1A La Prensa Panamá, miércoles 3 de diciembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 3 de diciembre de 2025 - Año 45 - Nº 15219 Hoy por hoy La Purísima de 2010 fue un recordatorio claro de que Panamá enfrenta fenómenos climáticos extremos: tanto sequías severas como lluvias extraordinarias. Este evento, que inundó cuencas y afectó la infraestructura hidráulica del país, evidenció la fragilidad de nuestros sistemas de manejo de agua y la falta de políticas públicas. Por más de 50 años nada se ha hecho en cuanto a concepción y ejecución de esas políticas públicas; esto ha causado la alegalidad de reglas que organicen el sistema, y no solo prevean formas de enfrentar estos fenómenos, sino de aprovechar nuestra riqueza hídrica. La falta de una respuesta organizada y planificada ha sido uno de los problemas más graves, como se vio en La Purísima. Si bien proyectos como el de río Indio pueden ofrecer soluciones, su éxito dependerá de integrarse a un sistema de gestión que contemple infraestructura adecuada, educación ciudadana y sistemas de alerta temprana. De no hacerlo, seguiremos enfrentando emergencias hídricas con la misma vulnerabilidad, como ya se ha demostrado en el pasado reciente. La tormenta que abrió el cielo sobre Chagres y Bayano 4B Panorama El Minsa activa el Consejo Técnico de Cannabis Medicinal 4A Ellas.pa Una discapacidad no es una barrera 6B Crece la presión para que el MEF rinda cuentas sobre transferencias El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo ayer que desconocía los criterios que la institución que dirige utilizó para hacer las transferencias cuestionadas. ¿Por qué se realizaron estas transferencias solo a un grupo de municipios? ¿Por qué unos sí y otros no? VEA 2A Félix Fallabella, el influyente empresario amigo de Mulino Rolando Rodríguez B. [email protected] Félix Fallabella Napolitano es un empresario panameño con fuertes lazos con el poder político, especialmente con el presidente José Raúl Mulino. Su relación con el Estado panameño ha sido constanLa cercanía entre el contratista Fallabella y el presidente de la República, José Raúl Mulino, sale a la luz tras un viaje a Costa Rica, revelando una red de poder. te, ya que ha sido proveedor en diversas administraciones, particularmente en el Ministerio de Seguridad Pública durante el mandato de Mulino. Además, ha estado vinculado a los negocios familiares, que incluyen presencia de empresas del grupo en la Zona Libre de Colón, y comercio con Cuba y Venezuela, entre otras actividades económicas. Fuerte Sherman Extienden entrenamientos conjuntos Un helicóptero estadounidense Black Hawk realiza una maniobra durante los entrenamientos conjuntos en la selva panameña, específicamente en la Base Aeronaval Cristóbal Colón, en el antiguo Fuerte Sherman, provincia de Colón, donde personal de la Policía Nacional, del Senafront y el Ejército de Estados Unidos practican técnicas de rescate y supervivencia.. VEA 8A Isaac Ortega Honduras en vilo por resultados: Nasralla y Asfura en reñido conteo ACP se asegura de tener voz y voto en los nuevos puertos El candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lideraba anoche el conteo de votos en Honduras. Con el 67% de las actas escrutadas, Nasralla acumulaba 40.13% frente al 39.69% de Nasry Asfura, del Partido Nacional. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) jugará un papel clave en la concesión de los puertos de Corozal y Telfers, aportando capital, lo que le otorgará poder de voto y veto, asegurando su influencia en las decisiones estratégicas y operativas. Así lo informó el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez. VEA 1B AL CIERRE LOGÍSTICA Fallabella ha vuelto al centro de atención debido a que viajó a Costa Rica en 2024 con Mulino, lo que dejó al descubierto una serie de nombramientos en cargos gubernamentales en áreas de influencia de los negocios familiares, abriendo la puerta a nuevos cuestionamientos sobre las conexiones entre el poder político y los intereses empresariales. VEA 6A Y 7A ¿Dónde están los fondos? Amupa recibió $7.8 millones La Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) recibió $7.8 millones entre 2021 y 2025 provenientes de fondos del gobierno, pero no ha entregado informes claros sobre cómo se han utilizado. La falta de transparencia y rendición de cuentas genera preocupación sobre la gestión de estos recursos públicos. VEA 2A FONDOS PÚBLICOS UI UNIDAD INVESTIGATIVA Félix Fallabella Napolitano, Frank Ábrego y José Raúl Mulino. Cortesía
2A La Prensa Panamá, miércoles 3 de diciembre de 2025 El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, abogó por la colaboración internacional en la detección e incautación de activos derivados de actos de corrupción. Así lo comunicó Gómez durante su participación en la Segunda Conferencia Global para la Medición de Actos de Corrupción, que se celebra en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos). En la actividad, Gómez instó a una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, así como al fortalecimiento de la integridad de los funcionarios. La conferencia es organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) y la Academia Internacional Anticorrupción (IACA). El propósito del encuentro es desarrollar técnicas precisas para la medición de la corrupción, con el fin de comprender sus causas y consecuencias. Procurador Gómez pide mayor cooperación internacional contra la corrupción LLAMADO El Ministerio Público mantiene en estos momentos varios expedientes de casos de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios, a quienes se les asignó el manejo de fondos públicos. Tal es el caso de la investigación por el manejo de dinero entregado a juntas comunales y municipios por parte de la Autoridad Nacional de Descentralización. Por este caso, se ha ordenado la conducción de unos 70 representantes de corregimiento, alcaldes y tesoreros de juntas comunales. En este caso, informes de auditoría preliminares revelan una afectación por más de $25 millones. Otro caso emblemático que involucra a funcionarios y exfuncionarios es la investigación por presunta corrupción en el manejo de fondos del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades). También se adelantan investigaciones por presunto peculado relacionado con fondos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), cuya lesión patrimonial asciende a $24 millones. Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Anel Asprilla Chapman intenta distanciarse, pero crece la exigencia de rendir cuentas Eliana Morales Gil [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] FONDOS PÚBLICOS El MEF ha sido cuestionado por su desconocimiento sobre los criterios usados para las transferencias a municipios. La falta de transparencia genera dudas sobre el manejo de recursos públicos. Un día después de que salieran a la luz pública las cuantiosas partidas que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió a varios municipios del país, sobre todo a algunos dirigidos por alcaldes de los partidos oficialistas Realizando Metas (RM) y su aliado Cambio Democrático (CD), el titular de esa cartera, Felipe Chapman, aseguró que desconocía el criterio que se utilizó para hacer las transferencias. “Eso es uno de los temas que vamos a investigar. Queremos saber qué criterios se utilizan para la asignación de los recursos. Nunca se han usado indicadores socioeconómicos en el pasado, y este es un buen momento para hacerlo”, dijo a periodistas que le consultaron sobre el tema. También adelantó que la ley podría ser modificada para establecer reglas claras al momento de otorgar estas asignaciones. ¿Por qué se realizaron estas transferencias solo a un grupo de municipios? ¿Por qué unos sí y otros no? Esta es una de las preguntas que el MEF le debe al país. Por eso, un grupo de diputados de Vamos acudió este martes 2 de diciembre a la sede del ministerio a presentar una solicitud de información para que se les explique qué criterios utilizaron para transferir fondos de manera discrecional, así como el detalle de todas las transferencias de créditos suplementarios, créditos extraordinarios y transferencias que ha dado el ministerio a ciertos municipios del país desde julio de 2024 a la fecha. Piden transparencia Los diputados Lenín Ulate, Janine Prado, Luis Duke y Miguel Campos pidieron la fecha, el monto, el municipio receptor, la partida presupuestaria utilizada y el procedimiento administrativo aplicado. También exigieron copia de toda la documentación que respalda estas decisiones, incluyendo resoluciones e informes técnicos. “De conformidad con la Ley 97 de 1998, estos movimientos deben registrarse, contar con respaldo documental y responder a procedimientos regulados bajo la supervisión del MEF como ente rector”, se lee en la nota que los diputados llevaron al MEF. ¿Descentralización paralela 2.0? El MEF transfirió al menos $6.1 millones a decenas de municipios. Entre ellos, Pedasí, en la provincia de Los Santos, que recibió $750 mil; San Carlos, Panamá Oeste; al que le tocó por lo menos $1 millón; y Pinogana, Darién, al que se le asignaron $450 mil. El alcalde de Pedasí es Miguel Batista, de CD; el de San Carlos es Antonio “Pope” Bernal, de RM; mientras que la alcaldesa de Pinogana es Jannelle Dadineth González, también de CD, pero además tiene otro sombrero: presidente de la Asociación de Municipios de Panamá. Chapman afirma que el MEF no entra en el detalle del uso de los fondos, pero sí asume la responsabilidad de garantizar la transparencia.“Que no le quepa duda a los panameños: estos temas son de gran importancia y, de hallarse algo irregular, se tomarán correctivos. Aquí no hay nada que esconder”, prometió. ‘La lista completa’ Algunos, como el exdiputado Juan Diego Vásquez, quien alertó sobre el tema en un canal de televisión, exigen que se hagan públicas todas las transferencias. “El ministro acepta que hay mucho que investigar. Nuestras preocupaciones no son falsas. Espero que esas investigaciones se hagan rápido y se reporten al país. Sin embargo, para generar confianza deberían publicar de inmediato la lista completa de transferencias”, escribió en X. La diputada Janine Prado, además de exigir que se den a conocer todas las partidas, hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que se auditen estos fondos. “Los municipios tienen una cuenta única y, así como se debe reflejar el ingreso, sería importante ver los egresos con base en el estado de cuenta”, dijo a La Prensa. Hasta el momento, la Contraloría, entidad que refrendó las transferencias, ha guardado silencio. No ha dado ninguna explicación sobre el tema, pese a que el contralor Anel Flores ha sido un duro crítico de la descentralización paralela de la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024). De hecho, varios de los diputados de Vamos denominan a esta operación “descentralización paralela 2.0”. La caracterización no es casual: la operación revive el fantasma de la llamada “descentralización paralela”, uno de los mayores escándalos de la administración de Cortizo, cuando el Ejecutivo utilizó mecanismos discrecionales y políticos para transferir al menos $300 millones a municipios y juntas comunales controlados por el Partido Revolucionario Democrático y otros partidos aliados. Jorge Herrera: ‘Lo que el MEF hizo no está prohibido’ Sin embargo, hay quienes defienden el modelo. Uno de ellos es el presidente de la Asamblea Nacional y alcalde del municipio de Aguadulce, Coclé, Jorge Herrera, diputado del Partido Panameñista. Dijo que la Constitución y otras leyes permiten que los alcaldes puedan hacer algún tipo de gestión de recursos ante el Gobierno central. “El rol que juegan los gobiernos locales es el de buscar esos recursos que no llegan a través de los impuestos. La situación está difícil. En el interior del país, mucho más. Lo que el MEF hizo no está prohibido. El tema no es la transferencia de fondos; el tema es que se usen bien y no para otras cosas. De lo que hemos observado, estos recursos los solicitaron las alcaldías. Para manejarlos, tienen que ser aprobados por el consejo municipal y luego publicarlos en Gaceta Oficial”, manifestó en Telemetro. Recordó que el 85% de los municipios del país son subsidiados. Aguadulce, el municipio que controla el presidente de la Asamblea, está en la lista de los que recibió transferencias del MEF. El discurso de Herrera es similar al del alcalde de Pedasí, Miguel Batista. Él argumenta que en este caso no se trata de fondos paralelos, pues, según él, los traslados obedecen a “una gestión que realiza cada municipio para determinada necesidad que tenga su territorio y que son aprobados a través del MEF”. Agregó que no es la primera vez que esto ocurre: “Esto es algo de toda la vida... la Constitución lo permite”. