5A La Prensa Panamá, jueves 11 de diciembre de 2025 Panorama Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo, anuncia acuerdo sobre el nuevo salario mínimo a partir del 2026. Cortesía/Mitradel Definen salario mínimo que regirá a partir de 2026 Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EMPLEO Tras semanas de deliberaciones y tensiones, representantes del sector trabajador, empleador y del Gobierno anunciaron ayer que lograron un consenso. La Comisión Nacional de Salario Mínimo alcanzó un acuerdo que definirá las nuevas tasas que regirán en Panamá a partir del 16 de enero de 2026, un ajuste que alcanzará a unos 400 mil trabajadores. Tras semanas de deliberaciones y tensiones, representantes del sector trabajador, empleador y del Gobierno anunciaron que lograron un consenso que busca equilibrar dos objetivos: mejorar los ingresos de los empleados sin comprometer la estabilidad del mercado laboral. En términos concretos, el ajuste introduce variaciones diferenciadas según la actividad económica y la región. En la región 1, por ejemplo, el sector doméstico recibirá un aumento de $10 mensuales, mientras que los agentes de seguridad obtendrán un alza de $12 en ambas regiones. Los trabajadores de restaurantes, hoteles y transporte de carga también verán mejoras, con un incremento de $9.50. En la región 2, el ajuste más alto recae sobre los recolectores de desechos, quienes recibirán $15 adicionales al mes. Para el comercio al por menor, el aumento será de $9.50 en ambas regiones, y en el comercio al por mayor, específicamente en la región 1, se aplicará un ajuste similar de $9.50 mensuales. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, destacó la “responsabilidad” mostrada por las partes para priorizar la paz social y la reactivación económica. Señaló que las proyecciones del Gobierno apuntan a un crecimiento impulsado por las megaobras que se desarrollan en todo el país, lo que, en su criterio, permitirá absorber el impacto del ajuste salarial. De cara al futuro, la comisión tripartita acordó mantener reuniones permanentes a partir de 2026 para monitorear las condiciones económicas y garantizar que las tasas salariales se mantengan alineadas con la realidad productiva. Este mecanismo, según el Ministerio de Trabajo, busca reforzar la confianza en el clima laboral y asegurar la preservación y generación de empleos estables. Últimas tensiones La última semana de deliberaciones estuvo marcada por tensiones entre los gremios obreros. Según miembros de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), fueron excluidos de la mesa de trabajo, motivo por el cual irrumpieron en la reunión del martes, que se desarrollaba en un salón donde se encontraban representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), del sector empleador, la ministra de Trabajo y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. El Ministerio de Trabajo dio su versión a través de un comunicado emitido pasadas las 11 p.m. del martes, en el que indicó que “tanto el sector trabajador como el sector empleador se reunieron por separado para estudiar y analizar lo expuesto en las reuniones de la comisión; no obstante, los representantes de Conusi decidieron no participar”. Esta técnica de pesca sigue siendo una de las más destructivas. iStock CSJ confirma legalidad del decreto ejecutivo que prohíbe pesca de arrastre NORMA Aleida Samaniego C. [email protected] El 2 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia confirmó la legalidad del Decreto Ejecutivo No.14 de noviembre de 2023, emitido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que reglamenta la Ley No.204 de marzo de 2021 sobre pesca y acuicultura. Este decreto elimina la pesca de arrastre de especies como corvina, pargo, lenguado y cabezón, prácticas consideradas por ambientalistas como altamente destructivas para los ecosistemas marinos. La decisión llega después de la polémica generada por el Decreto Ejecutivo No.13 de noviembre de 2023, que había incluido la pesca de arrastre de peces como una pesquería “ya aprovechada”, lo que provocó un fuerte rechazo entre organizaciones ambientales y expertos. En respuesta a las críticas, la pasada administración emitió el Decreto 14, que prohibió la pesca de arrastre para peces y actualizó las sanciones por pesca ilegal. Sin embargo, el tema fue llevado a la Corte mediante un proceso de nulidad presentado por sectores que buscaban invalidarlo. Posteriormente, el 24 de noviembre de 2023, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) se sumó al proceso para sustentar ante la Corte la importancia y legalidad del decreto. El CIAM celebró la resolución de la Corte y reafirmó su compromiso con la protección de los océanos. La CSJ también aclaró que su fallo solo afecta la pesca de arrastre dirigida a peces, manteniendo la legalidad de la pesca de camarón, regulada en Panamá desde hace unos 40 años. La controversia surgió principalmente a raíz del artículo 17 del Decreto 13, que permitía prácticas de pesca sin estudios técnicos y ambientales previos. Para los ambientalistas, con la ratificación del Decreto 14 Panamá da un paso importante en la protección de sus ecosistemas marinos.
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