2A La Prensa Panamá, lunes 8 de diciembre de 2025 El Ministerio de Cultura adelanta gestiones con la Caja de Seguro Social (CSS) para la rehabilitación y restauración del histórico edificio que alguna vez albergó la Biblioteca Nacional de Panamá y que hoy acoge la Biblioteca Pública Eusebio A. Morales, un inmueble clave para la memoria cultural del país. El edificio, ubicado a un costado de la Asamblea Nacional, forma parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y fue transferido al Ministerio de Cultura en mayo de 2024. Se trata de un inmueble emblemático para la historia intelectual del país y que ahora enfrenta un proceso de evaluación para su recuperación. La estructura, construida en la década de 1940 por la Caja de Seguro Social, pasó a convertirse en sede de la Biblioteca Nacional en 1961. Aunque actualmente forma parte del plan de desarrollo y modernización de las bibliotecas públicas, su rehabilitación aún depende de acuerdos pendientes con la CSS, propietaria del inmueble. Las mejoras contemplan intervenciones en el edificio, el mobiliario y la conectividad. El Ministerio de Cultura ha manifestado su interés en resolver la situación del inmueble y mantiene un canal de comunicación con la CSS para asegurar su reparación y puesta en valor. Según la institución, el objetivo es garantizar que el espacio pueda ofrecer condiciones adecuadas para los usuarios, sin afectar la integridad patrimonial del edificio. Bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía y de Bienes Patrimoniales, el Ministerio adelanta inventarios del mobiliario y de los libros que forman parte del patrimonio cultural del país. Este proceso busca organizar, registrar y proteger los bienes existentes a fin de evitar pérdidas y asegurar su adecuada conservación antes del inicio de las obras. Memoria documental La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, confirmó que el Gobierno se prepara para declarar como Patrimonio Histórico la sede de la Biblioteca Nacional. Según explicó, la decisión no se fundamenta únicamente en el valor arquitectónico del edificio, sino en el peso histórico del contenido que resguarda: documentos, colecciones y archivos que narran la memoria del país. Herrera detalló que, una vez concluida la fase adGestionan recuperación del edificio que albergó la Biblioteca Nacional PATRIMONIO ministrativa, el Ejecutivo avanzará en la restauración del inmueble original, donde se conserva la colección histórica. La ministra recordó que en la biblioteca reposan las gacetas oficiales y buena parte del acervo que registra la evolución institucional y cultural de la nación. “Ahí está toda la historia del país”, reiteró al destacar que tanto la sede antigua como la nueva poseen condición patrimonial debido al material que custodian. De forma paralela, el Ministerio de Cultura impulsa el Plan Nacional de Rehabilitación de Bibliotecas Públicas, una iniciativa que destina 10.4 millones de balboas a la modernización de 40 bibliotecas en todo el país. El plan contempla mejoras en infraestructura, accesibilidad universal, conectividad, mobiliario y renovación de espacios, en coordinación con los gobiernos locales, para dignificar estos centros de aprendizaje y fortalecer su papel como puntos de encuentro comunitario. El convenio En su rueda de prensa semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su interés en revalorizar y fortalecer la Biblioteca Nacional. El mandatario confirmó que la Biblioteca Nacional ya recibió los fondos urgentes que requería para este año y que, además, tendrá asegurados los recursos necesarios para los años siguientes. Agregó que existe un convenio de cooperación entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Pro Biblioteca Nacional, acuerdo que permitirá impulsar la modernización del recinto y proyectos clave, como la digitalización del patrimonio documental de la nación. La Nueva Joya tiene capacidad para 5 mil privados de libertad. Archivo La factura penitenciaria: $36 al día por cada privado de libertad Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SISTEMA PENITENCIARIO En el país hay unas 24 mil personas pagando sus condenas en prisión. El suministro de alimentos a los centros penitenciarios tomó notoriedad pública esta semana, luego de que el Ministerio de Gobierno (Mingob) recibiera propuestas para dos licitaciones destinadas a abastecer las cárceles de Panamá y Colón, cuyos montos combinados ascienden a 243.2 millones de dólares. La magnitud de estas contrataciones volvió a poner bajo la lupa el costo real del sistema penitenciario y abrió una pregunta ineludible en medio del proceso: ¿cuánto le cuesta al Estado mantener a cada persona privada de libertad? La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que el costo de mantener a una persona privada de libertad representa un gasto significativo para el Estado. Detalló que el promedio