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] RAREZA. La decana de la Facultad de Medicina de la Unachi, Evelia de Esquivel, fue suspendida del cargo por orden de un juez de garantías, quien le imputó cargos por presunto peculado al cobrar doble salario entre 2017 y 2021. Una rápida búsqueda en los portales oficiales indica que Esquivel figura en dos planillas: en la de la Unachi, con $3,648.34 mensuales como profesora regular titular, y en la de la CSS, con $4,294 como médica general. ¿Cómo atendió sus turnos en dos entidades distintas durante ocho años? Los gobiernos se la pasan hablando de contención del gasto, pero ha habido plata hasta para pagar dos sueldos a un mismo funcionario. SUERTUDO. El 4 de noviembre pasado, el diputado Jorge Herrera, presidente de la Asamblea, se codeaba con Antonio “Pope” Bernal, alcalde de San Carlos, el municipio más favorecido con las transferencias discrecionales realizadas desde el MEF a finales del año pasado. Bernal está en su mejor racha y no lo disimula. BURLA. Ni el ministro de Economía, Felipe Chapman, ni la administradora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, saben cuál fue el criterio empleado para realizar estas transferencias o para seleccionar a los municipios y juntas comunales favorecidos. Este es el único país del mundo en el que la plata va a parar a las manos de alguien y nadie sabe cómo ni por qué. Pero a usted le dicen que no hay chen-chen. NUBE. El procurador Luis Carlos Gómez Rudy viajó a Nueva York; en su ausencia, el fiscal superior Azael Samaniego fue designado como procurador encargado. Gómez Rudy participará en la Conferencia Mundial sobre el Aprovechamiento de Datos para Mejorar la Medición de la Corrupción. Si implementa todo lo aprendido, va a necesitar una computadora cuántica para procesar tanta información.
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4A La Prensa Panamá, miércoles 3 de diciembre de 2025 Panorama Panamá es el primer país de Centroamérica en aprobar el uso del cannabis para fines medicinales y terapéuticos iStock El Minsa activa el Consejo Técnico de Cannabis Medicinal Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA El avance regulatorio sigue incompleto: sin habilitarse el registro de pacientes, las farmacias no pueden dispensar cannabis medicinal ni los médicos formalizar prescripciones, dejando a los usuarios en un limbo legal. El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Decreto Ejecutivo No. 27 del 26 de noviembre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial, oficializó la designación de los miembros del Consejo Técnico de Cannabis Medicinal, el órgano encargado de supervisar, coordinar y garantizar el acceso seguro a las terapias alternativas en el país. Con este decreto, Panamá avanza en un proceso regulatorio que llevaba años estancado y que había generado incertidumbre entre pacientes, médicos y actores de la industria interesados en participar en un mercado emergente y altamente controlado. Panamá fue el primer país de Centroamérica en aprobar el uso médico del cannabis mediante la Ley 242 de 2021, pero la implementación de la normativa quedó rezagada debido a la falta de reglamentación operativa, recursos y la ausenciadeunmarcoinstitucional robusto para administrar el sistema. La creación de este Consejo Técnico representa, según el Minsa, un paso importante para activar finalmente el programa y garantizar que los productos disponibles cumplan con los estándares científicos establecidos por la ley. El Minsa destacó que este consejo es la pieza clave para desarrollar el Programa Nacional de Cannabis Medicinal, ordenar el mercado local y asegurar que los productos cumplan estrictos estándares de calidad, trazabilidad y seguridad. Aunque no se dispone del listado de los nombres de los designados, la composición del Consejo, a nivel institucional, incluye al ministro de Salud —quien presidirá la instancia o designará a su representante—, delegados de tres ministerios adicionales (entre ellos el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario), la Autoridad Nacional de Aduanas, la Caja de Seguro Social (CSS), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas. Según la norma, el Consejo Técnico de Cannabis Medicinal también estará integrado por especialistas en salud pública, farmacia, derecho y representantes de los pacientes. Entre sus funciones principales están emitir lineamientos técnicos para la expedición de licencias de fabricación, importación y comercialización; definir los requisitos del Programa Nacional de Acceso; y vigilar estrictamente el cumplimiento de la ley, incluyendo la prohibición de venta a menores y la limitación de la publicidad únicamente a fines científicos o técnicos. Para el Minsa, la existencia de este organismo permitirá garantizar la integridad del proceso, la seguridad de los usuarios y un control efectivo contra desvíos hacia usos no autorizados. Durante 2025, el Minsa emitió diversas resoluciones para fortalecer la regulación y preparar el terreno para la operación del sistema. Estas incluyen los requisitos para obtener registro sanitario de productos con tetrahidrocannabinol (THC) o cannabidiol (CBD), la definición de los parámetros de control de calidad y la aclaración de que ningún derivado del cannabis podrá comercializarse sin registro, salvo aquellos autorizados para fines de investigación. A ello se suma la decisión de habilitar a cualquier médico idóneo del país para prescribir cannabis medicinal, una medida que elimina restricciones previas que limitaban el acceso terapéutico y que había sido solicitada insistentemente por asociaciones de pacientes. Con la designación formal de la Comisión Técnica, el sistema regulado entra en su fase operativa, lo que implica que los actores del mercado —farmacéuticas, distribuidoresymédicos—podrán avanzar con los trámites pendientes. El punto crítico No obstante, uno de los puntos críticos aún sin resolver es la habilitación del registro de pacientes, un requisito indispensable para la prescripción y la dispensación legal del producto. Los pacientes esperan que el proceso burocrático avance con mayor rapidez y que los medicamentos derivados del cannabis medicinal estén disponibles en farmacias bajo controles estrictos y supervisión sanitaria. Enma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas, afirmó que todavía faltan elementos esenciales para que el registro de pacientes sea implementado. “Sin registro no hay acceso real, aunque los productos lleguen al país”, advirtió. El registro de pacientes es un componente central de todo el sistema, pues permitirá identificar a los usuarios, dar seguimiento terapéutico, prevenir