró la aprobación de los fondos”, explicó. El SNI clasifica a los científicos en tres categorías: investigador nacional I, investigador nacional II e investigador distinguido, con base en la producción científica y el impacto de su trabajo. Para acceder a la categoría de investigador nacional I se exige al menos dos artículos publicados en revistas indexadas, mientras que para la categoría de investigador nacional II se requieren ocho artículos, con al menos tres como primer autor. La categoría de investigador distinguido, la más alta, exige quince artículos científicos, cinco de ellos como primer autor. La evaluación de los investigadores se realiza cada tres años, y quienes no cumplen con los requisitos establecidos quedan fuera del sistema. Ortega Barría destacó que el SNI se basa en el mérito y que quienes no cumplen con los indicadores deben salir del sistema. “Es un mecanismo competitivo y riguroso”, señaló. Ortega Barría afirmó que nunca, en los 18 años de existencia del SNI, se ha dejado de pagar el incentivo, aunque en esta ocasión el proceso se ha visto afectado por la contención fiscal. “Este retraso no es un incumplimiento, sino una demora causada por la situación fiscal del país”, subrayó. El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación concluyó que la Senacyt fue escuchada por el MEF y que, a pesar del retraso, se han liberado fondos no solo para este incentivo, sino también para otros proyectos científicos de impacto significativo. “La prioridad ha sido la ciencia, y aunque el pago llega con retraso, se va a cumplir”, finalizó Ortega Barría. Este retraso, aunque justificado en términos fiscales, pone de manifiesto las tensiones entre las necesidades de la comunidad científica y las restricciones presupuestarias que enfrenta el país. La realidad de la ciencia en Panamá La falta de recursos ha marcado la historia de la ciencia, y en Panamá esta realidad se repite año tras año. La comunidad científica del país se ha propuesto como meta alcanzar una inversión equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia, tecnología e innovación para 2029, pero los recortes presupuestarios proyectados para el próximo año muestran que el país se mueve en dirección contraria. La hoja de ruta trazada por la Senacyt contemplaba un crecimiento progresivo del presupuesto en un 0.2% del PIB por año, pero el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado presentado por el MEF para 2026 refleja un retroceso significativo. Según el documento, la Senacyt pasará de manejar $83.3 millones en 2025 a $61.9 millones en 2026, una reducción de $21.3 millones. El golpe también alcanza al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), que tendrá un presupuesto de $35.3 millones, $4 millones menos que en la vigencia actual. En contraste, la Asamblea Nacional mantendrá su presupuesto sin cambios para 2026, con $98.7 millones, lo que evidencia la prioridad desigual que enfrenta el sector científico. El impacto no es menor. La Senacyt, tiene varias asociaciones interés público (AIP) bajo su paraguas como es el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat), Infoplazas, el Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenamep), Coiba, Investigación Científica Aplicada en Tecnología de Información y Comunicaciones (Indicatic) y el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps). El procurador general de la nación, Luis Gómez Rudy, emitió una opinión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre una demanda a la Ley 429 del 18 de abril de 2024, que permitió al personal de la carrera legislativa de la Asamblea Nacional el acceso a una permanencia en dos años y sin concurso. Para Gómez Rudy es inconstitucional el articulado de la ley que incluye expresiones como “por un periodo de dos años” y “sin necesidad de concurso” para el ingreso de funcionarios al sistema de carrera legislativa, según recoge la opinión remitida a la CSJ el pasado 11 de noviembre de 2025. La norma fue demandada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), en octubre de 2025, al considerarla “un blindaje para nombramientos clientelistas”. Con la ahora conocida opinión del procurador, la demanda avanza en el despacho de la magistrada de la CSJ, Miriam Cheng. Dos meses y medio antes del cierre de la