2A La Prensa Panamá, sábado 6 de diciembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] Maruja Herrera, ministra de Cultura Elysée Fernández MiCultura transfiere $675 mil a dos municipios de Coclé FONDOS PÚBLICOS Entre octubre y diciembre de 2024, el Ministerio de Cultura (MiCultura), dirigido por Maruja Herrera, transfirió un total de $675 mil a los municipios coclesanos de Aguadulce y La Pintada, en lo que diversos sectores consideran un ejemplo más de asignaciones discrecionales con posible tinte político. Los desembolsos generaron cuestionamientos debido a su magnitud, temporalidad y beneficiarios, así como a la ausencia de criterios técnicos públicamente conocidos para justificar la distribución de fondos. Aguadulce, municipio bajo la administración del panameñista Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional, recibió primero $150 mil en octubre de 2024, destinados a la Fundación Distrito de Aguadulce. Un segundo desembolso, considerablemente mayor, llegó en diciembre: $325 mil para gastos logísticos y de producción vinculados a las efemérides del 28 de noviembre, además de actividades de Navidad y fin de año. Ambos montos fueron formalizados mediante acuerdos municipales. La Pintada, gobernada por Ina Rodríguez, sobrina de la ex presidenta legislativa Dana Castañeda, recibió $200 mil, también provenientes de MiCultura. Estos fondos se asignaron para cubrir los gastos del tradicional topón del 25 de diciembre y del desfile navideño de 2024, incluyendo decoración de parques y plazas, confección del nacimiento, logística, transporte y alimentación. Las transferencias motivaron críticas de figuras políticas que señalaron la falta de transparencia y de parámetros claros para justificar asignaciones tan elevadas. El exdiputado Juan Diego Vásquez cuestionó abiertamente la motivación detrás de estos desembolsos y afirmó que no parecían responder a criterios técnicos, sino políticos. Argumentó que el Gobierno no debería decidir dónde “la Navidad será mejor”, subrayando que municipios como San Miguelito también enfrentan necesidades importantes sin recibir apoyos equivalentes. A su juicio, la falta de explicación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas refuerza la percepción de discrecionalidad. Alimentar a un preso en Panamá le cuesta al Estado seis dólares diarios. Archivo Licitación por $209 millones recibe solo una oferta Yolanda Sandoval [email protected] COMIDA EN LAS CÁRCELES La licitación millonaria para la alimentación penitenciaria recibió una única oferta, consolidando el dominio del mismo operador por 13 años y dejando dudas sobre competencia real. No hubo competidores ni pujas por el millonario contrato de alimentación para las seis cárceles de la provincia de Panamá. Solo un proponente se presentó: la misma empresa que ha mantenido el negocio por 13 años consecutivos, sostenida por una cadena de adendas y aumentos de precio. La presentación de las propuestas electrónicas estaba programada para este viernes 5 de diciembre, según el cronograma oficial del Ministerio de Gobierno (Mingob). Pasadas las 11:00 a.m., solo figuraba un documento en el sistema: la oferta del Consorcio Alimentario Panamá. El proceso dejó varios puntos llamativos. El consorcio no enfrentará competencia y, si finalmente cumple con todos los requisitos, según la comisión evaluadora, extenderá su dominio por casi seis años más, alcanzando cerca de 19 años de control ininterrumpido del servicio de alimentación penitenciaria. La empresa presentó una propuesta por $209.6 millones, exactamente el precio de referencia fijado por el Mingob. Ese monto incorpora un incremento en la ración diaria: sube de $4.60 a $5.50, en comparación con el contrato que aún tiene vigente. En los últimos 13 años, el Estado panameño —a través del Mingob— ha desembolsado más de $303.3 millones para la alimentación en siete centros penitenciarios a Consorcio Alimentario Panamá. Esta licitación no estuvo exenta de reclamos, precisamente porque los potenciales competidores alertaban de especificaciones que le daban ventaja a Consorcio Alimentario Panamá. Fueron 15 empresas al proceso de homologación, pero solo una propuesta final. Se impugnó, por ejemplo, el criterio de evaluación de experiencia, porque el pliego exigía que la experiencia solo pudiera acreditarse mediante un máximo de tres contratos. El punto crítico era que al proveedor actual se le reconoce la experiencia de un solo contrato que engloba los seis servicios penitenciarios, producto de las condiciones especiales bajo las que fue contratado. En la práctica, esto impedía cualquier competencia real, pues sería raro que otro participante pudiera presentar un contrato único que abarque tantos recintos, colocándolos en una desventaja evidente frente al operador histórico. José Raúl Mulino, presidente de la República. Cortesía Presidente Mulino arremete contra decisión judicial en el caso Nodriza JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] El presidente José Raúl Mulino volvió a cuestionar a los jueces de garantías, luego de que una jueza concediera detención domiciliaria a imputados en la operación Nodriza, caso en el que fueron capturados presuntos líderes de una red dedicada al tráfico de drogas. Desde Guararé, Los Santos, donde inauguró un centro de salud, el mandatario calificó la decisión como una “negligencia absoluta” y la contrapuso a los esfuerzos oficiales en decomisos de droga, desarticulación de pandillas y denuncias por corrupción con fondos públicos. Mulino hizo un “enérgico llamado” a los órganos judicial y legislativo para que adopten decisiones firmes y leyes más robustas contra el crimen organizado, al advertir que actuaciones “condescendientes” no son coherentes con la disposición del Ejecutivo de enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía. Afirmó que es necesario que recaiga todo el peso de la ley sobre traficantes, violadores y “degenerados” que caminan por las calles, y pidió dejar de ser condescendientes con los delincuentes más aberrantes vinculados al narcotráfico. No es la primera vez que el gobernante cuestiona el Sistema Penal Acusatorio. El 2 de octubre calificó como una “burla” el manejo de casos de alto perfil que involucran millones de dólares, en los que jueces de garantías otorgan medidas como la notificación periódica en lugar de la detención preventiva. En esa ocasión dijo haber transmitido su preocupación a la presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López, y al procurador general de la Nación, Luis Gómez, al señalar que pareciera que los jueces no responden a supervisión. También criticó que, pese a los riesgos que asumen la Policía Nacional, el Senan y el Senafront en operativos “muy peligrosos”, personas ligadas al narcotráfico terminan en libertad por decisiones judiciales.
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