interacciones adversas, documentar resultados y evitar cualquier desvío del producto hacia usos no regulados. Su ausencia deja a los pacientes en un limbo regulatorio: sin este mecanismo, las farmacias están impedidas de despachar y los médicos no pueden formalizar las prescripciones dentro del marco legal. La responsabilidad de habilitar este registro recae en la Dirección General de Salud delMinsa. Pinzón, quien padece enfermedades reumáticas y músculo esqueléticas, recalca que el cannabis medicinal no es una tendencia, sino una herramienta terapéutica respaldada por evidencia científica. En su caso, afirma haber encontrado alivio significativo sin los efectos adversos de medicamentos tradicionales como los antiinflamatorios no esteroideos (AINE). “Para pacientes como yo, el cannabis medicinal ofrece control del dolor crónico sin el daño renal que pueden causar los AINE”, señala. A pesar de los avances normativos, los usuarios insisten en que el país necesita un programa plenamente operativo que garantice acceso seguro, supervisado y disponible en farmacias. El reto inmediato para el Minsa será acelerar la habilitación del registro de pacientes y asegurar que toda la cadena regulatoria —desde la importación hasta la dispensación— funcione sin vacíos. Mientras tanto, organizaciones de pacientes recalcan que el acceso no puede seguir postergándose: para muchos, el cannabis medicinal no es solo una alternativa, sino una necesidad urgente que podría mejorar de manera significativa su calidad de vida. EFE. WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS Trump dice que ataques en territorio venezolano comenzarán ‘muy pronto’ TENSIÓN REGIONAL El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que “muy pronto” comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, a las que acusa de transportar drogas. “En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca. El mandatario ya advirtió la semana pasada que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”. Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur y que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según Estados Unidos, más de 80 personas muertas, acusadas de ser narcotraficantes. Según el diario The Washington Post, en el primero de esos ataques, ejecutado el pasado 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo ordenado supuestamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para matar a dos supervivientes, una acción que podría ser investigada como crimen de guerra. Preguntado por este tema, Trump dijo que no tiene información al respecto, que confía en Hegseth y que ha escuchado que el almirante al mando de la operación, Frank Bradley, “es una persona extraordinaria”. Trump aseguró además que la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con drogas ha salvado “miles de vidas” en Estados Unidos. Por su parte, Hegseth dijo que no vio supervivientes al monitorear el ataque y criticó a la prensa por difundir información que “no se basa en la verdad”. Quítate tú pa’ ponerme yo Sabrina Sin Censura Sabrina BacaL ESPECIAL PARA LA PRENSA Panamá crece, pero no progresa. Y no progresa porque el crecimiento económico, en vez de convertirse en bienestar, termina atrapado en un engranaje opaco diseñado para beneficiar al círculo cero del poder de turno. Algunos permanecen sin importar quién gobierne; otros llegan a montar el mismo carrusel de privilegios. Y aunque las proyecciones insisten en que la economía se mueve “por encima del promedio regional”, ese impulso no se siente en la vida de la mayoría. El 29% de los hogares sufre inseguridad alimentaria y la CEPAL nos mantiene como el segundo país más desigual de América Latina. Esa mezcla de hambre por un lado y riqueza por el otro debería obligar a poner en el centro las políticas de redistribución y los servicios públicos básicos. Pero aquí las prioridades son otras. La desigualdad no es un accidente. Es la consecuencia lógica de un Estado que cambia de manos, pero no de prácticas clientelistas. Esta semana conocimos del regreso de la descentralización paralela: el MEF transfirió, con refrendo de la Contraloría, más de $6 millones de manera discrecional a ciertos municipios. Los alcaldes más beneficiados pertenecen a los partidos RM y CD. ¿Nos sorprende? Replican lo que antes criticaron, porque parece que hasta la definición de ética es selectiva. Si estoy yo en el poder es aceptable; si está otro es cuestionable. Es el clásico quítate tú pa’ ponerme yo: cambian los protagonistas, pero no el manual de operación. La primera reacción del ministro Felipe Chapman fue emblemática: recitó el marco jurídico que le permite hacer las transferencias y evadió las preguntas esenciales: ¿por qué a unos municipios y no a otros?, ¿qué necesidades motivaron estos traslados discrecionales de dinero? Tras la polémica, agregó que tomarán correctivos si llegan a encontrar actos injustificables. Amanecerá y veremos. Pero no se trata de un hecho aislado. De igual manera se reciclan contratistas implicados en el caso Blue Apple, como Bagatrac y Meco. Nos seguimos endeudando en millones para compras opacas de aviones de combate, equipos de seguridad y helicópteros, como si Panamá se estuviera preparando para una guerra. Mientras tanto, miles de familias no saben si podrán comer tres veces al día. No faltan recursos; falta voluntad para destinarlos a las necesidades de todos y no a los caprichos de algunos. Y para excusarse por todo lo que está mal y prometer que todo estará mejor, el gobierno desempolva la mina. Es un anuncio recurrente, sin respaldo de cifras oficiales y sin explicaciones de los mecanismos que le darán legitimidad social y legalidad a su reapertura. Mucha propaganda, poca transparencia, en un proyecto que —otravez—terminabeneficiando a los mismos. Basta revisar el listado de proveedores actuales para identificar los vínculos con el poder; mejor ni imaginar lo que revelaría una lista completa de accionistas. Sin ocultar los beneficiarios finales, por supuesto. En este país, el crecimiento no se convierte en progreso porque las motivaciones de quienes gobiernan son las incorrectas. La opacidad y el juega vivo no son fallas del sistema; son el sistema. Aquí nadie puede fingir sorpresa. Cuando se gobierna para el círculo cero, el resultado siempre será el mismo: pocos ganan, muchos pierden. Panamá es un país rico lleno de pobreza y corrupción. Y difícilmente eso cambiará mientras sus dirigentes sigan al ritmo del quítate tú pa’ ponerme yo.