Asamblea Nacional en abril de 2024, bajo la presidencia del diputado Jaime Vargas, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la Ley 429 fue aprobada, eliminando también el Consejo de la Carrera del Servicio Legislativo—órgano responsable de garantizar procesos de ingreso basados en méritos—. ‘El blindaje’ La demanda contra la Ley tocó base con los artículos 300 y 302 de la Constitución. “Los artículos 300 y 302 exigen que el acceso al régimen de carrera pública y la estabilidad estén condicionados al mérito, medido mediante procedimientos objetivos (concursos y evaluación verificable). La Ley 429 hace lo contrario (...)”, explicó Olga de Obaldía, directora ejecutiva del capítulo panameño de TI. La también abogada detalló que la Ley hace lo contrario al permitir la incorporación a la carrera legisaltiva sin concurso, en el umbral de dos años y sin un órgano colegiado como el Consejo de Carrera. Sobre los mismos artículos de la Constitución se basó Gómez Rudy en parte de su opinión. “Sustituir este estándar constitucional por un criGómez considera que reforma a ley de la carrera legislativa es inconstitucional BLINDAJE terio de permanencia basado en la temporalidad de dos (2) años, pero, además, a través de un procedimiento especial de ingreso, por seis (6) meses, supone debilitar los cimientos del Estado al abrir espacio a una discrecionalidad constitucionalmente infundada”, recoge Gómez Rudy en la opinión sobre una vulneración al artículo 300 de la Constitución. El artículo 300 de la Constitución habla expresamente del mérito que debe regir a los cargos de los servidores públicos. Por otra parte, en la opinión también el procurador señala que eliminar el Consejo de Carrera del Servicio Legislativo prescinde del mecanismo de verificación objetiva de capacidades que define el sistema del mérito, algo que atañe al artículo 302. La planilla creció La Ley 429 levantó las alarmas también sobre la planilla de la Asamblea Nacional, ya considerada por distintos actores como abultada en el año 2024. A un año de la aprobación de la Ley 429, la planilla tuvo una reducción, pero luego un drástico incremento. De contar con 3,067 funcionarios en la planilla en junio de 2025, la Asamblea pasó a tener 5,631 funcionarios en noviembre. Las cifras de la propia Contraloría así lo revelaron en el segundo semestre de 2025, donde se constata que en el mes de noviembre la planilla incrementó un 83% con respecto a julio. El decrecimiento de personal fue superado con creces posteriormente, puesto que aunque la planilla de la Asamblea tuvo un recorte de 1,377 funcionarios entre junio y julio de 2025 —tras una auditoría de la Contraloría General de la República entre marzo y mayo—, en los meses de octubre y noviembre hubo un incremento de 1,558 funcionarios. Mario De Gracia [email protected] Procurador Luis Carlos Gómez Rudy. Archivo
5A La Prensa Panamá, domingo 14 de diciembre de 2025 Panorama La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, denunció ayer que en la fase final del escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre se están “enfrentando riesgos” que pueden afectar su “libertad e integridad física”. “Avanzamos con enormes esfuerzos, superando retos y enfrentando riesgos que, incluso, pueden implicar nuestra libertad e integridad física”, indicó en la red social X Hall, quien en otras ocasiones ha denunciado amenazas contra ella y su familia, por lo que estuvo a punto de renunciar en julio. Agregó que “el sacrificio que se hace es enorme y se vuelve más complejo con las actuales campañas de desinformación, que no tienen fundamento alguno”. Hall hizo la denunca antes de que se iniciara el recuento especial de los votos de 2,773 urnas con inconsistencias, cuando se han escrutado el 99.40% y en las que el candidato presidencial del conConsejera electoral de Honduras advierte sobre su ‘integridad física’ CONTEO DE VOTOS servador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza los resultados con 1,298,835 votos (40.52%). La titular del CNE señaló además que “durante años se ha tenido que soportar ataques que hace meses han llegado al nivel de amenazas de muerte contra mí y contra mi hija; se ha aguantado rumores de falsas afinidades políticas y chismes de pasillo odiosos inventándome incluso historias