2A La Prensa Panamá, viernes 5 de diciembre de 2025 Cárcel La Nueva Joya, ubicada en la provincia de Panamá. Archivo Mingob licitará comida para cárceles; un negocio de cientos de millones Yolanda Sandoval Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ACTO PÚBLICO El Gobierno abrió una nueva licitación, por $209.6 millones, para el suministro de comida en seis cárceles de Panamá, con un costo por ración más alto que el contrato vigente. El pliego incluye requisitos que podrían limitar la competencia. Alimentar a los privados de libertad no es solo una labor logística: también es un negocio millonario que se ha consolidado silenciosamente durante más de una década. En los últimos 13 años, el Estado panameño, a través del Ministerio de Gobierno (Mingob), ha destinado unos $303.3 millones para cubrir los costos de alimentación en siete centros penitenciarios, una cifra que revela la magnitud del sistema que opera detrás de cada ración servida. Un contrato exclusivo, que ha pasado por 10 adendas a cargo de un solo conglomerado: Consorcio Alimentario Panamá. Ahora, el Mingob abrió una licitación gigantesca — por $209.6 millones— para alimentar durante cinco años y ocho meses a la población penitenciaria de la provincia de Panamá (seis cárceles). La convocatoria para la presentación de propuestas está programada para hoy. En el proceso de homologación participaron 15 empresas. El contrato busca atender, según el pliego de condiciones, a 17,401 personas al día en seis cárceles, con un precio de $5.50 por ración diaria completa (desayuno, almuerzo y cena). En este proceso hay un detalle que no pasa desapercibido: de acuerdo con el precio de referencia, el costo del servicio se incrementa en al menos $10 millones al año en comparación con el contrato vigente. El Mingob modificó el precio de la ración; en lugar de los $4.60 establecidos desde 2016, ahora será de $5.50. Por otro lado, la licitación en curso se estructuró para atender únicamente las cárceles de la provincia de Panamá, mientras que el contrato actual —a cargo del Consorcio Alimentario Panamá— incluía también la cárcel de Colón. Es decir, ahora no serán siete centros, sino seis, y a un precio mucho mayor y por menos de la mitad del tiempo. Las 10 adendas El contrato original con la empresa que actualmente brinda el servicio, Consorcio Alimentario Panamá, data de 2012 e implicaba un monto de $101 millones por un periodo de siete años. En aquel entonces, el documento fue firmado por un viejo conocido de la actual administración gubernamental, quien en 2012 fungía como ministro de Gobierno: Jorge Ricardo Fábrega. Hoy, Fábrega es una de las personas más cercanas al presidente de la República, José Raúl Mulino. Es su asesor y a quien denominó como el enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo. La alimentación debía llegar a los centros penitenciarios Nueva Esperanza, La Joya, La Joyita, Tinajitas, Centro Femenino de Rehabilitación, El Renacer, La Chorrera y al Nuevo Complejo Penitenciario La Nueva Joya. Si bien en la primera licitación se estableció en $3.16 el costo de la ración de comida, en 2016 se incluyó una adenda que aumentó el monto a $4.60, es decir, $1.45 más por plato, lo que representó un incremento del 46%. El ajuste fue informado a través de la adenda 3 del contrato, la cual señalaba que, a petición del consorcio, se aprobó el aumento debido a la necesidad de “restablecer el equilibrio contractual”, afectado por el incremento en los costos de los insumos necesarios para la ejecución del servicio. En aquel momento, la ministra encargada que firmó la adenda fue María Luisa Romero. A partir de ese momento, aumentó el costo de los desembolsos por las raciones de comida, y el contrato pasó de $101.6 millones en 2012 a los actuales $303.3 millones que el Estado ha destinado a través del Ministerio de Gobierno. Polémicas y licitaciones fallidas Durante la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) intentaron realizar dos licitaciones que nunca prosperaron. La primera, del 17 de febrero de 2021 —fecha coincidente con los carnavales en el país— fue declarada desierta tras numerosos reclamos. El monto del acto público era de $74.3 millones y contemplaba un periodo de tres años, en lugar de siete como el contrato original. En 2023, el Gobierno volvió a intentar un acto público, pero esta vez el monto era sorprendente: $441.1 millones por un periodo de diez años. El proceso también fue cancelado, obligando a continuar con adendas al contrato vigente. En noviembre de 2024, el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) cuestionó públicamente la gestión del contrato. “Hay una empresa colombiana (Alimentando Panamá), de dudosa procedencia, que abastece de comida las cárceles y que todavía le pasa plata mensual, como coima, al ex gordo, ahora flaco R. Cortizo y a