2A La Prensa Panamá, sábado 13 de diciembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama La participación de las empresas telefónicas en la difusión masiva de anuncios sobre la desaparición de menores de edad es la recomendación del defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, sobre el Sistema Nacional de Alerta Amber. Así lo manifestó el ombudsman durante la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos en Panamá el jueves, donde instó a la aplicación plena del sistema de alerta para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia a entornos seguros. “Estamos contentos de que se haya hecho una reforma a la Alerta Amber; sin embargo, la misma no está funcionando como en otros países, donde se obliga a las empresas telefónicas a ponerse de acuerdo con los gobiernos para que emitan de forma automática, en todos los dispositivos dentro de sus redes, el anuncio de la desaparición de personas”, dijo Leblanc. La Alerta Amber fue estrenada a través de una ley en 2021, pero este año tuvo una reforma a través de la Ley N°.469 del 8 de mayo de 2025. Particularmente, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, impulsó la reforma y fue autocrítica en la gestión que tuvo su cartera al gestionar el sistema, algo que quedó expuesto por la propia Montalvo tras la muerte del menor Juan David García en el año 2024. A pesar de que la reforma de la ley que rige la Alerta Amber sirvió para la creación de una “oficina de activación temprana”, el defensor del pueblo resaltó como pendiente la activación directa de la alerta por parte de las empresas telefónicas. “Aplaudimos que lo están haciendo a través de Instagram y redes sociales, pero esto no es lo que debe ser. Por lo tanto, instamos a las empresas telefónicas a que realicen los ajustes y a la Autoridad Nacional de ServiLeblanc: ‘No podemos enterarnos por lo que sube Minseg a Instagram’ ALERTA AMBER cios Públicos (Asep). Si hay que cambiar la norma para obligar a las empresas a que hagan esto sin costo para el Estado, hay que hacerlo”, declaró Leblanc. La nueva legislación incluye en su artículo 27 disposiciones para que las empresas concesionarias y operadoras de telefonía difundan la Alerta de menores desaparecidos a través de mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otro medio con el que cuenten. En el informe presentado por la Defensoría el jueves detalla: “cuando estos sistemas no se activan con rapidez, no cuentan con cobertura suficiente o dependen de decisiones comerciales de actores privados, se debilita la capacidad del Estado para proteger la vida y la integridad de niños, niñas y adolescentes frente a desapariciones (...)”. Particularmente, al sustentar el informe, Leblanc apuntó: “No puede ser que nos enteremos [de las desapariciones] por lo que publica el Ministerio de Seguridad (Minseg) en Instagram”. El funcionamiento de la alerta se evidencia en publicaciones de redes sociales de las entidades gubernamentales, particularmente las del Minseg, incluidas las cuentas de la Policía Nacional. Hasta principios de noviembre, el Ministerio Público registró reportes de desaparición de 846 menores de edad, de los que, hasta ese momento, 792 fueron localizados. La proveedora de los brazaletes electrónicos es Sprintico Corp., cuyo presidente y representante legal es el mismo que aparece ligado a Talent Bridge, S.A., sociedad que el pasado 9 de diciembre fue incluida en la Lista Clinton. Archivo EUA sanciona sociedades y personas ligadas a proveedora del Estado panameño Mónica Palm [email protected] Mario De Gracia [email protected] LISTA CLINTON Se trata de Talent Bridge, S.A., anteriormente conocida como Global Sta ng, S.A., con sede en Panamá. Esta sociedad es considerada parte de una red transnacional que recluta a exmilitares colombianos para luchar en la guerra civil de Sudán. Estados Unidos (EUA) impuso sanciones económicas y patrimoniales a una sociedad vinculada a un proveedor de dispositivos de seguridad del Estado panameño. Se trata de Talent Bridge, S.A., anteriormente conocida como Global Sta¥ng, S.A., con sede en Panamá. Esta sociedad es considerada parte de una red transnacional que recluta a exmilitares colombianos para luchar en la guerra civil de Sudán, razón por la cual el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la incluyó en su lista sancionatoria (comúnmente conocida como Lista Clinton), a partir del 9 de diciembre. Talent Bridge está controlada por Jack Peter Derman Guzmán, quien funge como su presidente, tesorero y representante legal. Con él figuran Enrique Daniel Palacios Quintanilla y Fredy Alejandro López Ocampo como secretario y director, respectivamente. Esta misma gente aparece en una empresa que, el 12 de agosto pasado, se adjudicó de manera directa un contrato de $1.6 millones para alquilar 500 brazaletes electrónicos al Ministerio de Gobierno (Mingob). Sprintico Corp., que es como se llama la empresa favorecida por el Mingob, tiene a