personales ridículas”. “Siempre he confiado en que al final, todo cae por su peso. Dejo claro que mi liberalismo es de familia, de cuna y de convicción. ¿Qué pretenden inventando dudas al respecto, justamente en este momento? Reflexionen, sean responsables”, subraya su mensaje. Según los resultados oficiales preliminares, el candidato del también conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, ocupa el segundo lugar con 1,256,428 sufragios (39.20%), mientras que la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, es tercera con 618,448 marcas (19.29%). Hall dijo que “a pesar de lo que hagan, no me distraeré de mis responsabilidades y actuaré de la forma decente y honesta que siempre he hecho. ¡Yo no tengo precio! Para finalizar, debo dirigirme al valioso equipo de personas del CNE, que ha sido y sigue siendo acusado sin argumentos ni razón alguna”. José Antonio Kast y Jeannette Jara. Archivo Chile vota en un balotaje clave Daniel Zovatto ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] EFE. TEGUCIGALPA, HONDURAS ANÁLISIS El país sudamericano enfrenta un balotaje marcado por apatía, voto obligatorio y desafección política, en una elección que podría significar el mayor giro ideológico desde la transición democrática. SANTIAGO DE CHILE, CHILE. La campaña presidencial chilena que desemboca en el balotaje de este domingo, entre José Antonio Kast, el favorito de las encuestas, y Jeannette Jara, transcurre con una característica inquietante: no se siente en las calles. A pocos días de una elección decisiva —que podría marcar un nuevo efecto péndulo, el mayor desde el inicio de la transición en 1990, desde el actual gobierno izquierdista más cercano al ex presidente Allende a un gobierno de derecha conservadora, el más próximo al del régimen militar de Pinochet—, me encontré con un Santiago que luce ajeno al clima electoral. No hay carteles, no hay actos masivos, no hay conversaciones políticas encendidas. Incluso en los espacios que fueron símbolo de la movilización social de 2019 como la Plaza Baquedano y de las cuales fui testigo —yo residía en Chile en esos años— predomina la apatía y la indiferencia. La democracia existe pero apagada, sin épica. Nuevamente, esta elección se celebrará con voto obligatorio, lo que asegura una alta participación formal. Sin embargo, la obligación no logra suplir lo que falta: entusiasmo, identificación partidaria, sentido de pertenencia. Muchos ciudadanos acudirán a votar más por obligación que por convicción, con el objetivo de evitar una multa que supera levemente los 100 dólares, y no porque crean que su voto pueda cambiar de manera sustantiva el rumbo del país. Varias personas con las que conversé en los últimos días me confesaron no saber por quién votar y reconocieron que, de no existir la obligatoriedad del sufragio, no se molestarían en acudir a las urnas. Otros, en cambio, señalan que seguirán el llamado del candidato antisistema Franco Parisi —quien obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta— y optarán por anular su voto o votar en blanco. Por ello, mañana será clave observar no solo el nivel de participación electoral —que en la primera vuelta alcanzó el 85%, el más alto de la historia de Chile—, sino también el porcentaje de votos nulos y en blanco. Chile ofrece así una imagen cada vez más extendida en numerosas democracias: fatiga, desencanto, frustración. El vacío de la campaña no es un fenómeno coyuntural ni atribuible solo a errores tácticos de los comandos. Es la expresión de una desafección política profunda, incubada durante más de una década y acelerada tras el estallido social de 2019. Aquella explosión de demandas prometía una refundación del contrato social en un país que se percibía como demasiado desigual; hoy deja como saldo un proceso constituyente doblemente fallido —único caso a nivel mundial—, muchas promesas incumplidas y una ciudadanía exhausta, decepcionada, enojada ante la falta de resultados a sus demandas. El resultado es una democracia que sigue operando institucionalmente, pero que ha perdido su capacidad de ilusionar: la esperanza de un futuro mejor se achicó mientras creció el agobio. En ese contexto, el balotaje enfrenta a dos proyectos claramente diferenciados, aunque ninguno logra encender pasiones. José Antonio