6A La Prensa Panamá, martes 2 de diciembre de 2025 Panorama Odebrecht aceptó pagar $220 millones en concepto de multas por el pago de coima. EFE Odebrecht aún debe $146 millones de multa aplicada por tribunal Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA Impuesta en 2017, la multa anual que Odebrecht debía pagar por el caso de sobornos fijó cuotas hasta completar $220 millones, pero la empresa mantiene un incumplimiento creciente y millonario. La Fiscalía Anticorrupción insistió en que la empresa Odebrecht cumpla con el pago de la totalidad de la multa de $220 millones que le fue impuesta, tras reconocer que pagó coimas para la obtención de contratos de infraestructura en Panamá entre los años 2010-2014. Durante una audiencia celebrada ayer el fiscal anticorrupción de cumplimiento Javier Cuadra solicitó a un juez de cumplimiento hacer efectiva la cancelación de los $146 millones que aún adeuda Odebrecht. El fiscal Cuadra solicitó al juez ordenar la retención de todos los fondos que las diferentes instituciones mantengan para cancelar deudas con la empresa brasileña y que sean entregados al Tesoro Nacional como parte de la deuda pendiente. El pasado 20 de enero la fiscalía solicitó la retención de $2 millones que el Metro de Panamá entregaría a la empresa por trabajos realizados en la línea uno del Metro de Panamá para que fueran entregados al Estado panameño como abono a la multa. De los $220 millones que en 2017 Odebrecht se comprometió pagar en concepto de multa a Panamá, solo ha entregado hasta ahora $74.4 millones, es decir, la empresa brasileña adeuda $146 millones. La fiscalía ha insistido en que Odebrecht no está cumpliendo con el pago de la multa y que los intereses por morosidad se están acumulando, pero los abogados de la empresa sostienen que no tiene fondos para hacer frente a la multa, ya que se ha quedado sin contratos con los que obtener fondos para cumplir con dicha responsabilidad. Desde el año 2019, la empresa brasileña Odebrecht se ha retrasado en los pagos de la multa que le fue impuesta por un tribunal a raíz de su vinculación con el pago de sobornos a funcionarios para la obtención de obras de infraestructura. Pero no solo el pago de la multa se ha retrasado, el juicio a 26 personas por los delitos de peculado y corrupción de funcionarios relacionados con la entrega de coimas de Odebrecht fue pospuesto para el 13 de enero de 2026, luego que de haber sido pospuesto en tres ocasiones. El juicio ha sufrido retrasos debido a que la Fiscalía Anticorrupción no ha recibido una serie de asistencias judiciales de Brasil, con los testimonios de exdirectivos de Odebrecht que pueden ayudar a establecer la responsabilidad penal de algunos de los procesados. También por el proceso de notificación de algunos de los imputados que se encuentran fuera del país. Entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia. El juzgado explicó, mediante el Auto Variado No. 327 del 7 de noviembre de 2025, que han transcurrido más de cuatro meses desde que se remitió la Asistencia Judicial Internacional No. 43 del 4 de junio de 2025 a la República de Colombia para notificar a Martinelli, sin haber recibido respuesta. Martinelli estuvo primero asilado durante varios meses en la Embajada de Nicaragua en Panamá, pero nunca recibió el beneplácito para viajar a ese país. Luego recibió un salvoconducto para viajar a Colombia. La Fiscalía Anticorrupción alega estar preparada para enfrentar el juicio Odebrecht, a pesar de que las asistencias judiciales no hayan sido entregadas al juzgado. El Ministerio Público alega que las pruebas que se encuentran en el expediente son suficientes para lograr una sentencia condenatoria. Entre estas pruebas se encuentran testimonios y documentos obtenidos durante la investigación, en los que se certifican los pagos hechos por la empresa en concepto de coimas a funcionarios panameños. También la fiscalía mantiene informes de los movimientos bancarios entre las sociedades que sirvieron para ocultar las coimas entregadas a cambio de los contratos. Así como testimonios obtenidos de acuerdos de colaboración alcanzados con algunos de los investigados. El Ejecutivo impulsa la integración de los servicios de salud entre el Minsa y la CSS. Archivo Gremio médico alerta sobre riesgos financieros en integración de Minsa y CSS SERVICIOS DE SALUD Aleida Samaniego C. [email protected] La Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst) expresó su preocupación ante la creación de una Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, un organismo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa) que tendrá la responsabilidad de coordinar y dar seguimiento al proceso de integración de los servicios sanitarios del país entre el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS). El gremio médico advierte que la composición del nuevo organismo —integrado por representantes del Minsa, la Presidencia, el MEF, la CSS y los patronatos— excluye a actores clave: los asegurados, los pacientes, los médicos y especialistas independientes del sistema. Esta ausencia, afirman, limita la pluralidad de voces