su cuñado R. Calvo. Señora ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, favor inicie una investigación y cancele dicho contrato que involucra a altos funcionarios de la pasada administración, y aquí no ha pasado nada”, escribió desde Colombia, donde permanece asilado tras ser condenado a más de diez años de prisión por el caso New Business. La ministra respondió que la empresa que actualmente atiende el centro penitenciario con mayor población (La Nueva Joya) tiene un contrato “de años” que finaliza en diciembre de 2025. También afirmó que el costo por comida diaria es de $4.36 por las tres raciones (desayuno, almuerzo y cena). ¿Habrá competencia? La Prensa envió un cuestionario a la ministra de Gobierno sobre la nueva licitación y su respuesta fue tajante: “Todo está en los pliegos y en la página de Panama Compra. Ahí puede ver la posición del Ministerio, lo que dijeron los participantes y las evaluaciones. Ese es el lugar donde puede obtener las mejores respuestas a todo el proceso”. Parte de las consultas estaban encaminadas a entender los factores que habrían disparado el precio de referencia y las condiciones de la misma licitación, anticipando criterios que distorsionarían la competencia. El pliego establece que los postulantes deben demostrar experiencia previa mediante contratos equivalentes al 50% del precio de referencia, calculados únicamente en dólares estadounidenses. Dicha exigencia podría desfavorecer a compañías que han trabajado con monedas depreciadas, como el peso colombiano o el peso mexicano, incluso cuando han manejado volúmenes de comida comparables con las raciones y servicios logísticos que exige el Mingob en su licitación. Esta condición podría beneficiar a las empresas que prestan el servicio en mercados dolarizados, como es el caso de Consorcio Alimentando Panamá. Por otro lado, el pliego no pide un mínimo de experiencia, sino un máximo: solo tres contratos computan. Es decir, el pliego restringe a los oferentes a presentar únicamente tres contratos para demostrar experiencia. Esta diferencia impide una competencia equitativa, ya que si participa el actual operador, en un solo contrato se pueden acreditar seis recintos, colocando al resto de los participantes en una posición claramente desfavorable. La juez de garantías Josefa Monfante imputó cargos por el delito de conspiración para el tráfico de drogas a César Caicedo y a otras siete personas, por presuntamente formar parte de una red criminal dedicada al tráfico de estupefacientes mediante el uso de embarcaciones de pesca. Monfante explicó que la Fiscalía logró establecer la existencia de un hecho ilícito y concedió a la Fiscalía de Drogas un término de seis meses para concluir las investigaciones y recopilar pruebas. Durante una audiencia que se inició a las 11:00 a.m., la fiscal Elizabeth Pino alegó que Caicedo está vinculado a cuatro eventos en los que se logró el decomiso de drogas. Relató que Caicedo concertó una serie de reuniones para actividades de narcotráfico, entre ellas una efectuada el 28 de noviembre de 2023 en una residencia ubicada en Playa Mar, Vacamonte, para coordinar el transporte de 394 kilos de cocaína y 130 kilos de la misma sustancia, que fueron decomisados por la Policía en el área de Montelimar, La Chorrera. La Fiscalía también vincula a Caicedo con el decomiso de 20 kilos de cocaína registrado en abril de 2023, que fueron incautados a la altura de Howard, en Arraiján, dentro de un vehículo. Asimismo, la Fiscalía relaciona a Caicedo con el decomiso ocurrido el 5 de febrero de 2025, en el área de Amador, de 50 kilos de coImputan a padre de Dayra Caicedo por su presunto rol en red de narcotráfico OPERACIÓN NODRIZA caína que eran transportados dentro de un vehículo. La fiscal Pino explicó que la vinculación de Caicedo, padre de Dayra Caicedo —privada de libertad a principios de este año—, fue establecida mediante vigilancias y seguimientos realizados por agentes de la Policía, quienes determinaron que sería uno de los líderes del grupo criminal. También se imputaron cargos por conspiración para el tráfico de drogas a Carlos Caicedo Asprilla, Dimas de Jesús Meléndez, Vidal Bello Ramírez, Rolando Aquiles Ramírez, y a los ciudadanos colombianos Fanor Méndez, Alveiro de Jesús Velasco y Plinson Moreno. Los aprehendidos, durante la Operación Nodriza, fueron trasladados a la sala de audiencias del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora bajo estrictas medidas de seguridad por unidades de la Policía Nacional. Mientras tanto, en la parte externa de las instalaciones se apersonaron familiares y amigos de los investigados. Juan Manuel Díaz [email protected] César Caicedo previo a la audiencia de este 4 de diciembre. Anel Asprilla Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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