Kast, líder de la derecha conservadora, encarna una oferta de orden, autoridad y seguridad. Su discurso conecta con un estado de ánimo dominante: temor al crimen, preocupación por la elevada migración irregular, frustración frente a la sensación de descontrol y un crecimiento económico mediocre. Kast no promete grandes transformaciones; promete un gobierno de emergencia y poner límites. Y en un país cansado, esa promesa resulta tentadora pero no arrolladora como lo demuestra el 24% de votos que obtuvo en la primera vuelta presidencial que lo ubicó en el segundo lugar y lo habilitó a pasar al balotaje. Jeannette Jara, exministra del Trabajo y candidata de la izquierda oficialista, representa una apuesta por la protección social, los derechos laborales y el fortalecimiento del Estado. Consciente de los límites del ciclo político anterior, ha moderado su discurso y buscado tender puentes hacia el centro. Sin embargo, su candidatura carga con un peso difícil de eludir: el desgaste del gobierno de Gabriel Boric, cuya administración llega al final del mandato con una evaluación ciudadana marcada por la percepción de ineficacia, falta de conducción política y debilidad en materia de seguridad. Estas limitaciones quedaron evidenciadas en el resultado electoral que obtuvo en la primera vuelta: un magro 27%, que si bien lo ubicó en el primer lugar, quedó por debajo de las expectativas y fue incluso inferior al ya bajo nivel de apoyo del gobierno de Boric, estimado entre 30% y 32%. Aunque Boric no está en la papeleta, su gobierno sí está en el juicio de los votantes. La elección funciona, en buena medida, como un plebiscito implícito sobre una experiencia que llegó al poder con un mandato transformador y termina enfrentando un fuerte desencanto. La incapacidad de traducir expectativas en resultados concretos ha erosionado la credibilidad del oficialismo y ha dejado a Jara en una posición defensiva, obligada a explicar y defenderse más que a proyectar. Como bien señala un artículo reciente en El País, Chile vive una campaña sin anclaje territorial, sin narrativa movilizadora, sin nervio. La gente parece más conectada con el cierre del año, con las preocupaciones económicas cotidianas o con la inseguridad que con la disputa presidencial. No es solo apatía; es fatiga democrática. Una sensación extendida de que la política promete mucho y cumple poco. Este escenario plantea interrogantes de mayor calado. ¿Qué significa una democracia donde el voto es obligatorio, pero la política no entusiasma? ¿Hasta qué punto la legitimidad procedimental puede sostenerse sin legitimidad sustantiva? Chile, durante años exhibido como ejemplo de estabilidad institucional en América Latina y “milagro económico”, enfrenta ahora un desafío distinto: no el colapso del sistema, sino la desafección ciudadana con el mismo. El resultado del balotaje será importante, pero no resolverá este problema de fondo. Si gana Kast, deberá gobernar un país dividido, con una parte significativa de la sociedad temerosa de retrocesos en derechos sociales. Si gana Jara, lo hará con un margen estrecho y con una base social debilitada, en un contexto de expectativas bajas y tolerancia limitada al error. El resultado electoral de mañana —esto es, el porcentaje de votos que obtenga quien obtenga la presidencia, la distancia entre el primer y segundo lugar, y la relación entre el caudal de votos del vencedor y la suma de los votos del candidato o candidata derrotado, junto con los votos en blanco y nulos— será clave para determinar el tipo de mandato con el que contará el nuevo presidente y, en consecuencia, su margen de maniobra para avanzar con mayor audacia y determinación, o bien con mayor cautela y moderación en su agenda de gobierno. Cabe recordar que ninguno de los dos candidatos cuenta con mayoría propia en ninguna de las dos cámaras del Congreso, por lo que la gobernabildiad será desde el día uno un desafío prioritario. Pero gane quien gane, lo hará con muchos votos prestados, ya que en la primera vueltacasi el 50% no votó ni por Jara ni por Kast. Por ello, el próximo gobierno enfrentará a partir del 11 de marzo de 2026 una luna de miel corta, deberá ser el presidente de todos los chilenos, y llevar a cabo una tarea titánica: reconstruir la confianza en la política, en sus