5A La Prensa Panamá, domingo 7 de diciembre de 2025 La ONG venezolana Foro Penal denunció ayer sábado la muerte en prisión y bajo custodia del Estado del exgobernador opositor de Nueva Esparta (insular) Alfredo Díaz, quien llevaba más de un año preso y “aislado”, según dijo el director presidente de la institución, Alfredo Romero. “Otro preso político que muere en cárceles venezolanas. Llevaba un año preso, aislado. Sólo permitieron una visita de su hija. Tenía 55 años. ¡Es indignante! El Estado es responsable de la salud de la persona bajo su custodia”, manifestó Romero en su cuenta de X. En la misma red social, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, confirmó que la “familia de Alfredo Díaz ha sido notificada de su muerte mientras se encontraba bajo custodia”. La esposa de Díaz, Leynys Malavé, exigió en su cuenta de Instagram una respuesta al Estado: “¿Qué pasó con mi esposo, me lo mataron?”, subrayó. Por su parte, el opositor y líder de VP, Leopoldo López, aseguró que Díaz “llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron”. “Su partida nos toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos la lucha por la libertad”, indicó López en su cuenta de X. En tanto, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia advirtieron que el fallecimiento, bajo custodia del Estado de Alfredo Díaz revela un “patrón sostenido de represión estatal”, y denunciaron que ya son 7 los presos políticos que han muerto en prisión luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024. Muere en la cárcel preso político venezolano Alfredo Díaz DICTADURA Buena parte de las actas de esas elecciones resposan en Panamá y muestran que González sería el presidente de Venezuela. No obstante, el Tribunal Supremo Electoral proclamó a Nicolás Maduro, sin mostrar los resultados. En un comunicado conjunto, compartido en sus redes sociales, Machado y González Urrutia precisaron que las “circunstancias” de estas 7 muertes -cifra rectificada después de un primer escrito donde contabilizaban 12- “incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”. “El sistema de seguridad y penitenciario ha sido instrumentalizado para perseguir, castigar y quebrar a quienes piensan distinto”, aseguraron los líderes opositores. En referencia a Díaz, subrayaron que su integridad y vida eran “responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado” en El Helicoide, como se conoce a la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y por tanto -añadieron- “no puede tratarse como un fallecimiento común”. El Ministerio Público mantiene abierta una investigación por la desaparición de Héctor Gallego. Archivo CIDH: el Estado favoreció la impunidad en el caso Gallego Juan Manuel Díaz [email protected] Redacción de La Prensa JUSTICIA La CIDH elevó el caso a la Corte Interamericana para que condene al Estado panameño y exija reparaciones e indemnizaciones por la desaparición del sacerdote. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que el Estado panameño incumplió su deber de investigar y sancionar con la debida diligencia a los responsables de la desaparición del sacerdote Héctor Gallego, registrada el 9 de junio de 1971, por lo que remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) una petición para que condene a las autoridades panameñas a entregar una compensación por los daños materiales e inmateriales ocasionados. A través de un comunicado de prensa, publicado el pasado viernes, la CIDH alega que las investigaciones por la desaparición de Gallego fueron deficientes y llenas de irregularidades, lo que motivó su archivo en 1973. Tras la conclusión de la dictadura militar, la Iglesia Católica logró su reapertura en 1990, y en 1994 se dictó la condena de los militares Nivaldo Madriñán, Melbourne Walker y Eugenio Magañón como cómplices del crimen, aunque dicha sentencia no abordó la responsabilidad de los altos mandos militares. Magañón estuvo prófugo por más de 30 años, pero el pasado 4 de mayo fue detenido por la policía. Un tribunal le concedió arresto domiciliario por su avanzada edad; tiene 94 años. En su Informe de Fondo, la CIDH determinó que existen pruebas suficientes para concluir que Gallego fue detenido y desaparecido por agentes estatales, en un contexto de represión y desapariciones forzadas durante los gobiernos militares panameños. Indica que el Estado incumplió su deber de investigar y sancionar con debida diligencia, favoreciendo la impunidad, y que tales acciones tuvieron