en una decisión que afectará directamente tanto la atención como el manejo de los fondos públicos. La Amehst subraya que los recursos de la CSS pertenecen exclusivamente a sus cotizantes y no al Gobierno central. Por ello, rechazan que esos fondos se utilicen para financiar la atención de la población no asegurada, un costo que, de trasladarse sin corresponsabilidad estatal, podría profundizar el agotamiento financiero de la institución. También advierten que una integración mal diseñada puede replicar experiencias fallidas de la región, como el modelo colombiano de las EPS, que hoy enfrenta crisis de cobertura, pagos y sostenibilidad. En su comunicado, el gremio solicita que se convoque a un número equivalente de representantes de los asegurados, “los verdaderos dueños de la Caja de Seguro Social”, y exhorta a los cotizantes a mantenerse atentos a cada paso del proceso: “los dineros que están en juego son tuyos”. El debate ocurre en un clima político donde el Ejecutivo ha reiterado que la unificación es prioritaria. Un día después de la entrada en vigencia del decreto, el presidente José Raúl Mulino insistió públicamente en acelerar la integración, tanto en su conferencia semanal como durante la inauguración del Hospital José Félix Espinosa Barroso en Bugaba, donde pidió al Minsa y a la CSS resultados “rápido, rápido”. La discusión sobre la viabilidad y el alcance del nuevo modelo de salud apenas empieza, pero para los médicos la advertencia es clara: la sostenibilidad del sistema no puede construirse sin la voz ni la protección de quienes lo financian. UP exige pago de bonos de fin de año para sus funcionarios El debate sobre el pago del bono de fin de año en la Universidad de Panamá (UP) escaló luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiterara que la distribución interna del presupuesto universitario es responsabilidad exclusiva de la institución. La UP alega que necesita 2.2 millones de dólares para cumplir con la gratificación anual del 15 de diciembre, un derecho contemplado en la Convención Colectiva 2024-2028. La universidad sostiene que requiere la aprobación de traslados internos por parte del MEF para poder ejecutar el pago. El Consejo Administrativo denunció que las solicitudes —20 partidas de 299,000 dólares cada una— han sido rechazadas, salvo una aprobada en abril, bajo criterios de contención del gasto. La institución argumenta que esos fondos provienen de ahorros por licencias, jubilaciones, renuncias y fallecimientos, por lo que no representan un aumento del gasto público ni violan medidas de austeridad. Pese a la insistencia, el MEF no ha respondido a la petición de reconsideración. El rector Eduardo Flores advierte que el retraso afecta obligaciones laborales. Por ahora, Chapman mantiene que la UP debe atender el pago con los recursos que ya posee en su presupuesto. FONDOS PÚBLICOS Aleida Samaniego [email protected] Retorno tipo herradura. Cortesía Habilitan retorno en Ciudad Bolívar para aliviar el tranque en la Boyd Roosevelt OBRAS PÚBLICAS José González Pinilla [email protected] El retorno a desnivel tipo herradura en Ciudad Bolívar, sobre la vía Boyd Roosevelt o Transístmica, fue inaugurado ayer 1 de diciembre por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esta herradura forma parte del proyecto de construcción del intercambiador en la entrada de La Cabima. La obra, que registra un avance del 96%, busca mejorar el flujo vehicular en Panamá norte, indicaron las autoridades. Con la apertura del nuevo retorno quedaron eliminados los giros a la izquierda en la entrada principal de Ciudad Bolívar y el retorno a nivel ubicado después de Panablock. Según explicó el ingeniero residente del proyecto, Dionisio Rodríguez, este diseño convierte al retorno en la única vía para salir de Ciudad Bolívar hacia Panamá centro. Añadió que los semáforos de la zona permanecerán en modo intermitente y con luz verde constante para agilizar la circulación. El proyecto, ejecutado por el Consorcio La Cabima (integrado por Constructora Meco, S.A., y Constructora Meco Panamá, S.A.), contempla además la rehabilitación y ampliación de 1.2 kilómetros de calles internas en La Cabima y de un tramo de 1 kilómetro de la vía Transístmica, desde la barriada Montserrat hasta unos 200 metros después del acceso a Ciudad Bolívar. También incluye la construcción de un carril adicional por sentido, nuevas aceras y la intervención del puente sobre la quebrada La Cabima, que será reforzado y complementado con nuevas estructuras. El proyecto tiene un costo de $23,799,867.77, que incluye una primera adenda por $145,023.24 en concepto de ITBMS del financiamiento y una segunda adenda por $2,102,056.38, relacionada con costos de servidumbre. FE DE ERRORES En la columna Tal Cual correspondiente a la edición del 1 de diciembre de 2025, se informó que, en la fotografía divulgada por el inversionista Jay Medrow, estaba Nicolás Ardito Barletta Preston, presidente de la junta directiva del BNP. La información correcta es que Nicolás Ardito Barletta Preston no aparece en dicha foto.
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