5A La Prensa Panamá, miércoles 10 de diciembre de 2025 Panorama Carlos Abadía, asesor del Minsa. Jancarlo Mendoza ‘Con la integración Minsa–CSS, el gran ganador será la población’ Aleida Samaniego C. [email protected] ENTREVISTA El asesor del Minsa, Carlos Abadía, afirmó que la fragmentación del sistema provoca ‘discriminación entre nosotros mismos’, en medio del rechazo de dos gremios médicos a la integración. La propuesta de integrar los servicios de atención de salud del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) ha generado inquietud entre los asegurados, expresada principalmente en redes sociales; así como críticas de gremios médicos como la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás y la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la CSS (Amoacss). Entre las principales preocupaciones está que esta integración podría imponer una carga financiera excesiva sobre los trabajadores cotizantes sin resolver los problemas estructurales del sistema de salud. Ante estas dudas, el asesor del Minsa, Carlos Abadía, explicó en entrevista con La Prensa los fundamentos, beneficios y desafíos del proceso, asegurando que la integración no comprometerá la autonomía financiera de la CSS. Citó ejemplos de coordinación entre ambas instituciones que operan desde hace unos 40 años sin conflictos presupuestarios, como los hospitales Rafael Hernández y José Domingo de Obaldía, en la provincia de Chiriquí. “Estas experiencias demuestran que, con la integración, el gran beneficiado será la población, al garantizar un acceso más amplio y eficiente a los servicios de salud”, acotó Abadía. También destacó la reciente alianza funcional entre el Instituto Oncológico Nacional y la Ciudad de la Salud, que atiende pacientes de ambos sistemas, “garantizando costos y optimizando recursos”. Sobre el temor de que fondos de asegurados se utilicen para cubrir la atención de no asegurados, Abadía explicó que la CSS cuenta únicamente con 78 instalaciones, lo que obliga a complementar los servicios con infraestructura del Minsa en amplias zonas del país. Regiones como Darién, tramos completos entre Santiago y David, y áreas periféricas de Panamá norte no cuentan con instalaciones de la CSS, pese a que allí viven miles de asegurados. “Sería injusto invertir millones en nuevas construcciones teniendo centros del Minsa disponibles”, señaló. Según explicó, desde hace décadas existe un mecanismo de compensación que ha beneficiado tanto a asegurados como a no asegurados. Abadía también advirtió que la fragmentación actual del sistema provoca “discriminación entre nosotros mismos” y afecta la continuidad de la atención. Explicó que cerca del 30% de los asegurados, a lo largo de su vida laboral pasan en algún momento a la condición de no asegurado porque pierden su empleo, lo que interrumpe sus tratamientos. Al reincorporarse como asegurados, añade, muchos llegan con un deterioro mayor en su salud, lo que genera costos más altos para la propia CSS. El asesor afirmó que el proceso está respaldado por estudios y por un marco legal sólido, compuesto por la Constitución Nacional, el Decreto 290 de 2019 del Minsa y normas vigentes de la CSS, además de disposiciones incluidas en la nueva ley. Añadió que las experiencias integradas mencionadas cuentan con análisis financieros que validan su sostenibilidad. Comisión operativa y participación de sectores Consultado sobre la ausencia de médicos y asegurados en la comisión creada para la integración por el Decreto Ejecutivo No.26 del 26 de noviembre, Abadía aclaró que la mesa está conformada por representantes del Minsa, la CSS, el Ministerio de la Presidencia y el MEF, debido a que su labor es estrictamente operativa y técnica. Sin embargo, anticipó que se está preparando un acuerdo para incluir a comités, gremios y organizaciones externas como parte del proceso consultivo. “Habrá espacios formales para que todos aporten y reciban información”, indicó, señalando que varios sectores —entre ellos la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas, y la Comisión de Alto Nivel— ya han expresado respaldo al proyecto. Abadía reconoció que uno de los principales retos es la escasez de especialistas, un fenómeno global que también afecta al sector privado, donde las citas pueden tardar meses. Formar nuevos especialistas requiere tiempo y hay pocos médicos interesados en hacerlo, mientras que la contratación de extranjeros enfrenta limitaciones legales y otros desafíos. Por ello, subrayó que la estrategia central es el fortalecimiento de la atención primaria. Según explicó, el médico de cabecera podría atender a pacientes crónicos controlados, que actualmente representan hasta el 40% de las consultas con especialistas, liberando así capacidad para casos más complejos. El asesor informó que Panamá toma como referencia modelos como el uruguayo y el costarricense, aunque este último opera bajo una estructura completamente unificada bajo la seguridad social. También mencionó que organismos como la Organización Panamericana de Salud (OPS), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID9 brindan apoyo técnico en la elaboración del modelo panameño. Finalmente, Abadía hizo un llamado a la población y a los médicos a mantener una postura abierta y a participar en las conversaciones. “Entiendo la desconfianza; la tenemos