4A La Prensa Panamá, sábado 6 de diciembre de 2025 Panorama De Izq a Der: Anel Flores, contralor general de la República; y Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Cortesía Lo dicho vs. lo hecho: las contradicciones del Gobierno sobre las partidas del MEF Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS Aguadulce, La Pintada y Olá (Coclé); Pedasí (Los Santos); Chame, La Chorrera y San Carlos (Panamá Oeste); y Pinogana (Darién), son algunos de los municipios que recibieron partidas. Las contradicciones del discurso oficial alrededor de las cuantiosas partidas que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) repartió a ciertos municipios, de manera discrecional y sin un criterio técnico, empiezan a acumularse. Se ha dicho que los fondos buscaban fortalecer a municipios pobres y subsidiados. “De los 82 municipios del país, 64 no son autosuficientes financieramente y dependen del subsidio y el apoyo del gobierno central (...)”, dijo el ministro del MEF, Felipe Chapman, el pasado jueves en conferencia de prensa, a la vez que citaba las leyes que le permiten a la cartera que dirige efectuar transferencias a los municipios, de forma adicional a las administradas por la Autoridad Nacional de Descentralización. Aquí aprovechó para decir que este mecanismo es distinto a la escandalosa “descentralización paralela”, con la que el gobierno de Laurentino Cortizo transfirió más de $300 millones de manera política a gobiernos locales. Sin embargo, los fondos no llegaron a ninguno de los 10 corregimientos con el mayor número de personas en condición de pobreza multidimensional, elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete Social del Ministerio de Desarrollo (2020), con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estos son: Chilibre, Pacora, Tocumen, 24 de Diciembre, Arraiján cabecera, Ernesto Córdoba Campos, Las Cumbres, Ernesto Arias, Burunga y Belisario Porras. De hecho, el único corregimiento del país que públicamente se sabe recibió fondos es El Chorrillo, comuna que gobierna el diputado oficialista Sergio “Chello” Gálvez, quien además presidía la poderosa Comisión de Presupuesto al momento de recibir los $150 mil. Entre los municipios que sí recibieron transferencias se cuentan San Carlos; Aguadulce, La Pintada y Olá (Coclé); Pedasí (Los Santos); Chame, La Chorrera y San Carlos (Panamá Oeste); y Pinogana (Darién), entre otros. Miles de dólares en donaciones y fiestas navideñas También se ha argumentado que el dinero serviría para obras y funcionamiento institucional, como el pago de planillas. Uno de los que sostiene este planteamiento es Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional y quien controla el municipio de Aguadulce, que recibió por lo menos $625 mil en solo tres meses. Sin embargo, buena parte de esos fondos terminaron financiando actividades festivas, logística navideña y celebraciones patrias. Algo similar ocurrió en San Carlos, que recibió casi $1 millón. Más del 50% de ese dinero habría ido a parar a donativos directos a particulares. La gran contradicción de San Carlos La alcaldía de San Carlos encarna otra gran contradicción. En tres acuerdos sustentan que se gastarían al menos $552,000 en donativos a personas, pero un letrero colgado en las instalaciones del municipio dice claramente: “Atención: no se están otorgando apoyos económicos ni donativos”. Sin equidad Chapman también dijo que cualquier municipio del país tiene a su disposición el mecanismo de las transferencias. Sin embargo, varios alcaldes y representantes se han quejado porque, pese a haber enviado cartas solicitando presupuesto para obras y temas administrativos, no han recibido respuesta. Joaquín De León, alcalde de David, Chiriquí, uno de los municipios más grandes del país, pide “transparencia y equidad en el tema”. Invitó a ejecutar la Ley 37 de 2009 de descentralización, que dicta las reglas para asignar las transferencias a los gobiernos locales: el impuesto de bienes inmuebles y el programa de inversiones públicas municipales como fuente principal de financiamiento, así como criterios objetivos que eviten discrecionalidad en la distribución de fondos. Negaron las donaciones Tanto el ministro Chapman como el contralor Anel Flores habían negado a diputadas que este gobierno había hecho transferencias a gobiernos locales. Por ejemplo, en enero de este año, la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, preguntó a Chapman si el ministerio de Economía y Finanzas o la Autoridad Nacional de Descentralización habían hecho transferencias a juntas comunales o municipios, pero Chapman respondió que no. Sin embargo, la transferencia de $150 mil que refrendó la Contraloría a la junta comunal de El Chorrillo, en manos del diputado oficialista Sergio “Chello” Gálvez, demuestra que sí hubo desembolsos y contradice de forma directa la versión del ministro, asunto que abre la puerta a nuevas interrogantes sobre la transparencia y el manejo de estos recursos públicos. Mientras tanto, la diputada Patsy Lee, aliada de Vamos en la Asamblea, también envió una carta al contralor Flores, el pasado 13 de diciembre, en la que pidió los detalles de las transferencias o traspasos presupuestarios al municipio de La Chorrera. Recibió respuesta el 14 de noviembre. Fernán Adames, director nacional de Asesoría Jurídica, le respondió que la Autoridad Nacional de Descentralización es la entidad responsable de coordinar y supervisar el proceso de descentralización, “garantizando la correcta distribución y uso de los recursos que son transferidos a los gobiernos locales. Por