4A La Prensa Panamá, martes 9 de diciembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Con la integración se espera optimizar recursos económicos, humanos y logísticos. Archivo Aleida Samaniego C. [email protected] Integración Minsa-CSS: qué cambia, quién la dirige y por qué es importante SISTEMA DE SALUD Panamá comenzó el proceso para unificar los servicios de salud del Mi‑ nisterio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS). El objetivo declara‑ do es eliminar duplicida‑ des, optimizar recursos y garantizar una atención médica más equitativa, aunque expertos advier‑ ten sobre riesgos finan‑ cieros y legales. El 26 de noviembre de 2025 se dio el primer paso formal con el Decreto Eje‑ cutivo No.26, que creó la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, adscrita al Min‑ sa. Está integrada por re‑ presentantes del Minsa, la CSS, los ministerios de la Presidencia y de Econo‑ mía y Finanzas, y los pa‑ tronatos. Cada miembro tiene un suplente, y la co‑ misión puede operar con una Secretaría Ejecutiva. El artículo 142 de la Ley 462, de marzo de 2025, establece que Minsa y CSS deben coordinar y unificar funcionalmente sus servicios, sin afectar la autonomía financiera de la CSS, y realizar accio‑ nes conjuntas en un pla‑ zo no mayor de seis meses desde la entrada en vigen‑ cia de la reforma. Qué cambiará para los pacientes Aunque la integración aún no se ha concreta‑ do, se proyecta que servi‑ cios antes independien‑ tes —hospitales, clínicas, laboratorios y especiali‑ dades— puedan coordi‑ narse. Un paso concreto es el Plan de Integración de Servicios de Salud para el VIH, lanzado el 1 de di‑ ciembre. Este plan unifica prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimien‑ to bajo protocolos comu‑ nes, asegurando acceso gratuito y continuo pa‑ ra todos los pacientes, sin importar si son atendidos por el Minsa o la CSS. El director de la CSS, Dino Mon Vásquez, desta‑ có que “el sistema debe ser más que un proveedor de citas y medicamentos; de‑ be acompañar al pacien‑ te y evitar que tenga ‘dos puertas’ de acceso según su afiliación.” Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que exis‑ ten desafíos como inte‑ rrupciones logísticas, in‑ equidades en el acceso y una respuesta fragmen‑ tada entre subsistemas de salud. La integración busca garantizar que to‑ da la población tenga ac‑ ceso integral sin discrimi‑ nación. Ambos coincidieron en que los costos de aten‑ ción de pacientes no ase‑ gurados no se trasladarán a la CSS; cada institución asumirá los gastos de los pacientes que atienda. Críticas de los gremios médicos Algunos sectores del gremio médico han ex‑ presado preocupación. La Asociación de Médicos Especialistas del Hospi‑ tal Santo Tomás (Ame‑ hst) advirtió que los fon‑ dos de la CSS provienen de los cotizantes y no de‑ berían financiar la aten‑ ción de personas no aseguradas sin represen‑ tación equitativa en la co‑ misión. A esta preocupación se suma la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la CSS (Amoaccs), que el 3 de diciembre rechazó la propuesta de integración. Según el gremio, la medi‑ da representaría una car‑ ga financiera injusta para los trabajadores cotizan‑ tes; no resolvería los pro‑ blemas estructurales del sistema; podría afectar la autonomía financiera de la CSS y vulnerar dispo‑ siciones legales vigentes. El gremio médico re‑ chaza enérgicamente las pretensiones de usar los recursos de los asegura‑ dos para cubrir deficien‑ cias del Minsa. De con‑ cretarse, sería la “crónica de una muerte financiera anunciada”, aseguran. Por qué importa esta integración Panamá ha operado his‑ tóricamente con dos sub‑ sistemas paralelos: el pú‑ blico estatal (Minsa) y el de seguridad social (CSS), generando duplicidades, infraestructuras subu‑ tilizadas y gastos redun‑ dantes. Con la integración se es‑ pera optimizar recursos económicos, humanos y logísticos, mejorar la co‑ bertura, reducir la mo‑ ra quirúrgica y ampliar el acceso a especialidades y tratamientos, especial‑ mente en áreas con vacíos de atención. La integración Min‑ sa‑CSS está en proceso, con metas claras de efi‑ ciencia y equidad en la sa‑ lud pública panameña. Su éxito dependerá de la transparencia, la gestión equilibrada de recursos y la supervisión constante, así como de la participa‑ ción activa de los actores involucrados, para garan‑ tizar que los beneficios lleguen efectivamente a toda la población. El futuro del sistema de‑ penderá de cómo se imple‑ menten estas medidas, del equilibrio entre eficiencia y protección de los coti‑ zantes, y del seguimiento constante para que los be‑ neficios lleguen efectiva‑ mente a toda la población. Fachada del edificio donde funciona la Corte Suprema de Justicia. Isaac Ortega ‘La CSJ debe ser más proactiva ante ataques injustificados’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SISTEMA JUDICIAL Para exmagistrados como Molino Mola, la misión principal de un juez de garantías no es investigar ni condenar, sino garantizar la legalidad del proceso y evitar que se vulneren los derechos constitucionales. El