5A La Prensa Panamá, miércoles 3 de diciembre de 2025
6A La Prensa Panamá, miércoles 3 de diciembre de 2025 Panorama Félix Fallabella (Izq.) en el palco presidencial, el 5 de noviembre de 2025. Esta vez, junto a su amigo, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego (centro), y el presidente José Raúl Mulino (Der.). Anel Asprilla Fallabella, Carretero y Mulino: cómo Rolando Rodríguez [email protected] Félix Fallabella Napolitano no solo es primo hermano de Ramón Carretero Napolitano –el panameño que viajaba en el avi compañero de negocios. Además, es amigo cercano del presidente José Raúl Mulino… y proveedor del Estado. Viajes y aparentes reuniones sociales se convierten en los hilos conductores de lo que han podido ser lucrativos negocios con el Estado y una red de amigos y familiares nombrados en cargos gubernamentales –en esta y en la pasada administración–, desarrollando así enclaves de poder que subsisten sin importar quién represente el gobierno de turno. Aquel vuelo a Costa Rica del entonces candidato presidencial José Raúl Mulino –el 18 de abril de 2024, en la recta final de la campaña electoral– dio pistas sobre estos enclaves de poder, en los que un hombre de negocios destaca entre quienes lo acompañaron en ese viaje y lo que parece ser una inédita cercanía con Costa Rica y su presidente, Rodrigo Chaves. El nombre de Félix Fallabella Napolitano sobresale. No solo es primo hermano de Ramón Carretero Napolitano –el panameño que viajaba en el avión privado accidentado en el aeropuerto internacional de Maiquetía el pasado 24 de septiembre–, sino también su compañero de negocios. Además, es amigo cercano del presidente José Raúl Mulino… y proveedor del Estado. El avión Otros pasajeros viajaban en ese vuelo privado a Costa Rica y, aunque nadie ha explicado su presencia en aquel desplazamiento, ahora se codean con el poder, como el abogado colonense Michael Soto Movilla o Manuel Hernández Calvo, el dueño de la casa de Obarrio donde se organizaban reuniones periódicas de alto nivel, a las que asistían, por ejemplo, Edilberto Pecheche Moreno, el expresidente Ricardo Martinelli o el exministro de Obras Públicas Rafael Sabonge. Era la casa del jabonero, punto de encuentro de personas que hicieron y hacen lucrativos negocios con el Estado. Si bien todos ellos llaman la atención, el mismo viaje a Costa Rica, en vísperas de las elecciones, también cuenta su propia historia. Para empezar, la aeronave en la que viajó Mulino fue vendida por una sociedad de Belice (Fuente Holdings, S.A.) –cuyo agente residente es Morgan & Morgan Trust Corporation Belize Limited– a una panameña (Aircraft Solutions, Corp.), cuyo agente residente fue el abogado chiricano Edwin Pitty Madrid. Ambas sociedades –vendedora y compradora– estaban representadas por la misma persona: Luis Carlos Zambrano, quien figuraba en sociedades de la familia Carretero y aparece y desaparece de sus múltiples compañías. Dado que Zambrano representaba a la compradora y la vendedora, significaría que él mismo se vendió la aeronave en $500, aunque su precio real en 2020 superaba los $1.8 millones, pero solo era un cambio de jurisdicción, y los propietarios se mantuvieron ocultos. Zambrano eventualmente salió de la sociedad compradora, que ahora está presidida por Rosendo Santamaría, con José Muñoz como secretario y Eduardo Vega como tesorero. Un vuelo con conexiones El manifiesto del vuelo de Mulino a Costa Rica fue confeccionado por la empresa 3K Global FBO Panama, nombre comercial de dos compañías asociadas al negocio de la aviación: 3K Aviation Services, Inc. y Global FBO Panama. Esta última protocolizó en Bocas del Toro –el 16 de marzo de 2023– el acta de una reunión extraordinaria de su junta de accionistas en la que se nombró al suscriptor y actual secretario e la sociedad, Luis Diego Chávez Nuque, como apoderado general de la empresa. Chávez Nuque es un piloto comercial que, en la red LinkedIn, se identifica como “piloto en Transcaribe Trading, S.A.”, empresa para la que trabajó, al menos, seis o siete años, siendo 2011 su primer año de labores. Transcaribe Trading (TCT) fue fundada por David Ochy, implicado en la compra de los diarios de Editora Panamá América (Epasa) en el caso New Business, por el que fue condenado el expresidente Ricardo Martinelli, actualmente refugiado en Colombia, y su hermano Daniel Ochy. Camiones de TCT también trataron de impedir la circulación de la edición del 2 de agosto de 2012 del diario La Prensa, rodeando las instalaciones del medio. En medio del escándalo de New Business, David Ochy huyó, precisamente, a Costa Rica, donde fue capturado por las autoridades del vecino país el 5 de diciembre de 2023 para responder por delitos tanto allá como en Panamá. Fue extraditado el pasado 2 de julio. Ochy es actualmente parlamentario centroamericano por el partido oficialista Realizando Metas (RM), que lidera Martinelli. Cercanía al poder En cuanto a Fallabella, ha sido y es un importante proveedor de equipos e implementos de seguridad del Estado panameño. Sus actividades comerciales con el sector público destacan durante los años en que Mulino fue ministro de Seguridad Pública, aunque el grupo familiar le vendía a todo el Gobierno, incluso al polémico Programa de Ayuda Nacional (PAN). Su relación como proveedor en la administración Martinelli (2009-2014) – junto a su primo y entonces socio Roberto Carretero, hermano de Ramón Carretero Napolitano– fue polémica. Pero esos problemas no han sido óbice para mantener viva la relación. La cercanía de Fallabella con el poder es indiscutible. El propio empresario es visto continuamente junto a Mulino, con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y con el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández. La familia gubernamental A su vez, familiares y allegados de Fallabella están nombrados en convenientes Esta aeronave la vendió la sociedad Fuente Holdings, S.A., de Belice –cuyo agente residente era la firma panameña Morgan & Morgan Trust Corporation