líderes y en las instituciones, transformando las promesas en resultados concretos para devolver a las y los chilenos la esperanza de que sí es posible encontrar soluciones democráticas a los propios desafíos de la democracia. En conclusión, Chile no enfrenta una crisis de reglas, sino una crisis de vínculos. Las instituciones funcionan, las elecciones se realizan y los resultados se respetan. Pero se ha erosionado algo más profundo y decisivo: la convicción de que la política puede ser una herramienta real y eficaz de cambio colectivo positivo. Cuando esa creencia se desvanece, la democracia corre el riesgo de seguir existiendo solo como un procedimiento, un ritual vacío, cada vez más distante de la ciudadanía a la que dice representar. De ahí que el desafío central del próximo ciclo político no sea, ante todo, económico ni institucional, sino emocional y simbólico: reconectar la política con la vida cotidiana de las personas, con sus miedos, expectativas y esperanzas. Sin esa reconexión profunda, incluso las democracias más sólidas pueden perder su alma mucho antes de perder sus reglas. La primera vuelta se realizó el pasado domingo 16 de noviembre. EFE
6A La Prensa Panamá, domingo 14 de diciembre de 2025 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA BlackRock vende 7.1% de sus acciones en Naturgy BlackRock vendió 68.8 millones de acciones a un precio cercano a $28.90 por unidad lo que representó una transacción de1,703 millones de euros o cerca de $1,990 millones. BlackRock es el mayor administrador de activos del mundo. Tomado de internet Henry Cárdenas P. [email protected] BlackRock, el mayor administrador de activos del mundo, vendió el 7.1% de sus acciones que tiene en la empresa española de energía y gas Naturgy, informaron medios especializados. De acuerdo con los reportes, la transacción se llevó a cabo mediante un sistema de venta rápida de acciones, por intermedio del banco J.P. Morgan y representó 1,703 millones de euros (cerca de $1,990 millones). Cabe recordar que recientemente BlackRock adquirió el consorcio Global Infraestructure Partners, que poseía un 18% de las acciones en Naturgy, operación que deja al emporio estadounidense con cerca del 11% del capital de la empresa española. En total, BlackRock vendió 68.8 millones de acciones a un precio cercano a $28.90 por unidad, lo que representa un descuento aproximado del 5.1% frente al cierre del mercado del día anterior. El diario El Economista de España fue uno de los que reportó la transacción, la cual deja a Criteria Caixa como principal accionista de Naturgy con 24%. Naturgy tiene presencia en Panamá a través de las empresas Edemet y Edechi para la distribución de energía eléctrica. Edemet distribuye energía en parte de la ciudad de Panamá, Panamá Oeste, las provincias centrales y Veraguas, mientras Edechi lo hace en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. Por su parte, la transnacional estadounidense BlackRock tiene un principio de acuerdo para adquirir el 80% de CK Hutchison Holdings Ltd., empresa que opera más de 43 puertos en 23 países. La operación de CK Hutchison incluye dos puertos panameños: el de Balboa en el Pacífico y el de Cristóbal en el Atlántico, que actualmente son administrados por Panama Ports Company. TRANSACCIÓN La impunidad es el veneno de la sociedad Ventana fiscal Osvaldo Lau C. economí[email protected] Revuelvo la mirada y a veces siento espanto cuando veo el complicado mundo de los impuestos en Panamá, donde unos obligados tributarios han abusado de una fiscalización debilitada por falta de recursos; otros han utilizado créditos ficticios o ilegítimos; y otros más, con la complicidad de ambas partes del juego fiscal, utilizan incentivos improcedentes para no pagar los impuestos que les corresponden pagar. Y mientras ellos están de fiesta, otros menos afortunados socialmente reclaman al Estado mayor seguridad, reparación de calles, mejor y mayor educación, más potabilizadoras, etc., etc. Aunque se percibe que aún falta mucho por mejorar en la utilización de los recursos estatales, y muchas “botellas” por quebrar, el mejor cuento es el de aquellos que reclaman el uso correcto de los impuestos que ellos no pagan, estando obligados a pagarlos. Traigo a los lectores lo que señala el primer artículo del Código