Derman como presidente, a López como secretario y a Medardo José Rangel Guevara como tesorero. En noviembre pasado, La Prensa informó que Rangel tiene vínculos con NSO Group, la empresa israelí creadora del software de espionaje Pegasus. Otra coincidencia es que Enrique Palacios Quintanilla es, además, agente residente tanto de Talent Bridge como de Sprintico Corp. La suscriptora de Talent Bridge es Claudia Viviana Oliveros Forero, una colombiana que también fue incluida en la lista sancionatoria comunicada esta semana. Claudia es la esposa de Álvaro Andrés Quijano Becerra, también listado por la OFAC. Talent Bridge fue incluida en la Lista Clinton por sus vínculos con la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), una agencia de empleo fundada por Quijano que sirvió como pantalla para reclutar a exmilitares y soldados colombianos, incluyendo niños, para luchar en nombre de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), un grupo paramilitar de Sudán. Su esposa, Claudia Viviana, es la gerente de la agencia. La OFAC sostiene que Global Sta¥ng (ahora conocida como Talent Bridge) firma contratos y recibe fondos en nombre de la agencia reclutadora de los esposos Quijano. “Sin embargo, los vínculos de Global Sta- ¥ng con A4SI son aún más profundos. No solo el sitio web de Global Sta¥ng es idéntico al de A4SI, sino que Oliveros, la propietaria y gerente de A4SI, fue hasta hace poco presidenta y tesorera de Global Sta¥ng, y aún está afiliada a ella como suscriptora de la empresa”, remarca la OFAC en una nota de prensa. En cuanto a Sprintico, no consta que su contrato con el Mingob haya sido refrendado por la Contraloría General de la República. Aunque esta contratación es por el alquiler de 500 brazaletes electrónicos durante 12 meses (lo que representa un monto de $1.6 millones), anteriormente se le intentó adjudicar un contrato por un servicio más amplio: $37.2 millones por el alquiler de 2,000 brazaletes durante seis años. Estos dispositivos son para monitorear a aquellos privados de libertad que san favorecidos con alguna medida que les permita cumplir su condena de prisión fuera de un penal. También para aquellos investigados que tengan una medida cautelar personal distinta a la detención preventiva. La sanción de la OFAC implica que los ciudadanos y entidades estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones comerciales o financieras con cualquier individuo o empresa listada. Igualmente, aquellos bienes a nombre de los sujetos listados que se encuentren en territorio estadounidense serán bloqueados. El gobierno de José Raúl Mulino tomó distancia de Ramón Carretero Napolitano, el empresario panameño que el jueves fue incluido en una lista sancionatoria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ayudar al régimen del venezolano Nicolás Maduro. “Nosotros, como gobierno, no tenemos ningún tipo de comercio ni hay absolutamente nada con el señor Ramón Carretero, hasta donde yo conozco”, dijo el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Sobre la inclusión de Carretero en la denominada Lista Clinton, indicó que se trata de una decisión exclusiva del gobierno estadounidense. “Nosotros, como gobierno panameño, simplemente podemos observar lo que ellos, como gobierno, tomen y decidan”, remarcó. También se pronunció el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera. En un acto para entregar una donación de medicamentos al Ministerio de Salud, el embajador señaló que las listas sancionatorias se actualizan permanentemente. “Vamos a seguir actualizando esas listas de acuerdo con la seguridad nacional de nuestro país y para protegerlo”, afirmó el diplomático. Carretero Napolitano fue incluido en la lista de la El Gobierno se distancia de Carretero tras sanción de EUA OFAC junto a tres sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, dos de los cuales ya fueron condenados por narcotráfico, por un tribunal de Nueva York. Los denominados “narcosobrinos” se llaman Efraín Campo Flores, Franqui Francisco Flores De Freitas y Carlos Erik Malpica Flores. La OFAC presenta a Carretero, un colonense de 60 años de edad, como un empresario con “lucrativos contratos” con el régimen venezolano, que además se ha asociado en diferentes negocios con la familia Maduro Flores. Actualmente se recupera de las heridas de un accidente de avioneta, ocurrido el 24 de septiembre pasado, en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, a 40 kilómetros de Caracas. Estados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y entidades realicen negocios o transacciones financieras con personas y empresas listadas por la OFAC. Además, dispone que todas las propiedades que los sancionados tengan en territorio estadounidense serán bloqueadas. Mónica Palm [email protected] Ramón Carretero Napolitano (Izq.) junto a Nicolás Maduro. Tomada de @nicolasmaduro Eduardo Leblanc, defensor del pueblo. Cortesía
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