lo tanto, su solicitud deberá ser dirigida a la mencionada entidad”. El MEF transfirió a La Chorrera $310 mil el 17 de diciembre de 2024. Por estos días, el MEF y a la Contraloría en el centro del escrutinio público. Si hubo transferencias, ¿por qué se negó su existencia? ¿Qué criterios se aplicaron para beneficiar a unos municipios y excluir a otros con mayores índices de pobreza? Juan Manuel Díaz [email protected] La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Antai. Archivo Confirman separación del cargo de la decana de Medicina de la Unachi PRESUNTO PECULADO El Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial (Chiriquí y Bocas del Toro) mantuvo la separación del cargo de la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Evelia Aparicio, imputada por la presunta comisión del delito de peculado. En una audiencia celebrada ayer, los magistrados decidieron mantener la separación del cargo a la funcionaria, por considerar que la medida es pertinente debido a la gravedad del delito por el cual la Fiscalía Anticorrupción le abrió una investigación. La investigación contra la decana Aparicio se inició a raíz de una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), en la que se asegura que ejerce simultáneamente funciones en la Caja de Seguro Social como médica y en la Unachi como decana de la Facultad de Medicina. El pasado 1 de diciembre de 2025, la juez de garantías Saida Romero acogió la imputación presentada por la Fiscalía Anticorrupción y ordenó la separación del cargo de Aparicio en la Unachi. Aparicio fue exalcaldesa de David (1999-2004) y también tuvo a uno de sus hijos nombrado como investigador administrativo en la Unachi. Se trata de Miguel Esquivel, quien devenga un salario mensual de $2,388, más un sobresueldo de $800. El rumor es cada vez más intenso. La mina de cobre parece que será reabierta el próximo año, pero el Gobierno no nos ha dicho una palabra de cómo será ese proceso, salvo que no será una concesión. Las señales de esa reapertura ya se sienten, al menos en los distritos de La Pintada y Penonomé. Contrataciones masivas, transporte de empleados, etc. Y si First Quantum está en todo esto sin protestar y hasta con renovado entusiasmo, supongo que cuenta con algunas garantías, negociadas a espaldas de la sociedad. Como quien dice, todo está hablado y nosotros solo seremos los testigos de palo, como siempre. Si se desatan protestas a causa de la reapertura, ¿el Gobierno estará preparado para hacerle frente? Y si lo está, ¿a quién le compró el gas lacrimógeno y sus lanzadores; municiones para escopetas y armas para las unidades del control de multitudes de la Policía Nacional? ¿A quién le compró las máscaras antigás, uniformes, cascos, escudos, granadas de humo o gas pimienta, etc.? La pregunta no es retórica. Si alguien quiere saber cuánto ha gastado el Gobierno en todo esto y a qué empresas se lo ha comprado o si hubo licitación o una compra directa, ¿lo responderá? Estoy seguro de que no, porque es muy probable que la compra la declaren sensible, clasificada, secreta, “solo para sus ojos”, y todas esas idioteces, a fin de no revelar quién les vendió todo. ¿Pero hace falta que respondan? A estas alturas, lo dudo. Es que tontos tampoco somos ante lo evidente. Y es porque no han tenido recato alguno en disimular esa incestuosa relación proveedor-amigo-funcionario. De hecho, son casi familia, porque la familia se protege, sus miembros pertenecen a la intimidad del hogar, ayudan en los momentos difíciles o están ahí para apoyarte en la compra de un carro o en adquirir o remodelar la casa o costear la celebración de un evento familiar importante. La familia es más que una amistad, es incondicional: es estar en las buenas y en las malas. Entonces, estamos frente a una relación simbiótica, nacida a la luz del sol, transparente, que lanza mensajes claros, directos y contundentes y que no deja lugar a la imaginación. La mina será un negocio más y los agentes de policía –esos que tendrán la misión de garantizar su reapertura– son la excusa para hacer más negocios, al igual que lo fue la celebración del Día del Policía este año. ¿Nobles propósitos para hacer negocios? Hipócritas no son… todo es transparente: donde celebran, con quién celebran, aunque lo que no se sabe es cuánto se pagó. Estar en el círculo cero es el mayor activo de un empresario. Es como tener una tarjeta de presentación de una alta autoridad y que al reverso diga: “Haga lo que le pide el portador de esta tarjeta sin hacer preguntas”. Eso pasó y está pasando. Y, aunque se quejan de que están cansados de que a los malhechores les den libertad, ¿acaso eso no lo hacen con los amigos? Claro que sí, y de eso hay evidencias. ¿O es que no recuerdan que el lavado de activos se convierte automáticamente en delito político si lo comete un servidor público, y por eso merecen la libertad? Hay ciudadanos que cuentan con esas tarjetas, obteniendo así licencia para estar por encima de la ley. Esa es la tónica en este gobierno, que en nada se diferencia del que huyó a Colombia, del que pretende darnos lecciones de moralidad desde su dorada impunidad. Él y su gente hicieron negocios con hospitales, con calles y carreteras y hasta con la comida para los estudiantes. Y hoy, igual que antes, lo hacen con la Policía, con la salud, con la educación y con obras cuestionables. Entonces, ¿para qué fue toda esa alharaca de defender la democracia? ¿Para eso la querían? ¿Para hacer negocios? Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected]
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