como propósito detener la actividad pastoral del sacerdote. La comisión también concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, vida, integridad y libertad personal; libertad de conciencia y religión; libertad de asociación; y garantías y protección judiciales, todas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, concluye que, ante estas evidencias, el Estado panameño, como responsable de estos hechos, debe reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, incluyendo medidas de satisfacción y compensación por daños materiales e inmateriales. Asimismo, plantea que debe investigar el paradero de Jesús Héctor Gallego Herrera mediante un plan de búsqueda con resultados medibles y participación familiar; en caso de hallarse restos, garantizar su identificación y entrega. También solicita adoptar políticas públicas y protocolos forenses para la gestión de archivos y material genético de víctimas de la dictadura, y capacitar a las autoridades en estándares interamericanos y en los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas. La denuncia presentada ante la CIDH en 2003 involucró una serie de gestiones por parte de familiares y del Comité de Familiares de Desaparecidos Héctor Gallego (Cofadepa-HG). Los miembros de Cofadepa-HG han solicitado a diferentes gobiernos la identificación de restos de personas desaparecidas durante la dictadura militar, que se encuentran en manos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), y el juzgamiento de los presuntos responsables de estos hechos. En enero de 2025, Cofadepa-HG denunció que, tras cinco años de haber alcanzado un acuerdo amistoso con el Estado para el resarcimiento económico y el reconocimiento de la responsabilidad estatal en estos casos, aún no se ha concretado ninguno de los puntos pactados. Entre los acuerdos incumplidos por el Estado con los miembros de Cofadepa-HG se encuentran el pago de una compensación económica a los familiares de las víctimas desaparecidas y asesinadas durante la dictadura militar, la elaboración de una memoria histórica de los hechos registrados entre 1968 y 1989, así como la designación del 9 de junio —fecha en que desapareció el sacerdote Héctor Gallego— como día cívico de reflexión nacional para las víctimas de la dictadura militar. La Fiscalía Regional de Veraguas mantiene un expediente abierto por la desaparición de Gallego y ha realizado varias diligencias Jueces de garantías de la provincia de Panamá concedieron medidas cautelares de retención domiciliaria a dos personas y reporte periódico a otras seis, implicadas en un esquema de fraude con tarjetas de crédito en perjuicio del Banco General y Banco Azteca, que asciende a un monto de $591,141. Durante dos audiencias celebradas el viernes 5 de diciembre en las oficinas del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, los jueces, en sesiones separadas, decidieron aplicar medidas de notificación periódica a ocho de los investigados y retención domiciliaria a dos personas, a quienes previamente se les imputaron cargos por delitos financieros y asociación ilícita para delinquir. De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía Metropolitana y la Dirección de Investigación Judicial, los implicados recibían transferencias desde los Estados Unidos en concepto de supuestas devoluciones por compras con tarjetas Visa de débito y crédito; luego, con esos fondos realizaban compras en comercios locales y efectuaJueces aplican medidas cautelares por fraude bancario que supera los $591 mil DELITOS FINANCIEROS ban transferencias a terceros hasta agotar el saldo. Entre los imputados figuran personas que operaban como reclutadores de ciudadanos para que abrieran cuentas bancarias y recibieran los fondos mediante transferencias a sus tarjetas. La investigación, denominada Montezuma 3.0, se inició en 2023, luego de que se reportara una serie de transacciones presuntamente fraudulentas a través de devoluciones de dinero. Las aprehensiones se realizaron en operativos efectuados por la Fiscalía de Delitos Financieros y la Policía en el corregimiento de San Francisco y en Pacora, en la provincia de Panamá; en el distrito de San Miguelito; y en las provincias de Colón y Bocas del Toro. Juan Manuel Díaz [email protected] Las audiencias se realizaron en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio. Alexander Arosemena Exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. EFE
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