Civil, que advierte que el desconocimiento de las leyes no sirve de excusa para no cumplirlas, norma aplicable a nacionales y extranjeros, domiciliados o transeúntes. Los corruptos, corruptores y sus cómplices se visten de blanco con el alma sucia mientras roban las arcas del Estado y el futuro de muchos. Esos hipócritas son el cáncer político que hizo metástasis en las administraciones pasadas, al amparo del silencio de la justicia. No basta el paso firme ni la publicidad de lo que se hace bien; es necesario que exista, se conozca públicamente y se tenga la certeza del castigo para todos los involucrados, castigo que debe incluir la devolución económica, cualquiera sea el caso, más intereses, costos y gastos; la devolución del patrimonio no justificado; y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, así como la prohibición vitalicia de hacer operaciones comerciales y/o brindar servicios de cualquier clase, directa o indirectamente, con el Estado panameño y/ o sus instituciones. Por su parte, la inmunidad es el veneno de la sociedad, y con ella se escribe la nefasta impunidad y una triste historia de la justicia panameña. CÁPSULA FISCAL – La corrupción y su impunidad crean la falsa idea de que el crimen sí paga. Unidos podemos combatirlas y derrotarlas. El autor es asesor tributario. Fuente: Forbes Agencia EFE Las 10 mujeres más poderosas del mundo ¿En qué sectores se desempeñan las 100 mujeres más poderosas del mundo? ¿De dónde son las 100 mujeres más poderosas del mundo? Las 100 mujeres más poderosas del mundo: negocios, política y una fuerte concentración en EE.UU. Ursula von der Leyen 1 Presidenta de la Comisión Europea Bélgica Mismo lugar en 2024 Christine Legarde 2 Directora del Banco Central Europeo Alemania Mismo lugar en 2024 Sanae Takaichi 3 Primera ministra japonesa Japón Primera vez en el top Giorgia Meloni 4 Primera ministra italiana Italia Tercer lugar en 2024 Claudia Sheinbaum 5 Presidenta de México México Cuarto lugar en 2024 Julie Sweet 6 Presidenta y directora ejecutiva de Accenture EE.UU. Séptimo lugar en 2024 Mary Barra 7 Directora ejecutiva de General Motors EE.UU. Quinto lugar en 2024 Jane Fraser 8 Presidenta y directora ejecutiva de Citi EE.UU. En el puesto 100 están, colectivamente, las Mujeres "KPop Demon Hunters", película animada de la banda femenina HUNTR/X, que fue uno de los fenómenos culturales más grandes del mundo en 2025, convirtiéndose en la película más popular de Netflix en todos los tiempos Décimo lugar en 2024 Abigail Johnson 9 Presidenta y directora ejecutiva de Fidelity Investments EE.UU. Sexto lugar en 2024 Lisa Su 10 Directora ejecutiva de AMD EE.UU. Puesto 26 en 2024 Emprendimiento Filantropía Medios y entretenimiento Tecnología Política Finanzas Negocios Rep. Dem. del Congo 1 4 11 13 16 24 31 EE.UU. 50 Brasil 1 5 Reino Unido 3 Alemania 3 Francia 1 España 1 Barbados 1Italia 1 Bélgica 1 Lituania 1 Suecia 2 Nigeria 1 1 Namibia 2 Sudáfrica 3 México 3 Singapur 2 Corea del Sur 2 Emiratos Árabes Unidos 3 Hong Kong 1 Japón 4 China 3 India 4 Australia 1 Dinamarca EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 263 260 255 250 245 240 235 225 220 215 210 205 200 195 190 88.71 252.35 Elevación sobre el nivel del mar en pies
7A La Prensa Panamá, domingo 14 de diciembre de 2025 La opinión de Hilde Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. premisa, “es la protección de los intereses nacionales fundamentales” de Estados Unidos. De las materias desarrolladas, la que más concierne a Panamá en esa Estrategia es su referencia a nuestra área geográfica. “Tras años de abandono”, lee el documento, “Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental”. Al tiempo de buscar ‘reclutar y expandirse’ entre los países regionales, de obtener “una presencia más adecuada de la Guardia Costera y la Marina para controlar rutas marítimas” y de “establecer o ampliar el acceso en ubicaciones estratégicamente importantes”, se hará también “todo lo posible para desplazar a las empresas extranjeras que construyen infraestructuras en la región”. El designio final de la Estrategia es claro: “Estados Unidos debe ser preeminente en el Hemisferio Occidental como condición de nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permita afirmarnos con confianza donde y cuando sea necesario en la región”. La Doctrina Monroe, originada en 1823 por el entonces presidente estadounidenLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Impunidad y deuda histórica: el caso Héctor Gallego Sistema judicial la caída del régimen militar en 1989, la Iglesia católica impulsó su reapertura en 1990 y, en 1994, tres exmiembros de la Guardia Nacional fueron condenados como cómplices, sin que se procesara a mandos superiores ni se detuviera a todos los implicados. La CIDH determinó, en su Informe de Fondo N.