en todos los aspectos del país. Pero no podemos quedarnos paralizados por ese sentimiento. La mejor manera de generar confianza es explicar, escuchar y aclarar cada duda”, afirmó. De cara a los próximos meses, el proceso de integración continuará en fase de análisis técnico y consultas, mientras las autoridades afinan el modelo operativo y los mecanismos de participación ciudadana. Aunque el debate sigue abierto y persisten voces críticas, el Minsa insiste en que el objetivo central es mejorar la cobertura y la calidad del servicio, optimizando recursos existentes y fortaleciendo la atención primaria. Rafael Cadenas, premio Cervantes 2022 (Izq) y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, cerca a la Caja de las Letras de la institución. EFE Tensiones en España salpican a Panamá por Congreso Internacional de la Lengua POLÉMICA Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El reciente desencuentro, ampliamente reseñado por la prensa española, entre el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el titular de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha escalado hasta impactar de lleno en Panamá, convertido ahora en el inesperado epicentro de una disputa institucional que trasciende fronteras. García Montero acusó a Muñoz Machado de intentar imponer “por su cuenta” a Panamá como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), previsto para 2028, sin consultar al Cervantes, lo que generó un debate en España sobre los procedimientos internos y la legitimidad de la elección. En medio de la controversia, la Academia Panameña de la Lengua aclaró su posición sobre lo que ocurre en España, ayer. El director de la Academia Panameña de la Lengua para el periodo 2024-2027, Jorge Eduardo Ritter, desmintió que la designación de Panamá haya sido una iniciativa unilateral del director de la RAE. En entrevista con La Prensa, subrayó que la decisión “no puede verse como si fuera una decisión personal del señor Muñoz Machado”, porque —afirmó— fue tomada por unanimidad por las academias de la lengua durante el congreso celebrado este año en Arequipa, Perú. Según Ritter, la votación fue clara y contó con el respaldo de las 23 academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). El director panameño insistió en que la objeción del Instituto Cervantes sería injusta si se basa en la percepción de una imposición individual desde la RAE. “Lo que más quisiéramos es que no hubiera por parte del Instituto Cervantes la objeción de Panamá por el solo hecho de que se perciba que fue una imposición”, expresó, destacando que la elección de Panamá fue un acuerdo colectivo y transparente. Añadió que otros canales institucionales ya están aclarando públicamente que la aprobación se dio por unanimidad en la reunión oficial de directores de academias. Los detalles Ritter detalló cómo se produjo la votación. Explicó que la decisión se tomó este mismo año, durante la primera reunión privada entre directores, celebrada en el marco del Congreso Internacional de la Lengua en Arequipa. En ese espacio, relató, “se aprobó por unanimidad que Panamá fuera la sede del decimoprimer congreso en 2028”. El ex canciller también aclaró que, en el momento de la votación, no existía ninguna otra candidatura para acoger el CILE. Esto, a su juicio, desmonta aún más la idea de una supuesta imposición. Ritter se mostró confiado en que las diferencias actuales entre el Cervantes y la RAE “se pueden superar o se van a superar”, subrayando que tanto la Academia Panameña como el propio gobierno desean que el evento se realice en armonía y sin contratiempos. El evento Respecto a las fechas del congreso, Ritter explicó que tradicionalmente se celebran hacia el final del último trimestre del año, entre septiembre y octubre, aunque la fecha específica para 2028 aún debe definirse mediante consultas entre los gobiernos y las academias. Recordó que este calendario ha sido consistente en ediciones anteriores y que Panamá está preparada para ajustarse a ese marco. El director destacó la importancia estratégica de acoger un evento de esta magnitud. “Panamá ya hizo uno con un extraordinario éxito”, afirmó, recordando la edición previa del CILE realizada en el país. Señaló que este tipo de congresos visibilizan a Panamá “como centro de la cultura”, pues reúnen a intelectuales, escritores, lingüistas y académicos de alto nivel en encuentros abiertos al público. Recalcó que es una oportunidad única para proyectar al país en el ámbito cultural internacional. Finalmente, Ritter envió un mensaje a las instituciones españolas envueltas en el conflicto. Dijo que Panamá aspira a que el congreso se realice “de manera armónica con el Instituto Cervantes” y recordó que la ASALE ya decidió apoyar formalmente la propuesta panameña. En España, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, recordó que “corresponde al Cervantes proponer a las academias de la lengua una sede” para el Congreso Internacional de la Lengua Española. Durante una rueda de prensa, afirmó que la institución que dirige “se entera, porque se lo comentan otras academias, de que el director de la RAE ha decidido por su cuenta que sea Panamá”, poniendo en entredicho el procedimiento seguido y profundizando las tensiones con la Real Academia Española.
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