Belize Limited– a la panameña Aircraft Solutions, Corp., que tuvo como agente residente al chiricano Edwin Pitty Madrid, embajador de Panamá en Cuba nombrado por el presidente Mulino. Foto tomada de Jetphotos. Momentos en que el entonces candidato presidencial José Raúl Mulino se acercaba a abordar el HP-715, el 18 de abril de 2024, en compañía de Félix Fallabella, Edilberto “Pecheche” Moreno y Michel Soto Movilla. puestos gubernamentales. Un nombramiento notable es el del embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty Madrid, quien era el agente residente de la sociedad panameña que compró el avión en el que Mulino viajó a Costa Rica. Pitty Madrid –nombrado por Mulino– viajó a La Habana el 22 de julio de 2024 y presentó cartas credenciales ante el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el 23 de noviembre de 2024. Su actividad diplomática puede seguirse en redes sociales, donde ha publicado la visita de empresarios y funcionarios, como la del director de Fiscalización de la Contraloría General de la República, Jorge Escobar, quien viajó a la isla “para fortalecer las relaciones de cooperación” entre Panamá y Cuba. También lo visitó en marzo pasado a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias. El embajador se identificaba en LinkedIn como “director comercial del Grupo Carretero” hasta junio de 2024, justo un mes antes de que tomara posesión el actual gobierno. Y, precisamente, con Cuba, el grupo UI UNIDAD INVESTIGATIVA El embajador de Panamá en Cuba, Edwín Pitty Madrid, aparece como la persona de contacto de la empresa Corporación Logística del Caribe –de la familia Carretero– en la lista de compañías usuarias de la ZLC.
7A La Prensa Panamá, miércoles 3 de diciembre de 2025 Panorama o se teje el poder desde las sombras ión privado accidentado en el aeropuerto internacional de Maiquetía el pasado 24 de septiembre–, sino también su David Ochy, al momento de llegar a Panamá tras ser extraditado de Costa Rica, el 2 de julio de 2025, a fin de enfrentar cargos por blanqueo de capitales en el caso New Business. Isaac Ortega El embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty Madrid, recibió hace poco en sus oficinas al director nacional de Fiscalización de la Contraloría General, Jorge Escobar, quien dijo haber ido a la isla “a fortalecer las relaciones de cooperación” entre Panamá y Cuba. Carretero tiene empresas con importantes negocios… al igual que con Venezuela. ¿Alma llanera? La empresa Corporación Logística del Caribe, S.A. –bajo el control de Ramón Carretero Napolitano– es asociada de la Cámara de Comercio de Cuba. Con sede en la isla y en la Zona Libre de Colón (ZLC), la empresa se dedica a actividades de importación y exportación. A su vez, Landscape Vision, Corp. (Lanvicorp) es una empresa a la que el régimen del presidente Nicolás Maduro le ha concedido multimillonarios contratos. Los negocios de ambas empresas explicarían la frecuencia con la que Carretero Napolitano viaja entre Panamá, La Habana y Caracas. De acuerdo con el portal venezolano Armando. Info, “fuentes conocedoras de sus actividades en Caracas coinciden en que el grupo [Carretero] llegó al país [Venezuela] recomendado por el régimen cubano, al que ha servido, y en que, desde un primer instante, Ramón Carretero Napolitano se volvió cercano a Carlos Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores”. Carretero Napolitano se ha asociado con Malpica Flores en compañías registradas en Panamá, como Grupo Carrelop, Corp., Pro Hogares, S.A. y Galeras del Este, todas inscritas entre enero y junio de 2014. En Venezuela, se asociaron en las compañías Inlasa, C.A. y Redilama, C.A., entre otras. Un embajador comprometido En la directiva de Corporación Logística del Caribe llegaron a estar no solo Ramón, sino también sus hermanos Roberto y Vicente Carretero, así como el comerciante Navin Bhakta, en calidad de dignatario. Este último fue posteriormente socio del expresidente Martinelli y acusado en el caso Odebrecht, proceso en el que también figuró Roberto Carretero. Los lazos comerciales de Bhakta incluyen negocios de generación eléctrica, a través de una concesión hidroeléctrica en el centro del país, asociado con la familia Martinelli. En octubre de 2017, Corporación Logística del Caribe nombró a Pitty Madrid como su representante ante Venezuela, con amplios poderes para participar en negocios, abrir y movilizar cuentas bancarias, aceptar y endosar cheques y letras de cambio, contratar créditos bancarios e incluso nombrar apoderados generales y especiales de la empresa. Aunque Pitty Madrid fue apoderado hasta marzo de 2021, su nombre siguió apareciendo como tramitador de escrituras de Corporación Logística del Caribe en los años posteriores. Esta sociedad –con la que Carretero también hace negocios con Cuba– es usuaria de la ZLC, al igual que lo que parece ser una empresa vinculada: Corporación Logística Zona Libre de Colón, S.A., en la que aparecen como contactos dos personas del llamado Grupo Carretero, identificadas únicamente por sus correos electrónicos: [email protected] y [email protected], probablemente este último perteneciente al embajador en Cuba. Otras empresas del grupo que operan en la ZLC son Carretero International Corp., representada por i. [email protected]; Distribuidora Rali, S.A., cuyo contacto es rcarretero@ disrali.com. Pitty Madrid, al parecer, cuenta con otro correo electrónico (epitty@ landscape-pty.com), usado como contacto de la empresa Importaciones Universo Zona Libre, S.A., que también parece guardar relación con Landscape Vision, Corp. Todas tienen como actividad en la ZLC el comercio al por mayor. La otra empresa vinculada a los negocios de Carretero en Venezuela es Lanvicorp, que tuvo en su directiva –en 2013– a Ramón Carretero, a su hermano Vicente y a su primo Félix Fallabella Napolitano. En 2011, Lanvicorp celebró un contrato de línea de crédito interina de construcción y de crédito convertible a préstamo con Multicredit Bank. Estos créditos fueron