º 273/22, que la desaparición forzada de Gallego fue ejecutada por agentes estatales para frenar su labor pastoral y su apoyo a las comunidades campesinas, y que el Estado incumplió su deber de investigar y sancionar con debida diligencia, favoreciendo la impunidad. Concluyó que Panamá es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad y a la libertad personal; a la libertad de conciencia y religión; a la libertad de asociación; y a las garantías y a la protección judicial, previstos en diversos artículos de la Convención Americana. Asimismo, verificó el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, vigente desde el 28 de febrero de 1996. En consecuencia, la CIDH solicitó a la Corte IDH que ordene medidas de reparación integral: indemnización por daños materiales e inmateriales; un plan de búsqueda con resultados verificables, que garantice la participación familiar en el proceso; identificación y entrega de restos en caso de hallarse; atención médica y psicológica a los familiares; la continuación de inTomás Cristóbal Alonso La resurrección de la Doctrina Monroe y el nuevo ‘Corolario Trump’ Influencia estratégica Mientras millones centraban su atención en los sorteos por grupos de la Copa Mundial FIFA 2026, la Casa Blanca hizo público, el pasado 5 de diciembre, un nuevo documento de seguridad estadounidense con implicaciones globales a corto plazo. Titulado —traducido al español— “Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América”, y fechado en noviembre de 2025, este documento plantea los principios y prioridades actuales de la política exterior, de defensa y de inteligencia estadounidenses, así como las regiones geográficas donde se proyectarán tales políticas, haciendo énfasis en una serie de objetivos comerciales, económicos y financieros. “El propósito de la política de seguridad nacional”, mantiene como lítica oficial de Washington, a la cual en la Estrategia se añade un nuevo “Corolario Trump”. Este último Corolario a la Doctrina Monroe consiste en “negar a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales” en el Hemisferio, siendo una “restauración de sentido común y del poder y las prioridades estadounidenses, coherente con los intereses de seguridad estadounidenses”. De seguro la Estrategia recién estrenada será de cuidadosa lectura y análisis en el Órgano Ejecutivo y la Autoridad del Canal de Panamá. Cabe observar que en el mismo día de su divulgación, el presidente Donald Trump participó en los sorteos de la Copa Mundial FIFA 2026. Preguntado durante la ceremonia sobre Panamá, respondió de inmediato: “I like the Canal”, según algunos, o “I’d like the Canal”, según otros. La casi imperceptible diferencia en la pronunciación de ambas frases, sin embargo, no oculta la enorme distancia que por su significado las separa. Sea que a Trump le guste nuestro Canal, sea que le gustaría tenerlo, es un enigma que los panameños pronto deberemos descifrar en la ejecución de esa nueva Estrategia, más temprano que tarde. Opinión EL AUTOR es abogado y doctor en Derecho Internacional. EL AUTOR es abogado, docente y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. 