exmagistrado Ed‑ gardo Molino Mola respondió a las recien‑ tes críticas del presidente José Raúl Mulino contra los jueces de garantías en casos de narcotráfico y corrup‑ ción, recordando que la la‑ bor de estos funcionarios está claramente delimitada por la ley. “La función principal de un juez de garantías es ser guardián de los derechos”, afirmó, al señalar que su pa‑ pel no es investigar ni con‑ denar. Molino Mola explicó que, dentro del sistema penal acusatorio, el juez de garan‑ tías tiene como misión ase‑ gurar el respeto al debido proceso. “Su misión princi‑ pal no es investigar ni con‑ denar, sino garantizar la le‑ galidad del proceso y que no se vulneren los derechos constitucionales”, insistió, en respuesta a las presiones públicas que enfrentan al‑ gunos jueces por decisiones adoptadas en audiencias re‑ cientes. El exmagistrado tam‑ bién advirtió que los jueces de garantías se encuentran en una posición vulnerable cuando son objeto de críti‑ cas desde el poder político. “Los jueces están en desven‑ taja ante las críticas de sus actuaciones, ya que no pue‑ den entrar en debates políti‑ cos; hablan por medio de sus sentencias”, indicó, al subra‑ yar que su rol institucional les impide defenderse públi‑ camente. Rol de la Procuraduría y la Corte Manifestó que corres‑ ponde al Ministerio Públi‑ co reaccionar cuando no comparta las decisiones ju‑ diciales. “Es el Ministerio Público el que debe utilizar los recursos legales contra las decisiones de los jueces”, manifestó, añadiendo que los juzgadores están llama‑ dos únicamente a verificar que cualquier medida cau‑ telar que restrinja la liber‑ tad “se haga conforme a la Constitución y la ley”. Molino Mola también di‑ rigió un mensaje al lide‑ razgo del Órgano Judicial. Considera que “la función del presidente de la Corte debe ser más proactiva en la defensa del sistema judicial ante ataques que conside‑ re injustificados”, siempre con el cuidado de no involu‑ crarse en disputas políticas. Según dijo, esa defensa ins‑ titucional es clave para pre‑ servar la independencia ju‑ dicial. Por su parte, la exmagis‑ trada Esmeralda de Troiti‑ ño sostuvo que las recien‑ tes controversias no deben centrarse en los jueces de garantías, sino en el “desco‑ nocimiento de las garantías procesales y de las respon‑ sabilidades de cada uno de los actores del sistema penal acusatorio”. Advirtió que “no se pue‑ den hacer las cosas porque ‘a este lo tengo que meter preso’”, y recordó que el juez de garantías debe velar por el cumplimiento de los de‑ rechos fundamentales. De hecho, explicó que cuando un juez impone una medi‑ da cautelar distinta a la de‑ tención preventiva es por‑ que “ha evaluado todos los elementos que la ley prevé”, y enfatizó que la detención provisional “no debe ser la primera medida”. Añadió que el sistema pe‑ de un nuevo centro de salud en Guararé, provincia de Los Santos, Mulino hizo un “enérgico llamado” a los Ór‑ ganos Judicial y Legislativo para que se sumen, con de‑ cisiones firmes y legislacio‑ nes robustas, al esfuerzo de su administración para lu‑ char contra el crimen orga‑ nizado y la corrupción. “Nosotros estamos ha‑ ciendo nuestra parte y confío en que la Asamblea Nacional será parte fun‑ damental, con hechos con‑ cretos, en la transforma‑ ción. Y espero que nuestras autoridades judiciales no solo sean independientes y con compromiso, sino que lo sean de verdad”, remar‑ có. No es la primera vez que Mulino expresa su incon‑ formidad con decisiones de jueces de garantías que con‑ ceden medidas cautelares distintas a la detención pro‑ visional en procesos por de‑ litos graves. El silencio de la Corte Este medio intentó obte‑ ner una versión de la presi‑ denta de la Corte Suprema de Justicia, María Euge‑ nia López, sobre los cues‑ tionamientos a los jueces de garantías el pasado 27 de noviembre, mientras acom‑ pañaba a Mulino durante la inauguración del hospital de Bugaba, en Chiriquí, pe‑ ro se rehusó a hablar con los medios. La presencia de López en actos públicos del Eje‑ cutivo ha generado críti‑ cas entre juristas y analis‑ tas, quienes interpretan su participación en un even‑ to estrictamente guber‑ namental como una se‑ ñal inoportuna en un país que sostiene la separación de poderes como principio constitucional. “La separación de poderes es la columna vertebral de la República. Sin checks and balances lo que nos espera es más concentración del poder. Cuidado con desnaturalizar la armónica colaboración”, escribió en X la abogada y activista, Ma‑ galy Castillo. nal está diseñado para que cada institución cumpla su labor “de la manera más co‑ rrecta”. Cuestionamientos de Mulino El presidente de la Repú‑ blica, José Raúl Mulino, cri‑ ticó el pasado viernes, en duros términos, la decisión de una jueza de garantías de otorgar detención domici‑ liaria a varios imputados en la operación Nodriza, que capturó a presuntos líde‑ res de una red de narcotrá‑ fico. El mandatario calificó la medida como una “negli‑ gencia absoluta”. Durante la inauguración
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