garantizados con fincas y una fianza solidaria e ilimitada constituida por Ramón Carretero Napolitano y las sociedades Carretero International Corp. y Distribuidora Rali. En junio de 2019, Carretero Napolitano fue removido como director de Lanvicorp. En esa misma reunión, la junta general de accionistas nombró secretario y agente residente a Pitty Madrid, el hoy embajador en Cuba. Pitty Madrid es agente residente en, al menos, una docena de sociedades en las que aparecen los primos Fallabella y Carretero. Pero si el embajador panameño fue –o es– estratégico para los negocios de la familia en Cuba y Venezuela, también lo es otra prima de Fallabella: Luisa Napolitano Subia, actual gerente general de la ZLC, nombrada por el presidente Mulino. Lea la próxima entrega “Radiografía de un enclave de poder: Fallabella-Carretero”. El 18 de abril de 2024 salió rumbo a Costa Rica el HP-715, con cuatro pasajeros a bordo, entre ellos, el entonces candidato presidencial José Raúl Mulino. El avión había sido utilizado previamente por el empresario Ramón Carretero y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro. Mulino fue a ver al presidente costarricense Rodrigo Chaves, junto a Félix Fallabella, Pecheche Moreno y Michael Soto Movilla. Navin Bhakta fue socio de Ricardo Martinelli en varios negocios, pero, especialmente, del de generación de energía eléctrica que no se concretó. También está llamado a juicio en el caso Odebrecht, acusado de lavado de activos. Félix Fallabella estuvo vinculado a la empresa Landscape Vision Corporation (Landscape) hasta julio de 2024, cuando fue reemplazado en el cargo de tesorero que ocupaba en la directiva de esa sociedad.
8A La Prensa Panamá, miércoles 3 de diciembre de 2025 Panorama Jannelle Dadineth González (Der.) de Amupa; Miguel Batista, presidente de Adalpa, y Celestino Vargas, representante. Amupa recibió $7.8 millones en cinco años: ¿cómo los usó? Ohigginis Arcia [email protected] FISCALIZACIÓN Amupa ha recibido $7.8 millones en los últimos cinco años, pero no ha presentado informes de rendición de cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas. Esto genera dudas sobre la transparencia y el uso de los fondos. En medio de la controversia por los fondos adicionales entregados a juntas comunales y municipios —transferencias realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al margen del esquema formal de descentralización— surge otra institución bajo escrutinio: la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), a la cual también se le exigen cuentas sobre el uso y la transparencia de los recursos públicos que administra. En los últimos cinco años, es decir, entre 2021 y 2025, esta organización ha recibido $7.8 millones de la siguiente manera: el 1% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que le corresponde por ley, y otro 1% proveniente del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS), según confirmó el MEF. El ministerio recordó que la guía oficial del programa establece que “se destinará el 1% a la Asociación de Municipios de Panamá, cuya función primordial será la de coadyuvar con el fortalecimiento de los municipios del país”. La aclaración surgió tras una consulta presentada por el abogado y vicealcalde Roberto Ruiz Díaz, quien solicitó detallar el origen y el uso de los fondos municipales. En su respuesta, el MEF también explicó que los $110 mil asignados cada año a alcaldías y juntas comunales no provienen del IBI, como muchos creen, sino del presupuesto del Gobierno Central. “El Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS) se financia con fondos provenientes del Gobierno Central”, señaló la entidad. Sin informes No obstante, pese a manejar dos fuentes de financiamiento, Amupa no ha presentado informes de rendición de cuentas al MEF desde que se implementó la normativa. “A la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha recibido informes mensuales, trimestrales o anuales”, advirtió la institución. Esta ausencia de reportes genera dudas sobre los mecanismos de control interno y la transparencia en el uso de los fondos destinados a apoyar a los municipios del país. El MEF añadió que no cuenta con información histórica sobre los fondos entregados a Amupa antes de 2021, ya que las transferencias eran administradas entonces por el Ministerio de la Presidencia, bajo cuya estructura operaba la Secretaría Nacional de Descentralización. “La información debe ser suministrada por el Ministerio de la Presidencia”, puntualizó el ministro Felipe Chapman en su respuesta a Ruiz Díaz. Solicitud de fondos Como se dio a conocer esta semana, el MEF, dirigido por Chapman, ejecutó entre noviembre de 2024 y algunos meses de 2025 más de $6.1 millones en transferencias discrecionales a municipios y juntas comunales. Todas estas asignaciones fueron refrendadas por la Contraloría General de la República, a cargo de Anel Flores. Amupa aparece con cuatro solicitudes de transferencias por un total de $580 mil, pero ninguna avanzó en la Contraloría. Las cuatro quedaron clasificadas como “Enviado a subsanar”, lo que significa que no cumplieron con los requisitos formales o que la documentación no fue aceptada. La presidenta de Amupa es Jannelle Dadineth González, del partido Cambio Democrático, quien a su vez es la alcaldesa de Pinogana, Darién, comuna que recibió $450 mil. La explicación Jorge Ricardo Panay, director ejecutivo de Amupa, explicó que el financiamiento que sostiene a la organización no proviene directamente del Gobierno Central, sino de los propios gobiernos locales. “Cuando se hace la ley de descentralización, se establece que municipios y juntas comunales ceden el 1% de su monto de inversión para financiar a AMUPA”, señaló. Ese fondo —que empezó a regir tras la reforma aplicada desde 2016— permite, entre otras funciones, mantener las operaciones de la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento y de la Asociación de Alcaldes de Panamá. Panay detalló que Amupa opera con un equipo técnico en