1970; Tristán Donoso vs. Panamá (2009), por interceptaciones ilegales y violaciones a la libertad de expresión; Vélez Loor vs. Panamá (2010), por la detención arbitraria de un migrante ecuatoriano bajo normas punitivas en procesos administrativos; y Pueblos Indígenas Kuna y Emberá vs. Panamá (2014), por la falta de titulación y protección de territorios indígenas. Todos estos fallos evidencian un patrón de incumplimiento estatal en la protección de derechos fundamentales, desde la libertad sindical y la libertad de expresión hasta la integridad de migrantes y pueblos indígenas, incluidas las desapariciones forzadas. Más allá de la justicia y la reparación para los familiares, este caso revela una deuda histórica que Panamá debe saldar. Persisten patrones de respuestas estatales lentas y sin la debida diligencia frente a violaciones graves de derechos humanos. El Estado debe cumplir, sin dilaciones, sus obligaciones internacionales de investigar, sancionar e indemnizar, conforme al deber de garantía de la Convención Americana y a los estándares interamericanos de debida diligencia. Solo así podrá transformar la impunidad en un compromiso real con los derechos humanos y evitar que estas violaciones se repitan. Hace unos meses señalé la falta de atención de Panamá al sistema interamericano de derechos humanos; esa situación persiste hoy. El 27 de agosto de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso N.º 13.017-B contra Panamá por su responsabilidad internacional en la desaparición forzada del sacerdote colombiano Jesús Héctor Gallego Herrera, ocurrida en el contexto de la dictadura militar que gobernó el país hasta 1989. La petición fue recibida por la CIDH en 2003 y se refiere al trabajo pastoral y comunitario de Gallego con campesinos de Santa Fe, Veraguas, donde impulsó cooperativas, grupos cristianos y proyectos de formación en derechos humanos y desarrollo comunitario. El 9 de junio de 1971, tras hostigamientos y el incendio de su vivienda, fue detenido por hombres vinculados a la Guardia Nacional; desde entonces se desconoce su paradero. Las investigaciones iniciales fueron deficientes y el caso se archivó en 1973. Tras Fernando Gómez Arbeláez vestigaciones con debida diligencia para sancionar a responsables materiales e intelectuales; y garantías de no repetición, incluyendo políticas públicas y protocolos forenses para la gestión de archivos y material genético, así como capacitación de autoridades según estándares interamericanos y los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas. Este caso es paradigmático para la región porque satisface los tres elementos de la desaparición forzada —detención, participación de agentes estatales y negativa a reconocer la detención o a informar sobre el destino— y porque permitirá a la Corte profundizar su jurisprudencia sobre desapariciones bajo dictaduras, la protección de defensores de derechos humanos y la libertad religiosa asociada a la defensa de derechos fundamentales. La CIDH subrayó que las investigaciones fueron demoradas, incompletas y carentes de la debida diligencia, lo que propició la impunidad. Además, destacó que Panamá tardó décadas en tipificar la desaparición forzada en su legislación penal, lo que acentuó la falta de respuesta estatal. El caso Héctor Gallego no es un hecho aislado. Panamá ya ha sido condenado por la Corte Interamericana en casos como Baena Ricardo y otros vs. Panamá (2001), sobre despidos masivos de trabajadores y violaciones a la libertad sindical; Heliodoro Portugal vs. Panamá (2008), por la desaparición forzada de un dirigente político en se James Monroe y por su Secretario de Estado —y sucesor en la Casa Blanca— John Quincy Adams, inició como una advertencia a los imperios coloniales europeos. Debían abandonar cualquier intento de recobrar antiguas colonias recién independizadas y de ocupar territorios adicionales, lo que sería considerado como una amenaza a la “paz y seguridad” estadounidenses. Con el tiempo, la Doctrina Monroe devino en un instrumento de agresiva política hegemónica, alcanzando su máxima expresión en el llamado “Corolario Roosevelt” de 1904. Con esta revisión formal de la Doctrina, Estados Unidos, bajo el entonces presidente Theodore Roosevelt, se atribuyó el derecho a intervenir, según su propio criterio y voluntad, en los asuntos internos de los países latinoamericanos y del Caribe. Políticas hemisféricas subsiguientes, como la del “Buen Vecino” del presidente Franklin D. Roosevelt a partir de 1933, limitaron el reconocimiento de la Doctrina Monroe y su Corolario, culminando en la declaración de John Kerry, Secretario de Estado del presidente Barack Obama, en noviembre de 2013: “la era de la Doctrina Monroe ha terminado”. Doce años después, la que se creía letra muerta y sepultada ahora resucita como poFundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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