diario oscila entre 36 y 40 dólares por interno, cifra que puede incrementarse cuando surgen complicaciones de salud o necesidades especiales dentro del sistema penitenciario, lo que eleva aún más la presión financiera sobre el presupuesto público. Solo en alimentación, el Estado destina cada año alrededor de 24 millones de dólares. Aunque en los centros penitenciarios se han implementado algunos programas de huertos internos para reducir costos y mejorar la gestión, el gasto continúa siendo significativamente alto. En una década, el costo de la alimentación en los centros penitenciarios ha escalado de forma sostenida. En 2012, la ración diaria tenía un valor de 3.16 dólares; cuatro años después, una adenda al contrato la elevó a 4.60 dólares. Ahora, con las nuevas licitaciones en curso, el precio alcanza los 5.50 dólares por ración, un incremento que presiona aún más el presupuesto estatal destinado a la población privada de libertad. En los últimos 13 años, el Estado panameño —a través del Mingob— ha desembolsado al menos 303.3 millones de dólares para la alimentación en siete centros penitenciarios administrados por el Consorcio Alimentario Panamá. En el país hay unos 24 mil privados de libertad. Las licitaciones Esta semana se llevaron a cabo dos actos públicos para suministrar alimentos a las personas privadas de libertad en las provincias de Colón y Panamá. En el caso de Colón, dos empresas llegaron a la etapa de presentación de propuestas: el Consorcio Alimentando Panamá S.A., que igualó el precio de referencia del Gobierno —33 millones de dólares—, y el Consorcio C & J Food Services, que ofreció un monto menor, de 29 millones de dólares. Ambas propuestas fueron aceptadas para continuar en la fase de evaluación técnica y económica. Con ello se busca asegurar la prestación del servicio durante 2,191 días calendario, equivalentes a casi seis años. Aunque en la reunión previa y en la homologación participaron 15 interesados, solo estos dos consorcios presentaron propuestas electrónicas en la apertura formal realizada el 5 de diciembre, en el Salón de Actos del Departamento de Compras del ministerio. El acto público establece las condiciones para garantizar la alimentación diaria —desayuno, almuerzo y cena— de las personas privadas de libertad, así como del personal que opera dentro del complejo penitenciario de Colón. El servicio abarca el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza y el Centro Femenino de Colón, donde la demanda alimentaria exige un suministro constante y supervisado bajo estrictos estándares sanitarios. En total, la empresa que resulte adjudicada deberá cubrir la alimentación de unas 2,793 personas: 2,596 hombres privados de libertad, 107 mujeres privadas de libertad, 39 custodios y 51 unidades policiales. Además, tendrá la obligación de presentar menús cíclicos, realizar análisis nutricionales y mantener la operación activa los siete días de la semana, bajo normas de calidad e inocuidad alimentaria. Cárceles de Panamá De forma paralela, el Consorcio Alimentando Panamá S.A. también se presentó a la licitación para el suministro de alimentos a las cárceles de la provincia de Panamá, por 209 millones de dólares. No hubo más propuestas en el acto público, que también se realizó el pasado 5 de diciembre. Como ya se mencionó, el consorcio no enfrentará competencia y, si finalmente cumple todos los requisitos establecidos por la comisión evaluadora, extenderá su dominio por casi seis años más, alcanzando cerca de 19 años de control ininterrumpido del servicio de alimentación penitenciaria. Ya lo ha hecho durante unos 13 años, desde 2012. La empresa presentó una propuesta por 209.6 millones de dólares, exactamente el precio de referencia fijado por el Mingob. Ese monto incorpora un incremento en la ración diaria: sube de 4.60 a 5.50 dólares, en comparación con el contrato aún vigente. Esta licitación no estuvo exenta de reclamos, precisamente porque los potenciales competidores alertaban sobre especificaciones que, a su juicio, otorgaban ventaja al Consorcio Alimentario Panamá. Fueron 15 empresas las que participaron en el proceso de homologación, pero solo se presentó una propuesta final. Se impugnó, por ejemplo, el criterio de evaluación de experiencia, porque el pliego exigía que esta solo pudiera acreditarse mediante un máximo de tres contratos. El punto crítico era que al proveedor actual se le reconoce la experiencia de un solo contrato que engloba los seis servicios penitenciarios, producto de las condiciones especiales bajo las que fue contratado. En la práctica, esto impedía cualquier competencia real, pues sería improbable que otro participante pudiera presentar un contrato único que abarque tantos recintos, lo que lo colocaba en una desventaja evidente frente al operador histórico. Biblioteca Eusebio A. Morales. 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