varias provincias del país, encargado de atender consultas, asesorar en procesos administrativos y acompañar reuniones y proyectos municipales. “Amupa tiene un equipo técnico de alta calificación que asesora todos los procesos de relación entre los municipios, el Gobierno y las empresas privadas”, explicó. Además, la organización impulsa talleres, simposios y programas de formación para autoridades locales ante la ausencia de una entidad estatal que cumpla esa función. “Durante todo el año organizamos procesos de capacitación porque no existe en el Estado una institución que haga ese trabajo”, añadió. En cuanto al control sobre el uso de los recursos, Panay afirmó que la asociación rinde cuentas de forma periódica. “Amupa tiene un control de su fondo, hace informes que envía a la Contraloría y, además, cuenta con una auditoría externa”, indicó. También destacó que los fondos se destinan a proyectos específicos, como la Escuela de Gobiernos Locales, iniciativas turísticas interprovinciales, modelos de economía verde y apoyo a proyectos multimodales, entre otros. El cuerpo de marines de Estados Unidos extendió hasta marzo de 2026 el proceso de entrenamiento de soldados en técnicas de sobrevivencia en la jungla en las selvas panameñas, como partedelmemorandodeentendimiento suscrito entre Panamá y la Secretaría de Defensa estadounidense. El programa se ejecuta bajo el amparo legal de este Memorándum de Entendimiento pactado entre el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. También serán parte de los entrenamientos miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Policía Nacional, quienes, junto al personal estadounidense, se entrenan en tácticas para sobrevivencia en la selva, rescate y evacuación de heridos. Parte de los entrenamientos se desarrollan en la base Aeronaval Cristóbal Colón del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), ubicada en las instalaciones del antiguo fuerte Sherman en la provincia de Colón, donde se mantienen desplegados un grupo de soldados estadounidenses y panameños. El capitán del Ejército de los Estados Unidos, Nelson Marchan, quien está a cargo de la escuela combinada de jungla, explicó que el entrenamiento se realiza por 17 días y se fundamenta en tácticas para la sobrevivencia en la jungla. Marchan, de origen venezolano, explicó que hasta ahora unos 46 miembros del cuerpo de marines han recibido entrenamiento en tácticas de sobrevivencia en la jungla, mientras que el personal panameño, además, ha recibido entrenamiento en técnicas de rescate de heridos para su evacuación en helicópteros. EUA extiende entrenamiento de supervivencia en la selva hasta 2026 OPERACIÓN CONJUNTA El militar detalló que parte del personal del ejército estadounidense pertenece a la escuela de entrenamiento en selva de Hawái, pero que, debido a las características de las selvas panameñas, se decidió reforzar las tácticas para sobrevivir en un entorno de jungla hostil. Los ejercicios se dividen en tres fases: la primera está destinada a la sobrevivencia en la selva, dirigida por instructores panameños, en la que los participantes se especializan en la construcción de refugios, elaboración de utensilios, purificación de agua y orientación en la jungla. Una segunda fase está orientada a la extracción, rescate y traslado de heridos de manera segura con el uso de helicópteros y una tercera fase de afianzamiento de los conocimientos. Marchan estimó que hasta ahora se ha dado entrenamiento a 42 militares estadounidenses en técnicas avanzadas de operaciones en selva y labores de rescate. Interrogado sobre si el personal entrenado aquí participaría en una eventual invasión a Venezuela, el militar dijo desconocer esa situación y que su tarea era participar del entrenamiento que se desarrolla en Panamá. Por su parte, el capitán Ariel Rosas del Senan relató que los ejercicios tienen la intención de mejorar la operatividad y la táctica de los participantes, ya sea en un ambiente selvático o en técnicas de socorro. Rosas enfatizó que en el entrenamiento se hace énfasis en técnicas para combatir la delincuencia común y el crimen organizado. En los ejercicios participan 14 instructores panameños y 13 del Ejército de los Estados Unidos. De los ejercicios también participó un helicóptero tipo Black Hawk, desde el cual se practica el rescate de heridos para su evacuación segura. El numeral dos del acuerdo de entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos detalla que, para fortalecer la cooperación en materia de seguridad, tanto el Minseg como el personal estadounidense podrán hacer uso conjunto de las áreas, entre las que se detallan la Base Aeronaval Cristóbal Colón, antiguo Fuerte Sherman, la base Naval Vasco Núñez de Balboa y la base Naval Capitán de Fragata Noel A. Rodríguez, antigua Estación Naval de Rodman. También figuran el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico y la Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez, antigua Base de la Fuerza Aérea en Howard. En la actualidad, el Ejército de los Estados Unidos ha desplegado en el Caribe parte de su flota naval para combatir lanchas pertenecientes al cartel de Los Soles (asentado en Venezuela) que envía droga hacia Estados Unidos. Juan Manuel Díaz [email protected] Los entrenamientos se desarrollan en el antiguo fuerte Sherman en Colón. Isaac Ortega Amupa pide a Mulino fondos extra para juntas comunales y alcaldías La Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) pidió al presidente José Raúl Mulino un “refuerzo” económico para el cierre del año: $10,000 por cada una de las 701 juntas comunales, y $20 mil por las 81 alcaldías. Señalan que diciembre implica fuerte demanda social —asistencia a familias, limpieza y mantenimiento— y exigen fondos mínimos para cumplir sus funciones. La petición fue planteada por Jannelle Dadineth González, en una carta al presidente Mulino en la que habla de que requieren dar “apoyo social” a las comunidades.
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